Pasó en el Perú | La Libertad. El pleno del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) decidió anular el examen de admisión de Ciencias Sociales «Grupo A», luego de detectar a siete estudiantes que ingresaron con dispositivos electrónicos para copiar las respuestas, durante el examen del 23 de septiembre.

«Lamentablemente, mafias que operan en el país se han infiltrado en el examen de admisión. Se ha identificado a siete personas que ingresaron con dispositivos electrónicos, como celulares con cámaras incorporadas, con la intención de tomar fotografías y enviarlas al exterior. Por lo tanto, se ha determinado la nulidad del examen de admisión», declaró Vásquez Boyer.

El rector de la universidad, Carlos Vásquez Boyer, anunció que el examen fue reprogramado para el 30 de septiembre, con el objetivo de garantizar la transparencia y la integridad del proceso de admisión, informó Noticias Trujillo.

Lambayeque: Colegio Médico cuestiona falta de prevención ante El Niño

Pasó en el Perú | Lambayeque. El decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, cuestionó la falta de planificación y prevención ante los problemas de salud que acarreará el confirmado Fenómeno El Niño en el país.

“Cuando vino el ciclón Yaku se sabía que el problema siguiente sería el dengue y es más, en el norte todos los años hay dengue, pero no se hizo nada. El problema no es del Ministerio de Salud nada más, ¿qué ha hecho el Ministerio de Vivienda, el de Agricultura, del Ambiente, Transportes? No hay trabajo articulado”, señaló el representante de los médicos en el país.

Urquizo anotó que si todos los sectores no actúan y se articulan con los ministerios, gobiernos regionales y locales, los niveles de riesgo y vulnerabilidad de la población seguirán ante el nuevo período de lluvias e inundaciones.

Se estima que el Fenómeno El Niño confirmado para el verano 2023-2024 será mayor al registrado con el ciclón Yaku, con la proliferación del vector transmisor del dengue y las enfermedades diarreicas y de la piel, informó Semanario Expresión.

En Ayacucho se registró dos sismos de regular intensidad en un mismo día alertando a la población

Pasó en el Perú | Ayacucho. Dos sismos de regular intensidad se registró en Ayacucho: el primero a las 9:47 a.m., con una magnitud de 4.2 grados, y el otro a las 10:39 p.m., de 3.7 grados en la escala de Ritcher, alertando a la población ante el desprendimiento de piedras y tierra en diversas partes de la ciudad.

Un adulto mayor salió herido tras caerle en el omóplato un bloque de tierra en el distrito de Huamanguilla, de la provincia de Huamanga. Asimismo, en el distrito de Uchuraccay, a 63 km de la capital de Huanta, se reportó daños en el centro de salud.

“Al ocurrir el movimiento se deslizó tierra en las zonas de Mollepata y La Picota lo cual alertó a la población, pero no se reportó daños a la salud ni a las viviendas de las zonas reportadas”, dijo Luis Berrios, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho, informó Jornada.

Cusco: Piden libertad para mujer que intentó comprar bebé de presunta banda dedicada al tráfico de personas

Pasó en el Perú | Cusco. “Su único delito fue haber querido ser madre”, indicaron los familiares de Fanny Hurtado, la mujer que intentó comprar un bebé a una presunta banda dedicada a la trata de personas. Con carteles en mano, realizaron un plantón en la puerta del Palacio de Justicia y pidieron la liberación de Fanny Hurtado.

Asimismo, cuestionaron que la jueza Zulay Sánchez haya liberado a quienes realizaban la venta de los bebés y denunciaron que ellos mismos captaron a Fanny Hurtado en su centro de trabajo, aprovechándose de sus ansias de ser madre. Sus familiares y amigos pidieron que enfrente a la justicia con comparecencia restringida, informó CuscoPost.

Puno: Remurpe en contra de la ley que limita la ejecución de obras por administración directa

Pasó en el Perú | Puno. El alcalde de Puno y presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), Javier Ponce Roque, se mostró en contra de la Ley 31876, que regula la ejecución de obras por administración directa.

Ponce Roque señaló que próximamente se emitirá un pronunciamiento en rechazo a dicha norma, que limitaría a los gobiernos locales en la ejecución de obras, pues ya no podrían ejecutar directamente proyectos que requieran un presupuesto mayor a los 50 UIT (S/ 247 mil).

«Nos limita para poder hacer obras. Por ejemplo, si en un barrio tenemos que invertir un millón con 800 mil soles, ya no lo vamos a poder hacer. Nuestra capacidad va ser para hacer una cuadra y un poquito más, hasta ahí será la atribución de un gobierno provincial. Ya no vamos a poder invertir como lo estamos haciendo ahora. Nos perjudica a los gobiernos locales», manifestó el alcalde a El Objetivo.pe.

Piura: Complejo de Aypate en riesgo por incendio forestal en Ayabaca

Pasó en el Perú | Piura. Alrededor de dos mil hectáreas de bosque se han perdido hasta el momento a consecuencia de un incendio forestal que aún no ha podido ser controlado en la provincia de Ayabaca.

El fuego se expande y representa una amenaza no solo para las vertientes de agua sino también para la localidad de Aypate, donde se ubica el complejo arqueológico del mismo nombre. Los comuneros de la zona solicitan urgente apoyo de las autoridades, informó Pirhua.pe.

Ica: Protestan contra extranjeros tras el cruel asesinato de una enfermera

Pasó en el Perú | Ica. El último viernes 22 de septiembre una enfermera de tan solo 28 años de edad fue asesinada cruelmente. El hecho motivó una protesta exigiendo justicia, no solo para esta víctima, sino para muchos otros.

Se trata de Ericka Elizabeth Hernández Olivares (28), quien horas antes de ser encontrada sin vida en el distrito de Subtanjalla fue interceptada por Braysmary Michelle Lugo Martínez (19), Eidelyn del  Valle Berrío Gonzales(19) y I.Y B.R.(17).

Las tres sospechosas están a la espera de una resolución de prisión preventiva. La población que salió a protestar pidió a las autoridades expulsar a los extranjeros, informó La Lupa. 

«Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas las plataformas de la Red de Medios Regionales del Perú.

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En el primer día de la 36º convención minera Perumin en Arequipa, pobladores del valle de Tambo llegaron a la ciudad en rechazo al reinicio del proyecto minero Tía María. Sin embargo, una amplia barrera policial cubría las inmediaciones del evento y les impidió el paso.

En el Congreso, el exmagistrado César Hinostroza se presentó virtualmente para pedir que se invaliden las pruebas en su contra. Mientras tanto, la investigación a la Junta Nacional de Justicia continúa.

Conversamos con Roberto Soto, alcalde de Caravelí, sobre un creciente conflicto en la provincia a raíz de un incumplimiento de acuerdos de la empresa minera encargada del megaproyecto Pampa de Pongo.

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En solo seis meses, el nivel de agua del lago Titicaca ha disminuido 60 centímetros, y a fin de año podría alcanzar hasta un metro, según estimó el director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Puno, Sixto Flores Sancho.

La disminución del nivel del agua continuará hasta alcanzar los 90 centímetros en diciembre de este año, debido a la falta de precipitaciones pluviales en la región a causa del Fenómeno El Niño.

El titular del Senamhi Puno dijo que para febrero de 2024 se prevé un déficit de lluvias del 25 % y un 22 % en marzo. Explicó que del 25 al 30 de septiembre se mantendrá un cielo despejado con temperaturas más altas durante el día, lo que provocará la evaporación del agua del lago Titicaca y, como resultado, se espera que descienda el nivel de su superficie.

La falta de lluvia ya se siente en la zona urbana de Puno. A diario, vecinos de diferentes sectores expresan su malestar por la falta de agua en barrios y urbanizaciones. EMSA Puno, no emite una respuesta sobre ello, a pesar del presupuesto que se le transfirió para enfrentar el déficit hídrico. Aunque anteriormente habían alertado sobre el recorte en las horas de suministro.

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El cuerpo sin vida de un trabajador minero fue hallado en un socavón de la mina Atahualpa, ubicada en la zona Lago de Oro, en el centro poblado La Rinconada, Puno. El cadáver presentaba signos de violencia, lo que ha generado sospechas de que se trató de un homicidio.

El cadáver de Pedro Pari Ochochoque, de 52 años, fue encontrado boca abajo el jueves 22 de septiembre. Según testimonios de testigos, la víctima habría sido atropellada con un equipo minero.

Los familiares del minero denunciaron que Pari Ochochoque había salido a trabajar a la mina el miércoles 21 de septiembre y no volvió a comunicarse con ellos.

El hallazgo del cadáver del minero ha generado conmoción en La Rinconada, Puno. Las autoridades    aún no han determinado las causas de la muerte, pero la hipótesis de un homicidio cobra fuerza.

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La creciente ola de delincuencia en la región de La Libertad ha generado un clamor por el cambio en el liderazgo policial. El movimiento político Trabajo Más Trabajo (TMT) alzó su voz exigiendo la destitución del general PNP Augusto Ríos Tiravanti como jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, debido a lo que consideran una respuesta inadecuada ante el incremento de la delincuencia en la región. Además, por la pasividad e ineficacia frente al crimen organizado.

“Ante esta oscura realidad que golpea a la región La Libertad, exigimos el inmediato cambio del general PNP Augusto Javier Ríos Tiravanti y el pronunciamiento público del gobernador regional”, menciona el comunicado de TMT.

El comunicado sugiere la posibilidad de que el gobernador regional, César Acuña, apaña al general Ríos Tiravanti y actúa en contra de los intereses de la población al respaldar a un jefe policial que ha perdido la batalla contra la delincuencia.

“Llama la atención el respaldo que tiene del gobernador regional, César Acuña Peralta, quien actúa de espaldas a la población y de los alcaldes provinciales y distritales que reclaman el cambio de la autoridad policial”, dice el comunicado.

El general PNP Ríos Tiravanti ha evitado dar declaraciones al respecto. A la fecha, en lo que va de 2023, se ha registrado más de 220 homicidios en la región La Libertad, la mayoría perpetrados con armas de fuego. Las provincias de Trujillo, Pataz y Virú se han visto especialmente afectadas por esta oleada de violencia.

La delincuencia en La Libertad no se limita a los homicidios, sino que también abarca extorsiones, robos al paso, sicariato, trata de personas y otros delitos que han minado la seguridad y la calidad de vida de los liberteños.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este lunes su preocupación por la investigación sumaria que abrió el Congreso de la República a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), como organismo autónomo clave para garantizar la independencia e idoneidad de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales.

“La eventual remoción del pleno de la JNJ, sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”.

Según el criterio de la CIDH, las personas operadoras de justicia son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático, pues actúan como controladores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes públicos.

“Cuando se trata de órganos de administración y gobierno de las entidades de justicia, su presencia contribuye a reducir y superar riesgos derivados de las interferencias que pueden provenir de otros poderes del Estado”, precisan en un comunicado de prensa.

El control por razones políticas es contrario a las garantías de independencia

Asimismo, refieren que la actuación de la Junta Nacional de Justicia -autoridad que tiene a su cargo el nombramiento y la evaluación periódica de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales-, contribuye a que no haya injerencias políticas por parte de otros poderes u órganos del poder público en la designación de operadores de justicia, y, en consecuencia, a que la justicia actúe de forma independiente.

Aclaran que la CIDH reconoce la importancia de los controles políticos que ejerce un poder público sobre otro en el sistema de pesos y contrapesos. Pero, advierten que los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia no pueden basarse en criterios de discrecionalidad o razones políticas.

Esto, porque por su propia naturaleza resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos disciplinarios, en conformidad con el derecho internacional.

Destitución de operadores de justicia exige conductas sancionables preestablecidas

“Todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso. Esto exige que las conductas sancionables estén preestablecidas en términos estrictos y unívocos. De forma que acoten claramente los hechos punibles y fijen sus elementos”, enfatizan

También manifiestan que las personas operadoras sean juzgadas por un juez competente, independiente e imparcial, asegurando en todo momento el derecho de defensa.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su mandato surgió de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal. No representan a sus países de origen o residencia.

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El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda recibió en su despacho a su amiga Yaziré Pinedo Vásquez, en días no laborables y por temas personales; siendo reuniones que no figuran en la plataforma de transparencia.

La ciudadana Yaziré Pinedo Vásquez, contradijo la versión de Alberto Otárola y dijo que tiene un “vínculo de muchos años atrás” con el actual jefe del Gabinete Ministerial. Refirió que se reunió con el entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, en el 2022, según un informe de Panorama.

Además de decir que es su amiga desde varios años, refirió que se reunió con el premier en días no laborables y por un “asunto personal”.

“Yo lo he venido viendo muchos, muchos años atrás. Si no voy a tener vínculo, cómo voy a asistir a hablar con él”, dijo Pinedo Vásquez en referencia a la reunión que sostuvo en el despacho de Otárola en diciembre del 2022, cuando era ministro de Defensa. “Ni por mi cabecita se llegó a pasar que Alberto [Otárola] esté en un puesto así. Ese día mi visita fue algo personal. Yo fui la que le escribió [para reunirnos], el tema es un tema mío”, declaró.

Otárola dijo que solo la vio una vez en una reunión y que no había cometido nada irregular

Alberto Otárola dijo este lunes que conoció a Yaziré Pinedo en una reunión, pero que después no la volvió a ver y dijo que no hubo irregularidad alguna en su contratación en el Ministerio de Defensa.

“No se ha cometido ningún acto irregular. Ahora se está cuestionando que los ministros se reúnan con quienes van a trabajar en los ministerios con ellos. ¿Qué cosa quieren, que existan reuniones clandestinas? ¿Qué tiene de malo que un ministro se reúna con una persona para ver cuál es su currículum, cuáles son sus documentos?”, dijo entonces Otárola.

Sin embargo, Yaziré Pinedo dijo que son amigos desde hace tiempo y que por eso ella le escribió para reunirse y que fue un sábado (si mal no recordaba) por un tema personal. Sin embargo, esta cita no está registrada en el portal de visitas.

Como se sabe ahora, semanas después de la reunión de Yaziré Pinedo con el entonces ministro de Defensa en diciembre del 2022, ella consiguió trabajo en el Mindef y el 2 de febrero de este año obtuvo una orden de servicio por 18 mil soles para la labor de emisión, elaboración y archivo. Asimismo, el 3 de mayo, la joven obtuvo otra orden de servicio por 35 mil soles. En total suma 53 mil soles.

Premier dice que conversaron “asuntos puntuales” y que no es un corrupto

Alberto Otárola sobre las reuniones que sostuvo con Pinedo Vásquez y su otra amiga Rosa Rivera Bermeo dijo que conversaron de asuntos “puntuales”. Rechazó que esos encuentros tengan relación con las órdenes de servicio que obtuvieron ambas. 

“Hay que ver la parte central del tema. Pueden decir lo que quieran, pero no soy corrupto. No estamos en el gobierno de [Pedro] Castillo”, precisó.

Como se informó también, Rosa Rivera Bermeo visitó al premier el 2 de marzo de este año. Y una semana después consiguió dos contratos por órdenes de servicio en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), por 27 mil soles cada uno. Se emitió la primera orden el 10 de marzo, cuando se le contrata en Devida por el servicio temporal de coordinación y articulación de actividades interinstitucionales. Y la segunda fue el 31 de ese mismo mes por la misma labor.

No es la primera vez que Alberto Otárola se reúne “en secreto”. Situación similar ocurrió con altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú el 11 de diciembre de 2022, antes de oficializar la intervención en protestas. Sin embargo esta reunión, no figura en los registros oficiales.

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Impresionante muestra de valentía y determinación. Un grupo de taxistas en Ica logró recuperar uno de los vehículos de la empresa Taxi Región que había sido robado. La persecución de los delincuentes duró toda la noche y culminó con éxito a las 8 de la mañana, cuando los taxistas finalmente dieron la buena noticia a la comunidad.

Los taxistas, visiblemente cansados por su ardua labor de vigilancia y seguimiento, se reunieron para informar a sus colegas y a la opinión pública sobre el exitoso resultado de su esfuerzo conjunto. En un acto de solidaridad, instaron a todos los taxistas y a la población en general a estar alerta y tomar medidas adicionales de seguridad ante la creciente ola de robos en Ica.

Anoche los delincuentes tomaron por asalto a uno de los conductores de Taxi Región, a quién le despojaron su vehículo y otras pertenencias. Lo golpearon y además le rompieron el polo. Esto se registró a la altura de la Avenida 7, en la jurisdicción del distrito de Parcona.

Taxistas dicen que realizar el trabajo de la Policía les quita tiempo pero que seguirán apoyando

Al vehículo robado lo recuperaron a las 8:04 a.m. en el sector de Comatrana, gracias a la información proporcionada por el compañero taxista con el número 229, quien mantuvo a sus colegas informados durante toda la operación. El dueño del auto, emocionado y agradecido, expresó su gratitud a los valientes taxistas que arriesgaron su seguridad para recuperar su propiedad.

Sin embargo, los taxistas también señalaron que realizar este tipo de trabajo que es de la Policía Nacional del Perú (PNP) les quita tiempo, que deberían dedicar a su trabajo principal, que es brindar servicio de transporte a la comunidad. A pesar de ello, manifestaron su compromiso de seguir trabajando en equipo para garantizar la seguridad de sus vehículos y la de los ciudadanos que utilizan sus servicios.

Lee la nota original aquí o visita LA LUPA, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.

El decano de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), José Béjar, denunció amenazas por parte del presidente del Congreso, Alejandro Soto. Béjar acusó a Soto de haber cometido irregularidades para la obtención de su titulo de doctorado, en contraste con lo dicho por el rector Eleazar Crucinta, quien negó tener mayor conocimiento del asunto.

Béjar presentó una denuncia ante la Oficina de Control Institucional (OCI) de la UNSAAC para que se investigue el caso de presunto plagio de la tesis de postgrado de Alejandro Soto.

«Esta es la primera denuncia formal que se hace contra Soto por este motivo. No hay otra denuncia de parte del rectorado o de otro órgano superior de la universidad. Es la primera denuncia efectiva que estoy haciendo para que se investigue de manera objetiva y que la OCI se pronuncie en su particular”, declaró.

Sin embargo, Béjar reveló que Soto ha tomado represalias en su contra. Resulta que el presidente del Congreso solicitó a la UNSAAC las tesis de los seis grados académicos que Béjar posee, con el fin de “revisarlos”.

El decano dice no temer a estas acciones, que calificó como amenazas y abusos de autoridad.

“El señor Soto, inmediatamente después de haber conocido la denuncia que he hecho; de manera amenazante y con cierto abuso de autoridad, está pidiendo al rectorado que le entregue mis seis grados académicos. Que los remitan, yo no tengo ningún inconveniente, porque muchos de mis trabajos incluso están publicados. [Pero] esta es una clara actitud de represalia”, consideró.

Béjar es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, especialista en Derecho Administrativo, licenciado en Ciencias Políticas y abogado. Ha publicado varios libros y artículos sobre temas jurídicos y políticos.

En tanto, Soto es abogado y fue elegido como congresista por el partido Alianza Para el Progreso (APP), de César Acuña. Es el actual presidente del Congreso para el periodo 2023-2024. Ha sido cuestionado por sus múltiples investigaciones fiscales.

El caso de Soto podría tener consecuencias legales y políticas, tanto para él como para el Congreso y la UNSAAC. Se espera que la OCI emita un informe sobre la veracidad de los documentos presentados por Soto y que se tomen las medidas correspondientes.

Lee la nota original aquí o visita el medio Cusco Post, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.

Luego de la balacera ocurrida en la madrugada del viernes entre la policía antinarcóticos y un grupo de desconocidos, el medio boliviano El Deber reveló que en el distrito fronterizo de Desaguadero existen varias vías o pasos de acceso no autorizados entre Perú y Bolivia.

De acuerdo con este medio, la población de las cinco comunidades bolivianas que se ubican en los alrededores del río Desaguadero, “tienen contacto directo con las comunidades peruanas, por donde puede ingresar cualquier tipo de comercio”.

“Lo que ha sucedido no es en el pueblo, ni siquiera en el puente internacional, como dice la prensa, era en Corpa, lejos de Desaguadero, camino a Jesús de machaca. Todo ese trayecto es el río y es frontera con Perú y hay comercio”, contó Wilfredo Acarapi, exalcalde de Desaguadero.

Estas comunidades bolivianas que colindan con los pueblos peruanos son Jesús de Machaca, Santiago de Machaca, San Andrés de Machaca, Korpa y una comunidad más pequeña. Según El Deber, en estas zonas se produce actividades comerciales entre los pobladores bolivianos y peruanos, para el ingreso ilegal de todo tipo de productos.

Wilfredo Acarapi, refirió que la balacera le pareció extraña porque en Desaguadero solo hay efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, y no de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

“En los otros puntos fronterizos no existe ningún tipo de control y las autoridades antidrogas señalan al Perú como el país en donde se fabrica cocaína y luego se interna a Bolivia, para ser trasladada hacia otros países como Chile, Argentina o Paraguay», señala El Deber.

Agrega que, según los comuneros, cuando sucede algún problema los involucrados pueden cruzar el río sin mayor problema por cualquier punto y estar en Perú en menos de 5 minutos.

Lee la nota original aquí o visita El Objetivo, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.

La instauración de un nuevo régimen está en marcha. Tras ello, existe un pacto cuya agenda básica es la impunidad. Tiene como actores -pese al rechazo- a un amplio sector del Congreso de la República y al Ejecutivo, pasando por la Fiscalía de la Nación.

Su objetivo mediato es cerrar el sistema de partidos y perpetuarse en el poder lo más que puedan. Pretenden llegar al 2026 y ganar las elecciones que se realizarán ese año.
Por ello, este pacto malévolo, tiene como propósito más cercano, destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia para después tomar el control de los órganos electorales. Avanza estridentemente llevándose por delante todo lo que se oponga: prensa independiente y también la institucionalidad democrática, las leyes y la Constitución. 

Cuentan con el apoyo de la gran prensa, manejan el sistema de justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, algunas autoridades universitarias, además de la gran empresa. Todo esto con el 90% de rechazo (según última encuesta del IEP). 

¿Cómo así hemos llegado a esta situación? ¿Cómo es que, con tan alto rechazo, por parte de los peruanos, se muevan con tanta prepotencia?
El envilecimiento de la democracia: partidos políticos sin arraigo social, instituciones del Estado copados por la corrupción y la mediocridad, proceso iniciado y en varios casos profundizado durante el fujimorismo, no se ha podido revertir, tras 23 años de su fin. 

Estos años de post dictadura han sido de marchas y contramarchas, de reformas y contrarreformas. Podemos citar aquí los casos de la SUNEDU, la meritocracia en la carrera magisterial, la instrumentalización de instituciones como el Tribunal Constitucional, entre otras. Hemos convivido todo este tiempo con el fantasma del fujimorismo.

No ha surgido una derecha que se aleje del fujimorismo y que genere nuevas ideas. Por el contrario, el fujimorismo ha fagocitado las que existían y ha dotado su discurso y estilos a las inscripciones electorales con dueño propio, que han ido apareciendo. 

Las fuerzas fujimoristas han pugnado todo este tiempo para que esa desestructuración, ese envilecimiento que generó la dictadura de los 90, se mantenga, porque es rentable para sus fines corruptos. La institucionalidad no es escenario fértil para la corrupción y la impunidad.

Todavía no estamos en el peor momento de este escenario que quiere crear la derecha más conservadora e ignorante del continente.

El fujimorismo en todas sus variantes, hoy no propone nada al país, no hay un plan, principios, o un ideario, algo medianamente estructurado o pensado. No, esto está hecho con algo más llano, simple y vulgar, como la evasión de la cárcel y la idea de creer que el Perú les pertenece.

Es hora de abrir espacios para el debate democrático, espacios descentralizados donde se produzcan ideas y se reúna la gente sana del país. Lugares de aguante para recuperar la política como un servicio a la colectividad. No como una forma de asaltar el erario nacional o lograr fines personalísimos.

* Abogada, periodista, especialista en conflictividad social

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Este domingo 24 de septiembre, el Gobierno Regional de Arequipa anunció la caducidad del contrato con la Concesionaria Angostura Siguas (Cobra). Según el gobernador Rohel Sánchez, esta medida responde a incumplimientos graves de la contratista.

Mediante el oficio N° 569-2023 de fecha 22 de septiembre, el GRA notificó a Cobra la decisión. Esta etapa de la resolución del contrato será revisada por árbitros de la Cámara de Comercio e Industrias de Lima.

Luis Molero, asesor legal externo del Gobierno Regional de Arequipa, explicó que en junio Cobra habría acusado al GRA de 25 incumplimientos a través de una carta notarial.

Entre los supuestos incumplimientos se señalaba la falta de la entrega del control del proyecto (entrega de terrenos). También mencionaba la valorización de obra que habría realizado Cobra y que no fueron pagadas y la no contratación de la Supervisión Especializada.

Molero desestimó esos reclamos pues el 1 % de entregas que faltaban corresponde a obras nuevas de la segunda fase. Estas no se habrían concluido debido a que el expediente N°2 no fue aprobado porque no se levantaron 169 observaciones.

¿El fin de la controversia o el inicio de una nueva?

Después de varios años de parálisis de las obras, el pasado mes de agosto la concesionaria Angostura Siguas, de la empresa Cobra, decidió resolver el contrato con el GRA, argumentando incumplimientos.

Y hace unos días, la concesionaria pidió 421 millones de dólares adicionales, a lo que el GRA afirmó que no aceptarían el pedido. Rohel Sánchez informó que recibió una carta de la empresa en la cual se solicitaba un plazo de diálogo sobre la caducidad del contrato que planteó.

Para el gobernador de Arequipa esto representaba una burla para la población arequipeña. Anteriormente se había realizado una mesa de diálogo mediante la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Fue precisamente en ese espacio que Cobra activó la caducidad del contrato.

Por esto se esperaba que Cobra activara un arbitraje internacional, lo que no puede hacer el GRA. Finalmente, el GRA anunció la terminación del contrato acusando, a su vez, incumplimientos de la empresa. De acuerdo a las normas, ambos arbitrajes se pueden llevar en paralelo, para lo cual el GRA ha contratado a un estudio jurídico especializado.

Estocada final al proyecto Majes Siguas II

Ante esta situación, Cobra ha planteado un diálogo pero sobre la caducidad que ellos argumentan. Rohel Sánchez declaró este domingo que aceptarían el diálogo siempre y cuando se acepte dialogar también sobre los puntos que argumenta el GRA para la cancelación del contrato.

El gobernador hizo un llamado a Cobra, a la socia Vince y al gobierno francés para que interceda respecto a la resolución del contrato. Dijo que el GRA ha sido víctima de un tiempo de espera de 13 años y 13 adendas que se han aceptado hasta la fecha, sin avances concretos en la ejecución de la obra.

Otro problema subsistente es la infraestructura dañada en el proyecto Majes I que es la base para el funcionamiento de Majes Siguas II. Hay tres túneles afectados pues no se ha realizado mantenimiento a la infraestructura hidráulica en años. Para eso existe el compromiso del gobierno nacional de una declaratoria de emergencia y proporcionar los recursos necesarios, lo que no se ha materializado.

Entre tanto, Majes Siguas II continuaría paralizado. Para Isaac Martínez, exgerente Ejecutivo del proyecto, en el mejor de los casos, el proyecto continuaría paralizado por lo menos 4 años. Ni el GRA ni el Estado peruano podrían retomar el proyecto hasta que se resuelva el inminente arbitraje internacional con Cobra.

Aquí el texto de la comunicación enviada a Cobra por el Gobierno Regional de Arequipa.

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Puedes leer también: Proyecto Tudela golpearía al cine peruano con identidad indígena y regional

La explotación minera se ha expandido en el Perú en esta última década y aunque este sector se constituyó en uno de los más exitosos del país, aún subsisten problemas, pese a las nuevas leyes y a la buena voluntad -con propuestas-, de los empresarios.

En la presente Convención Minera se han presentado una serie de ponencias, además de las especializadas (maquinarias, nuevas tecnologías, etc.); las que abordaron la problemática de la explotación minera: responsabilidad ambiental, salud y seguridad ocupacional, relación con la comunidad, etc.; problemas no resueltos que constituyen el eje de las propuestas de cambio. 

Los expositores internacionales presentaron, por su parte, una serie de posibilidades para enfrentar esta problemática relatando las experiencias de la actividad minera en sus respectivos países. 

El lema de la convención describe la situación de esta actividad en el país «Desarrollo Sostenible: Reto Minero», y es que los cambios que apuntan a un desarrollo más comprometido con el entorno se encuentran todavía en etapa de transición. Descubramos a grandes rasgos tres campos, relacionados intrínsecamente, sobre el impacto de esta industria en el país. 

Impacto social 

Martin Scurrah, director regional de OXFAM América, sostiene que el impacto mayor se produce en la cultura de las comunidades. Pues con la llegada de obreros se crean nuevos enclaves poblacionales. Por su parte, Miguel Palacín, presidente de la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), señala que una consecuencia de este impacto se manifiesta en la llegada de población desde otros lugares en busca de empleo, lo que tuguriza y encarece las ciudades cercanas a las minas. 

Además, el trabajo que se ofrece a los pobladores de estas zonas es temporal y doméstico, por llamarlo de algún modo. Son choferes, personal de limpieza o para la construcción de carreteras. Esto se produce, en especial, cuando la explotación se realiza en comunidades deprimidas. Pues para el trabajo técnico se requiere mano de obra calificada, cuya demanda también va decreciendo a merced de las nuevas tecnologías. 

Pero como dice el propio Scurrah, no todo es malo. Por ejemplo, cuando ya se instalan estas empresas, le son necesarias nuevas vías de comunicación. Así que se encargan de la construcción de carreteras y el mantenimiento de estas. De 1990 al año 2000 se han construido 184 km. de carreteras asfaltadas y mil 458 km. de carretera afirmada, beneficiando a los pobladores. 

En sus últimas declaraciones, Palacín comentó que las empresas que explotan los minerales se llevan más de lo que invierten en el país. Y es en este comentario donde podemos detectar un primer problema. Esto es, la indiferencia del Estado que no asume responsabilidad en la regulación del desarrollo equilibrado de las diferentes localidades. 

El desarrollo sostenible de una comunidad impactada por una actividad productiva va más allá de lo que dijo el ministro de Energía y Minas, Hans Flury, en el sentido de que el Estado debe respetar las reglas del juego para mantener la estabilidad del marco jurídico y tributario. Tampoco el papel del estado puede reducirse al de promover la participación y vigilancia de las comunidades, hace falta un marco legal equilibrado para que la sostenibilidad sea legalmente viable y no dependa únicamente de la buena voluntad de los empresarios mineros, plasmado en su nuevo Código de Ética 

El estado peruano debería comenzar revisando la distribución del canon minero, injusto para muchos, como se lo parece a Raúl Benavides Ganoza, presidente de la XXVI Convención Minera y gerente de Desarrollo de Negocios de la Compañía Minera Buenaventura, quien declaró: «El tema del canon es un asunto irritante para los mineros, es que la distribución de éste se subasta de acuerdo al gusto de los congresistas».

Augusto Baerti, de Gestora de Negocios e Inversiones también hizo hincapié en el tema. Opinó que, en la distribución de los recursos, debería considerarse la pobreza antes que la cantidad de gente que habita en las ciudades. Siendo un tema tan sensible e irresuelto, lo importante es que las empresas mineras hayan comenzado a mostrar interés por el tema. Aunque para la viabilidad del desarrollo sostenible es básica la participación del Estado. 

Para Scurrah, «es clara la falta de mecanismos apropiados del gobierno para procesar todas las quejas aun cuando en el proceso de consultas en diciembre del año pasado se vio una mejora importante en el proceso de consultas a comunidades sobre el impacto ambiental. Falta normatividad, las empresas tienen su responsabilidad, sin duda, pero el gobierno también tiene que hacer lo suyo». 

Impacto ambiental 

A decir del ministro Hans Flury, el cuidado del medio ambiente es uno de los pilares del desarrollo sostenible. Y el gobierno ha incidido en dar leyes para mejorar su protección -obligatoriedad de estudios ambientales, por ejemplo. Y otras para que las empresas que operan antes de que se diera la legislación, adecúen su tecnología para causar menos daño en la comunidad. 

El problema que no se ha podido resolver son los pasivos ambientales, que no es otra cosa que el incorrecto cierre de una mina. O el simple abandono del terreno cuando ya se extrajeron todos los recursos, lo que genera contaminación y el consiguiente deterioro del ambiente.

Este problema se intentó resolver con la aplicación de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por parte de las empresas mineras. Pero no se han obtenido resultados completamente satisfactorios 

Los pasivos ambientales son los generadores de la antipatía de las comunidades campesinas hacia las industrias mineras. Y es que aun los programas para remediar suelos y aguas no son del todo apropiados, comparándolos con el daño causado. 

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, las operaciones mineras realizadas en el pasado, cuando no existía la actual legislación, han dejado un pasivo ambiental de 200 millones de dólares, sin que se haya hecho nada al respecto. 

Por otro lado, también es cierto que las empresas mineras que han superado el enfoque tradicional están iniciando un cambio. Ejemplo de esto es la recuperación de la Bahía de Ite, cercana al puerto de llo (Moquegua), emprendida por Southern Perú. 

Cesar Polo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) sostiene que se debe hacer campañas de divulgación desde diversos sectores, incluido el público, con el compromiso de mejorar la biodiversidad en forma conjunta. Añade que es fundamental que existan políticas ambientales sectoriales y que las acciones de las mismas sean impostergables, para completar las normas de calidad ambiental. Abogó también porque las empresas hagan un uso moderado y responsable de los recursos naturales. 

Por su parte, la directora general de Minería, María Chappuis, señaló que las empresas mineras darían un buen ejemplo de responsabilidad social si se comprometieran a aceptar un fideicomiso de cierre de mina, con el objetivo que las empresas tengan los fondos requeridos para efectuar un plan de cierre luego de haber concluido sus operaciones. 

Fuera de estas iniciativas también está la vigilancia de los pobladores para evitar o resanar lo más pronto posible cualquier daño causado por esta industria. La OXFAM propone, para que se aplique mejor este mecanismo, que las empresas mantengan a los pobladores informados sobre sus actividades, sin que eso signifique que el Estado deje de lado su función vigilante. 

El coordinador Scurrah señala aquí un punto controversial, el concepto de conflicto de interés, en el sentido que el mismo ministerio promueve la actividad minera y también tiene responsabilidad en la fiscalización del control medioambiental. El especialista cree que sería mejor crear una estructura con mayor independencia. 

Impacto económico 

Para nadie es un secreto que el sector minero es el más exitoso del país. Fernando Cilloniz, gerente de Inform@cción, (página web especializada), sostiene que el año pasado las exportaciones en el Perú alcanzaron los 7 mil 500 millones de dólares. De ellos, 3 mil 665 millones corresponden a exportaciones mineras. 

Benavides Ganoza, por su parte, señala que la minería genera un movimiento económico de 4 mil 200 millones de dólares al año.

A pesar de las descomunales cifras, aún no hay buenas nuevas sobre el destino de los recursos obtenidos por las empresas mineras. La mayoría de ellos no se reinvierten en el desarrollo de los pueblos donde realizan sus actividades. 

Este hecho es contraproducente si empezamos a creer en el nuevo reto que se ha plateado la minería ahora. Como sostiene Benavides, el desarrollo minero debe beneficiar tanto a la población como a la empresa extractora.

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Proyecto de la congresista Adriana Tudela, con respaldo de Patricia Chirinos y Alejandro Cavero, recortaría alcances de la actual Ley del Cine. Cineastas y trabajadores de las diversas etapas de producción de la industria del cine en Perú vienen organizándose para alertar sobre la propuesta 05903-2023-CR. Estos ciudadanos y gremios señalan que la propuesta de Adriana Tudela atentaría contra la cultura, la diversidad y la libertad de expresión y creación.

La Ley de Cine en vigencia, con el Decreto de Urgencia 022-2019, es producto de la participación y consenso de diversas asociaciones gremiales que trabajaron conjuntamente en su elaboración. Promueve el cine diverso en lenguas originarias, el cine indígena y el desarrollo del cine regional.

Críticas al proyecto Tudela

Bajo el Decreto de Urgencia 022-2019 se ha iniciado el proceso hacia la paridad en el cine peruano, reduciendo brechas de género. Esta ley vigente también busca la “Promoción internacional de la producción cinematográfica y audiovisual en el territorio nacional”. Sin embargo, el proyecto Tudela atentaría contra esos avances, ya que no habría sido consultado con algún gremio cinematográfico para su elaboración.

Un fragmento de la propuesta de Adriana Tudela dice textualmente:

Es decir, Tudela cuestiona que se apoye desde el Estado al cine de identidades y comunidades indígenas o alternativas.

El proyecto Tudela planifica la creación de una “Ventanilla Única de autorizaciones de filmación en el territorio peruano” a cargo de Promperú. A este trámite se pretende someter incluso producciones nacionales. Además, no especifica los criterios para conceder esas autorizaciones.

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Adriana Tudela, en su proyecto sugiere:

Esta imposición excluiría a la mayoría de producciones nacionales que logran financiarse gracias a los fondos del Estado.

Puntos fundamentales como el incentivo para la actividad cinematográfica regional y el estímulo a la promoción de exhibición alternativa, contenidos en la actual Ley de cine, son omitidos en la propuesta de la parlamentaria de Avanza País.

El proyecto de Tudela indica que los estímulos económicos deberían destinarse solo a la grabación, dejando de lado otras etapas importantes en la cadena de producción cinematográfica, como lo son la elaboración de guión, convocatoria de casting, investigación para documentales, edición, post edición, difusión, distribución, exhibición, etc.

Este controversial proyecto también anularía en sus especificaciones otros estímulos contemplados en la actual Ley del Cine que favorece a otras artes e industrias culturales. Por ejemplo, quedan sin mención los estímulos que favorecen a las artes escénicas, la música, el libro, el fomento del libro y la lectura.

La cancelación de «El Placer de los Ojos» y los despidos en el IRTP

Este no es la única reforma que afectaría al sector audiovisual y cineasta en Perú. Como se recuerda, hace poco se confirmó la cancelación del emblemático programa “El placer de los ojos”. A través de un comunicado, el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) bajo el mandato actual de Ninoska Chandía, anunció que el “El placer de los ojos”, dedicado a la difusión del cine nacional, se convertiría solo en una secuencia del magazín “Presencia cultural”. Esto, en medio de varios despidos recientes en este instituto del Estado.

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Para Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto de prensa y Sociedad (IPYS), existe una falta de comprensión, o “ADN autoritario” en los políticos peruanos, en relación con la libertad de expresión que se manifiesta cada cierto tiempo en arremetidas contra la libertad de expresión, tanto desde el Congreso o poder Legislativo, como desde el poder Ejecutivo.

Esos atentados no solamente van en contra de los periodistas, sino de hecho, contra toda la ciudadanía a nivel general. Esto, porque el periodista es el canal entre la ciudadanía y el Estado y la ciudadanía y el poder, advierte Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CCP).

En las regiones del país, a estos atentados se suma la discriminación a la prensa local, tal como lo recuerda Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), institución que salió a denunciar la vez que en Tarapoto, a la llegada de un presidente, a los periodistas locales los encerraron en un cuarto para que no puedan hacer preguntas.

La Red de Medios Regionales del Perú invitó a los representantes de las instituciones que salieron al frente del último intento del Gobierno Boluarte por criminalizar la labor del periodista y que se pudo frenar. Aquí lo que comentaron en el programa «Libertad de expresión en riesgo: amenazas contra la prensa», y las advertencias que nos dejaron.

La modalidad de ataque a la libertad de expresión depende del régimen

Roberto Pereira refiere que las arremetidas contra la libertad de expresión se dan desde el Congreso y desde el poder Ejecutivo. Pero también desde los gobiernos regionales donde hay periodistas que son acosados o son perseguidos judicialmente por las autoridades locales por la falta de entendimiento o comprensión de lo que es la libertad de expresión y esto afecta a la política peruana.

, la modalidad de los ataques va a depender del tipo de régimen, si es más o menos autoritario. «En la época de Fujimori se ‘compraban’ medios de comunicación. También se difamaba a los medios de oposición para restarles credibilidad. Se generaban y promovían medios afines para atacar a la prensa independiente o crítica», recuerda Pereira.

En cambio, lo que vemos ahora es una arremetida para desmontar el marco legal de protección de la libertad de expresión. Y eso viene ocurriendo en el Congreso de la República desde el año 2015, con más de 90 proyectos que la afectan. Pero también ataques desde el poder Ejecutivo como se vio en la campaña presidencial, en la intolerancia de Castillo, y ahora con la presidenta Boluarte que expresa también animadversión a la prensa, esta falta de comprensión, dice.

La libertad de expresión tiene una doble dimensión, individual o colectiva e institucional

Pereira Chumbe explica que se atenta contra la libertad de expresión desde donde está el poder. «Y creo que es mayor el atentado desde el poder político, en segundo lugar, el poder económico y en algunos casos es posible advertir casos de autocensura y sesgos en la información».

Resaltó que el derecho a la libertad de expresión no es únicamente un derecho individual. Tiene una doble dimensión, individual o colectiva e institucional, que es el derecho de todos a recibir información diversa y en esa diversidad de información y de fuentes elegir la información que uno considera más apropiada para formarse los criterios y a tomar decisiones y ejercer su derecho.

Invocó a no caer en el razonamiento peligroso de que porque un medio es concentrado hay que cerrarlo o porque este tiene sesgo entonces hay que acallarlo. Eso es muy peligroso porque en el fondo lo que se hace es atentar contra el principio, contra el derecho a la libertad de expresión independientemente de lo bien o mal que lo ejerza.

Entre las leyes atentatorias a la libertad de expresión, las más saltantes son los dos proyectos de ley que intentaron incrementar las penas privativas de libertad para el delito de difamación. Que es un delito muy utilizado por la gente con poder para tratar de penalizar a los periodistas para amedrentarlos.

Al atentar contra un periodista, se atenta contra toda la ciudadanía a nivel general

Según lo refiere Rodrigo Salazar, las organizaciones periodísticas como el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Periodistas y el Instituto de Prensa y Sociedad dieron a conocer un pedido de facultades legislativas que incluía una trampa. «Se había pasado por la “guacha” el delito de disturbio o de instigadores del delito de disturbio. Se incluía a comunicadores que a través de los medios masivos convocarán a protestas».

Inmediatamente, como Consejo de la Prensa Peruana -refiere- señalaron que no era un atentado solamente contra periodistas. De hecho, era contra toda la ciudadanía a nivel general. Porque las marchas se convocan principalmente a través de redes sociales de los ciudadanos.

Asimismo dijo que cuando se atenta contra el periodista, es un atentado siempre contra la gente porque el periodista es el canal entre la ciudadanía y el Estado y la ciudadanía y el poder. «Porque si los periodistas somos los afectados o censurados o nos autocensuramos para no caer presos o procesados finalmente se crea un desierto informativo. Lo que sucede es que, al no haber información, no hay transparencia, el gobierno puede hacer lo que prácticamente le da la gana y la ciudadanía queda desinformada», reflexionó.

Hay que estar alertas porque no se sabe qué pueda hacer el Ejecutivo cuando legisle al respecto

Salazar dijo que realizaron varias acciones desde el CCP, IPYS y ANP y que han tenido un éxito parcial en el sentido de la apertura o la generalidad con la cual se trataba la figura del delito de instigación al disturbio por parte de comunicadores que quedó, sino removida, limitada a través de dos candados puestos por el Congreso. Pero añadió que hay que estar alertas pues no sabemos lo que pueda hacer el Ejecutivo las próximas semanas cuando legisle al respecto.

Otárola y Boluarte han sostenido que este pedido de facultades legislativas, ‘sección lesiva a la libertad de expresión’, no era en realidad una afectación a la libertad de expresión. «Lo era claramente y estaba puesto en el papel. Con lo que nos vamos dando cuenta que el perfil de la presidenta está encajando dentro de este proyecto autoritario que está impulsando el Congreso, la Fiscalía de la Nación y también por supuesto el Ejecutivo» refiere Salazar Zimmermann.

En este perfilamiento del Estado peruano a nivel general, hacia este camino al autoritarismo -dice- vemos que están jugando el mismo partido el Congreso y el Ejecutivo, pero también la Fiscalía de Nación y la Defensoría del Pueblo. Seguramente también el Tribunal Constitucional en algún momento. Ya ha habido fallos del TC que de alguna manera benefician al Congreso. Frente a esto, tenemos a las organizaciones periodísticas como la ANP, IPYS y CPP y creo que la sociedad organizada puede tener éxito.

La discriminación de la prensa local y su autocensura en las regiones

La autocensura en las regiones hace pensar inmediatamente en la situación de Madre de Dios, donde hay minería ilegal y trata de personas. Y sin embargo, sorprende que tengamos pocas cifras de ataques y amenazas al periodismo, dice Zuliana Lainez, presidenta de la ANP. Pero conversando con los periodistas locales, refieren se jugarían la vida si intentaran cubrir esos temas y lo que se impone es el silencio.

«Cuando uno habla de la precarización en el periodismo uno podría pensar en el ámbito laboral nacional. Pero lamentablemente en regiones, quien más poder concentra es quien más posibilidad tiene de vulnerar la libertad de expresión. Y ahora estamos en una situación de asedio al periodismo. Y quizás sin tener el número de asesinatos que tiene México o Haití, pero el Perú siempre ha estado en todos los reportes, de naranja a rojo», manifiesta.

Dijo también que siempre hay prácticas que responden a este ‘ADN autoritario de los políticos’ del que habló Roberto Pereira. «Y hemos denunciado temas de discriminación contra periodistas regionales como un caso que hubo en Tarapoto. Cuando el entonces presidente Kuczynski llegó con corresponsales de medios de Lima, a los periodistas locales los encerraron en un cuarto para que no puedan preguntar, acto de discriminación por el que nos pronunciamos», dijo Lainez.

Normativamente, el Perú tiene un marco saludable, el cumplimiento es el problema

Lainez dijo que, en el Perú, las garantías para el ejercicio profesional del periodista tienen un marco normativo saludable. Hay derechos como las libertades informativas contempladas en el marco constitucional, hay una ley de rectificación. También una muy antigua ley de radio y televisión que ya merecería una reformulación para incorporar el tema digital. Es una ley que también prevé sanciones cuando se producen excesos en el uso del espectro radioeléctrico cuando no se cumple con códigos de ética.

Explicó que se tienen cifras de temas de querellas a periodistas que en el 80% de casos, en los últimos 5 años, han salido absueltos. Pero luego de cuatro a cinco años de proceso. Por eso señala que el castigo es el proceso. Pero más allá de la despenalización, el marco legal es saludable y por eso -señala- que lo pretenden es desmontar ese marco incorporando iniciativas de ley. «Como lo fue la ley mordaza que se pudo frenar. O como esta norma con la que se pretendió criminalizar la propia expresión o iniciativas de convocatoria».

También se refirió a que, pese a tener una ley de acceso a la información pública buena y que ha estado funcionando muy bien, ahora las entidades catalogan alguna información de cuasi secretas. Así, los periodistas tienen que apelar esas decisiones cuando se pide acceso a la información. Los tribunales obligan a las instituciones públicas a dar esa información. Es decir, tenemos una buena normativa, pero en la aplicación o instrumentalización es donde se tiene problemas para la práctica informativa.  

Siga aquí la entrevista completa a los tres invitados.

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Después de varios años, el brazo de la justicia por fin alcanzó a las dos figuras más poderosas del ambiente político local de los últimos años. A pesar de los intentos por desligarse de las acusaciones, el exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, y el expresidente regional, Juan Manuel Guillén Benavides, terminaron condenados por actos de corrupción aunque, paradójicamente, exceptuados de la cárcel.

Ambos son considerados los rostros más influyentes en las dos primeras décadas de este siglo, que llegaron al poder sin muchas dificultades. En su momento, gozaron de un fuerte respaldo popular que les permitió, a su vez, conformar dos proyectos políticos exitosos: ‘Arequipa Renace‘ y ‘Arequipa, Tradición y Futuro‘; expandiendo su presencia más allá de las fronteras locales y vigentes hasta hace poco.

Pero la corriente se volvió en su contra. Alfredo Zegarra Tejada, elegido alcalde de Arequipa en dos ocasiones consecutivas, acaba de recibir una segunda sentencia del Poder Judicial, sumando así dos penas suspendidas. Además, de tener el impedimento de no volver a ocupar jamás un cargo público.

Un destino paralelo que comparte también Juan Manuel Guillén Benavides. El expresidente de la región acabó sepultado en denuncias por las decisiones que tomó mientras estuvo al frente del Gobierno Regional de Arequipa. Al momento, tiene acumulada dos prisiones suspendidas e iba sumar una tercera, pero consiguió la prescripción de su caso.

Zegarra: condenado e inhabilitado de por vida

Alfredo Zegarra Tejada acabó envuelto en serias acusaciones tras dejar la alcaldía de Arequipa que ocupó entre el 2011 y 2018. Se le abrió proceso por favorecer la depredación de la campiña, promover el tráfico de tierras y de coludirse para direccionar contratos.

Por estos tres casos lo llevaron a juicio y en dos de ellos ya fue sentenciado. Alfredo Zegarra recibió 3 años y 6 meses de prisión suspendida por el delito de otorgamiento ilegal de derechos. También quedó inhabilitado por el mismo periodo de la pena y deberá pagar una reparación civil de 30 mil soles.

La acusación se basa en la aprobación del Plan Específico que llevó a la depredación de la campiña arequipeña y a la construcción de la sede de la Universidad Continental, en el 2014. El entonces alcalde introdujo en último momento y en la última sesión del Concejo Municipal, la aprobación de este documento, sin mayor análisis.

De esta manera, distrajo a los concejales y consiguió que votaran a favor del Plan Específico, cuando pensaron que votaban por la intangibilidad de los terrenos para el eco parque metropolitano. En consecuencia, las tierras agrícolas del predio La Canseco, en José Luis Bustamante y Rivero, cambiaron de denominación de uso, lo que permitió después se construya la sede de la universidad Continental. Además hubo una millonaria venta de estos terrenos que no fue investigada. La sentencia se ratificó en octubre de 2021, pese a las apelaciones que hizo.

La siguiente condena que recibió fue de 5 años de prisión suspendida por el caso de tráfico de tierras en la asociación Jardines de Chachani. Aquí los jueces determinaron que el exalcalde quede inhabilitado de por vida y no vuelva a ejercer cargo público alguno. Adicionalmente, tendrá que pagar 15 mil soles como indemnización al Estado y cumplir reglas de conducta.

El colegiado lo halló responsable de cometer el delito de cohecho pasivo propio. Es decir, haber transgredido sus funciones para expropiar terrenos a la propietaria Yeny Vargas Ortega y entregárselos a los dirigentes William y Pepe Merma Valencia, quienes luego los traficaban inescrupulosamente. A cambio, el exalcalde recibiría el apoyo electoral que requería para ganar las elecciones del 2014 y así prolongar su gestión por otros 4 años.

Alfredo Zegarra Tejada fue acusado de utilizar a sus funcionarios para favorecer a unos dirigentes ocuparon ilegalmente los terrenos y además, propiciaron una serie de conflictos por la venta de lotes y el desalojo violento a los poseedores. Un caso cuya operación se catalogó de organización criminal y cuyo juicio de primera instancia culminó el pasado 11 de setiembre.

Una condena más se avecina

Una tercera condena podría sumarse a esta lista. Zegarra enfrenta 6 años de cárcel por un supuesto direccionamiento por la entrega de la buena pro al consorcio GR Arquitectos, para la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Este documento rige el crecimiento urbano de la ciudad y a su vez asegura la conservación de la campiña. Pero el PDM que Zegarra aprobó no cumplía estos fines. El documento acabó cuestionado por todas las entidades especializadas y acabó paralizado por orden judicial.

La Fiscalía sostiene que el burgomaestre se coludió con los empresarios españoles para hacerles entrega del proyecto. Uno de los implicados, Ángel María Chavez, se ha declarado culpable, lo cual podría perjudicarlo. El caso está en pleno debate y se espera que el juicio culmine pronto.

Guillén: entre sentencias y prescripciones

En lo que respecta a Juan Manuel Guillén Benavides, el expresidente regional se libró recientemente de una condena de 3 años suspendida. Se acogió a la “Ley Soto” para que su proceso por negociación incompatible prescriba y no se le investigue más por ello. Por lo que, antes de que se pronunciara la Sala Penal de Apelaciones, el caso se envió al archivo.

Pero cabe mencionar que, durante el juicio de primera instancia, el juzgado lo declaró culpable y le ordenó inclusive pagar solidariamente una reparación civil de 100 mil soles junto al otro sentenciado, Jorge Luis Aguilar.

Para el Poder Judicial quedó acreditado que el expresidente regional de Arequipa y exrector de la UNSA, infringió sus deberes y permitió que sus funcionarios suscriban más de 70 contratos directos para la ejecución de proyectos entre el 2012 y 2014, sin procesos de selección y en contravención a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Por este caso, recientemente se ha sentenciado su exgerente general, Jorge Luis Aguilar a más de 4 años de prisión.

No es la única sentencia que lleva acumulando. También recibió una sentencia de 2 años y 11 meses de pena suspendida por el delito de colusión simple en el caso Arequipa – La Joya.

La exautoridad regional recibió esta pena por las irregularidades detectadas en la ejecución de los estudios de factibilidad de la emblemática obra vía Arequipa – La Joya. Según la acusación fiscal, Guillén Benavides concertó directa e indirectamente con empresarios españoles para direccionar el proceso de contratación a favor del consorcio Ingeniería Arequipa – La joya.

Este proceso es de los más largos y complejos que afronta desde el 2019, cuando el juez Manfred Vera admitió el pedido del Ministerio Público. Inclusó sufrió prisión domiciliaria de varios meses antes de que se llevara a juicio al expresidente regional de Arequipa. Finalmente, el juez Eddy Leva lo procesó y sentenció por este caso.

Delito ambiental y Puente Chilina

Asimismo, Guillén también registra una condena de 2 años de prisión suspendida por el delito de contaminación ambiental ratificada en el 2021. Este caso llegó incluso hasta la Corte Suprema dándole la razón al Ministerio Público.

En este proceso, a Guillén Benavides se le acusó de aprobar una ordenanza que permitía trasladar las curtiembres al parque industrial de Rio Seco, pero sin tener las condiciones para tratar los desechos. Finalmente, las aguas residuales acabaron contaminando la quebrada de Añashuayco y afectando a la población adyacente.

Están pendientes los procesos derivados de la obra Puente Chilina, donde se ha denunciado una serie de actos irregulares que terminaron favoreciendo a algunos propietarios de los terrenos aledaños. Un negocio millonario que tampoco se ha investigado a fondo. También hubo acusaciones por sobrevaloración y mala ejecución, en su momento.

Así, aunque ambos políticos tuvieron ideas y pensamientos diferentes, al final terminaron con más rasgos en común, que diferencias. Su gestión no aportó grandes cambios a la ciudad y más bien generó perjuicios; su ambición política desmedida acabó sepultándolos.

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En una sesión descentralizada en Arequipa, la congresista Patricia Chirinos, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, anunció el plan «Perú Seguro» para que militares se unan al patrullaje de las calles.

Este plan tiene como objetivo abordar la creciente inseguridad en el país a través de la colaboración entre militares y policías en el patrullaje de las calles.

La implementación del plan «Perú Seguro» requerirá la aprobación del Congreso. Así también, la evaluación de su viabilidad por parte de las autoridades pertinentes, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Protestas en contra de Patricia Chirinos

La presencia de Patricia Chirinos en Arequipa generó protestas por parte de los pobladores, quienes expresaron su descontento de diversas formas.

En respuesta a las críticas y protestas en su contra, la congresista Chirinos declaró:

Las manifestaciones fueron reprimidas por la policía, con acciones de fuerza contra los protestantes. En medio de las protestas, se pudo escuchar consignas como «abusivos» y se observaron carteles con mensajes en contra de la congresista, como «fuera, vende patria.»

Una de las razones de la protesta se relaciona con el proceso de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ha comenzado en la Comisión de Justicia del Congreso, pues la congresista Patricia Chirinos es la autora de la moción. El respecto, dijo que ha enumerado cinco causas graves que se están evaluando en la comisión

Otras propuestas de ley de Patricia Chirinos

Además de la propuesta del plan «Perú Seguro», Patricia Chirinos ha presentado un proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso que permite a los ciudadanos hacer uso de la fuerza letal en defensa propia frente a situaciones delincuenciales.

Esta modificación del Código Penal y el Código Procesal Penal tiene el fin de otorgar «protección legal» a quienes defiendan su hogar, vehículo o lugar de trabajo ante un atentado contra su integridad personal o la de su familia. El Congreso aprobó el proyecto de ley con un respaldo de 78 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones.

Pero la propuesta ha generado diversas reacciones. El Poder Judicial la calificó como «alarmante y crítica«, argumentando que el derecho penal se basa en hechos objetivos y pruebas concretas. Por otro lado, la Fiscalía expresó su preocupación de que esto pueda llevar a una respuesta violenta generalizada en situaciones de conflicto. Y añadió que no se puede utilizar la inseguridad ciudadana como justificación para la exculpación en casos de agresión a personas o familiares.

Patricia Chirinos también presentó un proyecto de ley que incluye a los adolescentes de entre 15 y 17 años, permitiendo que sean considerados imputables por delitos graves. Entre ellos, homicidios, robos y actividades relacionadas con organizaciones criminales.

Según Chirinos, esta medida es una respuesta al aumento significativo de la criminalidad cometida por adolescentes en este rango de edad. En la propuesta de ley la congresista Patricia Chirinos argumenta la necesidad de modificar el reglameto para que la policía y la fiscalía puedan investigar los delitos con mayor tiempo. Y así, evitar que los delincuentes obtengan su liberación rápidamente. La propuesta aún no tiene aprobación, pero ha generando un debate en la sociedad peruana.

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Ante el aumento de la percepción de inseguridad ciudadana en la ciudad blanca y la proximidad de PERUMIN, se ha ideado un plan de seguridad por parte del gobierno regional de Arequipa y la Policía Nacional. Este plan se enfoca en la compra de días de franco de más de 800 efectivos policiales. El objetivo es intensificar el patrullaje en la ciudad y, de ser exitoso, establecer un nuevo estándar en la seguridad ciudadana nacional.

El General Gino Malaspina, jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, destacó la importancia de esta medida para fortalecer la seguridad en la región.

Además, entre las estrategias de seguridad implementadas en Arequipa, se encuentra el fortalecimiento de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) con la incorporación de efectivos adicionales. 

Este componente es esencial para la resolución de casos de delincuencia y la investigación de actividades delictivas en la región. Se tiene previsto sumar al menos 200 agentes diariamente a las labores de investigación. Mientras que el resto se unirán a un patrullaje integrado en apoyo a las unidades de serenazgo de los municipios locales.

Mejora de la movilidad policial

En cuanto a la movilidad de la policía en Arequipa, el General Malaspina proporcionó cifras clave sobre la situación actual. En la región existen 322 patrulleros, de los cuales, 74 están inoperativos, representando aproximadamente el 15% del total. Sin embargo, el General subrayó que el 10% de estos vehículos inoperativos son recuperables y se encuentran en proceso de reparación.

Además de la recuperación de patrulleros, se ha propuesto alquilar vehículos de civiles para el patrullaje policial. Se planea la adquisición de 15 motocicletas y 5 drones para mejorar la capacidad de respuesta y movilidad de la policía en situaciones de emergencia.

Descarte del estado de emergencia y propuestas para reducir la delincuencia

A pesar de los recientes actos de violencia y asaltos en Arequipa, el General de la policia, Ghino Malaspina descartó la posibilidad de que se declare el estado de emergencia en la ciudad. Pues según el jefe policial los indicadores de delincuencia en Arequipa no son tan críticos, como San Juan de Lurigancho, a pesar de tener una población similar.

El General propuso estrategias para reducir la delincuencia, incluyendo el despliegue de 60 agentes en 10 puntos críticos donde operan cambistas. Estos puntos críticos incluyen lugares como el Óvalo Quiñones en Yanahuara, el centro comercial Metro en Cerro Colorado, la avenida Ejército en Cayma. Así también, el Óvalo de Los Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero, y el Óvalo La Negrita en el Cercado, entre otros.

Refuerzo policial para PERUMIN 2023

La ciudad de Arequipa será el epicentro de la 36 Convención Minera – PERUMIN 2023. Este evento, que se llevará a cabo en el 25 al 29 de septiembre, requiere medidas de seguridad especiales por su relevancia internacional.

El jefe de la IX Macro Región Policial (Macrepol) de Arequipa, general Malaspina, informó que al menos 200 policías Dinoes se sumarán a los 600 efectivos policiales que resguardarán la Convención Minera Perumin 36. El evento se realizará en el Centro de Convenciones de Cerro Juli del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

El jefe policial señaló que los agentes del orden estarán asignados en dos turnos para garantizar la seguridad en el desarrollo de la convención minera que contará con la participación de empresarios del sector y autoridades nacionales.

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Para comprender el cambio sustancial que significó pasar del blues del Delta al blues con guitarras eléctricas y amplificadores que se estiló en la primera mitad de los años sesenta, hace falta hacer una revisión histórica de las condiciones de vida de la población negra que se asentó en Chicago (y en otras ciudades industriales florecientes) tras la Gran Migración a principios del siglo XX.

Huyendo de la segregación y de la discriminación (cuando no directamente de los linchamientos), seis millones de afrodescendientes se instalaron en las ciudades del norte y cambiaron radicalmente las costumbres musicales de este lado de Norteamérica. Si cabe mencionar un nombre egregio (aunque tales reduccionismos son siempre peligrosos), sería el de Muddy Waters, viejo tiburón que para 1952 tenía ya su banda montada para Chess records y tenía reclutado, entre otros, a Little Walter. A este portentoso armonicista, Little Walter, precisamente, reemplazará cierta noche de invierno un jovencísimo Junior Wells para escribir su propia historia plagada de éxitos y reconocimientos.

En la contraportada de la edición en vinilo (la contraportada del CD es más escueta) el propio Wells cuenta: “Fui a una casa de empeños y el vendedor tenía una armónica a dos dólares. Aquella semana no fui a la escuela y trabajé todos los días en un camión repartidor de refrescos. Al cabo de esa semana el patrón me dio mi paga: un dólar y medio. ¡Un dólar y medio por una semana de trabajo! Fui a la casa de empeños y le mostré mi dinero al vendedor. Me dijo que no podía vendérmela por menos de dos dólares y se alejó. Entonces yo cogí la armónica y dejé mi dólar y medio en el mostrador. Cuando llegó mi juicio el juez me preguntó por qué lo hice. Le dije que tenía que tener esa armónica. El juez me dijo que la tocara. Lo hice y entonces el juez le dio medio dólar al vendedor y gritó: ¡Caso cerrado!”

No sabemos si es cierta esta historia, pero sí podemos asegurar que “Hodoo Man Blues” es una pieza única, casi un milagro en la historia del blues eléctrico. El tándem Junior Wells – Buddy Guy haría después muchísimos discos y esos dos nombres estarían invariablemente unidos en la mente de los amantes del blues, pero ninguno de sus discos posteriores capta la fuerza ni la magia que se estaba viviendo en aquel año 1965. Al año siguiente, la invasión británica atestiguaría la inmensa influencia de “Hoodoo Man Blues” en Cream, en Yardbirds, en la banda de Paul Butterfield, hasta en el flamante electric-man Bob Dylan que, como un púgil avezado, trataba de esquivar los golpes que le llovían por su decisión de encender amplificadores. “Hoodoo Man Blues” es un álbum básico, exquisito, memorable. Ponerlo a medianoche nos transporta, como por un ensalmo, a esos bulliciosos conciertos de blues en la época dorada de Chicago. Salas llenas de humo… y la magia de la música obrando siempre en el corazón.

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Las protestas convocadas contra Dina Boluarte en Perumin, Arequipa, ha puesto a varios dirigentes en la mira de la Policía Nacional. Antes de que se produzca cualquier acto de manifestación, los agentes han solicitado a la Fiscalía que se exhorte a cada uno de ellos para evitar actos de violencia.

El pedido de la Policía Nacional se basa en las declaraciones brindadas por los integrantes del Comité de Lucha Colegiado Regional de Arequipa. Ellos anunciaron la realización de manifestaciones para el lunes 25 de setiembre. El motivo es expresar su oposición a la reactivación del proyecto minero Tía María y también su descontento al gobierno de Boluarte.

Sin embargo, para la policía las manifestaciones podrían representar un acto delictivo más allá de una protesta pacífica. Es más, en el informe enviado a la Fiscalía, la policía da cuenta que detrás podría existir una presunta organización criminal a la que ha denominado “República del Sur”.

Asimismo, identifica a los dirigentes Jorge del Carpio Lazo, coordinador de la Lucha Popular; Felipe Dominguez, presidente del Frente de Defensa del Cono Norte (Fredicon), Alfredo Phuño, secretario de Construcción Civil de Arequipa, Miguel Meza Igme, vocero del valle de Tambo, entre otros, como los coordinadores de las movilizaciones.

Frente a ello, el fiscal de prevención del delito José Quispe Bejar ha iniciado un procedimiento preventivo por 30 días. Y, citó a cada uno de los dirigentes para tomarle sus declaraciones.

Cabe señalar que la convención minera Perumin se desarrollará del 25 al 29 de setiembre en Cerro Juli. Se ha invitado a la presidenta Dina Boluarte Zegarra al evento, pero aún no se ha confirmado su asistencia.

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