«Estoy de acuerdo con Luciana. Están satanizando la política en el país», declaró Edwin Martínez en defensa de Luciana León, uno de los únicos 3 congresistas que votaron en contra de acusarla.
Los únicos congresistas que defendieron a Luciana León en el pleno del Congreso fueron Wilson Soto y Edwin Martínez, ambos de Acción Popular. El parlamentario por Arequipa pidió que se deje de satanizar la política y aplaudió la defensa de León.
Al final, por mayoría de votos, el Congreso aprobó acusarla constitucionalmente por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso.
Periodista de día, cinéfilo de noche. Formado en las aulas de la UNSA. Editor audiovisual, generador de contenidos web y redes sociales. Me especializo en temas culturales, tecnológicos y de cine.
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Rohel Sánchez, advirtió que el Congreso de la República busca aprobar una iniciativa legislativa, para ejercer mayor control sobre estos entes.
La comisión de Constitución del Parlamento está debatiendo específicamente una propuesta para que los gobernadores y alcaldes sean vacados, de no entregar informes que el Legislativo les solicite. Estos pedidos de información serían una causal que podría utilizar el concejo provincial o consejo regional para iniciar un proceso de vacancia, ya que el mismo Congreso no tendría la potestad de realizarlo.
Aún así, para Rohel Sánchez, esta iniciativa es preocupante. Explicó que se busca colocar en una posición de subordinado a los gobiernos regionales y locales.
«(De aprobarse esta iniciativa) se acabaría la descentralización (…) Un gran atentado en contra de la autonomía regional”
Presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Rohel Sánchez.
El también gobernador regional de Arequipa fue tajante al afirmar que «se quieren traer abajo todo el proceso de descentralización”. Calificó estas iniciativas como una intención del poder Legislativo para implantar una especie de dictadura.
No solo el presidente de la ANGR ha alertado sobre esta iniciativa, sino también algunos congresistas. La parlamentaria no agrupada Flor Pablo también advirtió las intenciones del Parlamento, al poner en discusión esta iniciativa.
«El intento de control congresal de los poderes del Estado no tiene límites”
Congresista Flor Pablo.
Por su parte, el legislador de Avanza País, Alejandro Cavero, descartó que la iniciativa busque mayor control a cargo del Congreso. Indicó que este sería un instrumento para garantizar que se cumpla con los pedidos de información solicitados por este poder del Estado.
“No es una vacancia automática del Congreso frente a un alcalde o gobernador, porque eso no es posible, es inconstitucional, pero, si un gobernador o alcalde no responde, su concejo puede tener una causal que en su momento se evaluará”
Congresista Alejandro Cavero.
Este viernes se retomará el debate de esta iniciativa en la comisión de Constitución.
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Once federaciones indígenas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y otras regiones amazónicas fueron a Lima para dialogar sobre las demandas y avances en la implementación de la Agenda Forestal Indígena (AFI)
Once federaciones indígenas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y otras regiones amazónicas arribaron en Lima para dialogar sobre las demandas y avances en la implementación de la Agenda Forestal Indígena (AFI). Se trata de un conjunto de políticas que las organizaciones indígenas consideran prioritarias para ser atendidas por el Estado.
La AFI tiene como objetivo impulsar mejoras en el manejo forestal comunitario de la Amazonía. Se ha trabajado con apoyo del proyecto Usaid Pro-Bosques y su implementación permitiría una participación más inclusiva de las comunidades en el manejo de los bosques comunales.
Los líderes indígenas se reunieron por dos días con autoridades nacionales para tratar temas de mayor urgencia de la AFI. Jorge Pérez, presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), destacó la necesidad de resolver las multas impuestas a las organizaciones indígenas por depender de personas o empresas (“terceros”) en el aprovechamiento de recursos forestales.
“A la fecha existen más de 400 comunidades multadas, pero a los terceros (como los regentes) no se los hace responsables solidarios en este proceso”, dijo Pérez. Además, pidió la pronta creación de la Dirección General de Manejo Forestal Comunitario, dentro del Serfor, y que los regentes sean indígenas que conozcan la realidad de las comunidades amazónicas.
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Ruth Bárcena, a cuyo esposo los militares asesinaron en Ayacucho durante las protestas del año pasado, y presidenta de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de Diciembre, cuenta el entorpecimiento de las investigaciones fiscales y la persecución que ha sufrido a seis meses de la masacre.
Han pasado seis meses de los asesinatos en Ayacucho. ¿Cómo ha avanzado la justicia?
No lo podemos llamarlo justicia porque hasta el momento no ha avanzado nada. Nuestro caso estaba acá en Ayacucho. Estuvo en buen camino las primeras investigaciones a cargo de la fiscal Karen Obregón. La fiscal de la Nación decidió llevarlo a Lima todos los casos. Hubo bastante interrupciones, bastante retraso. Vino el equipo después de tanta exigencia, de tantas notificaciones. Llega un día lunes, se presenta que era la fiscal Mireya, no recuerdo…
Marena Mendoza.
Llega, se presenta quién era, con la misma nos informa que a partir del martes las visualizaciones va a ser vía Zoom. No es dable investigar un caso que se trata de asesinatos y decir las investigaciones se va a llevar vía Zoom. ¿Qué estamos investigando? ¿Vida de animales? Has vulnerado nuestros derechos y sigues vulnerando nuestros derechos, señora fiscal de la Nación. ¿En qué? En haber tomado la decisión sin haber consultado a las víctimas.
¿Se refiere a la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de crear un equipo especial que investigue las matanzas?
Sí. Empezó el día martes [23 de mayo] las visualizaciones vía Zoom. ¿Cómo es posible que fiscalía se descargue una plataforma gratuita? Cada cierto tiempo, cada diez, quince minutos, se tiene que cortar la plataforma, se tiene que recargar la plataforma. El primer día que llegó, oh sorpresa, eliminación del video justo donde aparece, incluyendo mi esposo, dos asesinados más. Desaparece, así de la nada. Y dice “no, lo habíamos eliminado involuntariamente”.
Se nos notificó que a partir de las 9 am hasta las 12 del mediodía iba a ser la visualización. Pero no empezábamos a las 9 en punto. Empezaba 10:40, 11:30. A nosotros nos llenaba de angustia, de dolor, al no poder llegar a donde queríamos llegar.
El argumento de la fiscalía es que un equipo especial puede dedicarle tiempo exclusivo a las investigaciones, como en el caso Lava Jato.
No, no, no. La fiscal Karen Obregón se sentaba con nosotros a las 8:30 am hasta las 5 pm. Solamente se movía para almorzar. Pero con esta fiscal no. Con esta fiscal hubo interrupciones. Cuando estamos en la mitad de la visualización dice “señores, sabes qué, se suspende la visualización porque tengo otro caso que tomar”.
¿Cuántas horas de sesión ha tenido este equipo especial con ustedes, los de Ayacucho?
Sume tres horas por día durante una semana.
15 horas, más o menos, de sesiones. ¿Y cuántas horas en total hubo con la fiscal Obregón?
Algo de 30 a 35 horas por semana. Hemos avanzado bastante con ella.
“Entraron dos civiles a mi casa, con porte militar. Me golpearon.”
¿Cuál es su interpretación del traspaso del caso a Lima?
Más es por obstaculizar. Por cubrir a las personas quien dio orden a jalar los gatillos y quienes jalaron los gatillos. Empezando por la presidenta y terminando en los cabos o los militares que dispararon. Aquí se tiene que investigar empezando del mismo autoridad, empezando de la presidenta, el señor Otárola, los generales y los militares que estuvieron a cargo ese día. A nosotros lo que nos interesa es quiénes jalaron el gatillo.
¿Les tiene miedo a los militares?
Jamás les tendría miedo. Yo les tenía un gran respeto porque se supone que eran personas que defendían nuestros derechos. Eran nuestros compatriotas, eran nuestros hermanos. Hoy en día, ese respeto, ese miedo, se acabó.
La mayoría de los asesinados no participó en la protesta.
Sí. Yo no puedo negar que mi esposo era dirigente de transportes y estuvo allí.
¿Fue al aeropuerto?
No fue al aeropuerto. A él lo mataron en las inmediaciones del aeropuerto. Claramente en los videos se ve que los militares salieron a perseguir a todos, a metros, a cuadras, del aeropuerto. Donde mataron a mi esposo, a Clemer Rojas, a José Sañudo, es un lugar transitable, un camino, una avenida. Es un camino libre.
Le preguntaba lo del miedo porque entiendo que a usted la han amenazado.
Sí, a mí me han perseguido. Ni bien que asumí la presidencia de la asociación. El 13 de enero entraron dos civiles a mi casa, con porte militar, a las 11 am. Me golpearon. Hablaban igual que los militares. Me acusaron una y otra vez de terrorista.
¿Puede asegurar que son militares?
No, no puedo afirmar, pero puedo sospechar. Fui la única escandalosa que salió diciendo que los militares mataron a mi esposo. A media hora de que le dispararan salí de casa. Entro al Facebook, no tenía ni idea de que a mi esposo le habían disparado.
¿Usted sabía que su esposo participaba en la protesta?
Yo misma le ayudé a imprimir el documento de qué parte de la Constitución quería que se cambie. Porque él decía que no puede entrar una persona corrupta, que renuncien todos, que se larguen todos, que haiga nuevas elecciones y nosotros decidiremos a quién elegir.
Pero Dina Boluarte es la presidenta constitucional. Le correspondía asumir el cargo.
Para mí hoy en día esa genocida, esa asesina, no es ninguna presidenta. Si a mí me preguntan acá en Perú, como peruana, “¿tienes presidenta?”, no tengo, no tengo. Porque a una asesina yo no puedo decir sí, es mi presidenta. Qué descaro, qué vergüenza como mujer, cuando la población no está de acuerdo con su mandato, que mande a callar a todos matándolos. No solamente en Ayacucho. En Andahuaylas son siete que murieron. En Ayacucho fueron diez, en Puno fueron veinte [nota: fueron 18]. Y en La Libertad… estamos hablando de tantas vidas humanas. Para nosotras no existe esa asesina.
Volvamos a los militares. Usted dijo que ingresaron a su casa.
Me golpearon ese día en mi casa. Me agarraron de acá, del mentón, me sacudieron una y otra vez. Luego, me agarraron del cuello y me dijeron qué pruebas yo tenía del 15 de diciembre. Me dijeron que era una terrorista, que me callara. Si no me callaba las cosas iban a empeorar. Yo siempre mantengo la foto de mi esposo y de mi hija en una mesa. Para eso mi esposo ya estaba muerto ya de mí. Y justo ven el cuadro de mi hija y dicen “ah, qué bonita hija tienes”.
Usted tiene dos hijos…
Tengo una. Tenía tres hijos. Antes de que lo mataran a mi esposo yo estaba embarazada de gemelos. Lo matan a mi esposo, también se fueron mis hijos con él. Me quedé con una hija de siete años. Ahí es donde ven la foto de mi hija, “no vaya a pagar las consecuencias ella”. Cogieron ellos mi teléfono, no sé qué lo hicieron. Se quedó mi teléfono bloqueado.
Intenté comunicarme con usted a otro número pero no entraba la llamada. ¿Es por eso?
Ese número yo lo bloqueé porque he dado entrevistas a varias prensas. Una de ellas ha sido Cuarto Poder. A mí me empezaron el hostigamiento de haber dado entrevista al Cuarto Poder, había traicionado a Ayacucho. Acá en Ayacucho no lo quieren ver a los prensas nacionales. Al igual a muchos autoridades.
¿Por qué me da la entrevista, entonces?
Porque no tengo miedo. Mi fin no es político. Si esa asesina se queda o no, me da lo mismo. Lo que me interesa es saber la verdad: quién mato a mi esposo y quién ordenó a matar ese día a esas personas. Ese es mi fin. Nada ni nadie me puede callar. Es un derecho que yo exijo. Donde quiera que yo vaya, siempre voy a hablar de la muerte de mi esposo y cómo murieron el resto de las personas.
¿La han seguido? ¿Ha notado alguna persecución?
Sí. Puse, con la ayuda de mi abogada, directamente a Corte Interamericana, la denuncia por amenaza. Porque me empezaron a perseguir. Eso ha sido el 25 de febrero. Salgo de mi casa a reunión. Avanzo dos cuadras y aparece una camioneta diciendo que era de la Fiscalía. No llevaba ningún logo. Me sacaron dos hojas blancas, “tienes que firmar acá, nosotros vamos a llenar”. No quise. Me arrinconaron en la camioneta, me quisieron golpear. Ahí aparece un carro de Serenazgo, yo grito, levanto la mano y grito. El Serenazgo toca su silbato, empiezan a correr, se suben y se van.
¿Sabe que esto le va a tomar años? En el caso La Cantuta fueron varios, varios años.
Sí. Durará, cuatro, tres, cinco años. No sé.
Diez…
Quizá más. Pero tenemos pruebas contundentes. Y eso no se puede tapar con un dedo. Quizá el caso de La Cantuta demoró porque no había pruebas, porque no había cámaras. Pero ese día todos han estado con celular grabando en vivo. Hay pruebas de que no fueron balas de menor alcance. Fueron balas de guerra. Fueron armas Galil.
Los registros de entrada y salida de armamento en Ayacucho, los días previos y posteriores a las matanzas, tienen un promedio de 7 ó 8 registros. Pero el día 15 de diciembre tienen más de 130. Eso indica más o menos hacia dónde apuntaban los operativos militares.
Hay pruebas contundentes. Y de los nombres de los militares, generales, oficiales o suboficiales que estuvieron a cargo ese día, ya lo tienen los fiscales. Lo único que falta es que se apresure con toda esta investigación, para que la fiscal así pueda decir fueron tales y tales personas y tales y tales personas empezarán a purgar prisión por haber matado.
¿Cuál será la estrategia de su asociación si es que el equipo especial demora más las investigaciones?
Estamos exigiendo a través de la Defensoría del Pueblo, entre otras instancias, como Amnistía Internacional, IDL, Corte Interamericana, que vuelva el caso acá a Ayacucho. Hace poco, el día 2 [de junio] creo, tuvimos reunión con el nuevo defensor público.
¿Qué impresión le dio el defensor del pueblo?
No me inspira confianza, sinceramente, por las controversias de cómo ha llegado a ser defensor. Ese día, ya finalizando las conversaciones, nos dicen que no podemos confiar en la Corte Interamericana, en Amnistía Internacional. Le dije a dónde quería llegar con esto.
¿Cuál ha sido la posición del gobernador Wilfredo Oscorima?
Tomarlo fríamente, como si fuera que no haiga pasado nada. El peor traición que hizo es haberse sentado con esa asesina. Nadie puede estar tranquilo, en paz, comer, dormir, estar feliz o sonreír por habernos quitado a una persona sana, que amaba la vida. Muchas personas eran jóvenes, tenían un futuro por delante, tenían una vida proyectada. No saben detrás de cada persona, después de haber matado a ellos, a quiénes más mataron.
¿Sabes qué, señora Dina Boluarte? Usted, en sus tres meses, en sus tres malditos meses de gobierno, usted ha matado tantas vidas. No lo queremos ver. Si se quiere quedar en su poder, en su curul, entonces quédese allí, pero no se meta con Ayacucho, no venga.
“A nosotros lo que nos interesa es quiénes jalaron el gatillo”
Hay varias pintas en las calles de Huamanga que dicen “Dina asesina”, “insurgencia”, “viva el paro”, “crueles”, “cierren el Congreso”, “asamblea constituyente”. Hay indignación, rabia.
De que se pinte que es asesina, ¡es asesina! Llega a un poder y con tal de mantenerse allí manda matar personas. ¿Eso es ser lideresa? ¿Eso es ser presidenta?
¿Cree que ella, o el señor Otárola cuando era ministro de Defensa, ordenaron matar?
Un policía, o el equipo de los policías y militares, ¿a mando de quién están? A mando de la presidenta. ¿Quién le va a ordenar, si no lo hicieron ellos? Fueron ellos. Y hasta el día que vamos a morir, siempre vamos a repetir que esa asesina mató a nuestros familiares, esa asesina mató a nuestros esposos, mató a nuestros hijos.
La Defensoría del Pueblo también intercedió para que cese el fuego.
El defensor público de Ayacucho, el doctor David Pacheco, cuando vio el primer muerto, cuando vio todo lo que estaba pasando, sacó un pronunciamiento: que cese el fuego, están muriendo personas. ¿Por qué no paró, por qué no cesó? ¿Por qué continuó hasta las 7.40 pm? Entonces estamos hablando de un gobierno asesino. Estamos hablando de un gobierno genocida. Los terroristas son ellos. Los asesinos son ellos. Los delincuentes son ellos. No las personas que murieron.
¿Cree usted en la justicia?
Por el momento no. A lo menos a la justicia de Perú, no creo nada. Pero sí creo en la justicia de los defensores de derechos humanos. Esas personas sí pueden hacer respetar nuestros derechos.
¿En algún momento vio manifestantes armados ya sea con armas de fuego, piedras o palos?
No, señor. Más bien vi gente corriendo. Vi gente escapando, huyendo, y los militares atrás persiguiendo como no sé qué.
En la avenida Abancay.
Sí. Los militares salieron a perseguirlos a todos como a ganados.
¿Cree que la justicia va a llegar pronto, tarde, nunca?
Va a llegar. Tardará un poquito, pero va a llegar. Estamos esperando que se termine su mandato de la señora. Poco a poco las cosas solito caen por su propio peso. Y vamos a esperar. Yo sé que va a llegar. Y si es que no llega justicia de la ley, de la justicia divina nadie se salva. Porque del poder de dios nadie se salva.
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Por protagonizar un accidente al haber conducido su vehículo en presunto estado de ebriedad en la ciudad de La Merced, provincia de Chanchamayo, región Junín.
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) suspendió por seis meses al presidente de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, Omar Pimentel Calle. Con resolución administrativa N° 289-2023-P-CSJSC-PJ, la Jefatura Suprema del órgano disciplinario del Poder Judicial dictó una medida cautelar de suspensión preventiva al mencionado magistrado en todo tipo de cargo.
Mientas dure su suspensión, asumirá la Presidencia de la Corte de la Selva Central, la Ana María López Arroyo. Actual jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, en su condición de jueza decana.
El pasado 22 de mayo la OCMA inició una investigación preliminar a Omar Antonio Pimentel Calle por protagonizar un accidente. Esto, al haber conducido su vehículo en presunto estado de ebriedad en la ciudad de La Merced, provincia de Chanchamayo, región Junín. Pimentel Calle afronta por este hecho una investigación en el Ministerio Público por el presunto delito de peligro común.
En su indagación, la OCMA mencionó que la búsqueda de los medios probatorios y/o elementos suficientes para aclarar los hechos y de ser el caso, imponer una sanción que podria llegar a la separación del funcionario del Poder Judicial.
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Después de un año la justicia decidió retomar el caso de actos contra el pudor en agravio de una niña de 9 años en la provincia de Nasca, en la región Ica. Familiares y vecinos llegaron al frontis del Ministerio Público para protestar y exigir justicia. Ya que existen pruebas de convicción que terminaría el presunto hecho de actos contra el pudor cometido presuntamente por Jimmy Alonso Soto Huamaní.
El hecho se conoció en septiembre de 2022, cuando la niña se mostraba mal de salud y no quería ir al colegio. La mamá le preguntó y ella contó todo lo sucedido. También luego se corroboró este testimonio en Cámara Gesell de la Fiscalía: que el sujeto la forcejeaba e intentaba violarla, le realizaba tocamientos en sus partes íntimas y además la amenazaba.
La madre refiere que aunque la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para Soto Huamaní, el juez Gabriel Valverde decidió dejarlo en libertad. Porque sí tenía arraigo domiciliario y no había peligro de fuga. El juez, además, decidió que se repita la diligencias que revictimizarían a la menor denunciante, pidiendo que vuelva a pasar por Cámara Gesell, ya que anteriormente se anuló porque no se presentó como puerta anticipada.
En 2016 Soto ya había sido denunciado por actos contra el pudor y, posteriormente, por violencia doméstica. Sin embargo, estos hechos no fueron de conocimiento de la madre. Ella ahora solicita medidas de protección porque el presunto violador merodea su vivienda y teme por su vida.
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En 2015, la Beneficencia Pública advirtió que La Apacheta tenía solamente ocho años de vida útil. Ha pasado exactamente ese tiempo y aún no se ha avanzado con el nuevo cementerio de Arequipa.
No es la primera vez que anuncian un nuevo cementerio en Arequipa. Foto: El Pueblo
El cementerio que alberga los restos Mariano Melgar y su amada Silvia, el músico Luis Duncker Lavalle, Pedro P. Díaz y otros ilustres arequipeños, llegó al límite de su capacidad. Con sus casi 200 años de historia, La Apacheta no sólo es el campo santo más importante de Arequipa, también es el segundo más antiguo.
A pesar de sus 130 mil metros cuadrados de extensión, se encuentra cerca de alcanzar su máxima capacidad de nichos. Por ende, el presidente del directorio de la Beneficencia Pública de Arequipa, Eduardo García Calderón, anunció que se construirá un nuevo cementerio.
Sin embargo, no es la primera que anuncian uno nuevo. En 2015, la Beneficencia Pública advirtió que La Apacheta tenía solamente ocho años de vida útil. Ha pasado exactamente ese tiempo y aún no se ha avanzado con el proyecto. En aquel momento, el Gobierno Regional iba a entregar un terreno de 120 hectáreas cerca a la carretera Arequipa-La Joya para ese fin.
Con nulo avance, solo se sabe que el nuevo espacio funerario se edificará en la periferia de Arequipa. La ubicación exacta aún se está evaluando.
«Estamos viendo la manera de tener otro terreno para poner otro cementerio general. Eso todavía está en evaluación, tenemos que ver en donde lo vamos a hacer, pero sería fuera de la ciudad, porque este ya es muy céntrico»
Eduardo García Calderón, presidente del directorio de la Beneficencia Pública de Arequipa
El que sí se puso en marcha es el nuevo cementerio municipal de Cayma, ubicado en el sector conocido como Condormico, en la parte alta del distrito. La construcción tendrá 9 pabellones de nichos de 6 nivele con un total 1944 nichos.
Maqueta del nuevo cementerio de Cayma.
El cementerio La Apacheta, ¿un museo?
Tampoco es la primera vez que planean que el cementerio La Apacheta se convierta en un museo. Desde hace muchos años, este campo santo es un lugar turístico, no solamente se realizan tours guiados, también se han grabado documentales y películas por su valor histórico.
Actualmente, el también conocido como Cementerio General, dispone únicamente de 1512 nichos, cada uno valorizado en 12 mil soles. Por ahora, la Beneficencia Pública buscará reorganizar los mausoleos que se encuentran en posiciones inapropiadas para ampliar su terreno.
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Entre las medidas que se establece está la de que el Perú debe despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil y facilitar su acceso a las niñas que están expuestas a diversos peligros, incluso la muerte
Camila nació en mayo de 2004. Ella fue abusada sexualmente por su padre desde que era una niña de tan solo 9 años y como consecuencia de esas violaciones quedó embarazada a los 13 años. Personal de la posta médica y la comisaría cercanos a su comunidad, en Apurímac, y del Hospital que queda a dos horas y media en bus, habrían omitido, a propósito, y otras veces por falta de capacitación, una serie de procesos que han afectado la vida de Camila de manera irreversible y permanente.
Estos involucrados, funcionarios del Estado y por lo tanto sus representantes en diferentes niveles de la sociedad, impidieron el acceso a un aborto terapéutico que solicitó Camila, aun siendo niña, cuando atravesaba por una tortuosa e indeseada gestación, añadiendo maltratos y presiones familiares y comunitarias.
En mayo de este año, la ONU resolvió darle la razón a Camila, quien ahora tiene 19 años. Seis años después del embarazo forzado, una década después del vil atropello y agresión al cuerpo de Camila siendo menor de edad, por fin puede encontrar una tardía justicia que será precedente para los derechos de las mujeres en cualquiera de las etapas de vida en la que esté.
Promsex apoyó a Camila en este abrumador proceso contra el Estado Peruano que, en su momento, no garantizó ni aseguró sus derechos de educación y salud sexual y reproductiva, repercutiendo gravemente en su salud mental y física. Además, Camila fue víctima de un feroz hostigamiento penal por parte de una fiscal. Esta trabajadora del sistema judicial, que debía asegurar la investigación de violación que sufrió Camila, se empeñó en incriminar a la niña por un presunto delito de “autoaborto”.
Camila conoció el abandono, ausencia e inercia del Estado desde que nació. Ella es originaria de Huanipaca (Apurímac), una zona rural quechua hablante de la sierra. En su casa, hecha de barro y sin servicios tan básicos como agua y electricidad, vivía con su familia.
La madre de Camila no cuenta con estudios y sobrevive con una discapacidad física de parálisis. El único ingreso económico de esta familia lo obtenía el padre de Camila, quien trabajaba como jornalero.
“Camila fue víctima de violencia sexual por parte de su padre en varias ocasiones desde los nueve años. En septiembre de 2017, cuando Camila tenía 13 años, fue sujeta a una violación sexual por parte de su padre, quedando embarazada” ,narra parte del dictamen del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
En noviembre de 2017, por la intervención de maestras de Camila y tras una serie de pruebas de embarazo, la pequeña cuenta a su madre y madrina que había sido víctima de violación por su padre:
“El 11 de noviembre de 2017, Camila acudió al centro de salud de Huanipaca, siendoatendida por una enfermera. Tras preguntarle por el cogestante, Camila afirmó haber sido víctima de violación por su padre. Ese mismo día, Camila acudió al hospital Guillermo Díaz de la Vega en Abancay, donde le confirmaron una gestación de 13,6 semanas. Camila rompió en llanto y anunció al personal hospitalario no desear estar embarazada ni tener un hijo de su padre. Sin embargo, no le informaron de su derecho al aborto terapéutico”.
El aborto terapéutico es legal en Perú. Esta práctica MÉDICA está respaldada por una guía técnica que explica los métodos viables para el tiempo de gestación hasta antes de las 22 semanas de desarrollo del feto. El personal administrativo como médico a cargo del caso solicitado deben decidir la aplicación de este proceso:
“El lapso desde que la gestante solicita formalmente la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de veintidós (22) semanas hasta que se inicia la intervención en forma oportuna que garantice la eficacia de la intervención, la que no debe exceder de seis (6) días calendarios”, señala la guía técnica.
Sin embargo, Camila sufrió maltratos y omisiones del personal que se suponía profesional y preparado para estos casos. El proceso fue dilatado por semanas y hasta meses en la espera de respuestas. En ese transcurso, el cuerpo y la mente de Camila con tan solo 13 años, no soportaron la tortura del embarazo obligado. Sufrió un aborto espontáneo, pero fue procesada penalmente por autoaborto, investigada por la misma fiscal que estaba a cargo de la investigación por la violación, que dejó de lado.
Pese a que Camila reiteraba su decisión de interrumpir esa gestación, personal de salud de Huanipaca la obligaban a continuar con los controles prenatales. Todos estos “controles” estaban por encima de la voluntad de la niña. Incluso ordenaron la realización de una ecografía y hasta le propusieron un plan de parto.
En diciembre de 2017, a partir de visitas constantes de personal del centro de salud de Huanipaca a la casa de Camila, la niña empezó a decir repetidamente que quería morirse si no terminaba ese embarazo.
A inicios de diciembre de 2017, Camila, con el asesoramiento de la Asociación Pro Derechos Humanos, solicitó la interrupción legal del embarazo. El caso reuniría requisitos para una posible aprobación dentro de lo establecido en la Guía Técnica Nacional para estas solicitudes.
El hospital debía convocar una junta médica para resolver la solicitud en un plazo máximo de seis días. Sin embargo, el Director del hospital remitió la solicitud al área legal y este al área de obstetricia, que emitió dictamen el 20 de enero de 2018, más de un mes después.
El dictamen solicitaba un informe médico que certificara el riesgo para la salud y la vida de la niña y una ecografía para saber la semana de embarazo. Camila cuenta que nunca obtuvo una respuesta final a su solicitud ni le notificaron el dictamen a pesar de que el hospital contaba con su contacto.
En diciembre, Camila y su madre también compartieron la solicitud de interrupción del embarazo a la Fiscal a cargo de la investigación por violación sexual. Tampoco obtuvieron respuesta.
Unos días después, el 19 de diciembre de 2017, Camila acudió al hospital Guillermo Díaz de la Vega a las cuatro de la madrugada debido a fuertes dolores. Allí le mantuvieron en espera hasta cinco horas después, que fue ingresada al presentar amenaza de aborto.
A la menor de edad le dieron medicamentos para evitar la pérdida del embarazo. Otras cinco horas después se le diagnosticó “ruptura espontánea de membranas ovulares con eliminación de abundante líquido amniótico y sangrado”.
“Ese mismo día, un equipo del centro de salud de Huanipaca ―no informado del abortoespontáneo― acudió nuevamente al domicilio de Camila para realizar controles prenatales.Dado que esta se negó a ser visitada, el equipo acudió nuevamente al día siguiente a sudomicilio acompañado de personal policial. Al negarse nuevamente a ser examinada, selevantó acta en la que se disponía que debía presentarse al centro médico al día siguiente. El 24 de diciembre de 2017, un equipo del centro de salud acudió nuevamente al domicilio de Camila” detalla parte del dictamen de la ONU.
Por las repetidas visitas del personal de salud y policial a casa de Camila, se intensificó la presión comunitaria sobre ella. La niña fue culpabilizada de la pérdida del embarazo y la violencia sexual. Ante esta cruel revictimización, Camila dejó de asistir a la escuela.
Revictimización constante contra una niña
En marzo de 2018, Camila presentó una queja en el Ministerio de Salud, por presunto incumplimiento de las normas en el centro de salud de Huanipaca y el hospital Guillermo Díaz de la Vega durante la atención y pérdida de su embarazo. Aún seguía siendo menor de edad en ese entonces.
Camila señaló en esa ocasión que, según la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral y Diferenciada de la Gestante Adolescente durante el Embarazo, Parto y Puerperio, del MINSA, las adolescentes embarazadas deben ser atendidas exclusivamente enun hospital por especialistas en ginecología, obstetricia o pediatría, por tratarse de embarazos de alto riesgo para la vida y salud de las gestantes.
Cuando Camila vivió el embarazo no deseado tenía 13 años y tuvo que pasar por nueve controles en el centro de salud de Huanipaca. Esta es una posta sanitaria sin equipo ni personal médico especializado. En ninguno de los controles se le informó sobre su derecho al aborto terapéutico.
“El 8 de marzo de 2019, la Intendencia de Protección de Derechos en Salud emitió uninforme final sobre la queja de Camila, en el que se determinó: a) que el hospital GuillermoDíaz de la Vega incumplió la Guía Técnica porque no convocó una junta médica para evaluar la solicitud de interrupción del embarazo ni notificó la decisión tomada a este respecto; b) que el centro de salud de Huanipaca incumplió las normas de atención del embarazo de alto riesgo de niñas y adolescentes dado que no fue derivada a un hospital para que fuera atendida por un especialista”, continúa el contexto del procedimiento.
En noviembre de 2019 se notificó el proceso sancionatorio contra el hospital Guillermo Díaz de la Vega y el centro de salud de Huanipaca. Sin embargo, hasta la actualidad no se ha notificado a Camila de la decisión de la imposición de ninguna sanción.
De víctima de violación a investigada por “autoaborto” y la persecución emprendida por una fiscal
“El 11 de noviembre de 2017, la madrina de Camila y enfermeras del centro de salud presentaron una denuncia por violación sexual en la comisaríade Huanipaca. Camila testificó la violación sexual de su padre y su deseo de no continuar con el embarazo».
El 22 de noviembre de 2017, se iniciaron diligencias por presunto delito de violación sexual. Camila y su padre fueron citados a declarar conjuntamente el 30 de noviembre de 2017, sin que la Fiscalía tomara medidas para proteger a la niña.
El imputado no se presentó en la fecha señalada y se le dictó prisión preventiva.
Camila declaró, relatando nuevamente el abuso sexual que sufrió y reiteró su deseo de no continuar el embarazo.
En diciembre de 2017, después diligencias como el reconocimiento del lugar de los hechos con la presencia obligatoria de la víctima por orden fiscal, el imputado aceptó los cargos y señaló el lugar exacto de la violación.
Aún teniendo la declaración de Camila, la confesión del imputado y los resultados médicos, la Fiscal declaró la causa “complicada” y señaló que se demoraría ocho meses la investigación preliminar al ser necesario esperar hasta el nacimiento del feto por encima de la vida y voluntad de la niña:
“Camila aseguró que no fue informada por la Fiscalía o la Policía acerca de su derecho a interrumpir la gestación. (…) Por orden de la fiscal, una trabajadora social acudió al hospital Guillermo Díaz de la Vega el 27 de diciembre de 2017 y entrevistó al personal médico, realizando una “investigación con el personal” sobre la pérdida de embarazo de Camila. El 29 de diciembre de 2017, la Fiscal remitió copias del expediente con todas las actuaciones para que se iniciara una investigación por delito de autoaborto”.
La Fiscal siguió ordenando diligencias entre enero y abril de 2018 para determinar la existencia de un autoaborto. Esta funcionaria solicitó los resultados de la evaluación ginecológica, una solicitud de declaración de la madrina de Camila acerca del destino de los restos fetales, tres solicitudes de declaración testimonial del ginecólogo que atendió a Camila en el aborto espontáneo, una solicitud de una nueva inspección del lugar de los hechos, una nueva cita para Camila a comparecer “bajo apercibimiento de desacato”, una solicitud de exhumación y necropsia de los restos fetales y una nueva toma de muestras de ADN a Camila.
Todo ese andamiaje persecutor en contra de una niña se puso en funcionamiento por parte de la fiscal a cargo de la denuncia de violación desde diciembre de 2017. Sin embargo, la primera actuación sobre el imputado recién se dio el 27 de abril de 2018, cuando se solicitó su perfil psicosexual.
La feroz persecución judicial contra Camila de solo 13 años
El 1 de marzo de 2018, el Fiscal provincial solicitó al Juzgado Especializado de Familia la condena de Camila como autora del delito de autoaborto. Este delito podría alcanzar pena de hasta dos años de prisión. En tiempo récord, el Juez a cargo imputó a Camila, citándola a comparecer.
El juez ordenó que la niña sea sometida a una prueba psicológica de personalidad, como si ese elemento determinara la culpa en una menor victima de violencia sexual. La defensa de Camila se opuso a la prueba. En esos procesos también se transgredió la reserva de identidad de Camila (seudónimo).
El 16 de agosto de 2018 condenaron a Camila por el presunto delito de autoaborto. Los únicos fundamentos del fallo fueron la afirmación de Camila de querer terminar el embarazo y su historial clínico.
“El 4 de junio de 2019, la madre de Camila presentó una denuncia contra la Jueza a cargo por dilación injustificada del proceso. El 17 de junio de 2019, la Sala Mixta de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac declaró fundado el recurso, revocó la sentencia condenatoria [contra Camila] y dispuso el archivo definitivo de la causa”.
Camila fue absuelta del delito de autoaborto. No obstante, no recibió ninguna reparación por los daños sufridos durante la revictimización ni por los tratos humillantes sufridos durante el proceso penal por violación sexual.
En septiembre 2021 se emitió una amonestación a la Fiscal por falta leve, por revictimización y archivaba los demás cargos. La decisión se apeló. Camila también presentó una queja contra la Jueza del proceso de autoaborto por dilación indebida, a raíz de la cual se le impuso una multa. Sin embargo, Camila no ha recibido reparación alguna por estas situaciones de acoso judicial.
Dictamen histórico: Perú debe despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil
Entre las medidas de reparación que solicitó Camila para su caso están: “la revisión de la legislación nacional para garantizar la prevención de la violencia sexual y el acceso a servicios sociales, de salud y educación adecuados para niñas víctimas de violencia sexual, incluido el aborto legal y seguro, y eliminación de las barreras de acceso al aborto terapéutico, como la falta de información sobre este derecho”.
El Comité de Derechos del Niño de la ONU del cual Perú forma parte, sostiene que, los Estados integrantes deben “proporcionar un acceso seguro, legal y efectivo al aborto cuando la vida y la salud de las embarazadas corran peligro, o cuando llevar el embarazo a término causaría dolores o sufrimientos considerables a la embarazada, especialmente si el embarazo es consecuencia de una violación o incesto.”
De todas estas situaciones en Perú solo es legal el aborto terapéutico. La guía técnica que lo acompaña estaría incompleta por solo señalar algunos casos para aprobar el aborto en la paciente. Además, no tiene precisiones sobre casos específicos a menores de edad ni detalla el enfoque intercultural que evoca supuestamente.
El Comité considera que tanto el hecho de no haber facilitado información sobre la interrupción del embarazo forzando un embarazo a término, con riesgos claros y previsibles, desencadenó en la emergencia obstétrica que vivió Camila: “A ello se sumó su condición de víctima de violación sexual por parte de su padre, lo cual agravó aún más las consecuencias del embarazo sobre su salud mental. El Comité concluye que los hechos descritos revelan una violación de los derechos de la autora”.
Traducir al quechua y difundir
El Estado peruano es responsable de traducir al quechua y difundir lo que resuelve este Comité de Derechos del Niño de la ONU. Además cuenta con el plazo de 180 días para informar del cumplimiento de las siguientes medidas:
“Como consecuencia, el Estado parte debe otorgar una reparación efectiva a la autora por las violaciones sufridas, que incluya una indemnización adecuada por el daño sufrido y un apoyo para recomponer su vida, entre otros aspectos para proseguir sus estudios. Asimismo, el Estado parte debe facilitar a la autora el acceso a servicios de salud mental. Finalmente, el Estado parte tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.
Así, según esta resolución, el Estado parte debe: a) despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil; b) asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para las niñas gestantes, en particular en los casos de riesgo a la vida y salud de la madre, violación o incesto. c) modificar la normativa reguladora del acceso al aborto terapéutico (Guía Técnica) para prever su aplicación específica en las niñas. Y asegurar, en particular, la debida consideración al especial riesgo para la salud y la vida que entraña el embarazo infantil.d) establecer un recurso claro y expedito en caso de incumplimiento del procedimiento de la Guía Técnica sobre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y asegurar la rendición de cuentas por dicho incumplimiento.
Además: e) dar instrucciones claras y brindar capacitación al personal de salud y judicial, incluida la Fiscalía, en los derechos amparados por la Convención y sobre la aplicación e interpretación de la legislación relativa al aborto terapéutico.F) proporcionar una educación adecuada en materia de salud sexual y reproductiva, y accesible a todos los niños y niñas. G) asegurar disponibilidad y acceso efectivo de niños y niñas a información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluido acceso a métodos anticonceptivos. H) establecer un mecanismo intersectorial para evitar la retraumatización del niño o niña víctima de abuso sexual infantil y asegurar intervenciones terapéuticas rápidas y apropiadas”.
Entre 2018 y 2020 se registraron 2 mil 223 denuncias policiales por delito de aborto. Casi 600 de estos casos están tramitados judicialmente. Esto revela la persecución penal contra mujeres y niñas y la voluntad de decidir sobre sus cuerpos y futuros.
El embarazo forzado sin acceso al aborto terapéutico constituyeron formas de tortura, según artículo 37 de la Convención de Derechos del Niño.
Bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Especializada en fact checkin, crónica, cobertura de Derechos Humanos, conflictos sociales, investigación y fiscalización legislativa.
La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino será interpelada por el Congreso por los cuestionamientos hechos al manejo de la epidemia del dengue.
Con fecha a determinar, el Congreso de la República aprobó este miércoles la moción de interpelación a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, presentada por congresistas de distintas bancadas quienes le cuestionan el manejo de la epidemia del dengue.
En el sustento para la interpelación se señala que “la cantidad de casos de la enfermedad continúa aumentando de manera alarmante. Se supera los 80 fallecidos y más de 70 mil casos confirmados y probables a la fecha”.
Asimismo, se basa en el anuncio hecho días atrás por la propia titular del Minsa, sobre una “ampliación del estado de emergencia sanitaria por un plazo de 120 días. Y que se extendería de 13 a 20 regiones, a fin de intensificar el trabajo de prevención y control”.
Se le cuestiona también sobre las acciones que está desarrollando su sector respecto al incremento en los precios de los medicamentos necesarios para el tratamiento de los síntomas relacionados al dengue, lo que está perjudicando a la población.
En el mismo documento interrogan los parlamentarios, sobre el plan para enfrentar un posible Fenómeno El Niño global. «A fin de que la situación no se agrave y no se perjudique a la población en situación de pobreza y pobreza extrema”.
El pliego interpelatorio a la ministra de Salud, constará de 17 preguntas. Se aprobó por 87 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones.
Piura la declaró persona no grata
Como se sabe, la ministra Gutiérrez fue declarada “persona no grata” por la sociedad civil piurana, exigiendo que sea removida del cargo por su mal desempeño.
El lunes 29 de mayo, la titular del Ministerio de Salud (Minsa) visitó la región Piura, donde, en una conferencia de prensa, no respondió con claridad a los periodistas y rehuyó de conocer la situación de emergencia que vive la región y deinformar si cuenta con un plan de acción. Luego de varias evasivas abandonó el auditorio del Gobierno Regional de Piura.
La congresista Sigrid Bazán, de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, decidió entonces presentar la moción de interpelación. “Se espera que la interpelación pueda terminar en una eventual censura contra Gutiérrez”, dijo.
Los miembros del serenazgo podrán ahora portar grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas para el cumplimiento de sus funciones. Aun cuando son consideradas «no letales», estas armas pueden resultar letales si se utilizan de manera inadecuada o desproporcionada.
Según el proyecto, se busca prevenir y disuadir la comisión de delitos. Y también las faltas que atenten contra la seguridad ciudadana, «respetando los derechos fundamentales de las personas».
El Poder Ejecutivo observó el proyecto por la inviabilidad para que las Fuerzas Armadas capaciten a los serenos municipales. Asimismo, porque el uso de grilletes era exclusivo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). También sugirió cambiar el término «armas no letales» por «medios de defensa».
En ese sentido, en el Congreso se recomendó insistir parcialmente en la autógrafa de ley al haber tomado en cuenta parte de las sugerencias.
Congreso modificó Ley del Servicio de Serenazgo
Con esta norma se modifica la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, que autoriza el uso de medios de defensa en los artículos 11 y 20. La nueva ley también determina las funciones de los centros de capacitación de serenos municipales, a cargo de miembros de la Policía y el Ejército.
Estos brindarán «capacitación básica, especializada y entrenamiento permanente a los serenos municipales, orientada a la adquisición de conocimientos, uso de medios de defensa autorizados y perfeccionamiento de habilidades necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones».
«La autoridad municipal, según la disponibilidad de presupuesto proveerá los recursos para los medios de defensa, capacitación y evaluaciones psicológicas periódicas a los serenos municipales».
Modificación de la Ley de Servicio de Serenazgo.
El Ejecutivo tendrá que adecuar el reglamento de la ley modificada en un plazo máximo de 30 días calendario en cuanto entre en vigencia la norma aprobada con 111 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.
A pesar de los esfuerzos realizados para combatir la anemia en la región Arequipa, los resultados obtenidos hasta el momento siguen siendo insuficientes. Según estadísticas recientes, se ha constatado que 4 de cada 10 niños están afectados por esta enfermedad. Además, preocupa el alto porcentaje de menores que no han asistido a sus controles de crecimiento y desarrollo, lo que dificulta conocer la verdadera magnitud del problema.
Lucia Bedoya Zegarra, coordinadora de la etapa de vida niño y niña de la Red de Salud Arequipa – Caylloma, reveló que, durante los primeros seis meses del año, aproximadamente 20 mil menores de 5 años no se presentaron a sus controles médicos. Esta cifra es preocupante, considerando que se tenía previsto evaluar a 40 mil niños y niñas en los 147 establecimientos de salud.
Esta falta de cobertura impide realizar una vigilancia adecuada del desarrollo y crecimiento de los infantes. Así como identificar factores de riesgo y descartar la anemia a través de los correspondientes análisis.
Cifras alarmantes
En la provincia de Arequipa y Caylloma, la especialista señaló que la anemia está predominando en los menores de 1 y 2 años.
“Durante esa etapa, los niños no deberían tener anemia, ya que es crucial para asegurar un crecimiento cerebral adecuado. Los lactantes de 6 a 11 meses requieren una cantidad óptima de hierro para garantizar un desarrollo óptimo, y si el niño o niña padece de anemia, definitivamente no tendrá las misma oportunidades”
Lucia Bedoya Zegarra, coordinadora de la etapa de vida niño y niña de la Red de Salud Arequipa – Caylloma
Se llevaron a cabo controles en toda la provincia de Arequipa para evaluar la situación de los menores de edad. En varios distritos, se registró que la mayoría de niños y niñas que asistieron a dichos controles presentaban anemia. Los distritos que muestran esta situación son: Chiguata, Mollebaya, Pocsi, Polobaya, Quequeña, Sachaca, San Juan de Tarucani, Santa Isabel de Siguas y Yarabamba, con tasas de anemia superiores al 40%.
En cuanto a la provincia de Caylloma (Arequipa), los datos también son alarmantes. Con la excepción de Lari, Ichupampa, Majes, Tapay y Yanque, todos los demás distritos muestran una incidencia de anemia con más del 40%.
«Desafortunadamente, la mayoría de los distritos en la provincia de Caylloma presenta una alta incidencia de anemia. Por esta razón, iniciaremos el lunes 19 de junio la segunda jornada de lucha contra la anemia en Caylloma», anunció Bedoya.
Lucia Bedoya Zegarra, coordinadora de la etapa de vida niño y niña de la Red de Salud Arequipa – Caylloma. Foto: Liz Campos.
Jornada de lucha contra la anemia en Arequipa
La Red de Salud Arequipa-Caylloma anunció la realización de la segunda semana de lucha contra la anemia en la provincia de Arequipa y Caylloma. Del 19 al 25 de junio se brindarán controles intramurales a menores de 2 años. Durante la semana, se enfocarán en el control de crecimiento y desarrollo, tamizajes de anemia, entrega de suplementación preventiva o recuperativa.
Así también enfatizarán en la vacunación de los menores. Además, se realizará una campaña extramural los días 24 y 25 de junio, con pruebas de hemoglobina y servicios de vacunación y tratamiento para gestantes. El objetivo principal es reducir la prevalencia de la anemia y la desnutrición, garantizando el desarrollo adecuado de los menores.
Comisión de Constitución pone en debate que los concejos aprueben el cese de las autoridades subnacionales si no cumplen con entregar información a los congresistas
La Comisión de Constitución del Congreso que preside Hernando Guerra-García Campos, debatirá este viernes el proyecto que intenta "vacar" a las autoridades subnacionales si no "cumplen" con un pedido de información de este poder.
Un nuevo intento de control de las instituciones representativas del país está debatiendo la Comisión de Constitución del Congreso que preside el fujimorista Hernando Guerra-García Campos.
Se trata del proyecto de ley mediante el cual se habilitaría la vacancia de los gobernadores y alcaldes del país, si incumplen con los pedidos de información provenientes de los congresistas de la República, elegidos tan igual que ellos, por el voto popular.
Para ello, antes del debate de esta propuesta, se aprobó una resolución legislativa modificando el Reglamento del Congreso. Esta determina la responsabilidad de los gobernadores y alcaldes en la entrega de informes que puedan solicitar los parlamentarios.
Fue entonces que, para obligar a dichas autoridades a que atiendan las solicitudes congresales, se propuso la vacancia como una opción en caso de que no se cumpla. La mismo que no sería ejecutada por el Congreso “porque sería inconstitucional”, sino por los concejos, regionales o municipales, explicó Guerra-García Campos.
¿Qué dicen los congresistas?
La congresista no agrupada, Flor Pablo Medina advirtió que “el intento de control congresal de los poderes del Estado no tiene límites”. Cuando hizo uso de la palabra durante el debate del proyecto.
A su turno, Alejandro Cavero Alva de Avanza País, defendió la viabilidad de la iniciativa. “No es una vacancia automática del Congreso frente a un alcalde o gobernador, porque eso no es posible, es inconstitucional. Pero, si un gobernador o alcalde no responde, su concejo puede tener una causal que en su momento se evaluará”, refirió.
Según Jaime Quito Sarmiento, de Perú Libre, “el dictamen ya afecta la autonomía (de los Gobiernos subnacionales)”. Esto porque podría llevar a cualquier interpretación y crear más inestabilidad”.
Es una medida absolutamente desproporcionada afirma Ruth Luque
A su vez, la congresista Ruth Luque Ibarra de Cambio Democrático dijo que la posibilidad de “vacar” a los gobernadores y alcaldes por el incumplimiento en la entrega de una información solicitada por los congresistas, “es una medida absolutamente desproporcionada”. Las autoridades subnacionales son electas por mandato popular y por ese tema no se puede determinar una vacancia, opinó.
Patricia Juárez Gallegos, de Fuerza Popular, dijo también que “el proyecto genera incertidumbre”. Y que, si bien es cierto, el Congreso no va a vacar, porque el que vaca es el concejo, “la aplicación es compleja”. Recomendó tener en cuenta que, muchas veces, no es que no se quiera brindar información, sino que las solicitudes exceden largamente la capacidad de respuesta de quienes están a cargo.
Guerra-García Campos planteó que el debate pase a un cuarto intermedio debido a las opiniones encontradas. Este viernes se retomará la discusión en una sesión extraordinaria.
Keiko Fujimori reaparece y exige a Dina Boluarte cambios en el gabinete de Alberto Otárola
Parece que Keiko Fujimori se cansó de que la vean como una aliada de Dina Boluarte. Tras más de seis meses de luna de miel, la hija del Chino quiere marcar distancia y lo hace con la pierna en alto. De arranque, chancó a la presidenta por el balance de gestión que presentó hace algunos días. Un informe que no la convenció, por lo cual pidió más gestión y menos triunfalismo. También le dio su chiquita a Alberto Otárola, a quien exigió cambios en su gabinete. Para empezar, quiere que rueden las cabezas de los ministros de Salud, Agricultura, Interior y Energía y Minas. Y para redondear la faena, dejó en el aire la casi amenaza de una ola de interpelaciones y censuras si no hay cambios. ¿La china se prepara para la campaña?
Dina Boluarte responde a las críticas a sus ministros y se enfrenta a quienes están en su contra
La presidenta Dina está que no aguanta ni una pulga. Bastó una pregunta que cuestionaba a la ministra de Salud para que explote. La mandataria no solo defendió a la ministra en el tema del dengue, sino que decidió desviar la pregunta y arremeter contra quienes protestan en su contra. Aseguró que las nuevas protestas solo buscan más muertes y quienes protestan desde el extranjero son unos mentirosos, como indirecta a las palabras de Verónika Mendoza. Y la prensa tampoco se escapó de la regañada ya que Dina pidió que “hagan noticias objetivas” mostrando que el Perú es un ave fenix.
Sunedu ni Alas Peruanas tienen la tesis de la fiscal Marita Barreto, quien está a cargo de la investigación contra Pedro Castillo
Continúan desapareciendo tesis. Esta vez le tocó a Marita Barreto, la fiscal que está a cargo del equipo que investiga al expresidente Pedro Castillo. Su trabajo de investigación, el que realizó para obtener el grado de magíster en Derecho Constitucional y DD. HH., no figura en el repositorio virtual de Sunedu y tampoco en la Universidad Alas Peruanas, donde tampoco tenían la tesis de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. “Si bien la modalidad de obtención del grado indica sustentación de tesis, no se cuenta con el trabajo de investigación, puesto que la inscripción también fue realizada ante la ex ANR”, fue la respuesta de Sunedu. ¿Qué está pasando con las tesis de las fiscales?
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Cada día que pasa, Dina Boluarte genera más rechazo a donde va, esta vez explotó con la prensa en Piura y amenazó a los manifestantes que participen en protestas contra su gobierno: «¿Cuántas muertes más quieren?».
Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quién anteriormente había anunciado que no volvería a ser candidata presidencial, da indicaciones a Dina Boluarte y a Alberto Otárola sobre cómo manejar el país.
Conversamos con Miguel Jugo Viera, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sobre las investigaciones por las víctimas y heridos en protestas contra Dina Boluarte. Además, nos aclara el proceso donde se investiga a la presidenta por genocidio.
Las notas publicadas por “Redacción El Búho” son elaboradas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del equipo editorial. Conozca más en https://elbuho.pe/quienes-somos/.
Además, Cusco no invitará a nadie del Ejecutivo a la ceremonia del Inti Raymi. Frente de Defensa de Ayacucho confirma su participación en la tercera Toma de Lima. Y en Trujillo, la sentencia del alcalde Arturo Fernández se conocerá el 20 de junio.
Pasó en el Perú | Piura. La presidenta Dina Boluarte lanzó una polémica declaración respecto a las muertes en las diferentes protestas contra su gobierno y que exigen su renuncia.
«¿Cuántos muertos más quieren?», advirtió desde Piura la mandataria. Asimismo, acusó a los manifestantes de crear caos y zozobra, y aseguró que ella es respetuosa de la democracia.
En la localidad de la Tina, Ayabaca, Boluarte participó de la firma de una declaración conjunta con su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, a quien solicitó ejecutar acciones conjuntas para hacer frente al fenómeno de El Niño Global, informó Pirhua.pe
Cusco: Ninguna autoridad nacional será invitada al Inti Raymi
Pasó en el Perú | Cusco. El 24 de junio es el día central de las fiestas jubilares de la ciudad imperial, fecha en la que se escenifica el Inti Raymi, ceremonia que se desarrolla tradicionalmente con la presencia de autoridades nacionales.
Sin embargo, tras la reciente convulsión social, el alcalde provincial, Luis Pantoja, fue enfático al indicar que no invitará a ninguna autoridad nacional, incluida la presidenta Dina Boluarte. Porque no goza de la aprobación popular y esto generaría altercados que mancharían la majestuosidad de la fiestas del Cusco, informó CuscoPost.
Ayacucho: Fredepa confirma participación en la tercera ‘Toma de Lima’
Pasó en el Perú | Ayacucho. La región se unirá a la denominada tercera ‘Toma de Lima’, que se realizará el próximo 19 de julio, según lo mencionado por Magno Ortega Quispe, presidente transitorio del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) en una entrevista para el Diario Jornada.
La condición para que la región se incorpore a la marcha nacional es que todos los Frentes de Defensa del país manejen una misma agenda de reclamos ante el gobierno de Dina Boluarte. Esto, con el fin de garantizar un resultado positivo de las protestas y evitar enfrentamientos que puedan terminar en muertes.
Las agendas regionales aprobadas en la última reunión del Fredepa son: liberación de los detenidos en las protestas y aprobación de una sola plataforma nacional. También, conformación de una dirección colectiva colegiada y garantizar justicia por los fallecidos, mencionó a Jornada.
La Libertad: El 20 de junio leerán sentencia contra Arturo Fernández por caso de difamación agravada
Pasó en el Perú | La Libertad. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia emitirá el 20 de junio la sentencia por el caso de difamación agravada contra el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández.
El abogado del alcalde, Jorge Pérez, pidió la emisión de una reserva de fallo porque ya se pagó la reparación civil a la querellante, la teniente PNP Nataly Rojas, por la suma de 5 mil soles.
Pérez pidió que la reparación civil aumente a 50 mil soles. Y también que se ratifique la sentencia de un año de prisión suspendida, tras referirle a la policía frases irreproducibles. Fuera de la Corte liberteña hubo manifestaciones a favor y en contra del alcalde, informó Noticias Trujillo.
Ica: Conductor de movilidad escolar es acusado de abusar de una niña
Pasó en el Perú | Ica. Después de ocho meses deciden retomar la denuncia del presunto caso de actos contra el pudor en agravio de una menor de nueve años de edad. Hecho que ocurrió en la provincia de Nazca, en la región Ica.
Familiares y vecinos llegaron al frontis del Ministerio Público para protestar y exigir al juez que haga justicia. Esto porque existen de pruebas de convicción que determinarían el delito cometido presuntamente por Jimmy Alonso Soto Huamaní.
El hecho se conoció desde septiembre, cuando la niña estaba mal de salud y no quería ir al colegio. La mamá le preguntó y ella contó todo lo sucedido. El sujeto la forcejeaba, intentaba violarla y le realizaba tocamientos en sus partes íntimas, y además la amenazaba.
La madre refiere que, aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva en su contra, el juez Gabriel Valverde, decidió dejarlo en libertad porque sí tenía arraigo domiciliario sin peligro de fuga.
Asimismo el juez decidió que se repita la diligencias que revictimizan a la menor, informó La Lupa.
Loreto: Madre habría asfixiado a su hijo de tres años
Pasó en el Perú | Loreto. En un hospedaje llamado Amazonas Inn, en el distrito de San Juan Bautista de la ciudad de Iquitos, Loreto, el cadáver de un menor de tres años fue encontrado en una de las habitaciones. Aparentemente, el menor llevaba dos días de fallecido desde el pasado fin de semana.
El personal policial encontró los restos del menor tapados con una sábana junto a Yara Elizabeth Guerrero Baneo (31), madre del menor, quien quiso acabar con su vida cortándose las venas de las manos.
Tras el hecho, se viene investigando a la madre del menor por el delito de parricidio. Hoy se encuentra detenida y a la espera de la audiencia de prisión preventiva, informó ProyContra.
Fenómeno El Niño traerá intensas lluvias y sequías en la sierra y selva de Junín, alerta Defensa Civil
Pasó en el Perú | Junín. El fenómeno de El Niño, que provoca el calentamiento de las aguas del mar frente a las costas del Perú, ya está en marcha. Y en la región Junín provocará intensas lluvias en la selva central y la sierra, y sequías en zonas altoandinas, alertó el jefe de Defensa Civil, Clever Almeyda.
Antes esta inminencia, el gobierno central declaró en emergencia a 65 distritos de la región que pueden ser afectadas. Estos distritos tienen la autorización para emplear hasta el 10 % de su presupuesto inicial en acciones de prevención. Tales como la descolmatación de ríos y acequias para que discurran las aguas de las lluvias. Y hasta el 20 % de los recursos del canon y sobrecanon, informó Huanca York Times.
Puno: Aspectos culturales dificultan la donación de sangre
Pasó en el Perú | Puno. En el Día Mundial del donante de sangre, la médico internista del hospital regional Manuel Núñez Butrón, Blanca Salomé Llanera, señaló que en la región la voluntad de donar sangre es muy baja debido a aspectos netamente culturales.
Señaló que actualmente el banco de sangre de dicho nosocomio no cuenta sangre B negativo. Además, dicha área requiere una implementación con equipos adecuados para conservación de sangre, informó El Objetivo.pe.
Arequipa: Alcalde no da tregua a comerciantes y cerrará la plataforma Andrés Avelino Cáceres
Pasó en el Perú | Arequipa. Los comerciantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres tenían la esperanza de convencer al alcalde de José Luis Bustamante y Rivero (JLByR), Fredy Zegarra Black, de no cerrar los mercados.
Sin embargo, el burgomaestre reafirmó su postura y anunció la clausura de 13 mercados del Avelino desde este 15 de junio, con ayuda de la Policía.
La razón principal de esta medida es la seguridad. Más del 70% de los centros de abastos de la plataforma comercial más grande de Arequipa no tienen la documentación completa necesaria para funcionar. Esto incluye licencias de funcionamiento y certificados de Defensa Civil.
También por un problema de salubridad, ya que algunos no tienen centros de acopio de basura, lo que genera un exceso de residuos en la vía pública. Y también por una deuda tributaria que tienen desde 2017, que asciende a 14 millones de soles. En respuesta, los comerciantes piden una tregua de 90 días para ponerse al día en las diligencias y las obras físicas de seguridad, informó El Búho.
Lambayeque: Sensibilizan a transportistas sobre uso de zonas rígidas en el centro de Chiclayo
Pasó en el Perú | Lambayeque. La Municipalidad Provincial de Chiclayo implementa acciones de sensibilización dirigidas a los transportistas y entidades como cajas municipales y bancos. Esto, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la ordenanza 015-2021, que prohíbe el estacionamiento en las zonas rígidas de Chiclayo cuadrado y las principales vías de la ciudad.
El gerente de Desarrollo Vial y Transportes de la comuna, Ulises Montenegro Fernández, informó que se han enviado cartas a diversas instituciones y negocios, notificándoles el desarrollo de un trabajo conjunto para garantizar este propósito.
Destacó la importancia técnica de respetar las áreas restringidas, especialmente en calles con alta afluencia como María Izaga, Colón, Av. Balta, Alfredo Lapoint, entre otras, para minimizar los riesgos de accidentes, mejorar la fluidez del tráfico y brindar un ambiente más seguro para los peatones, refirió a Semanario Expresión.
«Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas las plataformas de la Red de Medios Regionales del Perú.
Medios informativos de diez regiones del Perú se unen e integran la Red de Medios Regionales del Perú, con el objetivo de cubrir el acontecer nacional con una visión propia.
El alcalde de José Luis Bustamante y Rivero cerrará 13 mercados del Avelino que no han gestionado licencias de funcionamiento y certificados de Defensa Civil. ¿Qué medidas tomarán los comerciantes?
Los comerciantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres tenían la esperanza de convencer al alcalde de José Luis Bustamante y Rivero (Arequipa), Fredy Zegarra Black, de no cerrar los mercados. Sin embargo, el burgomaestre reafirmó su postura y anunció la clausura gradual desde este 15 de junio.
La razón principal de esta medida es la seguridad. Más del 70% de los mercados de la plataforma comercial más grande de Arequipa no tienen la documentación completa necesaria para funcionar. Esto incluye, licencias de funcionamiento y de certificados de Defensa Civil. «Tenemos que velar por la seguridad de los usuarios que acuden a los mercados. En cualquier momento puede ocurrir un sismo», declaró Zegarra Black.
También por un problema de salubridad. Hay mercados sin conexión de agua potable y desagüe, ni centros de acopio de basura, que generan un exceso de residuos en la vía pública.
Además, no pagan tributos desde 2017. La deuda actual que los comerciantes asciende a 14 millones de soles. Según el alcalde, el dinero será reinvertido en mejoras de la infraestructura de la plataforma.
Por estas razones, es que el alcalde de José Luis Bustamante y Rivero iniciará el cierre de los centro de abastos de la plataforma con ayuda de la Policía. Pero no la cerrará en su totalidad, esta medida solo es para los 13 mercados que no han gestionado ninguna documentación. A los 15 que están en proceso de hacerlo, se les esperará. A su vez, hay 9 que sí cumplen todo.
Desde hace días, los comerciantes vienen pidiendo una tregua de 90 días que aún no ha sido respondida. Incluso, se apersonaron este miércoles a la municipalidad para solicitar una audiencia al alcalde, pero no los recibieron. En su lugar, la secretaria del burgomaestre les dijo que los atenderá este viernes.
Ante la incertidumbre, el dirigente Rubén Rojas anunció que este jueves 15 de junio tendrán una asamblea de emergencia para evaluar qué medidas tomar ante el inminente cierre. Según Rojas, los comerciantes no solo exigen que el burgomaestre se sincere con los cobros de los tributos, también explicó que necesitan tiempo para ponerse al día en las diligencias y las obras físicas de seguridad.
«El ponerse a derecho después de 32 años de ausencia significa un costo económico que sobrepasa más de medio millón de soles. Y las obras físicas no son de una semana, demoran varios meses. El pedido de 3 meses es justamente para los que están en proceso de formalización, para que culminen las obras y el expediente técnico».
Rubén Rojas, dirigente del Avelino
Por su parte, Fredy Zegarra declaró que los comerciantes no deben reclamar por toda la plataforma en conjunto, ya que son problemas que se deben resolver de manera individual con cada mercado.
Periodista de día, cinéfilo de noche. Formado en las aulas de la UNSA. Editor audiovisual, generador de contenidos web y redes sociales. Me especializo en temas culturales, tecnológicos y de cine.
Protestas en contra de Dina Boluarte regresan a las calles de Arequipa. (Foto: Dany Chirme - El Búho)
Luego de varios meses, regresaron las marchas en contra de Dina Boluarte en la ciudad de Arequipa. Este miércoles, distintos gremios de trabajadores manifestaron su rechazo al actual gobierno por las calles del centro de la ciudad, así como en puntos como el Cono Norte.
Además de la renuncia de la actual presidenta, los manifestantes pidieron nuevas elecciones generales, el cierre del congreso y la liberación del ex presidente Pedro Castillo. Asimismo, se denunció que existe una “persecución política” en contra de los dirigentes que promueven las marchas.
José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), mencionó que están en contra de las derogatorias de decretos de urgencia que afectarían a los derechos de los trabajadores a las marchas. Esto, además, implicaría un modelo de tercerización hacia los trabajadores, con lo cual no están de acuerdo, mencionó.
“Estamos pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, la renuncia del Congreso, elecciones generales ya. Además, protestar contra esta persecución política que hay contra los dirigentes que han salido a protestar”
José Luis Chapa, secretario general de la FDTA.
Por otro lado, también manifestó estar en contra de otras medidas del actual gobierno. Por ejemplo, mencionó no estar a favor de la propuesta del Congreso para realizar la Bicameralidad. Y también dijo que el Ejército tiene las “manos manchadas” por las muertes en las protestas pasadas.
Anuncian más protestas en Arequipa
Debido a la supuesta “persecución política” en contra de los trabajadores, los dirigentes mencionaron que estas marchas en contra de Dina Boluarte continuarán en toda la región Arequipa, en próximas fechas. Es más, se está evaluando el viaje de varios protestantes a la ciudad de Lima para la llamada “Tercera Toma de Lima” que tendría lugar el próximo 19 de julio.
“Nosotros vamos a salir y vamos a ir a un paro indefinido de Construcción Civil en toda la región Arequipa y si es posible a nivel nacional”, subrayó.
Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA). Foto: Dany Chirme.
Este miércoles instaló el juicio oral por colusión en contra del exalcalde Alfredo Zegarra y 5 exfuncionarios. El Ministerio Público los acusa de haberse coludido con el responsable del consorcio GR Arquitectos para entregarle la buena pro del proyecto “Mejoramiento y desarrollo de capacidades institucionales para el ordenamiento territorial de la provincia de Arequipa”. Aquí se considera la ejecución del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).
Según la tesis fiscal, Alfredo Zegarra y los exfuncionarios ediles, durante el período comprendido entre marzo del 2011 y agosto del 2013, intervinieron en la realización y ejecución del proyecto de inversión pública.
Además, habrían concertado con el ciudadano español, Juan Carlos García de los Reyes, representante del consorcio GR Arquitectos, para que ejecute el proyecto que contempla la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT). Además del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), instrumentos que rige las zonas urbanizables y verdes de la ciudad.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó 6 años de pena privativa de la libertad para los acusados y 5 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Además, la Procuraduría, pidió el pago de una reparación civil de 1 millón 750 mil 240 soles.
Aparte del exalcalde Alfredo Zegarra, los siguientes exfuncionarios también están comprendidos dentro de la acusación:
Ángel Manrique Chávez (subgerente de Asentamientos Humanos y presidente del comité especial ad hoc)
Pedro Valdivia Salas (subgerente de Logística e integrante del comité especial ad hoc)
Carlos Alberto Perea Barreda (miembro del comité especial ad hoc)
Luis Begazo Burga (gerente de asesoría jurídica),
Carlos Moya Castro (gerente de Desarrollo Urbano)
Raúl Gallegos Velgara (supervisor)
Cómplice primario, el ciudadano español, Juan Carlos García de los Reyes, representante del consorcio GR Arquitectos.
Durante la primera audiencia, Ángel Manrique Chávez decidió declararse culpable, acogiéndose a la figura de confesión sincera que le permitió. Por esta razón, fue sentenciado a 4 años de pena suspendida por 209 jornadas de trabajo y al pago de una reparación civil de 109 mil soles.
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La Red de Salud Arequipa-Caylloma se encuentra en espera de la asignación de un terreno para la construcción de su nueva sede. Mientras tanto, intentarán negociar con la Beneficencia para asegurar su permanencia en el local actual hasta su traslado.
Red de Salud Arequipa -Caylloma (Foto: Liz Campos - El Búho)
El director ejecutivo de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, Luis Flores Quibarra, anunció que negociarán con la Sociedad de Beneficencia de Arequipa para establecer los acuerdos necesarios en relación al proceso de desalojo y al pago de alquilerpor los locales que ocupan actualmente de dicha entidad.
Según Flores, la Red Arequipa-Caylloma tienen un convenio con la Beneficencia desde hace varios años y están dispuestos a conversar para definir un acuerdo. Cabe recordar que existe un juicio entre ambas entidades. La Beneficencia demanda la entrega de las 16 oficinas que están ocupadas por la red de salud en el edificio Héroes Anónimos.
Solicitan terreno para construir la Red de Salud Arequipa-Caylloma
Ante esta situación, el director informó que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ya les ha aprobado un proyecto preliminar para la construcción de la Red de Salud Arequipa-Caylloma en un terreno de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Este espacio está ubicado en el módulo Miguel Grau – B, en el distrito de Paucarpata y tiene una extensión aproximada de 6 mil metros cuadrados.
En el terreno se tiene proyectada la construcción de instalaciones que atiendan las necesidades de la red de salud. Entre ellas, un almacén de medicamentos, un centro de apoyo nutricional y otros espacios esenciales. Actualmente están a la espera de que el Gobierno Regional de Arequipa y la Superintendencia Nacional de Bienes les asignen el predio.
«Estamos solicitando que la Superintendencia Nacional de Bienes nos asigne el terreno. Hasta el momento, hemos recibido dos observaciones que estamos subsanando. Una vez resueltas, la SBN iniciará los trámites correspondientes para transferir el terreno al sector Salud. Con ese avance, nos dirigiremos al Gobierno Regional de Arequipa para contar con su compromiso de aprobar el proyecto de inversión»
Luis Flores Quibarra, director ejecutivo de la Red de Salud Arequipa-Caylloma
En cuanto a los locales que actualmente ocupan en el edificio Héroes Anónimos, ubicado en la avenida Independencia con la calle Paucarpata, el director destacó que no son adecuados debido al crecimiento de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. Por lo tanto, la obtención de un terreno se vuelve crucial para su traslado.
Luis Flores Quibarra, director ejecutivo de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. (Foto: Liz Campos)
Juicio
En relación al juicio de la Beneficencia en contra de la Red Arequipa-Caylloma, Flores señaló que el juzgado determinó que el proceso de desalojo se retrotraiga, indicando que no son la instancia correspondiente para evaluar el caso.
«El juzgado determinó que el proceso se retrotraiga porque no es la instancia correspondiente para actuar. Además, ha pedido que vaya al Fuero Civil para efectuar el posible desalojo (…) Lo que procede es que entremos a buenos términos con la Beneficencia a través del diálogo con la Gerencia Regional de Salud, nuestro órgano rector, para ver cómo planteamos el asunto»
Luis Flores Quibarra, director ejecutivo de la Red de Salud Arequipa-Caylloma
Por otro lado, al consultarle al director acerca del pago de alquiler que asciende a 4 millones de sole,s que exige la Beneficencia, aseguró que hasta el momento no han recibido ningún documento con ese pedido. Aclaró que resolverán este asunto directamente con la entidad.
Beneficencia demanda la entrega de las 16 oficinas que están ocupadas por la red de salud en el edificio Héroes Anónimos. (Foto: Liz Campos)
La decisión de Bolivia de retirar de su cónsul en Puno ha generado polémica por representar un roce diplomático con el vecino país. Bolivia retiró el cónsul en Puno, Lidia Patty Mullisaca, luego de conocerse que el gobierno de Perú no admitió su nombramiento para dicho cargo. Mullisaca asumió recientemente sus funciones como reemplazo de […]
La decisión de Bolivia de retirar de su cónsul en Puno ha generado polémica por representar un roce diplomático con el vecino país.
Bolivia retiró el cónsul en Puno, Lidia Patty Mullisaca, luego de conocerse que el gobierno de Perú no admitió su nombramiento para dicho cargo. Mullisaca asumió recientemente sus funciones como reemplazo de Felipa Huanca Llupanqui, cuya separación dejó la posición vacante durante varias semanas.
La Cancillería de Bolivia emitió una «nota oficial» en la que se instruye el «repliegue» de la cónsul Patty Mullisaca, para que se presente en la ciudad de La Paz con el fin de tomar conocimiento de las circunstancias para el desarrollo de sus funciones en Puno.
“La cónsul anunció que acatará de manera inmediata la instrucción de la Cancillería boliviana para volver al país en las próximas horas”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.
Además, la Cancillería dijo que la decisión sobre Patty Mullisaca ha sido comunicada al embajador boliviano en Perú, Carlos Aparicio, quien «oficialmente dará a conocer el repliegue del cónsul por los canales correspondientes».
Inicialmente, el gobierno boliviano defendió el nombramiento de Lidia Patty Mullisaca como cónsul general en Puno y consideró «inapropiados» los comentarios en contra de dicho nombramiento.
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