En las siguientes horas el despacho del juez Jhon Pillaca decidirá si aprueba el pedido de impedimento de salida del país contra la exgobernadora de Arequipa. Una solicitud que presentó el Ministerio Público para sorpresa de la exautoridad Yamila Osorio Delgado.
La fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Ángela Zuloaga Bayes, argumentó que la medida es necesaria ya que la autoridad ha comunicado que a fin de año dejará el país, por lo que existía un peligro de fuga. Al argumento, Osorio ha respondido que en todo momento ha colaborado con las investigaciones y ella es la más interesada en que el proceso culmine; pero la fiscalía ha postergado más de un año la toma de sus declaraciones, dijo.
Esta investigación empezó en el 2019 y, tres años después, el Ministerio Público ha formalizado la investigación penal. Le imputa a la exautoridad los delitos de organización criminal, cohecho pasivo y colusión agravada. El caso tiene que ver con el contrato que firmó la entonces gobernadora con ICCGSA, una de las empresas del Club de la Construcción, en el 2015, para la construcción del tramo III de la Variante de Uchumayo.
Según la tesis fiscal, la exautoridad habría solicitado 2 millones de soles como soborno a cambio de entregarle el contrato a la empresa ICCGSA, para lo cual constituyó y lideró una organización criminal. Asimismo, Osorio Delgado habría recibido un adelanto de 142 mil, según han declarado los propios implicados.
¿Qué elementos ha recabado la Fiscalía contra exgobernadora de Arequipa?
La fiscal Ángela Zuloaga enumeró una serie de elementos que ha recabado en el transcurso del proceso. Así lo afirmó durante la audiencia ante el juez Jhon Pillaca Valdez.
Entre las evidencias se encuentran las llamadas que intercambió la exautoridad con Carlos Zariquey, representante de la constructora. También el reporte de los viajes que realizó Osorio Delgado a Lima. Según afirma, para reunirse con los ejecutivos de ICCGSA, Fernando Castillo Dibós, Carlos Zariquiey y Rafael Granados Cueto, a finales del 2017. Además de los registros donde se quedó hospedada en la capital.
También incluyó las declaraciones de los implicados como Martha Gutiérrez, quien señaló la salida de dinero de ICCGSA para el pago de los supuestos sobornos. Luego, el testimonio de colaboradores eficaces que afirmaron haber entregado dinero a la exgobernadora mediante Edgar Montalvo Galvez, su supuesto primo. La empresa le habría dado primero 100 mil dólares, el 26 de agosto de 2016, y luego 42 mil dólares, en marzo de 2017.
También recabó documentos del Gobierno Regional de Arequipa que sus funcionarios emitieron en un solo día (26 de diciembre de 2017) y los informes para resolver el contrato con la empresa.
Finalmente, se presentaron los movimientos bancarios de la exautoridad después de dejar el cargo. La fiscal Zuloaga explicó que Osorio Delgado depositó 220 mil soles a una cuenta en Scotiabank y luego 30 mil soles, en el 2019.
En base a estos elementos, la fiscal afirmó que existe de un peligro de fuga por lo que consideró necesario se ampare el pedido de impedimento de salida del país. Además, de pagar una caución de 250 mil soles para garantizar que no rehuirá el proceso.
Yamila Osorio: «quieren sorprender a la Fiscalía»
Tras estas revelaciones la exgobernadora hizo uso de la palabra para defenderse. Ella participó de la audiencia virtual desde Estocolmo, Suecia. En primer lugar, indicó que la fiscalía está siendo sorprendida y que es falso todo lo que se le imputa.
Yamila Osorio alegó que todo este proceso es una venganza de la empresa por anular el contrato. Con esta denuncia pretenden que se les devuelva los 30 millones de soles que cobró el GRA a ICCGSA por incumplimiento de los trabajos.
Confirmó que sostuvo reuniones con los ejecutivos de la empresa, pero fueron para tratar el retraso de la obra y el incumplimiento con los trabajadores y proveedores. Asimismo, negó tener llamadas con el supuesto primo que recibió el dinero y que no hay registros de que ella haya visitado la empresa, en Lima.
También señaló que autorizó a la Contraloría a revistar sus cuentas y que el dinero que alega la fiscalía corresponde a sus salarios como gobernadora que transfirió del Banco de la Nación a Scotiabanck.
Finalmente dijo que durante un año y medio pidió que se le tome declaraciones por el caso, pero nunca la citaron. Y nunca le mostraron algún documento de las acusaciones que se le hace. De igual manera, expresó que su actual labor como consultora le ha permitido ser invitada a diferentes a países como Suecia.
