Serán 4 los distritos de Arequipa afectados por cortes de luz entre martes 14 y miércoles 15 de mayo, según Seal. | IMAGEN: Seal/Gob.pe/Josué Del Mar/El Búho
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste – Seal dio a conocer los cortes de luz en Arequipa que realizarán este martes 14 y miércoles 15 de mayo. La interrupción del servicio afectará algunas zonas de 4 distritos del departamento en algunos días del periodo antes señalado.
Respecto a la razón de las interrupciones escalonadas en distritos de Arequipa, Seal informó los motivos que los obligan a suprimir temporalmente el servicio. Personal de la empresa prestadora de servicios llevará a cabo el mantenimiento de redes.
¿Qué distritos se verán afectados en Arequipa?
Provincia de Arequipa: Santa Isabel de Siguas.
Provincia de Camaná: Camaná, Samuel Pastor.
Provincia de Caylloma: Lluta.
Cortes de luz el martes 14 de mayo: horarios y zonas
Seal no informó de interrupciones programadas en la fecha señalada.
Cortes de luz el miércoles 15 de mayo: horarios y zonas
Algunas zonas de los distritos de Camaná y Samuel Pastor tienen cortes de luz programados entre las 05:00 y las 15:00 horas. En tanto, en sectores de las localidades de Lluta y Santa Isabel Siguas, se indicaron interrupciones del servicio eléctrico de 07:00 a 15:00 horas.
Interrupciones programadas para distritos de la provincia de Camaná.
Interrupciones programadas para distritos de las provincias de Arequipa y Caylloma.
Recomendaciones frente a los cortes de luz en Arequipa entre martes 14 y miércoles 15 de mayo
Seal recomendó a los consumidores que constaten si serán perjudicados, buscando el número de subestaciones (SE) en la parte superior de su recibo. En caso de alguna consulta pueden contactar al número directo 054-381388. La atención al público es de lunes a viernes, de 07:30 a 20:00 horas, y los sábados, de 08:00 a 13:00 horas.
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Sedapar recomienda a sus usuarios de Arequipa abastecerse de agua en cantidades prudentes. | IMAGEN: Gob.pe/Sedapar/Josué Del Mar/El Búho
Los trabajos de mantenimiento del sistema y redes de agua potable de Arequipa son constantes a lo largo del año, por tal motivo son recurrentes los cortes del servicio todos los meses. Al respecto, la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapar) informó de los cortes programados para este martes 14 y miércoles 15 de mayo.
Según reportó la EPS, la interrupción del líquido elemento se debe a trabajos de desinfección y limpieza de reservorios. La población en los sectores afectados deberá almacenar agua potable en cantidad prudente para abastecerse durante el tiempo en que se restringirá el abastecimiento. Del mismo modo, se recomienda mantenerse pendientes de la información de último minuto que Sedapar anuncie mediante sus canales oficiales.
¿Qué distritos se verán afectados en Arequipa este martes 14 y miércoles 15 de mayo?
Provincia de Arequipa: Tiabaya.
Cortes de agua programados el martes 14 de mayo: horarios y zonas
Algunas zonas de los distritos de Tiabaya tienen cortes de agua programados a partir de las 07:30 horas hasta las 19:00 horas. Comprende los predios abastecidos por los reservorios R-24.
Interrupciones programadas para distritos de la provincia de Arequipa.
Cortes de agua programados el miércoles 15 de mayo: horarios y zonas
Sedapar no informó de interrupciones programadas en la fecha señalada.
Recomendaciones frente a los cortes de agua programados en Arequipa este martes 14 y miércoles 15 de mayo
Conocedores de los inconvenientes que los cortes de agua generan en la población de Arequipa, Sedapar instó a los ciudadanos en zonas comprendidas a tomar precauciones. Es decir, reserven el recurso hídrico en cantidad prudente, para cubrir sus necesidades básicas durante la vigencia de la interrupción. La EPS explicó que la reposición del servicio, a partir de la hora estipulada, queda garantizada.
Finalmente, los usuarios deben verificar a que reservorio o circuito pertenece su conexión. El dato se consigna en sus recibos de consumo. También pueden registrarse en la Oficina Virtual de Sedapar, y de ese modo revisar sus recibos, saber y comparar sus consumos.
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Cámaras de seguridad captaron el escalofriante ataque. | IMAGEN: Captura de pantalla/Josué Del Mar/El Búho
Las primeras horas del domingo 12 de mayo, Día de la Madre, una mujer de iniciales A.S.C. fue víctima de un salvaje ataque en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa. Los familiares de la agredida exigen al Ministerio Público que pida prisión preventiva para Alejandro Apaza Ancco, sindicado como el perpetrador del asalto.
Los hechos se produjeron al promediar las 01:30 horas del último domingo, en la asociación Centro Industrial Las Canteras. La madre, de 41 años, salió de una vivienda en la que se encontraba de visita para comprar una botella de agua. Fue entonces cuando Apaza Ancco la interceptó y empezó a agredirla.
Las cámaras de vigilancia registraron el salvaje ataque. El hombre, supuesto empresario, la arrastró y golpeó por alrededor de 130 metros. También se observa que desnuda a la mujer, presumiblemente con intención de abusar de ella. Incluso, metió arena en la boca de la víctima, con el fin de silenciar sus gritos.
Vecinos de la zona escucharon los pedidos de auxilio y lograron evitar que se concrete el ultraje. Tras dar aviso a las autoridades consiguieron la detención del individuo, quien fue trasladado hasta la comisaría de Ciudad Municipal.
En tanto, ante la gravedad de sus heridas, A.S.C. fue trasladada al hospital Honorio Delgado. Los familiares señalaron que la dama no puede movilizarse y presenta varios moretones, producto del ataque.
Exigen prisión preventiva para agresor de madre arequipeña
Desde tempranas horas del lunes 13 de mayo, la familia de la víctima realizó una protesta en exteriores de la comisaría de Ciudad Municipal. Allí piden a las autoridades que dispongan prisión preventiva contra Alejandro Apaza Ancco. Se supo que el detenido dijo haberse encontrado bajo los efectos del alcohol cuando se produjo la agresión.
Sin embargo, el plazo de la detención del atacante se vence hoy, lo que preocupa a los allegados de la madre. Asimismo, aseguraron que la fiscal a cargo del caso, Lorena Ortiz, no estaría procediendo de forma adecuada con las diligencias.
Además de los dos videos que registran el salvaje ataque, existiría una tercera grabación. No obstante, los familiares de A.S.C. señalaron que los dueños de la cámara se niegan a entregar la filmación por temor a represalias.
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El juez supremo quedó habilitado para ocupar el cargo de Contralor General en reemplazo de Nelson Shack. Informe aprobado en la subcomisión encargada pasará a la Comisión Permanente
El juez supremo, Pedro Cartolín Pastor quedó habilitado para ocupar el cargo de Contralor General de la República en reemplazo de Nelson Shack, luego de que la Subcomisión encargada aprobara el informe presentado.
El actualmente juez supremo provisional de la Corte Suprema Pedro Cartolín Pastor quedó habilitado para asumir como Contralor General de la República en reemplazo del economista Nelson Shack.
La subcomisión del Congreso encargada de evaluar la propuesta del Ejecutivo aprobó la designación por 5 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, con el voto dirimente de Jorge Montoya de Renovación Popular como presidente de dicho grupo de trabajo porque la elección quedó en un empate a favor y en contra.
La sesión se suspendió para que el equipo técnico termine de elaborar la propuesta de informe final y la remita a los congresistas. Y este mismo lunes, se volverá a votar dicho informe, para elevarlo a la Comisión Permanente.
Como se conoce, si en esa instancia se ratifica el informe aprobado, pasará al pleno donde se tomará una decisión definitiva.
Pedro Cartolín durante su entrevista el pasado viernes ante la subcomisión negó que Mateo Castañeda, abogado de la mandataria Dina Boluarte, detenido preliminarmente por el caso ‘Los Waykis en la sombra’, haya intercedido en su postulación.
También dijo que lo convocaron a través de Secretaría de la Presidencia. «Me dijeron que la presidenta había considerado proponerme y me facilitaron los documentos», explicó ante los congresistas. Negó que se haya reunido con la presidenta Dina Boluarte para hablar sobre su postulación como titular de la Contraloría.
Cuestionamientos a su postulación
Pedro Cartolín, el candidato a Contralor presentado por el Gobierno, protagonizó dos hechos que ponen en cuestionamiento su idoneidad para el cargo.
El primero está relacionado con César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso, dado que fue ponente para que se acepte la demanda de amparo que presentó el actual gobernador de La Libertad, para que se anule la condena por demanda de alimentos que lo obligaba a pasar 90 mil soles a su último hijo.
El segundo, se conoció cuando fue candidato para la Defensoría del Pueblo. Fue presentado por José Luna Gálvez, congresista que encabeza la cuestionada bancada de Podemos Perú. Como se sabe, este partido político está relacionado a la presunta organización criminal denominada como “Los gángsters de la política”.
Ese partido político, con algunos integrantes en la cárcel por prisión preventiva o sentenciados por asesinato, propuso como candidato a Cartolín Pastor. Al inicio debía ser Somos Perú la organización que postule a Cartolín, pero como se demoró, el propio Luna Gálvez -actualmente investigado por lavado de activos- propuso su candidatura.
“La presidenta lo tomaría como una traición y ella como jefa suprema de la Policía podría perjudicar”, eso habría dicho Mateo Castañeda a Harvey Colchado. El abogado de Dina Boluarte llegó hasta el ex jefe de la Diviac presionando a los policías Walter Lozano y Carlos Morán.
Mateo Castañeda, abogado de la presidenta y hoy detenido por las investigaciones contra Nicanor Boluarte, fue el intermediario entre Dina Boluarte y los policías del Eficcop. El abogado habría ofrecido beneficios ilícitos a cambio del archivamiento de investigaciones contra Nicanor Boluarte.
Primero contactó al policía Walter Lozano Pajuelo, quien en ese momento ya no integraba el equipo de policías que daba servicio al Eficcop. Mateo Castañeda le insistió a Walter Lozano hasta concretar el encuentro. Él, olfateando el turbio interés del abogado de la presidenta, antes del encuentro compartió información con la Fiscalía y dispuso su condición como “agente encubierto”.
“Dijo que pediría que las investigaciones contra Nicanor Boluarte pasen […] a una Fiscalía Común Anticorrupción donde él se encargaría de ‘solucionarlo’. Es decir, su archivamiento y así cumplir con la solicitud de la presidenta”.
Policía Walter Lozano sobre las presiones de Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte.
Mateo Castañeda citó a Lozano en el restaurante ‘La Terraza del Pardo’. No sabía que en una mesa contigua se ubicaba otro agente que grababa en audio y video las propuestas ilícitas del abogado de Dina Boluarte.
“Me dijo que todo apoyo que yo brindara para sacar adelante su pedido, él se encargaría que la presidenta Dina Boluarte me lo retribuya”
Policía Walter Lozano sobre las presiones de Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte.
Coronel PNP Harvey Colchado, quien participó en el allanamiento a la casa de la mandataria Dina Boluarte en medio del escándalo Rolex. Foto: Agencia Andina.
Después de Walter Lozano, el abogado de Dina Boluarte apuntó contra Harvey Colchado
El defensor de Dina Boluarte, que actuaba más como un consejero en la sombra, continúo con la segunda parte de su plan: intentar corromper a Harvey Colchado.
Harvey Colchado en ese momento era jefe de la DIVIAC e integraba el equipo de policías que prestaba servicio al Eficcop. Para llegar a Colchado, Mateo Castañeda contactó con el exministro Carlos Morán.
El exministro trabajó antes al mando de Walter Lozano y Harvey Colchado, en la captura del terrorista Artemio. Entonces, con la información obtenida a través de Lozano, Morán y Colchado coordinaron sus participaciones en la investigación contra el círculo Boluarte y sus respuestas ante las presiones desde Palacio de Gobierno. Harvey Colchado también dispuso su participación en calidad de “agente encubierto”.
Esta vez el encuentro entre el abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, y el coronel PNP Harvey Colchado se dio en el restaurante ‘Pescados Capitales’. Castañeda incluso se permitió pagar a nombre de su estudio de abogados un ceviche de 80 soles que invitó a Colchado.
“Es ahí donde me pidió que le informe cómo iba la investigación a su patrocinado Nicanor Boluarte […] Mateo Castañeda dijo que entonces tenía que hacer todo lo posible para que se archive la investigación […] A cambio de ese archivamiento la Presidenta Dina Boluarte cuidaría y no me sacaría de la DIVIAC”.
Harvey Colchado sobre los chantajes de Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte.
La furia de Dina Boluarte y la venganza contra los policías
Para seguir con las investigaciones como agente encubierto, Harvey Colchado coordinó sus comunicaciones con el exministro Carlos Morán. El día del allanamiento a la casa de Dina Boluarte por el caso Rolex, Colchado adelantó a Morán que no conteste el teléfono.
Es así que minutos antes que se ordene abrir la puerta de la casa de la presidenta, Colchado envió un mensaje a Morán pidiéndole que conteste urgente el teléfono, esto con la supuesta intención de avisar sobre el operativo. Morán siguió las coordinaciones previas y no contestó.
Días después, Mateo Castañeda citó en un auto a Harvey Colchado y le hizo conocer del enojo y molestia de Dina Boluarte por el allanamiento a su domicilio.
A los días sucedió la suspensión de Harvey Colchado del cargo de Jefe de la DIVIAC que integraba el Eficcop.
Franco Moreno, sucesor en esa función de Harvey Colchado, fue convocado a Palacio de Gobierno el 7 de mayo. En ese encuentro fue presionado por la propia presidenta Dina Boluarte a develar las investigaciones.
Moreno no cedió a las interrogantes y recibió una amenaza. Días después, el Ministerio del Interior desactivó a todo el equipo de policías de la DIVIAC que prestaba apoyo en las investigaciones del Eficcop contra Patricia Benavides y ahora contra Nicanor Boluarte.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Municipalidad de Jauja entregaron mobiliario elaborado con madera decomisada a un total de 29 comedores populares de esta provincia. La sede Jauja de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Sierra Central explicó que la madera utilizada para la elaboración del mobiliario fue […]
La sede Jauja de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Sierra Central explicó que la madera utilizada para la elaboración del mobiliario fue incautada en operativos realizados por el puesto de control estratégico de La Oroya y corresponde a 10 mil 960,40 pies tablares, con un valor de S/ 37 265,36.
Con la madera decomisada fueron elaboradas 188 bancas y 94 mesas que beneficiará alrededor de 500 personas de escasos recursos quienes acuden a los comedores populares.
“Gracias a esta transferencia, las personas más vulnerables pueden disfrutar de sus alimentos de manera más cómoda y digna. Me llena de alegría poder colaborar, en representación del Serfor, en acciones que impactan positivamente en la calidad de vida de nuestra comunidad”, refirió Luis Castro Narváez, responsable de esta sede en Jauja.
El Serfor apoya este tipo de iniciativas que benefician a la ciudadanía, con la entrega de madera incautada en operativos que buscan mitigar la tala ilegal de especies forestales.
La transferencia de madera se realiza en virtud de los artículos 125° de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y en el Artículo 213° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado por el D.S. N° 018-2015-MINAGRI. Normas que autorizan el traspaso de los productos forestales decomisados, cuando las solicitudes son presentadas por entidades públicas que acrediten que el destino de los productos, subproductos o especímenes forestales tiene fines educativos, culturales y sociales.
Las instituciones públicas interesadas en solicitar la transferencia de productos maderables pueden realizar el trámite en las administraciones técnicas del Serfor a nivel nacional.
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El proyecto sigueparalizado y con múltiples observaciones. El Ministerio de Vivienda advierte que podría resolver el contrato. Para el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Hermer Alzamora, se trata de un “experimento” que no respeta los mínimos criterios técnicos.
La millonaria obra de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de aguas de lluvia (SARE) en Piura continúa paralizada. Su ejecución, iniciada en agosto de 2023, ahora se ha entrampado por una disputa que enfrentan el Ministerio de Vivienda y el contratista.
El proyecto, que demandó una inversión cercana a los S/ 70 millones, incluye la construcción de ocho SARE, de los cuales cuatro (Nuevo Amanecer, La Molina, Cinco Esquinas e Ignacio Merino) cuentan con piscinas subterráneas.
La idea es que el agua que se almacene en estas piscinas durante los periodos de lluvia pueda ser evacuada con electrobombas para evitar inundaciones en las viviendas y calles de la zona. Pero hoy las obras no solo están inconclusas, sino que presentan múltiples observaciones.
El caso más evidente es el del SARE Ignacio Merino, cuyos trabajos hoy lucen prácticamente abandonados. La tubería de evacuación es conocida como “el tubo de la vergüenza” por haber quedado expuesta en el puente Cáceres al desembocar en el río Piura.
La obra ha sido observada técnicamente por el Ministerio de Vivienda, porque en la poza de tormentas presenta filtraciones de agua de la napa freática.
Según Gisella Zamudio, coordinadora de Vivienda en Piura, ya se notificó al contratista para que levante las observaciones. De no hacerlo hasta la quincena de mayo, el contrato quedará resuelto. “Si el contratista no cumple, será sujeto de multas y amonestaciones”, advirtió.
Así desemboca el llamado «tubo de la vergüenza» en el puente Cáceres de Piura.
El consorcio está integrado por las empresas Grandes Xtructuras SAC, Grupo Adobe SRL y Constructora Joquesa Ingenieros Contratistas SRL. Vecinos de Ignacio Merino señalan que el consorcio ha amenazado con retirar los equipos si el ministerio no cumple con pagarle cerca de seis millones de saldo de obra.
El Búho buscó la versión del consorcio, a través de su representante, Eduardo Quezada, pero no hubo respuesta. Gisella Zamudio cuestionó que “la empresa está presionando para el pago, pero si no ha terminado de levantar las observaciones, ¿cómo le vamos a pagar?”.
Improvisación
El decano del Colegio de Ingenieros en Piura, Hermer Alzamora, señaló que la obra tiene un problema de origen, pues el Ministerio de Vivienda elaboró fichas por la emergencia sin tener en cuenta los expedientes y perfiles técnicos que forman parte del Plan Maestro de Control de Inundaciones.
“Los SARE no han sido ejecutados de manera correcta. Vivienda tuvo que considerar perfiles que los gobiernos locales ya tenían. Pero les ganó el tiempo y no tomaron esos estudios, sino que hicieron fichas y le llamaron Plan de Emergencia. Esas fichas no son estudios rigurosos y aun así las ejecutaron”, explicó Alzamora a El Búho.
Según el especialista, esta improvisación generó que, durante el proceso constructivo, se halle interferencias que “han ido corrigiendo en el camino”, sin respetar criterios técnicos mínimos, pues no solo han dejado un tubo expuesto, sino un rompemuelles encima de la tubería, y una especie de jardinera que interrumpe la vía en la Av. Cáceres.
Jardinera improvisada por la obra del SARE Ignacio Merino.
“Es un experimento. Han modificado el ornato de la ciudad haciendo el diseño y la ejecución a la vez. Eso no existe en ningún lugar. Parece una obra fast truck. Lo peor es que, en lugar de disminuir la vulnerabilidad, esta se incrementa, porque al dejar las tuberías expuestas, cuando llueva, [la población] no solamente se van a volver a inundar, como siempre, sino que no van a poder sacar el agua por toda esta serie de obstáculos”, sostuvo el decano.
Pruebas con duda
Debido a estos cuestionamientos, el pasado 5 de mayo el entonces director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), Néstor Supanta, renunció al cargo. El Ministerio de Vivienda designó en su reemplazo a Rossina Manche.
Supanta participó en las pruebas hidráulicas realizadas en febrero pasado en el SARE Ignacio Merino, donde aseguró que la obra todavía no estaba terminada. Sin embargo, el viceministro de Saneamiento, Jorge Bustamante, dijo que el SARE ya estaba listo. “Nosotros garantizamos que Ignacio Merino no se va a inundar con el funcionamiento del SARE”, aseguró.
Según el decano Hermer Alzamora, el Colegio de Ingenieros pidió participar en dicha prueba, pero no los convocaron. “Nosotros desde el primer día solicitamos participar, pero los de Vivienda vinieron de manera centralista y empezaron a hacer los trabajos. Solo nos llamaban cuando les convenía, pero si hacíamos alguna observación, ya no nos llamaban. Actúan de manera autoritaria y unilateral. No les importa lo que la población diga”, agregó Alzamora.
En el SARE Cinco Esquinas, en el distrito Veintiséis de Octubre, los vecinos también afirman que la obra está abandonada hace meses y no se ha considerado las observaciones planteadas por ellos.
“Los equipos están abandonados, exigimos en su momento que se haga su caseta de bombeo para que esto pueda estar protegido, no se ha tomado en cuenta. Pedimos que se haga una buena compactación alrededor de todo esto, pero tampoco se ha hecho”, dijo al diario Correo el presidente del Comité de Gestión del SARE Cinco Esquinas, Alipio Cruz.
Por su parte, el dirigente Gilmar Umbo, del sector Trece de Noviembre, consideró que la obra está mal hecha porque los buzones de agua han sido construidos a mucha altura, de modo que el agua no discurriría por gravedad.
“Nosotros ya le hemos observado al Ministerio de Vivienda que el nivel de los buzones debe quedar al ras. Lo que vemos es que ahí han dejado la obra y no nos han comunicado si así va a quedar, no nos han respondido nada, pese a que un mes tuvimos una reunión con Vivienda y nos dijeron que iban a corregir”, dijo Umbo a El Búho.
“Un 40% de la producción anual del oro está en manos de los mineros no formales. Calculamos que ese porcentaje (…) significa aproximadamente US$ 4 mil millones anuales, pero si consideramos otros costos indirectos, la suma podría ascender hasta US$ 8 mil millones anuales”. Así se expresó el director fundador de V&C Analistas, Dante Vera, […]
“Un 40% de la producción anual del oro está en manos de los mineros no formales. Calculamos que ese porcentaje (…) significa aproximadamente US$ 4 mil millones anuales, pero si consideramos otros costos indirectos, la suma podría ascender hasta US$ 8 mil millones anuales”. Así se expresó el director fundador de V&C Analistas, Dante Vera, en evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
En la cita, también juramentó el nuevo Consejo Directivo del IIMP para el periodo abril 2024 – abril 2026. Al asumir el cargo su nuevo presidente, Darío Zegarra, expresó su preocupación por el crecimiento de la minería ilegal. Manifestó su condena a este flagelo.
Embarcación de minería ilegal aurífera en la región Amazonas. (Foto: Odecofroc)
Causas de la expansión de actividad ilícita
El director fundador de V&C Analistas indicó tres causas que abonan a la expansión de esta economía ilegal. Consideró que una de ella es el alza histórica que se ha producido en la cotización del oro. Este metal alcanzó el precio récord US$ 2380 por onza, hecho que atrae el accionar de organizaciones criminales.
Asimismo, el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ratifica que la pobreza en el Perú viene en aumento. Pasó de 27.5% a 29% en 2023. En tanto, la pobreza extrema en el ámbito rural creció de 14.6% a 16.2%.
Asimismo, Vera relató que el Perú tiene un 75% de tasa de informalidad. “Esta situación es dramática. Es obvio que en estas condiciones estas economías criminales aparecen como una alternativa”, anotó.
Finalmente, resaltó cifras preocupantes del Barómetro de las Américas 2023. El 18% de peruanos considera que la economía de su región creció debido al narcotráfico. Además, un 20% percibe que la minería ilegal fue un insumo para ese crecimiento.
Dario Zegarra, presidente del Consejo Directivo del IIMP (izq.) y Dante Vera, director fundador de V&C Analistas (der.). (Foto: IIMP)
Acciones para enfrentar este flagelo
Por su parte, Zegarra instó a las autoridades a tomar acciones de manera urgente y coordinada para que prevalezca el orden institucional y el respeto a los derechos humanos. “Respecto a la minería ilegal, seremos tajantes para condenar sus prácticas, que son nocivas contra las personas y el ambiente”, aseveró.
Asimismo, resaltó la necesidad de atender el avance de la formalización minera y no seguir dilatando los problemas que conlleva. “Impulsaremos iniciativas de trabajo conjunto con las autoridades para abordar temas como la formalización minera, cuyo proceso no debe prolongarse más tiempo”, refirió.
Dato
Hay 32 distritos amazónicos afectados por la minería ilegal, según el informe Minería ilegal en la Amazonía peruana, elaborado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.
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El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, destacó el compromiso de su administración durante la Primera Audiencia Pública Regional de Rendición de Cuentas del GORE La Libertad para el año fiscal 2024. En su discurso, enfatizó la prioridad de su gestión en la ejecución de obras que mejoren la calidad de vida de los […]
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, destacó el compromiso de su administración durante la Primera Audiencia Pública Regional de Rendición de Cuentas del GORE La Libertad para el año fiscal 2024. En su discurso, enfatizó la prioridad de su gestión en la ejecución de obras que mejoren la calidad de vida de los liberteños, garantizando la transparencia y la ausencia de corrupción en cada paso.
Acuña afirmó que la transparencia es fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en el gobierno y que su administración ha cumplido con este principio al ejecutar de manera clara y transparente los presupuestos asignados tanto en gastos corrientes como en inversión.
Ejecución presupuestal
En relación con el destino de los recursos, el gobernador informó que se ha ejecutado el 95% del presupuesto destinado a gastos corrientes y el 75% del presupuesto de inversión. Además, destacó que se han realizado 108 obras, situando a La Libertad como la región con mayor número de obras ejecutadas.
Sin embargo, reconoció que hubo contratiempos, mencionando la caída en la compra de laptops para maestros y en las licitaciones de importantes proyectos como el hospital de Otuzco y la Planta de Agua en Alto Salaverry. A pesar de estos obstáculos, anunció la entrega próxima de laptops a todos los maestros de planteles estatales y aseguró que se está trabajando para resolver los proyectos que quedaron pendientes.
Salud
En el ámbito de la salud, Acuña resaltó las inversiones realizadas para mejorar la infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud, con un enfoque particular en los hospitales de la región. Destacó la adquisición de modernos tomógrafos y el proceso para obtener resonadores para los hospitales Regional Docente y Belén.
Educación y seguridad ciudadana
El gobernador también hizo hincapié en la importancia de la educación y la seguridad ciudadana, anunciando la adquisición de camionetas y motocicletas para la Policía Nacional. Además, destacó la declaración de emergencia de Trujillo y Pataz por parte del gobierno nacional, lo que permitirá combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de la población.
Entre los proyectos emblemáticos, mencionó el destrabe del Proyecto Especial Chavimóchic y la construcción del nuevo Hospital Regional Docente de Trujillo, así como la inversión en infraestructura educativa y vial. Acuña concluyó reafirmando su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo integral de La Libertad, con obras de calidad y transparencia, que beneficien a toda la población.
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Una compra de 19,896 laptops anunció el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, las que llegarán en el mes de julio de acuerdo al compromiso que se obtuvo de la empresa que ganó la buena pro, y que serán entregadas a los maestros y maestras para mejorar su trabajo. La autoridad regional informó […]
Una compra de 19,896 laptops anunció el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, las que llegarán en el mes de julio de acuerdo al compromiso que se obtuvo de la empresa que ganó la buena pro, y que serán entregadas a los maestros y maestras para mejorar su trabajo.
La autoridad regional informó sobre esta adquisición en el marco de la primera audiencia pública de rendición de cuentas del GORE La Libertad, incidiendo que los equipos tecnológicos serán un soporte para los profesores en el desarrollo de sus clases. “Ya es una realidad las laptops para los docentes de inicial, primaria y secundaria”, enfatizó.
El proyecto, que desde el año pasado sufrió algunas dificultades en la etapa de convocatoria en el portal de Perú Compras, en esta oportunidad se concretó tras elegir a la empresa especializada en equipos tecnológicos que se hará cargo de cumplir con el servicio de entrega de los modernos aparatos máximo la primera semana de julio.
“Justo ayer he conversado con el responsable de la empresa que nos va a proveer las laptops. Mi intención es que hagan la entrega lo más pronto. Pero me dieron la sorpresa de que en el mes de julio entregarán las laptops, pese a que el contrato está para octubre”, mencionó.
44.5 millones en nuevas tecnologías
En la compra de esas tecnologías, el GORE invertirá más de 44.5 millones de soles, convirtiéndose en la inversión más importante para el sector educación este año. Aparte de ese proyecto también está en camino la compra de kits básicos para los colegios, en el que se incluye fotocopiadora, pantalla interactiva y reloj biométrico.
Las laptops tendrán una memoria RAM de 8 GB y su disco duro un almacenamiento de 512 GB. Su procesador tendrá una tecnología de 64 bits. Tendrá además cámara web integrada y parlantes. Su sistema operativo será Windows 11 profesional. Un dato importante es que tendrán una garantía de 36 meses. Aparte, tendrá un sistema de seguridad con geolocalización.
Vale mencionar que hay otras contribuciones que pondrá en marcha el GORE solo el 2024. Se trata de la compra de 5 mil computadoras para equipar a 490 colegios, equipamiento de 600 laboratorios, y kits deportivos para más de 2,500 II.EE.
Lea la nota original aquí o visita el medio Investiga
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El Ministerio de Educación, bajo la dirección de Morgan Quero, ha dispuesto la instalación de diez aulas de emergencia tipo domo en la Institución Educativa Basilio Auqui en Huancapi, Ayacucho, debido a daños causados por deslizamientos. Estas aulas serán transportadas desde Lima por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) con la colaboración del Gobierno […]
El Ministerio de Educación, bajo la dirección de Morgan Quero, ha dispuesto la instalación de diez aulas de emergencia tipo domo en la Institución Educativa Basilio Auqui en Huancapi, Ayacucho, debido a daños causados por deslizamientos. Estas aulas serán transportadas desde Lima por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) con la colaboración del Gobierno Regional de Ayacucho.
Tras las inspecciones realizadas por especialistas del Pronied, se determinó que las instalaciones actuales representan un riesgo para la seguridad de los 162 estudiantes de secundaria y el personal docente debido a los efectos de las fuertes lluvias.
Mientras se realiza la instalación de las aulas temporales, los estudiantes de la Institución Educativa Basilio Auqui han sido reubicados en la Institución Educativa Mártires de la Educación.
La Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo está acondicionando el terreno en el nuevo sitio y establecerá una zona de acceso cercana al estadio municipal para actividades recreativas.
Simultáneamente, se están llevando a cabo reuniones para revisar un proyecto de inversión pública para el colegio, valorizado en 17 millones 594 mil 571.28 soles, actualmente en proceso de asistencia técnica en la plataforma Asitec del Pronied.
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Exgobernador tiene orden de captura internacional. Desde la clandestinidad, Walter Aduviri Calisaya habló sobre su difícil situación legal y la liberación del expresidente de la República, Alberto Fujimori. El líder del ‘aymarazo’ cuestionó a los órganos de justicia por el trato dispar que hay entre su persona y Alberto Fujimori. “El procurador del Estado y […]
Exgobernador tiene orden de captura internacional. Desde la clandestinidad, Walter Aduviri Calisaya habló sobre su difícil situación legal y la liberación del expresidente de la República, Alberto Fujimori.
El líder del ‘aymarazo’ cuestionó a los órganos de justicia por el trato dispar que hay entre su persona y Alberto Fujimori.
“El procurador del Estado y el Ministerio Público (el fiscal Juan Monzón Mamani, que es el que lleva el caso del aymarazo), no paran día a día en solicitar documentos al Poder Judicial para que en mi caso, por no pagar dos millones, me vaya a la cárcel. Eso es lo que argumentan ellos. Pero, en el caso de Fujimori, ni el fiscal, ni el procurador del Estado, nadie dice nada, todos calladitos. El Poder Judicial no dice que el señor Fujimori debe 57 millones y, por lo tanto, debe pagar, y si no paga, debe ir a la cárcel. Esa petición no hay”, se quejó el exgobernador.
Continuó diciendo que a diferencia de Fujimori, él sí pagó parte de la reparación civil que le impuso el Poder Judicial. “Se ha pagado S/ 81 005 del tema del aymarazo; los hermanos de Pisacoma y Quelluyo han ido pagando ese monto, pero ni siquiera eso reconocen. Alberto Fujimori no ha pagado ni un centavo, pero a nosotros a pesar de que hemos pagado, han ordenado cárcel”, lamentó.
Orden de captura internacional
Aduviri Calisaya contó que en noviembre del 2023 se ordenó su captura por no pagar la totalidad de la reparación civil impuesta en su contra. El exdirigente sostuvo que desde entonces se encuentra en la clandestinidad. “Lamentablemente, me toco vivir esa vida (…), desde hace un par de meses, el procurador ordenó mi captura internacional. La Interpol ha remitido documentos al juzgado de Puno y ya sacaron la orden de captura”, señaló.
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Este lunes a las 3:30 de la madrugada inició un incendio en el área de Carpintería del Gobierno Regional de Arequipa. Durante más de dos horas, los bomberos lucharon con las llamas para evitar que se extendieran a otras áreas con material inflamable. En este almacén se hallaba material utilizado para elaboración de carpetas para […]
Este lunes a las 3:30 de la madrugada inició un incendio en el área de Carpintería del Gobierno Regional de Arequipa. Durante más de dos horas, los bomberos lucharon con las llamas para evitar que se extendieran a otras áreas con material inflamable.
En este almacén se hallaba material utilizado para elaboración de carpetas para centros educativos de la región. Además, un automóvil oficial y otro particular fueron afectados por las llamas.
Según el comunicado emitido por el GRA, a las 5:00 horas se logra controlar el incendio y una hora después se apaga por completo las llamas.
Al costado de la carpintería se encuentra el almacén de Circa. Solo se reportó la caída de algunas calaminas, sin causar mayor afectación al material almacenado en el lugar.
El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, informó que se están avanzando en las investigaciones. Hay grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona que se están utilizando para hallar a responsables.
Además, el gobernador recalcó que solo se ha consumido material como madera. Descartó que algún documento del Gobierno Regional de Arequipa haya sido afectado durante este incendio.
«No hay documentación que haya sido afectada, ninguna documentación ha sido afectada»
Gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez.
La autoridad regional también adelantó que el incendio habría iniciado al costado de un vehículo.
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«Hay que tener cuidado con lo que uno hace», le dijo. Dos días antes de la detención de Nicanor Boluarte, la presidenta solicitó reunirse con el policía para saber el avance de las investigaciones y lanzar advertencias
Según un informe de La República, Franco Moreno Panta mantuvo una tensa reunión con Dina Boluarte. La mandataria cuestionó el funcionamiento y las investigaciones del Eficcop y la Diviac. «¿Y el dinero de inteligencia quién lo maneja? ¡Es la plata del pueblo, coronel!», habría dicho Dina Boluarte.
Dina Boluarte: «¿Qué opina usted del allanamiento a mi casa?».
Franco Moreno: «Hay allanamientos en los que la Policía Nacional usa la fuerza y hay otras con detención».
Dina Boluarte: «¡Ah, entonces usted quería que me detengan».
Franco Moreno:»Lo que quiero decirle es que hay allanamientos para incautar documentación relacionada a la investigación y otras detenciones. Quiero que entienda el trabajo».
Así habría sido el incómodo y amenazante intercambio en el encuentro por orden desde Palacio ente el policía Franco Moreno y la presidenta.
«A veces hay que tener cuidado con lo que uno hace», le sugirió Dina Boluarte al agente Diviac.
Abogado de Dina Boluarte asegura que Harvey Colchado le tendió una “emboscada”
En tanto, Mateo Castañeda, abogado de la jefa de Estado, negó que haya cometido los delitos de tráfico de influencias y organización criminal. Además, señaló que las reuniones con Harvey Colchado fueron «fabricadas y una celada».
Tras la audiencia de control de identidad por el caso Los Waykis en la Sombra, Castañeda tuvo que admitir ante la prensa que se reunió con Harvey Colchado. El abogado calificó de “emboscada” a estos encuentros con el coronel PNP, removido del equipo DIVIAC que respaldaba al Eficcop.
«Yo rechazo todos los cargos. Si hay algo que investigar, se investigará, pero esto ha sido una emboscada del coronel Harvey Colchado, que me han citado a dos reuniones a través del general Carlos Morán»
Dijo Mateo Castañeda.
Según los avances de los fiscales, el abogado propuso favorecimientos a los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano. Estos intercambios habrían incluido promociones y «resguardo», con el objetivo de que el Eficcop archive el caso contra Nicanor Boluarte.
Eduardo Barriga, abogado de Castañeda, aseguró que su cliente no colaborará en la investigación en calidad de colaborador eficaz.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
«El Perú ha tenido personajes viles y vergonzosos en todas las épocas. Desde los felipillos que facilitaron la conquista, pasando por los felones del virreinato, hasta los traidores y cobardes de la guerra del Pacífico…, pero lo de hoy nos avergonzará por generaciones»
La presidenta Dina Boluarte seguirá siendo investigada por la Fiscalía por el presunto enriquecimiento ilícito en el marco del caso Rolex porque el Poder Judicial denegó su solicitud para archivar el caso.
Difícil imaginar en Alemania una reivindicación de Hitler que no sea mayoritariamente rechazada. O en España, una de Franco. En Chile, tampoco pasaría sin cuestionarse una reivindicación de la dictadura de Pinochet, pero en el Perú hay quienes lo invocan como sinónimo de autoridad.
Pero eso no pasa de ser una anécdota cuando constatamos cómo se reivindica el régimen autoritario, corrupto y abusivo de Alberto Fujimori, bajo el paraguas del terruqueo constante a sus críticos y la mentira sobre que fue Alberto Fujimori quien venció a Sendero Luminoso. Basta recordar la torta de cumpleaños que le llevó su mentor intelectual Montesinos para probar la mera utilización que hizo ese régimen del hecho fortuito de su captura durante su gobierno.
El régimen de Fujimori estuvo lejos de caracterizarse por eficiencia y combate a la violencia, como dice la narrativa que hoy se quiere instalar, falsamente. Más bien lo caracterizó la prepotencia, la compra por kilo de conciencias, la prensa basura llamada entonces «chicha», la mordaza sobre la gran mayoría de medios de comunicación, millones de dólares de por medio. Y, por si fuera poco, la destrucción de todas las instituciones: desde las que administran justicia, hasta los sindicatos y organizaciones populares.
Si tuviéramos que resumir ese régimen en dos palabras serían: injusticia y corrupción. Se expresaron en el abuso sin límite en todos los ámbitos, bajo el silencio cómplice o timorato de muchos; y el enriquecimiento obsceno de todos sus jerarcas. Ejemplos, sobrarían.
Y 24 años después, pareciera que en el Perú lo hemos olvidado. El solo hecho que su hija, heredera de su estilo desvergonzado, haya disputado la presidencia en 3 ocasiones, dice mucho de la falta de memoria. Pero la reivindicación abierta de ese régimen abyecto, realizada vía TikTok por el protagonista de esas infamias, es más significativo.
Sin vergüenza, ha vuelto el propio sátrapa a mentir en sus publicaciones. A la prensa chicha la han sucedido parlantes humanos caracterizados por la mugre bajo pomposas etiquetas como La Resistencia. Blanca Nélida Colán, es la inspiración de Patricia Benavides. El congreso de Martha Chávez es ahora uno más lumpen que bien representa Martha Moyano. Los jueces corruptos de entonces, están ahora en el Tribunal Constitucional firmando lo que se les pone en frente. Y el saliente jefe de la ONPE será reemplazado por «José Portillo 2». Los militares genuflexos y aceitados de entonces, tienen ahora su representación en los generales semióticos y felones como Angulo y Zanabria. Mientras el defensor del Pueblo avergüenza hasta a los menos entendidos en política.
Pero lo que iguala en indignidad estos tiempos con aquellos, es la subsistencia en la presidencia de la república de un personaje grotescamente vil como Dina Boluarte. Su perfil de malvada de fábula, junto a su levedad intelectual y su ruindad espiritual, ofende a la nación milenaria que somos y nos avergonzará por generaciones.
El Perú ha tenido personajes viles y vergonzosos en todas las épocas. Desde los felipillos que facilitaron la conquista, pasando por los felones del virreinato, hasta los traidores y cobardes de la guerra del Pacífico. Pero su larga historia de resiliencia y de millones de peruanos que han compensado esos episodios con talento, esfuerzo, heroísmo y valor, merece otro final de cuento.
Dina Boluarte no es solamente mentirosa, arribista, frívola e ignorante. Es, sobre todo, indigna de la peruanidad.
Fundadora y directora de El Búho. Es periodista con más de 20 años de experiencia dedicada a temas de corrupción, conflictos socioambientales y derechos humanos.
La inagotable actividad del tráfico de terrenos, alentando invasiones, encontró en esta leyenda una posibilidad. Aunque legalmente se ha desestimado y las invasiones han sido desalojadas, cientos de ciudadanos siguen buscando allí una oportunidad de vivienda.
Zona del desalojo habría sido objeto de disputadas entre traficantes de terrenos. | IMAGEN: GRA
El Común de los Zeballos es hoy una suerte de leyenda. Tras una serie de especulaciones y reclamos, un fallo del Tribunal Constitucional resolvió confirmar la propiedad de los terrenos a favor del Gobierno Regional. El caso está relacionado a la asociación Jorge Basadre, cuyo dirigente defendía su “propiedad”, argumentando una donación por parte de una de las supuestas propietarias. Otros intentos de traficar con estos terrenos han sido frenados con desalojos, pero éste es un ejemplo de la falta de catastros unificados, el tráfico de terrenos y la falta de políticas de vivienda del estado y el gobierno regional que ha perjudicado ya a cientos de ciudadanos sin vivienda. Y lo seguirá haciendo.
Pero la asociación antes mencionada está asentada sobre una pequeña porción del área general. Los herederos o apoderados de la zona original reclamaban tener un terreno de más de 70 mil hectáreas en el distrito de Yura. Si El Común de Los Zeballos fuera real, sería más grande que la unión de Paucarpata, Cerro Colorado, Uchumayo, Jose Luis Bustamante y Rivero, Cayma, Miraflores y Yanahuara. Pero, para entender cómo el caso escaló a este punto, es necesario retroceder varios siglos.
Primeros registros de El Común de Los Zeballos
Es 1894, época de ferrocarriles. La mayoría de la población arequipeña no tiene luz en casa. De aquella fecha data el registro de “El Común de los Zeballos”. Se trata de una anotación preventiva de dominio, del 24 de marzo del mismo año. Esta área controvertida se inscribió como una finca y sus límites nunca fueron precisos.
“Principia la finca en la quebrada de Añashuaico Viejo por la parte de la ciudad de Arequipa, y consiste en terrenos eriazos y una montaña a la derecha del camino del ferrocarril de Puno terminando en el cerro denominado Guanconaza por la parte del abra de Cañahua…”
Parte de la descripción de inmueble, según partida registral 04009359.
En la partida registral 04009359, incluso se menciona el año de 1782 como la fecha en que se consignó una escritura de venta por parte de Ygnacio Valencia, hijo de doña Catalina Zeballos. No fue hasta 1894, que se describieron los linderos de la zona. A partir de ese momento, El Común de Los Zeballos pasó de generación en generación, por medio de herencias y compradores, que se fueron dividiendo el área en porcentajes más pequeños.
Un certificado registral inmobiliario emitido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) muestra hasta 43 propietarios. En noviembre de 2019, Frida Osorio Cáceres, una de las herederas, consigna a sus hijos como nuevos propietarios. Uno de ellos es Jose Antonio Ricalde Osorio.
En diciembre de 2020, Ricalde Osorio le otorga el 75% de “su propiedad” a Violeta Aguirre Llerena, quien en 2023 realizó una donación a Wilber Mayta Fernández, presidente de la asociación Jorge Basadre. La zona que ahora tiene como dueño a Mayta Fernández está valorizada en 1 millón 882 mil 398 soles.
El tráfico de terrenos: Caso Jorge Basadre
El proyecto de la asociación Jorge Basadre data del 2018. Su dirigente, Wilber Mayta Fernández, estableció la ubicación a un costado de la quebrada de Culebrillas. Sin embargo, no tienen un distrito definido. Documentos de la asociación hacen referencia a encontrarse entre Yura, Cerro Colorado y Uchumayo.
Pese a la indeterminación, Mayta Fernandez vio por conveniente acudir a municipalidad de Uchumayo, para consignar el pago de autoevalúo, con lo que tendría un argumento más a su favor. Eso no impidió que fueran desalojados cada vez que intentaban ocupar los terrenos.
La organización dentro de la asociación funciona a través de Whatsapp y diversas delegaciones. Están el grupo París, Coraje y Gama, Leones Fénix, Alfa Vikingos, Los Pumas y Patriota, Guerreros, entre otros. Por medio de estos equipos, se hacen turnos para vigilar la zona.
De igual manera, se organizan las actividades a través de comunicados. Por esos medios se hizo la convocatoria a una marcha el pasado 14 de marzo. El punto de protesta fue la sede del Gobierno Regional. Allí exigieron la renuncia de la procuradora regional, Amparo Begazo, por un desalojo ocurrido en diciembre de 2023.
Los comunicados internos son difundidos por grupos de WhatsApp.
Uno de los argumentos que sostiene Mayta Fernández se basa en el parte notarial con fecha 8 de junio de 2023. En el documento, Violeta Aguirre Llerena —quien decía tener el 75% del terreno de José Ricalde Osorio— le realiza una donación a Mayta Fernández por el 1.0583% de los derechos, equivalente a 746.4472 hectáreas. El trámite fue suscrito ante el notario Rubén Bolívar Callata.
Inconsistencias en los procesos de traspaso
El caso de El Común de Los Zeballos está asentado en la partida registral 04009359. La misma puede ser consultada mediante la web Conoce Aquí de la SUNARP. En la plataforma, cualquier persona puede ver el historial de compras de derechos y donaciones.
En marzo de 2021, Aguirre Llerena transfirió el 0.0885021% de sus derechos a 6 compradores. Cada uno pagó 16 500 soles por solo una parte del porcentaje antes mencionado. Con la recuperación de terrenos por parte del Gobierno Regional, dichos compradores hoy habrían perdido su dinero.
Sin embargo, la inconsistencia más fuerte afecta a los ya estafados miembros de la asociación Jorge Basadre. El 8 de febrero de 2022, Aguirre Llerena cedió la totalidad de sus derechos a los cónyuges Lidia Quispe Rojas y Wilfredo Salas Días, por el precio de 200 mil soles. El trámite se realizó ante la notaría del Dr. Augusto Morote Valenza.
Izquierda: Violeta Aguirre vende todos sus derechos en 2022 / Derecha: Donación a Wilber Mayta en 2023
Es decir, Aguirre Llerena vendió toda su parte y casi un año después, donó algo que no tenía a Mayta Fernández. Incluso, en junio de 2022, los esposos Quispe Rojas y Salas Días vendieron sus derechos a la Inmobiliaria Común de Los Zeballos Arequipa, por el mismo precio al que lo compraron.
El último registro que se tiene al respecto corresponde a un cambio de denominación publicado el 24 de abril de este año. La empresa compradora ahora se llama Inmobiliaria Casas & Terrenos Orión E.I.R.L. Cabe destacar que el nombre de Mayta Fernández no aparece en ninguna parte del historial de registros de SUNARP.
Caso Ampaca
Quienes también se ven envueltos en el caso son los miembros de la Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos (Ampaca). Actualmente, algunos de sus terrenos están en procesos judiciales con el Ministerio de Agricultura. Mientras tanto, allí se asentaron algunas bases de la asociación Jorge Basadre.
El problema se da con el documento de donación a Mayta Fernández, donde se ubica a su asociación, sobre las secciones M y L de Ampaca. Por ello, los agricultores han sido afectados por hechos de violencia producto de los desalojos.
A través de estas diligencias, es que presuntamente identificaron a una trabajadora del Gobierno Regional, como parte de las invasiones y actos vandálicos ocurridos en las intervenciones policiales. Se trata de Nicolasa Quispe Choquepata, quien según la resolución N° 037-2024-GRA-ORA labora en una Oficina de Tesorería.
Un vehículo fue incendiado en los desalojos, acusaban a Nicolasa Choquepata, pero ella niega los hechos.
El 23 de abril, Quispe Choquepata declaró en el programa Pulso Regional. Días antes, había sido señalada de aparecer en videos y dirigir hechos de violencia. Argumentó que es una persona pacífica y aceptó ser parte de la asociación, pero evitó pronunciarse sobre si salía en algunas grabaciones.
“La pregunta no se le va a poder responder, por recomendaciones de mi abogado.”
Nicolasa Quispe Choquepata, trabajadora del GRA.
Desalojos y fallo del Tribunal Constitucional
En el 2020, el Gobierno Regional anunció desalojos en El Común de los Zeballos. Para ese momento, se registraban algunas agrupaciones asentadas. Por ello, Aguirre Llerena no tuvo reparo en prometer donar terrenos. De esa forma, se aseguraría tener más gente de su lado. Abdón Álvarez, abogado de Aguirre, consideraba que los invasores eran “cuidadores”.
Para detener el desalojo extrajudicial, el GRA recibió una demanda de amparo en octubre de 2023. Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Arequipa y posteriormente el Tribunal Constitucional (TC), fallaron a favor del GRA en marzo del presente año. Con ello, se podría proceder a la recuperación de las áreas ocupadas ilegalmente.
Miembros de la asociación Jorge Basadre. A la derecha, en camisa blanca y pantalón de vestir: Wilber Mayta.
Desde el TC, se argumentó que no hubo las pruebas suficientes para acreditar la propiedad. Tampoco hay un área exacta, ya que la descripción de las partidas registrales solo muestra puntos referenciales. Solo en la asociación Jorge Basadre se registraron 1800 miembros, algunos seguirán insistiendo y volverán a ser desalojados.
Por su parte, el GRA debería plantear seriamente los proyectos que se tenía pensado llevar a cabo en el lugar, por el bien de Arequipa.
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Imagen referencial sobre aretes en uso de la presidenta. Foto publicada el 28 de julio de 2023 durante el mensaje a la Nación de Dina Boluarte.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en las diligencias sobre presunto enriquecimiento ilícito que apuntan a Dina Boluarte.
“El señor Fiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana presenta Requerimiento Fiscal solicitando la Confirmatoria Judicial de Incautación Instrumental dispuesta en la diligencia contenida en el acta de exhibición de un par de aretes argolla de oro amarillo con diamantes, de fecha 08 de mayo de 202”
Expediente N.° 00018-2024-3-5001-JS-PE-01.
Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, y Eduardo Barriga, representante legal de la presidenta, han presentado argumentos en contra de la incautación de los bienes. Estos recursos se rechazaron, manteniendo firme la decisión de asegurar los elementos mientras continúa la investigación.
#LoÚltimo Poder Judicial ratifica la medida de incautación de tres relojes Rolex y una pulsera Bangle Brillante, en el marco de la investigación contra la presidenta #DinaBoluarte, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado. pic.twitter.com/1IBYupO8Qn
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 11, 2024
Por otro lado, el último viernes el Poder Judicial ratificó la incautación de tres relojes Rolex y una pulsera Bangle. Sin embargo, esta medida es decisión del juez Juan Carlos Chackley. Este magistrado estuvo involucrado en el caso Enma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides. Juan Carlos Checkley también declaró infundado el impedimento de salida del país para Patricia Benavides.
Es así que la investigación que apuntaba inicialmente solo a Wilfredo Oscorima, toma un tramo contra la presidenta: la investigación contra la presidenta #DinaBoluarte, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado:
«Poder Judicial ratifica la medida de incautación de tres relojes Rolex y una pulsera Bangle Brillante, en el marco de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte […] a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkey Soria, al existir la posibilidad de que estos bienes sean ocultados si se levanta la medida.»
Es clave en qué fueros, a qué implicados, bajo qué cargos y con qué jueces y fiscales se formalizan las denuncias e investigaciones. Las denuncias contra Wilfredo Oscorima pueden seguir su curso en la Fiscalía y el Poder Judicial. El caso de Dina Boluarte es distinto ya que al ser presidenta, por la investidura, los procesos contra ella deberán pasar por el Congreso. Varios analistas y organizaciones alertan de ese tipo de procedimiento ante eventuales blindajes y archivos definitivos.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
Sobre estos temas y más del cine peruano conversan el sociólogo Alberto Adrianzén con Christian Wiener, docente universitario y exdirector en el ministerio de Cultura.
¿Cuál es el interés real de un grupo de congresistas de pedir la revisión de la entrega de incentivos económicos para la producción de cine peruano? ¿Por qué se ha puesto en debate la idoneidad de los jurados? ¿Hay una intención de controlar y censurar la producción audiovisual de gran formato?
Sobre estos temas y más del cine peruano conversan el sociólogo Alberto Adrianzén con Christian Wiener, docente universitario y exdirector en el ministerio de Cultura.
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En Socabaya, Arequipa, la Policía desplegó un operativo, a fines de abril, donde identificó la situación migratoria de unos 200 ciudadanos venezolanos que disfrutaban un campeonato de softball. Ninguno tenía orden de captura.
Ciudadanía y autoridades debaten la necesidad de declarar el estado de emergencia en Arequipa. | IMAGEN: Difusión
Por:IreneIgnacio/Checa.pe
El domingo 28 de abril, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino “a más de 200 extranjeros” en un campo deportivo del distrito de Socabaya, Arequipa, reportó Exitosa. El operativo se ejecutó en el marco del estado de emergencia declarado en la región a mediados del mes, ante el aumento de la inseguridad ciudadana.
Una grabación de la intervención policial muestra a unos cinco miembros de las fuerzas del orden ingresando al espacio al aire libre, apuntando con sus armas a las personas que estaban dentro, a 10 o 12 metros. Los efectivos que rodearon el campo, cerca de las familias, mantuvieron el arma enfundada.
¡Cuidadoconlosniños!
¡Grábalo,grábalo,grábalo!
Tengo miedo…
Quédenseahítranquilos,somosdelaPolicía…
¡Notemuevas,ah,notemuevas!
¡Quédese ahí!, ¡quédese ahí!, ¡quédese ahí!
Quédense quietos, muchachos
¡Hay niños!
Tomenasiento,porfavor,tomenasiento
Listo, oficial, pero con cuidado que también hay niños, por favor
Tras la tensión inicial, los policías revisaron las mochilas en busca de armas y realizaron un control de identidad.
Según usuarios identificados como venezolanos, los efectivos “no encontraron nada”. Páginas de Facebook arequipeñas informaron que, de las 201 personas intervenidas, solo cuatro no tenían sus papeles en regla. El Pitazo refirió que se llevaron a dos personas que solo poseían cédula de identidad, las cuales regresaron media hora más tarde al campo. Ninguna de las versiones menciona la captura de algún delincuente o el hallazgo de armamento.
Como mencionamos líneas arriba, el operativo se realizó durante un estado de emergencia en la Ciudad Blanca. Pero ¿esta medida faculta a las fuerzas del orden a apuntar con armas en espacios recreativos donde están niños?
Primero, el contexto
El 16 de abril, el Gobierno de Dina Boluarte estableció el estado de emergencia en Arequipa por 20 días, hasta la primera semana de mayo. La disposición se basó en el crecimiento del crimen organizado y de la inseguridad ciudadana. Según lamunicipalidad provincial arequipeña,enel2023seregistraronmásde14casosde asesinato, que no han sido resueltos a la fecha.
Bajo el estado de emergencia, reza el D.S. N.º 043-2024-PCM, la Policía Nacional asumía el control del orden interno en la Ciudad Blanca, con apoyo de las Fuerzas Armadas. La medida implica que “puede restringirse o suspenderse” el ejercicio de derechos relacionados con la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito, de acuerdo con el artículo 137 de laConstitución.
Durante los 10 primeros días, la estrategia se enfocó en dos ejes: el patrullaje y los operativos con control de identidad, reportó El Búho. Estas actividades contaron con un refuerzo policial de 250 efectivos que llegaron desde Lima y el uso de un helicóptero para vigilar las calles.
Hasta el 25 de abril, las fuerzas del orden detuvieron a unas 600 personas, de las cuales 133 tenían órdenes de captura, informó Correo. Otras 190 habían cometido delito contra el patrimonio y 73, violencia familiar. El medio también refirió que, durante ese periodo, se expulsaron 31 extranjeros de Arequipa “por no contar con documentación debida”.
El lugar elegido para el operativo de «emergencia»
El campo deportivo “Fundo Grande Country Club” de Socabaya es un espacio de encuentro para las familias venezolanas afincadas en Arequipa, ya que los domingos se reúnen a ver o a jugar partidos de softball, un deporte en equipo similar al béisbol.
Ya en 2021, Encuentro informaba sobre el primer torneo de softball (o softbol) en ese local. Dos años más tarde, en 2023, la Liga de softbol de Arequipa recibió unreconocimiento por parte de la Municipalidad distrital de Yanahuara.
Este domingo 28, se celebraba la jornada número 16 del “Torneo Apertura 2024”, en el campo alquilado por la liga.
La situación era conocida por la Policía. “Sabemosquelosdíasdomingosereúnen grancantidaddeciudadanosextranjerosparapracticarestedeporte,elsoftbol. En ese sentido, se ha intervenido un promedio de 200 ciudadanos de nacionalidad extranjera, la mayoría son venezolanos, entre hombres, mujeres, niños, entonces estamos verificando su identidad (…)”, declaró para Exitosa el general PNP Colin Sim
Galván, durante la intervención, alrededor de la 1:30 de la tarde. Manifestó también que estaban comprobando si tenían alguna requisitoria nacional o internacional.
En la operación, participaron “policías de Extranjería, Depincri (Departamento de Investigación Criminal), Seguridad del Estado, Requisitorias y (…) efectivos policiales de la Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) y el Grupo Grecco (Grupo Especial contra el Crimen Organizado)”, listó Correo. Algunas versiones señalaron que también estuvo personal de Migraciones, pero la entidad lo descartó. Es posible que confundieran la División de Extranjería de la PNP con la Superintendencia Nacional de Migraciones.
El vasto despliegue policial no fue gratuito. El Ejecutivo espera que la PNPpresenteal MinisteriodelInterioruninformedetallado“delosresultadosobtenidos”a mediados de mayo, según el decreto supremo que aprobó el estado de emergencia.
¿Se vulneraron los Derechos del niño?
Tres integrantes de la Liga de softbol de Arequipa denunciaron, en declaraciones paraDivergentes, que ese domingo asistieron “alrededor de 30 niños: niños venezolanos, niños peruanos”, con el propósito de distraerse y terminaron asustados. “(Hubo) niños que tuvieron que calmarlos, darle medicamentos porque fue bastante fuerte el operativo”, sostuvieron.
Tras la difusión de videos de la intervención, el servicio jesuita a migrantes EncuentrosSJM y Panamerican and Caribbean Union for Human Rights (PACUHR) rechazaron el operativo, argumentando que el despliegue de armamento vulneró los derechos de la niñez y trasgredió las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
“Es un abuso. Sin duda es, digamos, imprudente. Hay que ver la Convención sobre los derechos del niño y del adolescente. ¿Y por qué lo hacen? Porque estánenestadode emergencia,quelespermiteintervenirsinningúnrequisito”, expone Carlos Basombrío, ex ministro del Interior, al ser consultado por Checa.pe. “No creo que haya ninguna regulación al concepto de ‘apuntar’ (pero) amímepareceunriesgoparalos niños, un abuso (…). No debieron hacerlo, me queda clarísimo”, señala.
Richard O’Diana, especialista en Incidencia Política de Save the Children en Perú, considera que las acciones fueron “desproporcionadas”. “La Policía, evidentemente, tiene todo el derecho (o la Fuerza Armada) de intervenir, en caso haya un peligro, a una persona nacional o extranjera. Más aún cuando consideramos que la provincia de Arequipa está en estado de emergencia. (…) Entonces, el estado de emergencia sí permite que se interrumpan estas reuniones”, apunta. “Lo que sí es un exceso, una arbitrariedad y, evidentemente, una actitud antijurídica es la desproporcionalidad de las acciones de las fuerzas del orden y de seguridad”.
El abogado sostiene que seafectólaintegridaddelosniñospresentes, especialmente la psicológica. Además, que sevulnerósuderechoalesparcimiento.
O’Diana descarta que las fuerzas del orden tengan el derecho de apuntar en un espacio de recreación donde haya menores de edad. “No lo tienen. No lo tienen ni en el contexto de emergencia ni en el contexto de no emergencia”, afirma. “Lo que el Estado peruano no debe hacer es excederse en estas prerrogativas que esta emergencia da”, señala, especialmente cuando se trataba de un juego que, según pudo ver la PNP, “no tenía atisbo de actividad criminal”.
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