La explotación minera se ha expandido en el Perú en esta última década y aunque este sector se constituyó en uno de los más exitosos del país, aún subsisten problemas, pese a las nuevas leyes y a la buena voluntad -con propuestas-, de los empresarios.
En la presente Convención Minera se han presentado una serie de ponencias, además de las especializadas (maquinarias, nuevas tecnologías, etc.); las que abordaron la problemática de la explotación minera: responsabilidad ambiental, salud y seguridad ocupacional, relación con la comunidad, etc.; problemas no resueltos que constituyen el eje de las propuestas de cambio.
Los expositores internacionales presentaron, por su parte, una serie de posibilidades para enfrentar esta problemática relatando las experiencias de la actividad minera en sus respectivos países.
El lema de la convención describe la situación de esta actividad en el país «Desarrollo Sostenible: Reto Minero», y es que los cambios que apuntan a un desarrollo más comprometido con el entorno se encuentran todavía en etapa de transición. Descubramos a grandes rasgos tres campos, relacionados intrínsecamente, sobre el impacto de esta industria en el país.
Impacto social
Martin Scurrah, director regional de OXFAM América, sostiene que el impacto mayor se produce en la cultura de las comunidades. Pues con la llegada de obreros se crean nuevos enclaves poblacionales. Por su parte, Miguel Palacín, presidente de la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), señala que una consecuencia de este impacto se manifiesta en la llegada de población desde otros lugares en busca de empleo, lo que tuguriza y encarece las ciudades cercanas a las minas.
Además, el trabajo que se ofrece a los pobladores de estas zonas es temporal y doméstico, por llamarlo de algún modo. Son choferes, personal de limpieza o para la construcción de carreteras. Esto se produce, en especial, cuando la explotación se realiza en comunidades deprimidas. Pues para el trabajo técnico se requiere mano de obra calificada, cuya demanda también va decreciendo a merced de las nuevas tecnologías.
Pero como dice el propio Scurrah, no todo es malo. Por ejemplo, cuando ya se instalan estas empresas, le son necesarias nuevas vías de comunicación. Así que se encargan de la construcción de carreteras y el mantenimiento de estas. De 1990 al año 2000 se han construido 184 km. de carreteras asfaltadas y mil 458 km. de carretera afirmada, beneficiando a los pobladores.
En sus últimas declaraciones, Palacín comentó que las empresas que explotan los minerales se llevan más de lo que invierten en el país. Y es en este comentario donde podemos detectar un primer problema. Esto es, la indiferencia del Estado que no asume responsabilidad en la regulación del desarrollo equilibrado de las diferentes localidades.
El desarrollo sostenible de una comunidad impactada por una actividad productiva va más allá de lo que dijo el ministro de Energía y Minas, Hans Flury, en el sentido de que el Estado debe respetar las reglas del juego para mantener la estabilidad del marco jurídico y tributario. Tampoco el papel del estado puede reducirse al de promover la participación y vigilancia de las comunidades, hace falta un marco legal equilibrado para que la sostenibilidad sea legalmente viable y no dependa únicamente de la buena voluntad de los empresarios mineros, plasmado en su nuevo Código de Ética
El estado peruano debería comenzar revisando la distribución del canon minero, injusto para muchos, como se lo parece a Raúl Benavides Ganoza, presidente de la XXVI Convención Minera y gerente de Desarrollo de Negocios de la Compañía Minera Buenaventura, quien declaró: «El tema del canon es un asunto irritante para los mineros, es que la distribución de éste se subasta de acuerdo al gusto de los congresistas».
Augusto Baerti, de Gestora de Negocios e Inversiones también hizo hincapié en el tema. Opinó que, en la distribución de los recursos, debería considerarse la pobreza antes que la cantidad de gente que habita en las ciudades. Siendo un tema tan sensible e irresuelto, lo importante es que las empresas mineras hayan comenzado a mostrar interés por el tema. Aunque para la viabilidad del desarrollo sostenible es básica la participación del Estado.
Para Scurrah, «es clara la falta de mecanismos apropiados del gobierno para procesar todas las quejas aun cuando en el proceso de consultas en diciembre del año pasado se vio una mejora importante en el proceso de consultas a comunidades sobre el impacto ambiental. Falta normatividad, las empresas tienen su responsabilidad, sin duda, pero el gobierno también tiene que hacer lo suyo».
Impacto ambiental
A decir del ministro Hans Flury, el cuidado del medio ambiente es uno de los pilares del desarrollo sostenible. Y el gobierno ha incidido en dar leyes para mejorar su protección -obligatoriedad de estudios ambientales, por ejemplo. Y otras para que las empresas que operan antes de que se diera la legislación, adecúen su tecnología para causar menos daño en la comunidad.
El problema que no se ha podido resolver son los pasivos ambientales, que no es otra cosa que el incorrecto cierre de una mina. O el simple abandono del terreno cuando ya se extrajeron todos los recursos, lo que genera contaminación y el consiguiente deterioro del ambiente.
Este problema se intentó resolver con la aplicación de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por parte de las empresas mineras. Pero no se han obtenido resultados completamente satisfactorios
Los pasivos ambientales son los generadores de la antipatía de las comunidades campesinas hacia las industrias mineras. Y es que aun los programas para remediar suelos y aguas no son del todo apropiados, comparándolos con el daño causado.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas, las operaciones mineras realizadas en el pasado, cuando no existía la actual legislación, han dejado un pasivo ambiental de 200 millones de dólares, sin que se haya hecho nada al respecto.
Por otro lado, también es cierto que las empresas mineras que han superado el enfoque tradicional están iniciando un cambio. Ejemplo de esto es la recuperación de la Bahía de Ite, cercana al puerto de llo (Moquegua), emprendida por Southern Perú.
Cesar Polo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) sostiene que se debe hacer campañas de divulgación desde diversos sectores, incluido el público, con el compromiso de mejorar la biodiversidad en forma conjunta. Añade que es fundamental que existan políticas ambientales sectoriales y que las acciones de las mismas sean impostergables, para completar las normas de calidad ambiental. Abogó también porque las empresas hagan un uso moderado y responsable de los recursos naturales.
Por su parte, la directora general de Minería, María Chappuis, señaló que las empresas mineras darían un buen ejemplo de responsabilidad social si se comprometieran a aceptar un fideicomiso de cierre de mina, con el objetivo que las empresas tengan los fondos requeridos para efectuar un plan de cierre luego de haber concluido sus operaciones.
Fuera de estas iniciativas también está la vigilancia de los pobladores para evitar o resanar lo más pronto posible cualquier daño causado por esta industria. La OXFAM propone, para que se aplique mejor este mecanismo, que las empresas mantengan a los pobladores informados sobre sus actividades, sin que eso signifique que el Estado deje de lado su función vigilante.
El coordinador Scurrah señala aquí un punto controversial, el concepto de conflicto de interés, en el sentido que el mismo ministerio promueve la actividad minera y también tiene responsabilidad en la fiscalización del control medioambiental. El especialista cree que sería mejor crear una estructura con mayor independencia.
Impacto económico
Para nadie es un secreto que el sector minero es el más exitoso del país. Fernando Cilloniz, gerente de Inform@cción, (página web especializada), sostiene que el año pasado las exportaciones en el Perú alcanzaron los 7 mil 500 millones de dólares. De ellos, 3 mil 665 millones corresponden a exportaciones mineras.
Benavides Ganoza, por su parte, señala que la minería genera un movimiento económico de 4 mil 200 millones de dólares al año.
A pesar de las descomunales cifras, aún no hay buenas nuevas sobre el destino de los recursos obtenidos por las empresas mineras. La mayoría de ellos no se reinvierten en el desarrollo de los pueblos donde realizan sus actividades.
Este hecho es contraproducente si empezamos a creer en el nuevo reto que se ha plateado la minería ahora. Como sostiene Benavides, el desarrollo minero debe beneficiar tanto a la población como a la empresa extractora.
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