Fue conducido el mismo viernes por la noche al penal de Socabaya, luego de escuchar la resolución judicial. Si no hay una contraorden, allí deberá cumplir los 2 años de prisión preventiva impuesta por el juez.
Gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, cumplirá 24 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los hijos del cóndor’. Foto: El Búho
El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, permanecerá 24 meses en prisión preventiva en el penal de varones de Socabaya, por el caso de ‘Los hijos del cóndor‘. El juez José Málaga Pérez dispuso la noche del último viernes su reclusión, tras determinar que hay fundados indicios de que la autoridad lideró una organización criminal al interior del Gobierno Regional de Arequipa.
El aún gobernador fue retirado alrededor de las 21:40 horas de la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y subido a un minibús de la Policía con las manos esposadas. No iba solo. Lo acompañaban sus exfuncionarios Gregorio Palma, Marcelo Córdova, Napoleón Ocsa, los consejeros Veto Benal y Jeymi Flores, además del dirigente de Pampas Bayas, Mario Jacobo. Ellos recibieron la misma medida restrictiva por 24 meses.
En los exteriores del Palacio de Justicia, una fila de simpatizantes se paró junto a la entrada para expresarle su apoyo mientras gritaban: “¿Llica se rinde?, no se rinde”. El gobernador se despidió con un breve saludo, mientras el vehículo dejaba el lugar.
Su esposa, Jennifer Neira, quien fue la última persona en verlo antes de ser llevado, dijo después que su marido se encontraba indignado y decepcionado de la decisión judicial. Mencionó que lucharán legalmente para que Cáceres Llica afronte el caso fuera de las rejas. “Vamos a agotar todos los medios de defensa para que pueda seguir su proceso de investigación en libertad”, declaró ante los periodistas.
Los momentos precisos en que la autoridad regional es trasladado al penal de Socabaya. Foto: El Búho
Gobernador de Arequipa pasa primera noche en el penal
El personal del INPE recibió al gobernador y a los demás detenidos cerca de las 22:20 horas del viernes. Tomando las medidas de seguridad necesarias, la autoridad pasó la primera noche en un área no clasificada del penal de varones de Socabaya. Recién este sábado se determinará a cuál de los pabellones será enviado él y sus funcionarios, indicaron fuentes del INPE.
Cabe mencionar que Cáceres Llica empezó ayer a una huelga de hambre como medida protesta frente a este proceso que ha considerado injusto. En ese sentido, personal de salud del centro penitenciario lo evaluará para conocer su estado de salud y descartar cualquier afección.
Del mismo modo se procederá con el resto de imputados. En el caso de la consejera Jeymi Flores, el personal dispuso su transferencia al centro de mujeres de Socabaya, que está frente al penal de varones.
La Policía transportó a todos los detenidos en este vehículo hasta el penal de Socabaya. Foto: El Búho
Elmer Cáceres Llica permanecerá los próximos dos años en este centro penitenciario, único instalado en la provincia de Arequipa, con una población de 1 mil 957 internos al momento de su ingreso.
A diferencia de los anteriores procesos que le tocó afrontar, esta es la primera vez que a Elmer Cáceres Llica le toca ingresar a un penal por hechos delictivos. En el 2007 se le condenó a 2 años de prisión por entorpecimiento de los medios de transporte en Caylloma. Y en el 2016 recibió 1 año y 8 meses de prisión suspendida por falsa declaración en proceso, cuando postuló como alcalde provincial de Caylloma. Tiene un rosario de procesos penales desde cuando era alcalde provincial de Caylloma y además afrontó tres denuncias por violación sexual, pero se archivaron.
La reacción de la agente Samanta, responsable de la caída de Cáceres Llica
Una de las primeras en pronunciarse luego de la detención del gobernador fue la consejera Chriss Díaz Montoya. Ella jugó un rol importante en el caso ya que se camufló dentro de la organización criminal por dos años para después destapar todos los actos delictivos que cometía el gobernador y su grupo.
Mediante su cuenta de Facebook, la consejera agradeció a la agente Samanta, que fue el sobrenombre que llevó a lo largo de la investigación, al haber tenido la valentía de denunciar a la red criminal. En su narración en tercera persona, contó el momento en que fue captada por la organización en el 2019. Le ofrecieron dos parcelas de tierra a cambio de votar en contra de la interpelación de Marcelo Córdova, entonces gerente de Autodema.
Relató también cómo pasó a ser agente especial en el 2020 y los efectos que devinieron en su salud por realizar ese trabajo. Sumado a las dificultades y angustias que pasó grabando secretamente las conversaciones de los miembros de la red desde un celular que llevaba impregnado en el cuerpo con cinta de embalaje.
La agente Samanta narró uno de los momentos de pánico que vivió cuando el gobernador Elmer Cáceres Llica, en estado de ebriedad, realizó disparos al aire. De esta manera, les advirtió a todos que si alguno lo traicionaba se jodían. También descubrió cómo actuaban ‘Los hijos del cóndor’. Entre sus sus acciones, estaba la de coaccionar a las empresas que participaban en los procesos de licitación. Y darle carta blanca a los consejeros para poner a cualquier allegado en las obras del Gobierno Regional. La consejera lamentó que se le haya dejado desprotegida y que por su labor varios la hayan insultado y juzgado.
Periodista en Arequipa. Es colaboradora de El Búho y ha laborado en varios medios de comunicación. Se especializa en temas medioambientales, derechos humanos y de la mujer.
‘Ella se llama Micaela’ es una de las puestas en escena que ofrece Arequipa en noviembre. Una mujer, dos cuadros y un espejo, impulsan una de las historias más apasionantes escritas por Sergio Arrau en el teatro peruano. La obra es una propuesta del teatro Umbral, bajo la dirección de Hugo Riveros y la interpretación de Stefany Lizárraga, Michell Delgado y Aldo Barrientos.
Micaela Hernández, una mujer contemporánea, se mira en el espejo mientras se prueba un vestido del siglo XVIII que necesita arreglarse. Ella es costurera y esa prenda tiene que estar lista para una obra de teatro que está a punto de estrenar.
En su habitación hay dos cuadros, uno de Micaela Bastidas, esposa de Túpac Amáru II, que impulsó una de las grandes rebeliones en contra de la colonia española. El otro cuadro tiene a Micaela Villegas, conocida como La Perricholi; mujer mestiza que fue amante del virrey Manuel Amat y Juniet, actriz predilecta en su momento y que desafió a una de las sociedades más pacatas de la época.
Asimismo, Micaela Hernández se conecta a lo largo de la historia de forma metafórica, impulsada por los recuerdos de relatos maternos que la hicieron soñar un posible parentesco con esas dos mujeres del siglo XVIII; en ese juego, busca en el carácter de ellas, la forma de liberarse de sus propios yugos, que le impiden ser mujer, ante todo libre y capaz de decidir su propio destino.
El autor Sergio Arrau, revela con fino texto y humor la presencia trascendente de la mujer en la construcción de la sociedad peruana. Filtra en su obra un gran contenido social ubicándonos en uno de los momentos de mayor violencia en el Perú, la época del terrorismo.
Dos últimas funciones
La obra ha tenido buena crítica entre sus visitantes. Tal es así que la producción de Umbral representará a Arequipa en el Festival Nacional de Teatro 2022 organizado por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo.
La obra ha sido beneficiaria del fondo de Estímulos Económicos para las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura e invita a todos a ver su propuesta este 27 y 28 de noviembre en sus últimas funciones en el Teatro Umbral, San Francisco 204, a partir de las 8:00 p.m.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
La promesa cinematográfica nacional falleció inopinadamente, dejando una estela de duelo y pesar entre sus paisanos y la comunidad cinematográfica del Perú
La partida del cineasta peruano, Óscar Catacora, ha enlutado a todo el país y Latinoamérica. El joven realizador fue víctima de una repentina enfermedad durante el rodaje de su última película. Pero antes, logró realzar el cine peruano con «Wiñaypacha» la historia de Willka y Phaxsi quienes resisten al frío y a la soledad del Altiplano, filme que obtuvo premios internacionales.
Cuando Óscar visitó Arequipa en el 2018 como uno de los estelares del Hay Festival, dejó una gran reflexión para la comunidad cinematográfica arequipeña: No hay receta.
«No existe una receta de cómo hacer una buena película, es complicado, creo que uno hace lo mejor que puede, se esfuerza, se informa. Yo creo que una obra de arte es producto del esfuerzo y pasión que tiene cada persona».
Óscar Catacora en coversación con el Búho.
Su pasión por el arte y el cine no le permite determinar la fecha exacta de cuando empezó a amar el arte, él dice que quizá fueron las fotografías de sus padres o los tomos coleccionables de historia que habitaban en su casa de Puno o su aproximación a la literatura. Enrique López Albújar y el tayta José María Arguedas fueron sus guías literatos durante su adolescencia.
También agradeció al Estado por permitirle mostrar ante el mundo un tema importante pero que no todo el mundo la consume o entiende. «Wiñaypacha no sería posible sin el apoyo del Estado», afirmó en su momento.
Willca y Pacsi han perdido a su hijo, pero su legado seguirá formando cineastas con mensajes que deben ser expuestos ante la sociedad. Este es nuestro pequeño homenaje.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
«Se adoptó por los 34 miembros de la OEA en 2001, en Lima, cuando en el Perú se desprendía del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Y dotó a la organización de un instrumento jurídico que le permitiría actuar no sólo ante golpes de Estado»
Las elecciones presidenciales y legislativas del 14 de noviembre en Nicaragua han generado rechazo internacional por considerarse que fueron fraudulentas y carecieron de legitimidad y transparencia, en un escenario en el que líderes de oposición, incluidos siete precandidatos presidenciales, continúan detenidos.
Los llamados para desconocer las elecciones, invocar la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la OEA para expulsar a Nicaragua de este organismo e incrementar las sanciones económicas no se hicieron esperar. Las declaraciones de líderes como el presidente Joe Biden al calificar las elecciones de “farsa” y señalar que “la familia Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua como autócratas, no diferentes de la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas” así como las de representantes de la Unión Europea, no se hicieron esperar. Tampoco, los pronunciamientos conjuntos de excancilleres y expresidentes latinoamericanos quienes, entre otros, apuntaron a la destitución de ese país de la OEA.
La respuesta del gobierno nicaragüense llegó el 19 de noviembre a través de su canciller, Denis Moncada, quien anunció su retiro de esa organización toda vez que “tiene como misión facilitar la hegemonía de los Estados Unidos; con su intervencionismo, sobre los países de América Latina y el Caribe.” No obstante, la acción que más podría afectar a la población nicaragüense es la ley Renacer, promulgada por Biden el 10 de noviembre.
El protagonismo de la OEA
El mismo día de las elecciones, cuatro expresidentes (Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Laura Chinchilla de Costa Rica, Ricardo Lagos de Chile, y Juan Manuel Santos de Colombia) y el actual secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora, denunciaron que las condiciones de la ilegítima jornada electoral estuvieron marcadas por la violación de los derechos ciudadanos para elegir de manera libre y democrática a sus autoridades y que ese era el camino mediante el cual una democracia se convierte en autocracia.
En ese marco hicieron un llamado a “las instituciones democráticas de Estados Unidos, Canadá, Europa y los países latinoamericanos, más los organismos internacionales que corresponda, para desconocer sus resultados” y profundizar el aislamiento internacional del régimen, incluida su suspensión de la OEA. Asimismo, exigieron la inmediata liberación de todos los presos políticos, y la suspensión de todos los programas o negociaciones en el seno de las instituciones financieras internacionales y regionales en tanto las condiciones mínimas de vigencia de la institucionalidad democrática no retornen a Nicaragua.
Dos días después, 40 ex cancilleres de 14 de los 34 miembros de la OEA, entre los que se encuentran cuatro peruanos (Eduardo Ferrero Costa, Diego García Sayán, Eda Rivas y Allan Wagner) suscribieron una carta en la que instaron a los gobiernos a censurar al gobierno de Nicaragua en la 51 Asamblea General por la violación de la CDI, tal como efectivamente ocurrió el viernes 12.
Los excancilleres señalaron que el gobierno nicaragüense no sólo contaminó el proceso electoral, sino que ignoró elementos esenciales de la democracia como independencia de poderes; además, la libertad de expresión, la alternancia en el poder y el pluralismo político. “Todos estos principios, establecidos en la Constitución de Nicaragua, la CDI y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se conculcaron”; hechos que marcan “el afianzamiento de un régimen totalitario en Nicaragua”. Hicieron también un llamado a la OEA para que se convocara a una Asamblea General Extraordinaria; y tomar acciones enmarcadas en los compromisos de la CDI que podría llevar a suspender a Nicaragua de la OEA si el gobierno no acepta nuevas elecciones libres, transparentes y justas.
Para poder tratar el tema de Nicaragua en la 51 Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar del 10 al 12 de noviembre, ocho países (Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda) habían presentado el 20 de octubre un proyecto de resolución sobre la Situación de Nicaragua en el Consejo Permanente de esa organización. La resolución se aprobó el 10 de noviembre por 25 votos a favor (entre ellos el de Perú), uno en contra (Nicaragua); 7 abstenciones (Bolivia, México, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice y Dominica) y un país ausente (Saint Kitts y Nevis). Si bien la resolución no pide abiertamente activar el artículo 21 de la CDI que puede suspender a un Estado miembro, esto no se descarta.
La Carta Democrática Interamericana
Se adoptó por los 34 miembros de la OEA en 2001, en Lima, cuando en el Perú se desprendía del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Y dotó a la organización de un instrumento jurídico que le permitiría actuar no sólo ante golpes de Estado. Al introducir el concepto de “alteración del orden constitucional” podía abordar los abusos de poder de nuevo tipo después del fin de las dictaduras militares. Frente a ellas, dependiendo del signo político, el organismo miró a un costado.
Si bien los objetivos de la CDI son loables y suenan bien, sus 20 años de existencia no dejan muchos resultados para festejar. Esta no sólo no fue invocada en todas las crisis políticas que ocurrieron en la región; sino que existe una suerte de doble rasero para evaluar el respeto a la institucionalidad y el Estado de Derecho. El ejemplo más reciente ocurrió en Honduras en 2017 cuando, a pesar del fraude electoral perpetrado por el presidente Juan Orlando Hernández –denunciado por la propia Misión Electoral de la OEA– el secretario general de la OEA y los gobiernos de Colombia, Estados Unidos, México (de Enrique Peña Nieto), entre otros; reconocieron rápidamente a Hernández como legítimo vencedor, bloqueando una posible activación de la Carta.
Cuando en 2012 el Senado destituyó al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en lo que muchos califican como neogolpismo, la OEA se pasó el tiempo investigando. Sin embargo, se suspendió en el Mercosur (por violar la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia) y de la Unasur (por incumplimiento de los artículos 1, 5 y 6 de su Protocolo Adicional)
El único caso de suspensión de un Estado por medio del artículo 21 de la CDI fue Honduras en 2009, después del golpe de Estado en contra del presidente Mel Zelaya. Entonces, 33 países votaron por la expulsión del país centroamericano en una Asamblea General Extraordinaria. A pesar que la “normalidad electoral” retornó al país, no se restableció el mandato de Zelaya, por cuanto observadores cuestionan la efectividad de la Carta.
La CDI tampoco fue invocada, ni siquiera mencionada, cuando vándalos dirigidos por el expresidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio en enero de 2020. La OEA no se inmutó tampoco con audios donde funcionarios del Partido Republicano de Georgia se negaron al pedido de Trump de alterar votos; y así revertir las elecciones que Biden ganó limpiamente. Meses antes de la contienda electoral, Trump decía con desparpajo, que sólo reconocería el resultado si él ganaba; pues su derrota sólo se explicaría por un fraude. En el reino de la democracia y respeto a la institucionalidad con una OEA silente; un inimputable Trump tiene chances de ser el próximo presidente de ese país.
“Renacer”
En general, si le interesa, el gobierno estadounidense prefiere optar por sanciones unilaterales para asfixiar la economía de un país cuestionado; antes que entrar en las disquisiciones de la OEA. En el caso de Nicaragua, Biden ha sido presionado por sus opositores para promulgar, el 10 de noviembre, la ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en inglés), la cual abre la puerta a sanciones más duras contra ese gobierno. Los senadores Marco Rubio, Ted Cruz y los congresistas Juan Vargas y María Elvira Salazar, entre otros, han tenido un papel decisivo en su promulgación.
El proyecto de ley Renacer fue aprobado a principios de agosto por el Senado, pero estuvo encarpetado en la Cámara de Representantes. Recién esta semana se aprobó y se envió al despacho de Biden para su promulgación. Esta ley permite solicitar a bancos multilaterales restringir préstamos e inclusive revisar la pertenencia de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA). Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, pues importa el 60% de sus productos.
Biden preferiría no ahogar económicamente a Nicaragua para no provocar una nueva oleada migratoria que repita la situación de Haití. O del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala Honduras y El Salvador). El 86% de los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos proviene de estos tres países mientras que solo 6,8% proviene de Nicaragua. La crisis migratoria en la frontera sur es uno de los problemas más serios que enfrenta su administración.
Entretanto, los miembros de la OEA habían instruido al Consejo Permanente a nombrar una comisión para que realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua; y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días. Luego de recibido el informe de esa comisión, se adoptarían las medidas necesarias, incluida la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General para invocar el artículo 21 de la CDI para su expulsión. La respuesta del gobierno de retirarse de la OEA le quita el piso a los funcionarios y consultores del organismo.
Es decir, la OEA no sería la entidad que fiscalizaría las fallas de la institucionalidad democrática en Nicaragua. Durante la Asamblea General, la representante de México, Luz Elena Baños Rivas, ya había señalado que se “pretende poner soluciones desde fuera a problemas locales”; con “decisiones que están en contra del derecho internacional”. La mexicana agregó que “la OEA debería de ser una organización inclusiva, promotora del diálogo político, de la cooperación; la integración y el desarrollo de los Estados miembros, pero no lo es (…) Por el contrario, es un espacio donde se profundizan las diferencias y el aislamiento, y donde se impulsan agendas parcializadas”.
Uno de los absurdos que la OEA cometió en su última Asamblea General es haber acogido en su seno a enviados de Juan Guaidó como representantes del gobierno de Venezuela; a pesar de su retiro del organismo en 2017, hecho que produjo el rechazo de México, Argentina, Bolivia, entre otros, mientras el Perú mantuvo silencio.
Es una paradoja que muchos gobiernos dispuestos a juzgar desde ese organismo el irregular proceso electoral de Nicaragua y los atropellos contra la libertad de expresión, carezcan de ética para hacerlo. Como si fueran carmelitas descalzas, varios de los gobernantes que alzan el dedo acusador contra Nicaragua están involucrados en actos de corrupción; evasión de sus fortunas en guaridas fiscales, militarizan regiones para contener los reclamos de la población originaria (los mapuches, por ejemplo). O imponen estados de excepción para reprimir la protesta social.
Otros están acusados por crímenes contra la humanidad por negar y manejar mal la pandemia, por permitir la destrucción de la Amazonia; por reprimir brutalmente manifestaciones sociales, por no tomar acciones frente al escándalo de los falsos positivos (inocentes asesinados por el ejército en calidad de trofeos); o a la matanza de dirigentes sindicales y medioambientales, entre otros. En estas condiciones, el régimen de Nicaragua se encontrará cada vez más aislado de la comunidad internacional; y su población expuesta a la asfixia que generaría la instrumentación de la ley Renacer promulgada por Biden. Una vez, más, la OEA demuestra no ser el organismo idóneo para hacer respetar el Estado de derecho y la institucionalidad democrática en la región.
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Economista. Consultora en temas de comercio, integración y recursos naturales en la Cepal, Sela y Aladi. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora en el Mercosur y Agregada Económica de la Embajada de Perú (2010-2015) en Argentina.
Congresistas Gladys Echaíz (Alianza Para el Progreso), Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Adriana Tudela (Avanza País).
El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Julián Palacín, pidió que se investigue a las congresistas Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Adriana Tudela (Avanza País), titular y secretaria de la Comisión de Constitución del Parlamento, así como a Gladys Echaíz, ex fiscal suprema, cuyo hijo, a la fecha, labora en el Indecopi.
Ambas congresistas presentaron y aprobaron «de manera apresurada» un predictamen inconstitucional. A través de él, se pretende arbitrariamente despojarlo del cargo, a solo dos meses de haber iniciado su gestión, precisa el comunicado del funcionario.
«Solicito a la presidenta del Parlamento y a los miembros de la Mesa Directiva adopten, en el marco de las facultades que establece el Reglamento del Congreso de la República, las medidas necesarias para que se investigue minuciosamente a la presidenta (Juárez) y secretaria (Tudela) de la Comisión de Constitución y Reglamento», indicó.
Opinión de abogados del Club de la Construcción
También pidió determinar, a través de esta investigación, las responsabilidades que correspondan. Esto, debido a que el predictamen aprobado «contiene opiniones de abogados externos, los cuales estarían parcializados o vinculados al Cartel de la Construcción.
«En consecuencia, estos hechos deben investigarse tanto en la Comisión de Ética como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. En pro de la salud moral del país, sin perjuicio de la adopción de medidas legales adicionales que corresponda», agregó.
Palacín también solicitó se investigue a la congresista Gladys Echaíz, ex fiscal suprema, quien debió haber sido explícita de la existencia de un vínculo familiar con su institución. Esto, porque a la fecha su hijo labora en el Indecopi como secretario técnico de una de las salas.
“Lo que implica la nulidad absoluta de todas las sesiones de la Comisión de Constitución, en las que ella participó con voz y voto en el debate del predictamen. Esto es inaceptable en el procedimiento parlamentario».
No hubo opinión de constitucionalistas ni organizaciones de defensa del consumidor
El presidente ejecutivo del Indecopi también advierte que, “llama poderosamente la atención la falta de objetividad y transparencia de las citadas congresistas. Ya que a pesar de ser abogadas y entender perfectamente los alcances e implicancias de sus acciones, han persistido en la aprobación del predictamen. Esto, sin contar con la opinión de algún experto en derecho constitucional más allá de los vinculados al Cártel de la Construcción. Tampoco de organizaciones representativas de los derechos del consumidor», añadió.
Palacín opinó que las referidas legisladoras habrían violado el Código de Ética del Congreso, en su artículo 2. Este establece que «los congresistas deben realizar su labor conforme a los principios de independencia y transparencia. Así como de honradez, veracidad, respeto, tolerancia responsabilidad, democracia, bien común, integridad, objetividad y justicia».
En ese sentido, a la luz de los hechos expuestos y de las irregularidades advertidas, el referido predictamen «no debería aprobarse por el pleno del Congreso de la República».
«Sin embargo, en el supuesto negado que este se apruebe por el pleno del Congreso, acudiremos al Tribunal Constitucional e instancias nacionales e internacionales. Será en defensa de la autonomía constitucionalmente otorgada al Indecopi en favor de los consumidores. Y también en el marco de nuestra Ley Orgánica de Organizaciones y Funciones», aseguró.
Palacín denunció conflictos de interés de vocales y comisionados quienes trabajan por dietas en el Indecopi
El titular de Indecopi recordó que desde el 14 de setiembre de este año, cuando fue designado en el cargo, cuestionó los posibles conflictos de interés de vocales y comisionados en la institución quienes trabajan por dietas, y a su vez en estudios jurídicos y gremios integrados por empresas que tienen procedimientos administrativos en curso.
«No se puede ser juez y parte en la protección del consumidor y libre competencia», refirió.
De igual modo, precisó que hace algunos días hizo público las multas impuestas por el Indecopi al Cartel de la Construcción, a 33 empresas, que en primera instancia implican más de 2,700 millones de soles, por haber formado un cártel para repartirse diversas licitaciones.
«Como respuesta a esta firme lucha que busca el correcto funcionamiento del mercado y la libre competencia, las abogadas congresistas Adriana Tudela y Patricia Juárez, secretaria y presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, presentaron y aprobaron de manera apresurada un predictamen inconstitucional», dijo.
El ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, tiene 80 mil soles como saldo entre sus cuentas de distintas entidades bancarias, al presente mes; según detectó y reportó a la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego que se levantara su secreto bancario.
De acuerdo al reporte de la UIF alcanzado al fiscal especializado en casos de corrupción, Marco Huamán, este dinero es adicional a los 20 mil dólares que el exfuncionario público guardaba en un armario del baño anexo a su oficina en Palacio de Gobierno.
Como se informó, Bruno Pacheco está investigado por presiones ilícitas a la SUNAT, en lo que sería un presunto delito de tráfico de influencias.
Pacheco aún no valida 20 mil dólares de “sus ahorros del sueldo”
Se conoció que la Fiscalía sigue a la espera de que el ex secretario entregue la documentación necesaria para justificar los 20 mil dólares. Así se podrá conocer si proceden de una fuente de ingresos lícita, ya que cuando la Fiscalía intervino su despacho, afirmó que ese efectivo era producto de los ahorros que tenía y por su sueldo como secretario general de julio a noviembre.
Por esa declaración, la Fiscalía consideraba que sus cuentas bancarias deberían estar con saldo cero. Sin embargo, la UIF encontró que Pacheco tiene 80 mil soles más. Ahora también deberá acreditar si corresponden a otros trabajos o negocios que haya tenido antes o en paralelo con su trabajo como funcionario del Estado que demuestre esa capacidad de ahorro.
También se encontró entre sus documentos, un registro de ingresos por servicio de transporte colectivo. Así como un acuerdo de conciliación extrajudicial, luego de divorciarse. Este indica que accedió a pagar una mensualidad de cuatro mil soles mensuales a favor de sus hijos.
Esto daría un indicio de que su principal fuente de ingresos no proviene de su labor como docente en la UGEL 7 según aparece en su hoja de vida. Ni por haberse desempeñado como jefe de selección y capacitación del personal de la empresa VIGARZA S.A.C.
Levantamiento de secretos bancario y de comunicaciones
La Fiscalía solicitó levantar el secreto bancario de Bruno Pacheco para aclarar la procedencia del efectivo en dólares y el saldo en cuentas bancarias. Esto dará el detalle de los fondos, desde cuándo están depositados, con qué periodicidad se depositaron. Asimismo, cuál es o era su principal fuente de ingresos lícitos.
En paralelo, la Fiscalía levantó el secreto histórico de sus llamadas telefónicas de julio hasta noviembre. Esto para revisar con quién se comunicaba y con qué frecuencia. Igualmente, se realizará un peritaje al equipo telefónico celular que ya entregó a la Fiscalía de manera posterior a la intervención porque alegó que no lo tenía consigo.
Pacheco “visitó” Palacio de Gobierno por más de una hora
Sorprendió la visita que hizo este viernes Bruno Pacheco a Palacio de Gobierno, a donde ingresó a las 9:25a.m. y permaneció hasta las 10.59a.m. De acuerdo con el registro de visitas del portal de Transparencia, tuvo una “reunión de trabajo” con el subsecretario general de Presidencia, Ramón Camacho Gadea.
De acuerdo a informaciones, habría acudido a completar algunos procedimientos administrativos que quedaron pendientes tras su renuncia al cargo, el 19 de noviembre último.
“Este ingreso es sorprendente, me parece un ingreso irregular, porque normalmente corresponde al titular de la oficina de la entidad en cuestión definir que todo quede en orden a la entrega del cargo” señaló el exprocurador para casos de corrupción, Antonio Maldonado.
Camacho Gadea fue nombrado por el propio Bruno Pacheco como director de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria del Despacho Presidencial, el pasado 6 de septiembre.
Debe ser uno de los consejeros regionales, pero no hay consenso. Para el especialista en jurisprudencia, Jorge Sumari, la inhabilitación de Elmer Cáceres Llica debe solicitarse recién luego del fallo en segunda instancia.
Este viernes, el magistrado José Málaga, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, falló contra Elmer Cáceres Llica. Al gobernador regional se le impuso 24 meses de prisión preventiva mientras duran la investigaciones por el caso ‘Los hijos del cóndor’. Y ahora ¿quién asumirá este cargo considerando el fallecimiento del vicegobernador Walter Gutiérrez?
El Consejo Regional decidió esperar que se dicte este fallo para decidir la elección de un nuevo gobernador regional interino, en una sesión extraordinaria. A inicios de semana, el presidente del Consejo Regional, Ysrael Zúñiga, explicó que debe ingresarse el pedido formal para que la comisión especial evalúe en una sesión extraordinaria la elección del titular del GRA.
Luego que ingrese el pedido formal, tras conocerse el fallo adverso contra Elmer Cáceres Llica, el presidente del ente deberá convocar a todos sus miembros a la sesión extraordinaria. En esta convocatoria deberá constar la agenda que se debatirá, en este caso, la designación del sucesor del titular del Gobierno Regional de Arequipa.
Para formalizar una sesión, debe invitarse a los consejeros regionales con 48 horas de anticipación, es decir, la fecha que se aproxima según este cronograma, sería el lunes 29 de noviembre. Estas decisiones se vienen tomando en base a su reglamento interno,para evitar que cualquier acuerdo regional tomado en este contexto, no pueda ser observado en un futuro.
Vacíos legales sobre elección de gobernador de Arequipa
Para el especialista en jurisprudencia, Jorge Sumari, la inhabilitación de Elmer Cáceres Llica debe solicitarse posterior al fallo en segunda instancia. Porque según el Artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, solo se puede suspender al gobernador en un fallo judicial firme.
Sumari explicó que la forma legal más responsable es haber declarado la vacancia del vicegobernador Walter Gutiérrez, por fallecimiento, el mismos lune 22 de noviembre. De esta manera, el Consejo Regional en sesión extraordinaria elegía un reemplazo, y este hubiera asumido las funciones que Gutiérrez ejercía en vida, es decir, de gobernador regional interino.
«Declaraban la vacancia, designaban a un vicegobernador y este era el gobernador encargado, esto era lo correcto. (Hay errores del Consejo Regional por) asesoría legal o también intereses de cálculo político. Me imagino que no tienen el consenso necesario»
Especialista en jurisprudencia en Arequipa, Jorge Sumari.
Sumari indicó que existía una irresponsabilidad por la manera como el Consejo Regional ha abordado resolver la falta de titular del GRA, hasta el momento..
El miércoles en el programa Pico a Pico, el consejero José Luis Hancco informó sobre la nueva decisión del Consejo regional. Esta vez ya no se buscaría la inhabilitación de Elmer Cáceres Llica, sino solicitar la vacancia por fallecimiento de Walter Gutiérrez. Luego, elegir entre los consejeros, un reemplazo, que asumiría por consecuencia el cargo de gobernador interino.
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-Pedro Castillo y Dina Boluarte reaccionan contra moción de vacancia. Las reacciones del jefe de Estado Pedro Castillo y su vicepresidenta Dina Boluarte fueron de rechazo, como era de esperarse. «A mí no me preocupan los ruidos políticos, porque fui elegido por el pueblo, no por las mafias». De esta manera Castillo acusó que buscan distraer a la población de temas más importantes de coyuntura. Boluarte fue un poco más lejos, y compara esta moción de vacancia como un golpe de Estado. «Los que no pudieron ganar en las urnas, que no estén usando entre comillas el tema constitucional para dar un golpe de Estado».
-Ministro de Economía, Pedro Francke calificó como un “malentendido” lo sucedido entre las empresas mineras y el anuncio del cierre de 4 mineras. El grito al cielo que pegaron los empresarios mineros y la Confiep respecto al reciente anuncio de Mirtha Vásquez en Ayacucho, no sería más que un malentendido según el ministro Pedro Francke. Él aseguró que no se había anunciado un cierre unilateral de las cuatro unidades mineras y garantizó que se iba a respetar la normativa vigente sobre los planes de cierre.
–OMS declara a la variante Ómicron como de preocupación. La última mutación de la covid-19 fue reportada por primera vez desde Sudáfrica el 24 de noviembre. También se le ha identificado en Botswana, Bélgica, Hong Kong e Israel. Los estudios preliminares de la OMS hacen temer que el nuevo bicho supone un mayor riesgo de reinfección con esta variante. A diferencia de la Delta, Lambda y otras primas suyas, la Ómicron tiene una gran cantidad de mutaciones, y varias preocupan a las autoridades sanitarias.
–Gobernador va preso. El juez José Málaga Pérez ordenó, este viernes pasad las 9 de la noche, la prisión preventiva del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, por 24 meses, en el marco del caso ‘Los hijos del cóndor’. El magistrado llegó a la conclusión de que la medida es idónea porque hay elementos de convicción en grado de sospecha fuerte para declarar fundado la petición del Ministerio Público. Entre los hechos que se le atribuyen se encuentra la entrega directa e indirecta de dinero que realizó en dos oportunidades a la consejera Chriss Díaz. También los ofrecimientos, entre ellos dádivas, entrega de terrenos, adjudicación de obras, puestos de trabajo, obras y otros beneficios.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El juez José Málaga Pérez determinó que hay elementos suficientes en un grado de sospecha grave de que la autoridad de Arequipa cometió los delitos de organización criminal y cohecho.
El juez José Málaga Pérez ordenó, este viernes 26 de noviembre, la prisión preventiva del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, por 24 meses, en el marco del caso ‘Los hijos del cóndor‘. El magistrado llegó a la conclusión de que la medida es idónea porque hay elementos de convicción en grado de sospecha fuerte para declarar fundado la petición del Ministerio Público.
Durante la lectura de la resolución, el magistrado expresó que existen indicios graves que demostrarían que la autoridad regional cometió actos ilícitos durante su gestión (2019-2021). El Ministerio Público le atribuyó la calidad de líder de la organización criminal.
Entre los hechos que se le atribuyen se encuentra la entrega directa e indirecta de dinero que realizó en dos oportunidades a la consejera Chriss Díaz. También los ofrecimientos, entre ellos dádivas, entrega de terrenos, adjudicación de obras, puestos de trabajo, obras y otros beneficios. El fin era justamente evitar cuestionamientos a su gestión.
Asimismo, el gobernador permitió que los consejeros participen en la colocación de personal en puestos clave del Gobierno Regional de Arequipa. Les permitió nombrar residentes de obra, supervisores y colocar trabajadores en las obras de mantenimiento de la región.
Los hechos que se le atribuyen al gobernador de Arequipa
Asimismo, el magistrado indicó que se cumplen los requisitos para determinar la existencia de una presunta organización criminal, donde hay más de tres personas, una estructura encubierto en el aparato estatal y un reparto de roles. La red tiene como fin la obtención de un lucro.
Tras evaluar la postura de la fiscalía y de los abogados, el magistrado enfatizó en la diferencia que hay entre una organización política y una organización criminal.
“La esta organización política es una asociación de personas que determinan nuestra existencia social. Sin embargo, la organización criminal tiene un fin ilícito que es cometer uno o más delitos graves”, subrayó.
Además, indicó que hay un problema de apreciación de parte del gobernador de Arequipa respecto a los compromisos que realizaba a los consejeros. En este sentido, manifestó que el delito de cohecho no solo implica la entrega de dádivas sino parte desde el ofrecimiento para que el otro cumpla y omita sus funciones.
“El funcionario no puede recibir dinero, dadivas, no puede recibir nada, porque está impedido. Ahí viene el tema de la corrupción de los funcionarios”, argumentó.
En cuanto a los arraigos, el juez Málaga indicó que no se garantiza el arraigo laboral ya que el gobernador de Arequipa instrumentalizó su cargo para cometer delitos. «Alguien que defraudó al Estado no puede decir que ese trabajo sirve para garantizar el arraigo laboral». Asimismo, sostuvo que las promesas de trabajo que presentó no hacen que sea un puesto laboral durable y permanente. De igual manera, de las escuchas se aprecia que el gobernador pedía apagar los celulares o utilizar telegram para ocultar sus comunicaciones, por lo que bajo ese contexto hay un peligro de obstaculización.
Prisión preventiva contra funcionarios y consejeros
El magistrado también determinó que es también idónea la prisión preventiva para el exgerente general del GRA, Gregorio Palma Figueroa; exjefe de Copasa, Marcelo Córdova Monroy; del exgerente de Autodema, Napoléon OscaFlores; los consejeros Veto Bernal Huarca y Jeymi Flores Quicaña; y finalmente el dirigente de Pampas Bayas, Mario Jacobo Jacobo.
En cuanto al asesor de Gobernación, Leodan Llayqui, el magistrado dispuso el pago de una caución 50 mil soles en un plazo de 7 días, para garantizar su presencia en el proceso. Esto, debido a que el imputado estuvo concurriendo a las audiencias e incluso se llegó a presentar este viernes a la diligencia, desvirtuando así el peligro de fuga.
En tanto, los abogados de los imputados anunciaron que interpondrán un recurso de apelación en contra de la decisión del magistrado.
Gobernador entra a huelga de hambre
Este viernes en horas de la mañana el gobernador de Arequipa ingresó a una huelga de hambre en protesta al proceso judicial. Según manifestó en una misiva emitida la noche anterior, el magistrado ya los ha condenado sin respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. No obstante, agregó que respetará la decisión del magistrado.
Mientras que su esposa, Jennifer Neira, dijo este viernes que su pareja se negó a recibir los alimentos que le llevó en horas del almuerzo. Manifestó que había un ensañamiento en contra de esposo ya que otras autoridades como el expresidente del GRA, Juan Manuel Guillén; la exgobernadora del GRA, Yamila Osorio y el exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, afrontaron sus procesos en libertad.
Finalmente, la Policía trasladó aproximadamente a las 9:30 de la noche a todos los detenidos, incluido el gobernador Elmer Cáceres Llica, al establecimiento penitenciario del INPE, en Socabaya. A las afueras del Palacio de Justicia, aguardaban un grupo de simpatizantes que acompañó en los últimos días a la autoridad pidiendo su liberación.
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Comentamos el caso de Elmer Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa, y la resolución judicial que ordena prisión preventiva por 24 meses contra la autoridad.
Comentamos el caso de Elmer Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa, y la resolución judicial que ordena prisión preventiva por 24 meses contra la autoridad.
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La estrategia que se ha propuesto para la sesión extraordinaria del lunes, es solicitar la vacancia por fallecimiento, del vicegobernador Walter Gutiérrez, y elegir a un vicegobernador interino que tomaría el mando del GRA.
Ante lo ocurrido en el gobierno regional de Arequipa, la responsabilidad de la elección de un gobernador regional interino recae en el Consejo Regional. Los consejeros habilitados se mantienen la espera de un fallo judicial para tomar una decisión, pero según especialistas, se pudo resolver con mayor rapidez esta situación.
El consejero José Luis Hancco confirmó en el programa Pico a Pico que el lunes 29 de noviembre convocarán a la esperada sesión extraordinaria para tratar la elección del gobernador regional interino. Esta vez mencionó que se buscará solicitar la vacancia por fallecimiento, del vicegobernador Walter Gutiérrez.
Anteriormente se mencionaba que la inhabilitación estaría dirigida al gobernador regional Elmer Cáceres Llica, si el magistrado dicta prisión preventiva por 36 meses en su contra. Pero al exigir la norma, que el fallo judicial sea en segunda instancia, esta vacancia podría demorar meses.
En este caso, lo que se haría es elegir al reemplazo de Walter Gutiérrez, quien asumiría inmediatamente las funciones del funcionario fallecido por covidf-19. Pero la elección de los consejeros, deberá comunicarse al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto, para que valide esta elección del vicegobernador interino, que tomaría el control del Gobierno Regional de Arequipa.
Para el especialista en derecho, Jorge Sumari, la estrategia legal de elegir a un vicegobernador para que haya un titular del GRA, debió tomarse desde un principio. Añadió que la búsqueda inicial de pedir la inhabilitación de Cáceres Llica podía responder a cálculos políticos dentro del Consejo regional.
Situación de consejeros de Arequipa
Actualmente, hay tres consejeros se encuentran no habidos: Santiago Neyra, Tomás Ayñayanque y Cerefino Cervantes. Además, están detenidos los consejeros Veto Bernal y Jeymi Flores, por el caso ‘Los hijos del cóndor’. Aunque libres, otros dos se hallan investigados, es el caso del presidente del ente, Ysrael Zúñiga, y el consejero Miguel Guzmán.
Los consejeros que están libres de estas investigaciones, son Elmer Pinto Cáceres (Islay), José Luis Hancco Mamani (Arequipa). También Edy Medina Collado (Castilla), Harberth Zúñiga Herrera y Silvio Arias Villa (Castilla).
Aun queda sin definir la situación de la consejera Chriss Díaz, que se encuentra bajo medidas de protección, pero a pesar de esto, ha asistido a las últimas dos sesiones. Aunque fue de manera virtual, la situación por el covid-.19, le permite esta modalidad. Ella intervino mediante una representante que asistió en persona.
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En los dos últimos años, Osiptel impuso multas a Movistar por 650 mil soles y a Claro por más de un millón de soles, por no cumplir con los compromisos de mejora en la región.
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) realizó, durante el primer semestre del año, una evaluación sobre la calidad de servicio de las empresas operadoras en la región Arequipa. Del total de recursos que se presentaron en este periodo, Movistar encabeza la mayoría de reclamos, seguido de Claro.
Durante este primer semestre, las empresas operadoras resolvieron 33 mil 144 reclamos de los usuarios de Arequipa, lo que equivale al 4.5 % del total nacional. Del 84.6% de los reclamos resueltos, las empresas Movistar (53.2 %) y Claro (31.4 %), concentraban la mayor parte, luego estuvo Entel (10.5%), Bitel (2.7%) y un 2.2% de otras empresas.
El servicio móvil reportó 18 mil 663 reclamos resueltos en primera instancia, índice que ha presentado una disminución del porcentaje de quejas en los últimos tres años. Le siguieron los reclamos en servicios empaquetados con 5 mil 031, telefonía fija (3 529), internet (3 371), televisión por cable (2 300), entre otros servicios con 250 quejas.
Osiptel logró un 80.98% de efectividad en 477 gestiones realizadas para solucionar quejas de usuarios, que presentaron ante este ente regulador.
Multas a operadoras en Arequipa
Entre 2020 y lo que va del 2021, Osiptel ha impuesto más de 1.7 millones de soles en ocho multas a las empresas Movistar y Claro. Estas no cumplieron con los compromisos de mejora en la región, que tienen como objetivo que los usuarios tengan una mejor experiencia con el servicio que contratan.
Del total de las multas en la región Arequipa, tres fueron aplicadas a Movistar por una suma de más de 650 mil soles. Mientras, otras cinco multas fueron colocadas a Claro, por un equivalente que supera el millón de soles.
“Los compromisos de mejora son una herramienta que emplea el regulador para que las empresas operadoras apliquen correcciones. En términos de cobertura y calidad en el servicio de telefonía móvil, en un determinado plazo e inviertan en mejorar infraestructura”
Presidente ejecutivo del regulador de telecomunicaciones, Rafael Muente Schwarz.
Además, Osiptel impuso 17 compromisos de mejora a las empresas operadoras, tras los resultados obtenidos en los indicadores de calidad de cobertura de servicio, calidad de voz, tiempo de entrega de mensajes de texto, principalmente.
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Pedro Castillo Terrones cumplirá recién 4 meses como presidente de la República y oposición busca su vacancia.
Una vez que ingresó el pedido de vacancia del presidente Pedro Castillo a mesa de partes del Congreso, el Pleno decidió que el próximo martes 7 de diciembre se determinará si se admite a debate la moción promovida por Patricia Chirinos. La cantidad de votos necesaria para que sea admitida es de 52, es decir la aprobación del 40% de los parlamentarios.
Como se informó, entre los principales argumentos para la vacancia están las supuestas injerencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas y en los nombramientos en Sunat. Además, argumentan la designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología al terrorismo. «Es el caso de Guido Bellido en el cargo de primer ministro, ya que él fue acusado por el Ministerio Público de apología al terrorismo» dicen.
En general, los congresistas autores de la moción, como figura en el documento, señalan que este pedido se ha llevado a cabo debido a los últimos acontecimientos que involucran al presidente Castillo. “Es una serie de decisiones polémicas que, para los parlamentarios, ponen en tela de juicio al presidente”, dicen y por ello consideran que ha demostrado incapacidad moral.
Bancadas tendrán que buscar alianzas y consensos
Así las cosas, las bancadas tendrán 12 días para lograr alianzas y acuerdos para tomar la decisión final. Como se informó, Chirinos consiguió que 28 congresistas la secundaran con sus firmas para presentar la moción de vacancia. Estos provienen de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, votos de la oposición que suman un total de 43.
Pero, para lograr que el pedido llegue a debate, necesitan de 52 congresistas que estén de acuerdo con la medida. Luego, de lograrse la aprobación del debate en el Congreso, se tendría que hacer una nueva votación en la cual solo se vacará a Pedro Castillo si se consiguen 87 votos en total.
Las bancadas que no firmaron la moción no se han pronunciado “oficialmente” al respecto. Se conocen algunas opiniones e inclinaciones, pero éstas tendrán que ser definidas al momento de votar.
Presidente Castillo: “A mi, no me han elegido las mafias”
Una vez conocida la presentación de la moción de vacancia, el presidente Pedro Castillo, quien se encontraba en Junín, expresó su tranquilidad a los ciudadanos.
“A mi no me preocupan los ruidos políticos porque fui elegido por el pueblo, no por las mafias. No me ha elegido la corrupción ni los corruptos”, declaró a los medios de comunicación de la región. Estuvo de visita en Jauja para supervisar las obras de mejoramiento de diversos servicios.
“Esta alza (de casos covid-19) tiene dos características: la primera que es heterogénea. No es igual en todo el Perú. Yo he ido a los lugares que están en riesgo alto, y en segundo lugar esta alza es inestable. Entonces, aquí viene la decisión política”.
La vacunación de refuerzo contra covid-19 iniciará en todo el Perú para los mayores de 18 años. Según el Minsa, la dosis será inoculada a todo peruano que recibió su segunda dosis hace más de cinco meses.
Por ello, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó a la prensa que el Gobierno ya cuenta con el stock de vacunas para afrontar la aplicación de esta dosis de refuerzo contra este virus.
«Se va a poder aplicar las terceras dosis, a partir de los 18 años, los que tengan más de cinco meses de habérsela aplicado (la segunda dosis)»
Ministro de Salud, Hernando Cevallos.
El Gobierno ya aplicó la tercera dosis a los profesionales y trabajadores de Salud, que se encuentran en la primera línea de la lucha contra el covid-19. Además, a los adultos mayores con más de seis meses de haber recibido las dos primeras dosis.
Colegio Médico del Perú recomienda restricciones
La tercera dosis contra covid-19 se habría adelantado porque el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control lanzó una alerta epidemiológica, por incremento de casos y hospitalizaciones por covid-19 en ocho regiones del Perú. Como resultado, se clasificó a 11 provincias en riesgo sanitario alto.
Asimismo, el Colegio Médico del Perú exhortó al gobierno retomar las restricciones sanitarias para evitar un repunte del covid y la llegada de una tercera ola. “Esta alza tiene dos características: la primera que es heterogénea. No es igual en todo el Perú. Yo he ido a los lugares que están en riesgo alto, y en segundo lugar esta alza es inestable. Entonces, aquí viene la decisión política”, declaró a canal N.
Ante la negativa del Gobierno, el decano Miguel Palacios además pidió al Ministerio de Salud sincerarse con las cifras de contagiados, para agilizar el regreso a las restricciones.
“Qué hacemos frente a esta alza. ¿lo minimizamos, y seguimos haciendo más de lo mismo? o lo sinceramos. Si lo sinceramos tiene que ir acompañada de medidas y restricciones que son impopulares e incómodas, pero son necesarias”
El fenómeno traerá consigo desastres naturales, ya que las precipitaciones ocurrirán en zonas altas, desde donde el agua escurrirá por quebradas y ríos, dañando las zonas más bajas.
Senamhi pronostica que las lluvias de este verano presentarán valores por encima de lo normal en Arequipa, debido a la presencia del fenómeno de La Niña. Este fenómeno se caracteriza por provocar precipitaciones intensas en la sierra sur del Perú y sequedad en regiones del norte.
El pronóstico lo dio a conocer el jefe zonal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Guillermo Gutiérrez. Asimismo, de acuerdo con el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), hasta el reporte publicado el 12 de noviembre en Arequipa, existió un porcentaje del 49% de la ocurrencia de La Niña débil. Sin embargo, es probable que el porcentaje incremente con el pasar de los días
El fenómeno traerá consigo desastres naturales, ya que las precipitaciones ocurrirán en zonas altas, desde donde el agua escurrirá por quebradas y ríos, dañando las zonas más bajas. Por ello, el jefe zonal exhortó a la población y a las autoridades a trabajar en la prevención de desastres en Arequipa y en todo el sur del país.
Medirán magnitud de lluvias en Arequipa
Arequipa suele ser uno de los puntos más afectados por este tipo de precipitaciones. Sin embargo, la falta de pluviómetros impidió conocer la magnitud de las lluvias. Este año, el Senamhi espera instalar 10 pluviómetros que reportarán en tiempo real. El primero se instaló en el pueblo Bella Esperanza, en Alto Selva Alegre.
Los restantes se colocarán en distintos distritos de Arequipa: Miraflores, Cayma, Mariano Melgar, Cerro Colorado, Chiguata, Pocsi, Tiabaya y por la mina de Cerro Verde. Cuatro de los pluviómetros serán donados por Predes y los demás adquiridos directamente por el Senamhi.
El magistrado José Málaga, quien evalúa el pedido de prisión preventiva contra Elmer Cáceres Llica, expresó que una vez que la resolución empieza a dictarse hay un criterio.
Juez José Málaga Pérez, titular del Sexto Juzgado de Investigación preparatoria para casos de corrupción de Arequipa. Imagen: Facebook CJSA
A modo de respuesta a la carta del gobernador de Arequipa, el juez José Málaga negó este viernes que haya adelantado opinión en el caso de ‘Los hijos del cóndor’ como denunció la autoridad. El magistrado evalúa el pedido de prisión preventiva de 36 meses solicitado por la Fiscalía en contra de Elmer Cáceres Llica y siete funcionarios de la Región y Consejo Regional.
El juez Málaga explicó que, desde que comenzó a dar lectura a la resolución, su despacho formó un criterio. Este se basa en los elementos de convicción ofrecidos por el Ministerio Público.
“…Cuando ya se comienza a leer la resolución el órgano jurisdiccional ya tiene un criterio formado. Va pronunciando su decisión a nivel que va avanzando, entonces el criterio ya establecido lo va indicando. Antes de la resolución no se puede adelantar criterio, eso no se ha hecho nunca”, pronunció el juez.
Empero, el gobernador de Arequipa explicó en su misiva que el juez los había condenado anticipadamente al indicar que existe una organización criminal sin corroborar la veracidad de los audios y videos expuestos en la audiencia. La autoridad agregó que se ha vulnerado la presunción de inocencia y el debido proceso. Mencionó también que el juez estaría incumpliendo la ley y cometiendo incluso prevaricato.
Juez Málaga sobre la organización criminal ‘Los hijos del Cóndor’
El juez José Málaga Pérez, titular del Sexto Juzgado de Investigación preparatoria para casos de corrupción de Arequipa, sostuvo que hay fundados y graves elementos y una sospecha fuerte de que los imputados conformaron una organización criminal y cometieron delito de cohecho.
“He dicho inicialmente que se subsumen al tipo de organización criminal conforme los hechos atribuidos, que si hay fundado y graves elementos y hay sospecha fuerte en el sentido de que los imputados están conformando esta organización criminal y también el delito de cohecho, pero a raíz de la resolución es precisamente el pronunciamiento del criterio. No se puede decir adelanto del criterio. Antes jamás, antes recién está la información”.
Aunque, al haber sido juez de juzgamiento, haber estado en un órgano unipersonal o colegiado puede haber errores léxicos, pero la palabra no cambia el contexto. Además, aclaró que el proceso se encuentra en etapa previa con elementos de convicción, por lo que no se puede alcanzar un grado de certeza.
“Ahora estamos en una etapa previa, de investigación preparatoria donde solo tenemos elementos de convicción y hemos explicado claramente cuáles son y qué significa un elemento de convicción, el desarrollo y valoración que se hace de cada uno. Entonces, con esos elementos de convicción solo se puede llegar a un grado de sospecha fuerte, es decir, de un alto grado de probabilidad”, añadió.
La audiencia de prisión preventiva contra el gobernador de Arequipa inició el 3 de noviembre y se ha prolongado más de tres semanas. La autoridad ha reclamado la demora del proceso, pero ha indicado que respetará la decisión del juez.
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Elmer Cáceres Llica y funcionarios regionales afrontan audiencia final del pedido de 36 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los hijos del cóndor’. De acuerdo con el Ministerio Público, realizaban actos de corrupción en el Gobierno Regional de Arequipa. La diligencia se realizó este viernes 26 de noviembre.
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Más delitos podrían sumarse a la investigación del caso Los hijos del cóndor. El juez José Málaga señaló que las evidencias señalan que el gobernador de Arequipa y los ocho investigados incurrieron en otros delitos, además de la organización criminal y el cohecho.
El juez de Investigación Preparatoria para casos de corrupción de funcionarios de Arequipa advirtió que los imputados habrían cometido colusión y negociación incompatible, al transgredir los procesos de contratación del Estado.
El magistrado lleva desde el miércoles dictando la resolución judicial que definirá si el gobernador Elmer Cáceres Llica, sus exfuncionarios de confianza y consejeros, recibirán la orden de cumplir 36 meses de prisión preventiva.
Más delitos en el caso ‘Los hijos del cóndor’
Tras evaluar los hechos, el juez advirtió que los procesos de adjudicación de trabajos de mantenimiento se dieron directamente a los consejeros aliados; sin respetar la Ley de contrataciones del Estado.
Por ejemplo, se mencionó las pruebas que vinculan a los consejeros Jeymi Flores y Santiago Neyra. Ambos tuvieron facilidades para colocar residentes, supervisores y trabajadores en las obras. En las reuniones grabadas por la agente especial, los consejeros expresan su interés por copar diferentes obras. Esta actuación estaba respaldada por el gobernador Cáceres Llica, quien ofreció estos beneficios a cambio de tener su respaldo político en el Consejo Regional.
“Las concesiones directas de obras, los mantenimientos que realizan los consejeros son todos ilegales. Son delitos de colusión definitivamente o en el peor de los casos de negociación incompatible, pero el Ministerio no los ha calificado, nosotros no podemos hacerlo, pero están como ofrecimientos”, indicó el juez en audiencia.
Luego, en otros audios, también se mencionó las coordinaciones secretas que mantenía el gobernador Elmer Cáceres Llica y los consejeros aliados para administrar obras. Incluso llegan a manifestar la intención de cambiar funcionarios en el área de Mantenimiento. El magistrado indicó que estos hallazgos demuestran que el gobernador ejercía el liderazgo dentro de la presunta red y que estos actos generaban rechazo y vergüenza.
El magistrado continuará este viernes dictando su resolución desde las 9 de la mañana. En la noche anterior, el gobernador de Arequipa anunció que iniciaría una huelga de hambre al considerar que el magistrado había adelantado opinión. El juez, durante el primer día de su exposición, concluyó que las evidencias muestran en un grado de sospecha fuerte la existencia de una organización criminal que lideraba Cáceres Llica.
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A pocas horas de conocerse la decisión del juez José Málaga, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, anunció que iniciará una huelga de hambre a modo de protesta por la forma en que se desarrolla su proceso. El Ministerio público solicitó 36 meses de prisión preventiva en el caso denominado ‘Los hijos del cóndor’ y el juez debe dar a conocer su decisión este viernes.
A través de una carta pública, la autoridad regional se pronunció en contra del magistrado que analiza su caso. Lo acusó de condenarlos anticipadamente sin corroborar la veracidad de los audios ofrecidos como prueba por la fiscalía.
“El señor juez ya nos ha condenado de forma anticipada a cada uno de los detenidos; en cada una de las audiencias que participó siempre indicó que existe una organización criminal; esto, sin hacer la previsión que existe la presunción de inocencia y el debido proceso…”.
El gobernador de Arequipa señaló que el juez estaría cometiendo prevaricato. Dijo que, a lo largo de la lectura de su resolución, ha dado únicamente valor a las transcripciones de las conversaciones.
También expresó su disconformidad por el tiempo que se toma el magistrado para emitir su fallo. El juez José Málaga empezó el miércoles por la mañana a dictar su resolución, continuó el jueves todo el día y seguirá haciéndolo este viernes. Según fuentes judiciales, debe considerarse todas las pruebas ofrecidas para que luego no haya cuestionamientos posteriores.
“Me informé que la resolución del juzgado debe ser dictada de forma inmediata; sin embargo, el juez todos los días se dedica a leer y leer nuevamente los audios de la fiscalía, lo cual, me hace pensar que en esos intérvalos de tiempo entre los días que dura la audiencia, existe el peligro que alguien pudiera sugerirle lo que debe o no decir”.
Gobernador de Arequipa: se criminaliza la política
Igualmente, Elmer Cáceres Llica denunció que pretende criminalizarse la política y pidió a la población estar vigilantes de la decisión judicial. Invocó a las autoridades judiciales nacionales e internacionales, organismos de derechos humanos y colegios de abogados y demás instituciones, que estén vigilantes de esta decisión que a toda luz es “arbitraria”.
Por último, a pesar de estar en desacuerdo con el proceso el gobernador de Arequipa indicó que respetará la decisión que adopte el juez.
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«En Puno, Evo Morales es recordado como el joven músico que llegó con las bandas bolivianas a acompañar la devoción y el éxtasis de la Fiesta de la Candelaria. Y es recordado con viva emoción»
Recuerdo que hace algunos años la promoción del doctorado en ciencias políticas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno propuso al rectorado que se declare doctor honoris causa al presidente Evo Morales Ayma. La exposición de motivos daba cuenta de la trayectoria del líder indígena boliviano que llevó a la nación altiplánica a refundar sus instituciones políticas y lograr que los pueblos originarios asuman un protagonismo inédito en la historia boliviana. Además se mencionaba que Evo ostenta más de 20 doctorados honoris causa entregados por diversas universidades del mundo que reconocen su importante papel para alcanzar la justicia social.
Morales es un ícono para muchos surperuanos. Morales expresa un momento de ruptura con la política tradicional hegemonizada por las élites oligarcas y racistas. Evo es un ejemplo a seguir en el campo político, y en la afirmación identitaria de las poblaciones ancestrales sometidas por el orden establecido.
En Puno, Evo Morales es recordado como el joven músico que llegó con las bandas bolivianas a acompañar la devoción y el éxtasis de la Fiesta de la Candelaria. Y es recordado con viva emoción porque recorrió el camino que muchos jóvenes indígenas anhelan: empezar muy desde abajo enfrentando el racismo y la pobreza, para luego llegar a ser un líder importante para la sociedad.
Los que viajamos constantemente a Bolivia atestiguamos que la población de estratos bajos del hermano país experimentó un cambio desde que Morales gobernaba. Los bolivianos crecieron en actitud y orgullo. Sentían que el presidente indígena les había hecho justicia y que la refundación política cauterizaba la herida colonial que soportaban con amargura.
Evo Morales Ayma quedará inscrito en la historia de la emancipación de los pueblos originarios. Evo es el paradigma del hombre humilde que llega al poder para transformar su patria.
Así que la decisión de los enanos políticos de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú que ha declarado persona no grata al presidente Evo Morales debe motivar el repudio ciudadano por la actitud miserable de los congresistas del tridente ultraderechista (Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País).
La decisión es la manifestación del miedo hacia el líder aimara. Pues es bien conocido el arraigo de Evo en la población surperuana. Y lo han expresado claramente, tienen pánico al “activismo político” de Morales Ayma. No quieren que ingrese al país, que se reúna con líderes populares, que influya sobre nuestros cansinos dirigentes, que nos cuente cómo gobernó, cómo fue su juego político con los poderes fácticos, cómo alcanzó niveles de crecimiento económico, cómo negoció con las transnacionales. Y que también nos cuente sobre sus errores, sus metidas de pata. Y qué lecciones aprendidas nos deja su paso por el poder.
El tridente ultraderechista “tiene razón”. Evo es peligroso, porque nos puede despertar. Nos puede demostrar que es posible lidiar con la bestia neoliberal. Y que es posible refundar la nación teniendo como pivote nuestras matrices milenarias de cara a los desafíos del mundo globalizado. Ciertamente, Evo es una persona grata para el Perú.
(*) Periodista y profesor de la UNA-Puno
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