La Gerencia Regional de Salud de Arequipa emitió su reporte con cifras hasta las 00:00 horas del día 17 de mayo del 2021. Informa que se han procesado 1 millón 731 mil 304 muestras por covid-19, sumando 204 mil 456 casos y 1 millón 525 mil 307 negativos.
Según el reporte del 17 de mayo, se registraron los resultados de 6 mil 545 personas, de las cuales 764 fueron confirmadas como casos positivos, tras realizarse el muestreo mediante pruebas rápidas y moleculares. Es decir un 12%.
Al 17 de mayo, se tienen 762 pacientes hospitalizados por covid-19, de los cuales, 105 se encuentran en UCI con ventilación mecánica y 8 pacientes en Trauma Shock, según informa la Geresa.
La Geresa reportó 28 fallecidos que corresponden al día 16 de mayo, con lo que la cifra acumulada asciende a 4 mil 236 defunciones, según las métricas oficiales registradas en la región. Se reportaron 10 fallecidos desde el hospital Honorio Delgado Espinoza, 18 de EsSalud.
El número de pacientes que recibieron el alta subió a 191 mil 692 hasta el momento, en diferentes establecimientos de salud de Arequipa. Entre ellos, 980 que se registraron durante el 16 de mayo, tras confirmarse que superaron la enfermedad producida por covid-19. El total de recuperados equivale al 94% del total de casos detectados en la región hasta el momento.
Recomendaciones de Geresa de Arequipa
La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa emitió una serie de recomendaciones para prevenir el contagio de covid-19. Esta es la manera en que las autoridades piden a la población apoyar en la disminución de los índices de contagio.
Lavado frecuente de manos durante 20 segundos.
Uso adecuado y permanente de la mascarilla.
Distanciamiento social de 2 metros entre personas.
Evitar las aglomeraciones y lugares muy concurridos.
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La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste – Seal ha anunciado cortes de servicio eléctrico programados por mantenimiento. Esta supresión del suministro de electricidad afectará a varias zonas de 3 distritos de la provincia de Arequipa. Está programado para este martes 18 de mayo.
El corte de energía eléctrica se debe al mantenimiento de redes en media tensión. Además, personal de Seal realizará la subsanación de deficiencias.
Uno de los distritos afectados por el corte del servicio eléctrico para este martes 18 de mayo, es Paucarpata (Arequipa). Las zonas afectadas son 15 de Agosto, 15 de Enero, Ciudad Blanca, Apima, Jorge Chávez, José Carlos Mariátegui, Francisco Mostajo, entre otros. Todas las zonas afectadas se encuentran consignadas en el comunicado de Seal adjunto a esta nota.
También se efectuará el corte en algunas zonas del distrito de Mariano Melgar. En esta jurisdicción se suprimirá el servicio en 9 de Diciembre, Generalísimo Don José De San Martín, Mariano Melgar, entre otros.
El tercer distrito afectado es el Cercado. Aquí se cortará el servicio en La Isla.
Números de atención de Seal Arequipa
Seal pide a los usuarios que verifique si estará afectado, buscando su número de subestación (SE) en la parte superior de su recibo. Para cualquier consulta también pueden comunicarse al número directo 054-381388. La atención es de lunes a viernes, de 07:30 a 20:00 horas, y los sábados, de 08:00 a 13:00 horas.
Aquí el comunicado oficial de Seal:
Comunicado de Seal sobre el corte de luz en Arequipa (corte de luz).
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La candidata a la Presidencia, Keiko Fujimori, llegará a Arequipa un par de días antes del debate con Pedro Castillo. Así lo confirmó este lunes la electa congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, quien se encuentra desde hace 20 días organizando la visita de su lideresa.
“Teníamos una visita programada en esta región durante tres días. Con el tema del debate acortaremos dos días de trabajo con los gremios y un día para el debate (…) Keiko va a estar aquí, en esta tierra y aquí va a defender el plan que ella tiene. No es improvisada, ella no se corre, ella va a estar en Arequipa.
Congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el debate de los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori, se desarrollará el 30 de mayo, por decisión de los representantes de Perú Libre y Fuerza Popular. Aún falta definir el sitio del encuentro.
Colocan más de 20 paneles a favor de Keiko Fujimori
Consultada sobre los paneles a favor de Keiko Fujimori, la congresista por Lima manifestó que se presentará un informe al respecto. Agregó que se han colocado 23 paneles en diferentes sitios de la ciudad, gracias al apoyo de colaboradores.
«Todo se va a dar un detalle, yo estoy haciendo un informe, hay personas como la señora Soraya, que tiene amigos, están haciendo colectas. Los chicos de juventudes han hecho sus actividades. Hay muchas empresas gráficas que nos dan gratis y solamente tenemos que pagar la lona. Empresas gráficas que nos dan la lona y nosotros damos el apoyo para la colocación de los banner”
Congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos.
El partido Fuerza Popular ha programado una serie de actividades proselitistas en la ciudad a favor de Keiko Fujimori. Entre ellas se agendó un banderolazo a las 10 a.m. en el sector del Baden, en el distrito de Paucarpata. No obstante, solo se hicieron presentes muy pocos militantes.
Periodista en Arequipa. Es colaboradora de El Búho y ha laborado en varios medios de comunicación. Se especializa en temas medioambientales, derechos humanos y de la mujer.
El candidato presidencial Pedro Castillo al inicio de su intervención, solicitó un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia por el covid-19 a nivel nacional y en el mundo.
Luego manifestó que sus palabras fueron “de todo corazón”. Además juramentó “por la verdadera democracia y por la igualdad de derechos y oportunidades para el pueblo peruano, sin ninguna discriminación y ningún privilegio”.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Keiko Fujimori antes de leer el juramento de «La Proclama Ciudadana», hizo mención al periodo en que estuvo en prisión preventiva.
“A mí me tocó en tres oportunidades vivir momentos dolorosos y difíciles y en el último tramo de mi injusta prisión preventiva llegó la pandemia. Es en el medio de las noches, de esa soledad, que retumbaban la voces de mis hijas preocupadas por ellas y por mí, angustiadas para que mi salud no se resquebrajara. En el miedo de esta situación [es] que le pido a Dios y juro ante él que si me permitía regresar al lado de mi familia, enmendaría mis errores”
Candidata a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori.
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La supresión se debe a la disposición de SUNASS, que en procura de mantener la calidad del agua, se desinfecten y limpien los reservorios, cada uno, dos veces al año.
a través de la Directiva N° 061 – 2018, dispone que, en procura de mantener la calidad del agua, se desinfecten y limpien los reservorios, cada uno, dos veces al año.
La empresa de saneamiento Sedapar ha anunciado el corte del servicio de agua potable en varias zonas del distrito de Paucarpata, en la provincia de Arequipa. Esta supresión del servicio está programada para el martes 18 de mayo.
El corte del servicio se debe a las disposiciones de SUNASS, el organismo supervisor de las EPS del país. Que a través de la Directiva N° 061 – 2018, dispone que, y también en procura de mantener la calidad del agua, se desinfecten y limpien los reservorios, cada uno, dos veces al año.
Sedapar ha recomendado a los usuarios que se vean afectados, a abastecerse oportunamente de agua potable, para evitar inconvenientes durante el corte. La supresión del servicio será desde las 07:30 horas del martes, hasta las 09:00 horas del miércoles. La reposición del servicio se realizará de forma progresiva.
Zonas sin el servicio en Paucarpata (Arequipa)
Las zonas afectadas en Paucarpata (Arequipa) son Naciones Unidas, Los Girasoles, Santa Teresa. Además La Ramosa, Santo Domingo, La Quebrada, La Fabela, Villa Los Pepinos, Inmaculada Concepción, entre otros. Todas las zonas afectadas se encuentran consignadas en los comunicados oficiales de Sedapar adjuntos en esta nota.
Aquí el comunicado oficial emitido por Sedapar sobre la supresión del servicio, el cual ha sido programado para este martes 18 de mayo.
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«Sabemos que la pobreza en el Perú es mucho mayor en las zonas rurales que las urbanas. Eso no ha cambiado en el último años. Lo distintivo es, sin embargo, que el aumento de la pobreza ha tenido un impacto mucho mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales»
En este artículo hacemos una breve reseña de la data del recientemente publicado Informe del INEI sobre la Pobreza en el 2020. Luego destacamos dos temas centrales: de un lado, el impacto de los dos bonos universales en la reducción de la pobreza y la reactivación de la economía; y de otro, la creciente vulnerabilidad, no solo de los pobres y los pobres extremos, sino de los llamados no pobres vulnerables, lo que desnuda las falencias del modelo económico.
En el 2020, nos dice el informe del INEI, la pobreza en el Perú tuvo un aumento de 9.9% (enorme), pasando de 20.2% en 2019 a 30.1%. Ahora hay, entonces 9.8 millones de pobres, lo que implica que 3.3 millones de personas cayeron en la pobreza en el 2020. Dice el INEI que esto se debe a la paralización de la mayoría de las actividades económicas debido al Estado de Emergencia Nacional; sobre todo en el II Trimestre del año pasado, que implicó medidas de aislamiento social obligatorio. Esto, claro, ya lo sabíamos y diferentes entidades habían estimado cifras mas o menos parecidas.
Como la pobreza se mide por la cantidad de gasto monetario que pueden realizar las personas, el INEI nos dice que es pobre un hogar de 4 personas que no logra gastar 1,440 soles mensuales.
En cuanto a la pobreza extrema, ésta alcanza a los hogares (siempre contando 4 personas) que no pueden comprar la canasta mínima alimentaria, que cuesta 764 soles mensuales. Los pobres extremos han aumentado en 79%: de 931,800 a 1´663,900 del 2019 al 2020, lo que implica que ahora hay 732,100 nuevos pobres extremos. Así, la pobreza extrema aumenta del 2.9 al 5.1% del total de la población, del 2019 al 2020.
Sabemos que la pobreza en el Perú es mucho mayor en las zonas rurales que las urbanas. Eso no ha cambiado en el último años. Lo distintivo es, sin embargo, que el aumento de la pobreza ha tenido un impacto mucho mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales. La razón es simple: las medidas de confinamiento y paralización de las actividades económicas se dan fundamentalmente en las ciudades.
Hay mucho más que mencionar en este informe, pero debemos pasar ahora al tema de los bonos. Es clave destacar que la pobreza ha sido atenuada por la entrega de los dos bonos universales de 760 soles cada uno, los mismos que llegaron a 5´732,000 personas. En efecto, según estimaciones de Javier Herrera (entrevista en RPP con Fernando Carvallo, 15 de mayo), investigador del IRD de Francia, la entrega de estos bonos permitió la reducción de la pobreza en 3.2%. Para mayor claridad, si los bonos no se hubieran entregado, la pobreza hubiera subido a 33.3% (30.1% + 3.2%).
Esto también me permite decir que si se hubiera entregado dos bonos adicionales de 760 soles cada uno en el 2020, la pobreza se hubiera reducido en un 3,2% adicional. Vale decir que hubiera sido del 26.9% (30.1% – 3.2%).
Sin embargo, el gobierno peruano, a diferencia de las entregas de bonos que hicieron la mayoría de países de América Latina como Argentina (4 bonos), Colombia (12 bonos) y Chile (5 bonos y dos bonos para la clase media) solo otorgó los dos bonos ya mencionados.
La razón: para el gobierno el bono es simplemente un gasto y no tiene utilidad. Debido a sus anteojeras ideológicas, no puede apreciar que el bono tiene un doble carácter. De un lado, compensa a los ciudadanos a quienes el gobierno prohíbe salir a trabajar. Y, de otro, tiene un carácter reactivador de la economía pues quienes reciben el bono lo gastarán inmediatamente; es decir, comprarán bienes producidos por las empresas, que han visto reducidos sus ingresos por la recesión. Dicho de otra manera, el efecto multiplicador del bono combate la recesión e impulsa la reactivación.
Ese es el ABC de las llamadas políticas contracíclicas para combatir la recesión, lo que ha vuelto a ser corroborado por el Banco Mundial: “Un estudio realizado para esta informe muestra que el multiplicador fiscal de las transferencias sociales es mucho mayor en la Región que en las economías avanzadas. Y es consistentemente más amplio en los países que tienen transferencias sociales importantes y bien dirigidas. La fuerte respuesta que se ha dado a la crisis del Covid 19 podría ser recordada como uno de los primeros ejemplos de una exitosa política fiscal contracíclica a través de muchos países de la Región” (Banco Mundial, Reporte Seminanual de América Latina y el Caribe, El costo de mantenerse saludable, octubre 2020www.worldbank.org).
Agreguemos, además, que el reciente informe del FMI sobre el Perú (Artículo IV), plantea que el país otorgue dos bonos universales adicionales que significan 2,5% del PBI para impulsar la reactivación económica. El actual MEF no quiere saber nada de eso (ver, https://larepublica.pe/opinion/2021/03/31/fmi-a-la-izquierda-del-mef-por…).
La recesión no solo ha golpeado a los pobres, lo que se demuestra con las cifras ya proporcionadas. También golpea a los llamados No Pobres Vulnerables, quienes salieron de la pobreza en años anteriores pero no se han consolidado como clase media. Osea, ya no son pobres (el 20% de la población en el 2019), pero pueden volver a serlo si es que ocurre un “shock” económico”. Dice el INEI que los No Pobres Vulnerables eran el 35.5% en el 2019 en el Perú. Lo que quiere decir que el 55.5% de los peruanos, o era pobre, o era no pobre vulnerable (ver https://larepublica.pe/opinion/2021/03/10/clase-media-emergente-o-no-pob…).
¿Cómo ha impactado el efecto de la pandemia en estas cifras? Ya sabemos que la pobreza en el Perú en el 2019 ha subido a 30.1%. Y, según cálculos realizados por Javier Herrera, se estima que los No Pobres Vulnerables, en el 2020, ascienden al 35.5% de la población. Así, el 65.6% de la población (30.1 más 35.5) es pobre y no pobre vulnerable.
Se puede apreciar, entonces, que el crecimiento económico debido al super ciclo de altos precios de materias primas (2003 – 2013), si bien redujo la pobreza; no fue capaz de otorgar sostenibilidad a ese proceso. ¿Y por qué? Porque buena parte de los que ya no eran pobres no obtuvieron empleos de calidad y siguieron engrosando las filas de la informalidad.
Durante esos años en nuestro país no se aplicaron políticas de diversificación productiva, que prendan otros motores en las diferentes ramas productivas que lleven a la creación de empleos estables, con mayor valor agregado. Tampoco el Estado, debido a la política neoliberal que privilegia el libre juego de las fuerzas del mercado debilitando al Estado y la inversión pública; no invirtió lo necesario en el sistema educativo y, sobre todo, de salud. Esto nos llevó a la terrible situación de falta de hospitales, oxígeno, camas UCI y demoras en la compra de vacunas, lo que debe revertirse.
Es por estas razones que no podemos depender en exceso (como hasta ahora) de las exportaciones de materias primas. Y que tenemos que avanzar hacia una nueva forma de relación de Estado y mercado, hacia una economía mixta. Para comenzar a revertir entonces las terribles cifras de pobreza de este 2020, es necesario cambiar el modelo de crecimiento.
Los interesados deben llevar un balón cuya carga hidrostática que no sobrepase los 5 años. Otros requisitos a presentar son el documento original y una copia de la receta médica del paciente, así como los DNI originales.
El hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, volverá a suministrar oxígeno gratuitamente a quienes lo soliciten desde este lunes. El programa Oxígeno para Todos permitirá la recarga de hasta 14 balones por día.
El gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino, anunció la reanudación de este servicio después de casi dos semanas de inoperatividad. La planta generadora de oxígeno fue puesta en mantenimiento, por lo que se suspendió temporalmente el suministro de este gas.
Este servicio gratuito podrá beneficiar a los pacientes con covid-19, que necesitan de oxigenoterapia, para poder superar esta enfermedad.
Cómo acceder a este servicio en Arequipa
Para recargar los balones, se debe llamar al número 959024339 en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 de la mañana. Los balones se entregan en la puerta de Emergencias del hospital entre las 2:00 y 3:00 p.m. Estos serán devueltos cargados al día siguiente entre la 1:00 y 2:00 p.m.
Asimismo, los interesados deben llevar un balón cuya carga hidrostática no sobrepase los 5 años. Otros requisitos a presentar son el documento original y una copia de la receta médica del paciente, así como los DNI originales y sus respectivas copias, tanto del paciente como de la persona que dejará el balón.
Ana Guillén aseguró que Unión por el Perú permitió la postulación del nuevo parlamentario, porque Héctor Arias ocultó sus sentencias y las omitió en su hoja de vida.
Ana Guillén, integrante del partido Unión por el Perú y excandidata al Congreso por Arequipa, anunció que enviará la documentación necesaria a la Comisión de Ética del parlamento para destituir a Héctor Arias Cáceres
Este último juramentó la semana pasada como congresista (en reemplazo del destituido Edgar Alarcón). Fue a pesar que actualmente está cumpliendo una sentencia efectiva de prisión suspendida. De ser desaforado, Guillén tomaría su lugar en el Congreso.
Guillén remarcó su sorpresa por la respuesta del JNE, que indicó que no podía retirarle las credenciales a Arias. Además, la excandidata afirma que este organismo cometió negligencia al no revisar los antecedentes penales de Héctor Arias.
Cabe resaltar que Héctor Arias y Ana Guillén pertenecen al mismo partido político. Guillén aseguró que la razón por la cual Unión por el Perú permitió la postulación de Arias fue que este ocultó sus sentencias a los otros miembros de la organización política, y las omitió de su hoja de vida.
Las sentencias de Héctor Arias
Héctor Arias tiene varias sentencias en su haber. Arias fue condenado en 2004 a cumplir prisión suspendida por el delito de homicidio culposo. El ahora congresista era el dueño de la empresa que colocó la bombarda causante de la tragedia del puente Grau de 1996, donde murieron 35 personas electrocutadas.
Asimismo, Héctor Arias tiene otra condena de prisión suspendida por un delito contra la seguridad pública. Arias tenía almacenados productos inflamables que generaron un incendio.
Por último, el nuevo congresista por Arequipa también tiene una condena vigente por un delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada. Su condena recién se extingue el 2022.
🦉 #EnVivo 🗳 Pedro Castillo y Keiko Fujimori firman «Proclama Ciudadana, juramento por la democracia». Acuerdo contempla doce compromisos en respeto a la democracia, institucionalidad y los derechos humanos.
Pedro Castillo y Keiko Fujimori firman «Proclama Ciudadana, juramento por la democracia». El acuerdo contempla doce compromisos en respeto a la democracia, institucionalidad y los derechos humanos.
El documento, elaborado por la Asociación Civil Transparencia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú y la Conferencia Episcopal; tiene como objetivo buscar el fortalecimiento de la democracia y garantizar el respeto de los derechos humanos.
Asimismo, se busca promover la lucha contra la corrupción, asegurar la libertad de expresión, cumplir con la vacunación universal contra la Covid-19, entre otros.
Estos son los 12 compromisos:
Poner en marcha en forma inmediata los máximos esfuerzos del Estado y otros para vencer la pandemia mediante estrategias eficaces con base científica; la aplicación de tratamientos y la vacunación universal desarrollando el mayor empeño para enfrentar la trágica situación de pobreza y hambre causada por la pandemia.
Respetar y defender el derecho fundamental a la vida y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de la República; lo que implica respetar los derechos de sus minorías y los marginados para garantizar una sociedad inclusiva, tolerante y plural.
Dejar el poder después del 28 de julio de 2026 y no buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección.
Que cualquier cambio y/o reforma, incluida la Constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes y en respeto al Estado de Derecho.
Respetar y proteger la independencia y los fueros de los otros poderes del Estado, así como respetar y proteger la autonomía de organismos como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional; la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva del Perú, entre otros.
Promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes, aumentando la igualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo además el trabajo de la Sunedu.
Respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa.
Asegurar la libre asociación en sindicatos, gremios, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales, vecinales y de base, entre otras formas de asociación ciudadana.
Promover y proteger la lucha contra la corrupción, y no interferir la labor de investigación que realizan los organismos especializados tales como fiscalías, policía, procuradurías y contraloría. Y que será prioritaria la lucha eficaz contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.
Respetar los tratados internacionales e instrumentos jurídicos que el Perú ha firmado, además de respetar las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Promover el bien común con una mejor distribución de ingresos, una mayor eficiencia del gasto e inversión pública y un mayor crecimiento del país estimulando la inversión privada que crea nuevos puestos de trabajo y genera riqueza sin dañar el medio ambiente, capital de nuestro futuro.
Finalmente, la Proclama Ciudadana pide respetar la institucionalidad meritocracia y no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policiales.
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Tras varias idas y venidas, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, finalmente presentó su plan de gobierno, mediante un documento publicado en sus redes sociales. Luego de cancelar una presentación en televisión nacional y tras varias postergaciones para dar a conocer el plan que propone, emitió un documento de 17 páginas.
El Plan «Perú al Bicentenario – Sin corrupción» inicia señalando que «en esta segunda vuelta del proceso electoral, no solo se define quién gobernará el país en los próximos cinco años. Se define si continúa este ciclo de desigualdad, corrupción, de abandono a nuestras familias y remate de nuestras riquezas; o si hacemos realidad, por fin, el cambio que anhelan nuestros pueblos. Se define si le cedemos terreno al autoritarismo y la violencia, a los discursos de odio, miedo y venganza; o si construimos un cambio en democracia, en paz, escuchando las diversas voces de nuestro país; escuchando sobre todo a quienes fueron invisibilizados y silenciados durante todos estos años.»
Pedro Castillo aclara que la propuesta se ha enriquecido con las demandas populares recogidas a lo largo de estos meses de campaña; por lo que ya no es la propuesta de Perú Libre, sino que es la propuesta de los pueblos que demandan un cambio.
Añade el documento que esta propuesta está referida a los temas urgentes como la crisis sanitaria y económica causada por la covid-19. Finalmente anuncia que, en sucesivos documentos precisará otros temas como lucha contra la corrupción, desarrollo infantil temprano, la educación; políticas para la inclusión de personas con discapacidad, y otros.
Plan de 7 puntos
El candidato Castillo presenta 7 puntos de su agenda Bicentenario, iniciando con su programa de lucha contra la pandemia de la covid-19. Propone un Comando Nacional Unificado de Lucha contra el Covid, liderado por el MINSA que defina las acciones urgentes. Además,, establecer las “Casas Respira” en cada distrito o centro poblado para el aislamiento de pacientes que requieran aporte de oxígeno y tratamientos especiales. Y distribución gratuita del oxígeno medicinal, camas UCI, «Vacunación Universal y Gratuita, sin Corrupción ni Privilegios».
En el plano de la reactivación habla de un relanzamiento del empleo y la economía popular, el inicio del proceso de una segunda reforma agraria. Además, un aporte justo de la empresas con sobreganancias, «gas para todos» y un retorno seguro a la educación presencial.
Finalmente, la convocatoria a un Referéndum Constituyente, que definirá si se aprueba o no la convocatoria una Asamblea Constituyente. Añade que sería «en el marco de las actuales reglas constitucionales y legales».
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Los ciudadanos que fueron miembros de mesa el 11 de abril ya pueden cobrar los S/ 120 por haber ejercido este rol. Según la modalidad elegida al registrarse en la plataforma habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Quienes optaron por cobrar dicha compensación económica acercándose al Banco de la Nación, podrán hacerlo en cualquiera de sus agencias. De acuerdo a un cronograma establecido con el propósito de evitar aglomeraciones en la entidad financiera.
Las fechas de pago dependen del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) del miembro de mesa. Si la última cifra es cero, podrán cobrar el lunes 17 de mayo; si es 1, el martes 18; y así sucesivamente.
Sin contar el sábado, hasta llegar a los ciudadanos con DNI terminado en 9, a quienes les corresponde retirar el monto el viernes 28 de mayo.
Pago a miembros de mesa sin registro
Durante las dos semanas de pago, también podrán cobrar los miembros de mesa que no se registraron en la plataforma de la ONPE. También los que se inscribieron, pero por diversos motivos, no lograron recibir el dinero.
Para facilitar y compensar la participación de los miembros de mesa, tanto los que salieron sorteados como los que se ofrecieron a cumplir esa función voluntariamente, el Estado peruano decidió proporcionarles un incentivo económico. Este se está entregando por la labor realizada en cada una de las jornadas electorales del 11 de abril y 6 de junio.
Aquellos ciudadanos que nuevamente sean miembros de mesa el 6 de junio recibirán en total S/ 240 soles.
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En la edición N° 49 del semanario El Búho, se detalla en una crónica los entretelones del debate entre los candidatos a la presidencia en aquel momento, Alan García y Alejandro Toledo.
El 25 de mayo del 2001 se publicó la edición N° 49 del semanario El Búho, donde se detalla, en una crónica, los entretelones del debate entre los candidatos a la presidencia en aquel momento, Alan García y Alejandro Toledo.
NOTA ORIGINAL
Tras la unánime decepción que el promocionado debate dejó en el electorado, nuestros candidatos no han tenido mejor idea que dedicarse a intercambiar epítetos, en una sorda confrontación de trapitos sucios en la que quien tiene más que perder es obviamente, el candidato mejor posicionado según las encuestas. A fin de cuentas la conclusión va a ser lo que todos ya sabemos: las credenciales morales de ambos, no son las mejores.
Aceptando en principio esta realidad, y ya que las sorpresas dejaron de existir por haberse hecho demasiado frecuentes en la historia electoral peruana de los últimos años, es la fragilidad previsible del nuevo gobierno, cuyo respaldo neto estaría apenas por encima de los 35 puntos. Al alto porcentaje del voto en blanco, y las heridas que inevitablemente dejará la campaña, hay que sumarle la precariedad de una eventual mayoría parlamentaria, supuestamente conformada entre Perú Posible, el FIM y algunos grupos pequeños que para mantenerse unida requerirá de los malabares de un equilibrista para controlar a un insaciable e impredecible Fernando Olivera, cuya actuación de los últimos días ha sido. por decirlo menos. decepcionante.
Este escenario con base de polvorín, sólo puede ser neutralizado por un acuerdo nacional en el que nadie puede imponer vetos o exclusiones y menos aún, un candidato perdedor. Además de casi boicotear la iniciativa del gobierno de transición para conformar una mesa de diálogo que haga de la gobernabilidad algo más que un pretexto para que los partidos chicos departan en una mesa con los grandes en sesiones que sirven para tomar muchas fotos y recordar a Gustavo Momhe quien sí era un auténtico concertador.
El resultado de las elecciones, a pesar de ciertos indicios, continúa siendo una incógnita, abonada por la desastrosa performance del candidato con mayor respaldo, luego del debate, a pesar de haber saneado exitosamente una anunciada demolición en el evento mediático que ocupó a los peruanos los últimos días. Su escasez de recursos quedó al descubierto apenas terminado el esperado debate.
Por su parte, García, quien a pesar de sus esfuerzos aún está, según las en-cuestas, muy por debajo de Alejandro Toledo, viene aplicando exitosamente la misma táctica que, casi insospechadamente, le permitió pasar a la segunda vuelta, sorprendiéndolo a él mismo. Y es la de privilegiar, por sobre todas las cosas, un ánimo conciliador. No en vano se ha autodenominado «el presidente de la concertación». Los golpes, cuanto más rudos y directos sean, favorecerían menos a quien los propina. El mensaje del cambio y la supuesta serenidad que García habría adquirido con los años, no seria compatible con una reacción airada o desproporcionada, ni siquiera con la defensa propia, que ha dejado en manos de Jorge del Castillo.
Así, sin quererlo, los mejores aliados de García han resultado ser el propio Alejandro Toledo, por un lado, y su archienemigo Fernando Olivera, por el otro. Este último que había logrado concentrar la votación de un 10 por ciento del electorado en primera vuelta, con la imagen de luchador implacable contra la corrupción que también tenía frases muy duras contra Alejandro Toledo, se ha convertido en un personaje sumamente antipático por su agresividad y su indisimulado afán de figuración. Sus censurables spots televisivos, se han convertido en el símbolo del estilo politiquero que los pentanos quisimos dejar atrás.
De otro lado, aunque hayan dado algunos pasos atrás en público, respecto al acuerdo entre ambos partidos (FIM y Perú Posible), es obvio que su alianza parlamentaria y la «ayuda» que brinda al candidato estos spots, hablan de una alianza, donde el moralizador tiene que tener alguna ganancia. También resulta sintomático no haber escuchado a Olivera pronunciarse por el tema del destino del millón de dólares donado por George Soros, que bien podrían haber servido para comprar el video Kouri/Montesinos. Fue el propio jefe del FIM quien denunció en primera vuelta la falta de voluntad de Perú Posible en la lucha contra la dictadura al no haber realizado los esfuerzos suficientes para conseguir que la cinta fuera difundida públicamente, a lo que la tienda de Perú Posible dijo que no lo hizo por falta de fondos, ya que los informantes habrían solicitado 150 mil dólares.
Duelo en el Marriot Hotel (debate presidencial)
¿Para qué cubrir un debate presidencial que se va a desarrollar prácticamente en privado? Alan y Toledo se mechan frente a 25 testigos de excepción y, a 20 metros, en un par de salitas, 170 periodistas acreditados y arrinconados de todo el mundo tienen que resignarse a seguirlos a través de un par de televisores de 18 pulgadas. ¿Cuánto hay para reportar que no sea lo que ya todo el Perú ha visto en sus pantalla ? En realidad, bastante.
Marco Sifuentes (Agenciaperu.com)
Tránsito cerrado tres cuadras a la redonda. Larcomar abandonada. La gente camina por las pistas. Policías con cascos y escudos por todos lados, casi un flashback a la Marcha de los Cuatro Suyos. En el frontis del hotel: periodistas, camarógrafos, técnicos, más policías, botones y políticos. «Después de once años, un debate presidencial paraliza el país… «, alguien suelta clichés a su cámara.
Hotel Marriot, resplandores dorados, lujo excesivo. En el ascensor transparente, primer contacto: Gloria Helfer, luciendo un primaveral traje completamente verde intenso, equívoca el botón del piso 4, donde están los salones del debate, de los periodistas y de la conferencia de prensa. «Uy, ahorita nos vamos al sótano», se ríe.
Piso cuatro, tonos marrones, sobriedad calculada. Siete de la noche, todos los periodistas ya llegaron. También hay una abarrotada cola de fotógrafos para entrar a la restringida «Zona Anil», donde está el salón San Martín, el del debate. Las instrucciones son claras: «Fotógrafos y camarógrafos podrán entrar al salón para captar vistas 15 minutos antes del inicio del debate», sólo durante 5 minutos. Masacre segura.
Los invitados en el debate presidencial
En el misterioso Salón Ejecutivo Grau, los invitados de Transparencia departen a puertas cerradas. Juan Paredes Castro entra y sale cada cinco minutos y la puerta entreabierta deja ver al psicoanalista Jorge Bruce entre los invitados, En la primera vuelta, había dicho que cada vez que Alan salía en la televisión, cambiaba de canal para que no lo convenza. ¿Por qué exponerse a 9() minutos de hipnótica verborrea, entonces? ¿Quiere convertirse en el Daniel Alcides Carrión del psicoanálisis peruano, señor Bruce? La puerta del Salón Grau se cierra y la pregunta se queda afuera.
Carlos Blancas, Enrique Cornejo, Carlos Zumaeta: la comitiva del APRA llega de a pocos. Mauricio Mulder se parece peligrosamente a Oscar Medelius. Por el otro bando, Carlos Ferrero, apurado, da la impresión de querer pasar desapercibido. «No es eso; es el tamaño», lo defiende una chica. Raúl Diez Canseco, en cambio, parece estar en todos lados. O quizás es el tamaño
Los coleguitas
Zenaida Solis, que desborda felicidad y declaraciones a la prensa, pasea por donde puede las bolitas blancas de su falda negra. Beto Ortíz, 10 kilos menos, casaca de cuero, la reconoce y le da su besito. Fotógrafos atentos. Clic, Momento Kodak. Algunos periodistas también son estrellas. Los que no lo son, esperan en los salones Bolognesi y Bolívar viendo el debate de Los Chistosos.
Radio Milena, el diario Reforma, Reuters TV, agencia Rotopress, Radio Selecta, El Tío, la Universidad San Martín: Transparencia no ha dejado de invitar a nadie. Hasta Expreso -que denunció una «conspiración de Perú Posible» para dejarlos fuera- ha enviado a un arisco redactor. «Yo no sé nada de eso, en realidad el redactor es ese canoso», se defiende. El canoso, para variar, está entrevistando a Zenaida Solís. En un sillón, un guachimán informadísimo lee el dossier de Caretas sobre Montesinos.
La espera
7:20 p.m. Alan vuelve al Marriot. El tumulto de la calle se escucha hasta el cuarto piso. Algunos se asoman al balcón. Abajo, un técnico jala un cable y hace rodar a un fotógrafo.
Aprovechando la confusión, Coqui Toledo, cafarena celeste, la pose de Antonio Banderas en el olvido, atraviesa el cuarto piso e intenta subir a un ascensor. «Oye, Coqui, tus palabras». Sonrisa incómoda. El ascensor demora. «Ya pues, danos una entrevista, que nosotros te tratamos bonito». Los fotógrafos se pasan la voz. «¿Ah?», alcanza a decir antes de ser rescatado por Raúl Diez Canseco.
7:30 p.m. Del Castillo, Mercedes Cabanillas, Luis Solari, el Centro Carter en pleno. Ya han llegado todos. Guido Lombardi se dirige al Salón San Martín. «¡Fujimori, Fujimori, tu pata!», le gritan un par de fotógrafos de diarios chicha. «El Chino era su causa», recuerda uno.
«¿Me parece o no nos van a dejar entrar?», reclama la chica de France Press. El fotógrafo de Hoy en la Noticia repregunta «¿Tenés hora?». 7:55 p.m. «¿Ya está listo mi whisky?», se preocupa Juan Paredes Castro. La espera desespera. Carlos Araujo, de El Chino, se hurga la nariz.
8:00 p.m. Por fin entra Alan al salón del debate. Toledo ya estaba adentro. Salmón Lerner parece respirar mejor. Bato Ortiz husmea, figurettísimo. Ha conseguido una habitación en el piso 7. «Hemos estado haciendo rabiar un poco a la seguridad del hotel, que son todos argentinos, no sé por qué». De pronto, los fotógrafos pueden entrar en jauría al Salón San Martín. Previsiblemente, se rompe algo. No tan previsiblemente, Beto entra con ellos y saluda con cachita a Toledo, que le hace un gesto de ya vas a ver a la salida.
Alan está canchero como siempre. Toledo, que trata infructuosamente de disimular su nerviosismo, ha regresado al look Clark Kent que estrenara el 27 de julio del año pasado. Sorprendentemente, la diferencia de estaturas no se ve tan escandalosa.
En el salón Bolognesi, los televisores muestran a Hildebrandt y Zileri, un combo inmejorable. Los coleguitas se acomodan, jalan sus sillas, se sirven sus gaseosas, suben volumen. Shshsshhh. Ya va a empezar.
Round two, fight!
Lombardi da las reglas de juego. Lerner dice algo sobre la transparencia y es el turno de Toledo. «Hermano, hermana, gracias por dejarnos entrar en tu casa», ha recuperado la conjugación en segunda persona singular que estrenara el 8 de abril. En el salón de periodistas, un mozo deja asolapadamente unos sanguchitos, que desaparecen en segundos. Toledo no dijo nada. Ahora saluda Alan con propuestas concretas y bonitas, y remata con una magistral franela al Marriot, Se lució «Salpica la sangre», bromea el de Caretas «Uno – cero», sentencia otro.
Tema: política económica y generación de empleo, Alan: Banco Agrario, 3 mil 500 viviendas, retomo a las 8 horas. Toledo se la juega con ataques caletas a García y le suelta la mala palabra: hiperinflación. «Uuuuuh», azuza el respetable. Otros silban.
Alan sonríe y suelta otra mala palabra: Vásquez Bazán. Afirma que su contendor trabajó con su exministro de Economía. «Esa es una infamia», un camarógrafo imita a Toledo. Risas grabadas.
El verdadero cholo de Harvard muestra un ejemplar de Semana Económica y aclara: «En mi gobierno, los ministros no serán secretarios del Presidente de la República». Toma mientras. García replica mostrando otra revista, pero Toledo ha dado la talla y este round se declara tablas. Lombardi confunde al padre Wicht cuando éste iba a formular su pregunta. En su respuesta, Toledo dice «miones». Déja vú. Un escalofrío recorre la audiencia.
Política social y alivio de la pobreza. Toledo: «Yo soy el producto de la educación». Alan promete seguro hasta a los mototaxistas. Han bajado el tono. Zenaida atropella su pregunta. «¿Un minuto?» Lombardi se malea», comenta alguno de una radio de provincia.
Derechos humanos, política anticorrupción y drogas. Uyuyuy. Alan se arriesga y menciona el terrorismo. Se lanza con todo y promete enhestar la corrupción «con el apoyo de la juventud». Se altera ligeramente: por primera vez excede el tiempo estipulado. Toledo empieza suave, menciona a Waisman y Olivera. Tose, carraspea, traga agua. Reta a García a ratificar su apoyo a la Comisión de la Verdad.
Luego, Alan sorprende mencionando el Plan Colombia y vuelve a sorprender: «ningún funcionario público debe tener pruebas de consumo de drogas». Toledo acusa el golpe, habla de ciertos juicios pendientes y vuelve a retar a García, quien reacciona, ahora sí. con la pierna en alto: «Un consumidor de cocaína no puede ser Presidente de la República». Finalmente, El otro sigue enrostrándole el pasado vergonzante: 2 mil 619 desaparecidos, El Frontón, Cayara.
Lo peor ya ha pasado y en Canal N Toledo va ganando con el 60% de las llamadas. Último tema: Descentralización, gobiernos regionales y locales. Los dos coinciden, aunque según García la exposición de Toledo «ha sido un prólogo para la mía».
Por último, en las alocuciones finales, Toledo ha tenido suerte: empieza Alan: «De peores circunstancias hemos salido», dice el expresidente. «De la que nos dejaste, por ejemplo», contestan en la sala. García es emotivo, pero la sensación de que ha empatado de local cuando por el salón Bolognesi. Así, Toledo termina con un mensaje entre conciliador y provocativo. Lombardi respira más calmado y se despide. Aplausos. El show ha terminado.
¿Y quién ganó?
Las conferencias postdebate son un saludo a la bandera. Primero Toledo, con todo su equipo, responde las preguntas que Rospigliosi y Gonzáles Arica permiten que sus conocidos hagan. «Zarai, justicia!». grita una mujer bastante elegante con toda la pinta de trabajar en el hotel. Luego Alan – acompañado tan solo por Del Castillo, que lo observa de lejos- aprovecha la primera pregunta para lanzarse con un discurso de 10 minutos y largarse inmediatamente.
En el intermedio se han formado pequeños conciábulos de gente esperando ansiosa por ser entrevistada. La única que puede decir algo diferente, en realidad, es Paulina Arpasi ¿Qué piensa de lo que dijo Alan sobre descentralización? «En su época había gobiernos regionales, ¿con que moral viene a hablar? Además, se ha copiada todo de Perú Posible y ni siquiera sabe ni copiarse…» Entonces un camarógrafo de Frecuencia Latina la empuja y los dos se olvidan de debates ajenos.
En la tele, Bayly y Alvarito declaran ganador a García. Hildebrandt calcula que Toledo ganó por puntos. Zilerí hace fintas. En la avenida Larco, el «Club de Fans de Toledo» ha llevado un Cholobús y celebra bailando los jingles del partido. En mi libreta, lo que iba a ser la crónica de una masacre anunciada se ha convertido en un empate técnico.
A la salida, Mufarech abraza a Garrido Lecca y lo vacila: «Paciencia, hermanito, son sólo cinco años más».
A tres semanas de la segunda vuelta, dos de los principales estudios de opinión sobre las preferencias de los votantes grafican escenarios muy distintos en la competencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori por la Presidencia de la República.
De acuerdo con el sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el candidato de Perú Libre mantiene una ventaja holgada sobre la lideresa naranja. Incluso, con diferencias ampliadas (6.9%) respecto al resultado anterior. Castillo queda con 36.5%, frente a los 29.6% de Fujimori. El estudio se realizó entre 13 y 15 de mayo, en la modalidad de encuestas telefónicas. Su margen de error es de ±2.8%.
Por su parte, los resultados de Ipsos grafican un empate técnico entre ambos postulantes, con tendencias diferentes. Castillo obtuvo un 40% de las preferencias frente a los 37% de Fujimori. El primero pierde tres puntos porcentuales, mientras que su contendiente crece la misma cifra. La diferencia con IEP es que el trabajo de Ipsos es un simulacro de votación con cédula y ánfora, realizado el 14 de mayo último. En resultados de votos válidos, los resultados se traducirían en 51.1% frente a 48.9% respectivamente.
Resultados de Ipsos e IEP. (Hacer click en la imagen para ampliar)
Coincidencias en encuestas de segunda vuelta
Si bien las diferencias son marcadas entre los dos estudios, persisten varios puntos en común. Es el caso de las votaciones diferenciadas según macrozonas. De acuerdo con IEP e Ipsos, Castillo sigue liderando en el Sur, Centro y Oriente; y Fujimori hace lo propio con Lima. La discrepancia llega en el Norte, que IEP otorga a Perú Libre e Ipsos a Fuerza Popular.
Respecto a las preferencias en los niveles socioeconómicos se observa una tónica similar. Pedro Castillo sigue dominando los niveles D/E y Keiko Fujimori se queda con los A/B. Respecto al nivel C, IEP da un 35%/32% a favor del profesor, e Ipsos grafica un 43%/33% para la candidata.
El antivoto lo sigue liderando Keiko Fujimori, aunque con márgenes distintos para ambas organizaciones. En IEP, obtiene un 47% frente al 35% que obtiene Pedro Castillo. Lo que varía bastante en Ipsos, que le da un 46% ante el 42% del representante de Perú Libre.
Resultados de Ipsos e IEP. (Hacer click en la imagen para ampliar)
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Pedro Castillo no asistió al debate que él mismo propuso en los exteriores del penal de Santa Mónica; sin embargo él ya había anunciado que no asistiría a ese debate, sino a los del JNE. En cambió, aprovechó su presencia en La Victoria para presentar a su equipo técnico.
Por su parte, Keiko Fujimori mandó a levantar un estrado en las afueras del penal Santa Mónica y realizó un mitin, junto a su hermano Kenji Fujimori. Allí dio un largo discurso y aseguró que Castillo se volvió a correr. También dijo que no iba a tolerar la “actitud cobarde” y “misógina” de Castillo.
Lo que no faltó en ambos eventos fue la aglomeración y el nulo distanciamiento social, convirtiéndose en grandes focos de contagio.
Pedro Castillo y Keiko Fujimori compiten por la Presidencia del Perú y se enfrentarán en una segunda vuelta este próximo 6 de junio. La elección se presenta muy polarizada y los electores están claramente divididos. Según los sondeos de opinión, Pedro Castillo aventaja a Fujimori por un margen cada vez menor. La batalla se ha trasladado también al campo mediático, pues la gran prensa nacional parece haberse inclinado hacia la candidatura de Fujimori.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Al 15 de mayo, se tienen 774 pacientes hospitalizados por covid-19 y 105 pacientes se encuentran en UCI con ventilación mecánica, además de 8 pacientes en Trauma Shock.
La Gerencia Regional de Salud de Arequipa emitió su informe con cifras hasta las 00:00 horas del día 15 de mayo del 2021. Según el reporte, 22 personas han fallecido en las últimas 24 horas.
Asimismo, se han procesado 1 millón 724 mil 759 muestras por covid-19, sumando 203 mil 692 casos y 1 millón 519 mil 539 negativos.
Al 15 de mayo, se tienen 774 pacientes hospitalizados por covid-19. A eso hay que añadir que 105 pacientes se encuentran en UCI con ventilación mecánica y 8 pacientes en Trauma Shock, según informa la Geresa.
La Geresa informó también que la cifra de fallecidos acumulada asciende a 4 mil 182 defunciones, según las métricas oficiales registradas en la región.
El número de pacientes que recibieron el alta subió a 190 mil 712 hasta el momento, en diferentes establecimientos de salud de Arequipa. El total de recuperados equivale al 96% del total de casos detectados en la región hasta el momento.
Recomendaciones de Geresa de Arequipa
La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa emitió una serie de recomendaciones para prevenir el contagio de covid-19. Esta es la manera en que las autoridades piden a la población apoyar en la disminución de los índices de contagio.
Lavado frecuente de manos durante 20 segundos.
Uso adecuado y permanente de la mascarilla.
Distanciamiento social de 2 metros entre personas.
Periodista en Arequipa. Es colaboradora de El Búho y ha laborado en varios medios de comunicación. Se especializa en temas medioambientales, derechos humanos y de la mujer.
«Cuando el Presidente de la Región de Junín, Vladimir Cerrón, recibió el expediente de extensión del plazo y de pago a la empresa contratista, no se interesó indebidamente en este asunto»
Candidato presidencial por Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas.
Candidato presidencial por Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas.
Vladimir Cerrón, expresidente la región de Junín, ha sido condenado por el Poder Judicial, entre agosto de 2019 y abril de 2021, por negociación incompatible o aprovechamiento indebido de su cargo (subtítulo del artículo del Código Penal que le aplicaron).
Es presidente del Partido Perú Libre, organización que, en las elecciones de abril del 2021, obtuvo el primer lugar para el cargo de Presidente de la República y 37 representantes en el Congreso de la República de un total de 130.
Un examen imparcial y basado en la lógica jurídica revela que esta sanción es un legicidio y un contrasentido.
La sentencia condenatoria de primera instancia Nº 041-2019-5JUP/CSJJU del 5 de agosto de 2019, expedida por la Jueza del 5º Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, se extiende en 62 páginas de apretado texto y la de segunda instancia Nº 091-2019-SPAT, expedida por dos de los tres vocales de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria, también de Huancayo, cubre 60 páginas igualmente densas. El vocal que votó por la absolución necesitó sólo 10 páginas.[2]
¿Eran necesarias tantas páginas para expresar algo tan concreto como los hechos imputados y para exponer las consideraciones de un razonamiento equívoco?
Desde hace algún tiempo se advierte en ciertas sentencias de todas las instancias, especialmente cuando deniegan derechos, una articulación interminable y repetitiva con aires de pretendida exposición académica. Los jueces, salvo unos pocos, no son profesores de derecho. Su función no es impartir cátedra. Es resolver los conflictos de derecho, examinando si los hechos, supuestamente delictivos o ilegales puestos a su consideración, son iguales a los descritos por la norma como antecedente de hecho para decidir si se debe aplicar la consecuencia de derecho o sanción.
Y no hace falta dar tantas vueltas y revueltas, como la ardilla de la fábula de Esopo, para hacer este razonamiento que restableciera Irnerio a fines del siglo XI, cuando rescató del olvido el Corpus Juris Civilis y fundó la Universidad de Bolonia. La deducción, método empleado para aplicar la ley a los casos concretos, fue denominada por los griegos de la Antigüedad silogismo que quiere decir razonamiento (Aristóteles), una operación lógica que debe ser cierta, precisa y clara para todos y no solo para los abogados, como una expresión de la igualdad de todos ante la ley.
Una de las consecuencias de la indebida longitud de las sentencias es la demora en la solución de los procesos. Si lo que puede decirse en unas pocas páginas se dilata en decenas y decenas de páginas cuya redacción puede tomar varias semanas; es obvio que en lugar de sentenciar 10, 15 o 20 procesos se sentencia solo uno.
I.– LOS HECHOS
Para que una sentencia exprese que hubo o no violación de la ley debe contener la exposición ordenada y cronológica de los hechos que resulten de la acusación del Ministerio Público; y añadir la defensa de la persona o personas acusadas. Tal no sucede con las sentencias de primera y segunda instancia en mayoría del caso Cerrón donde se amontonan los hechos sin orden y repitiéndolos. Un abigarramiento, al parecer, a propósito para la emisión de la condena que fue muy escueta en la parte final.
Para establecer la secuencia de los hechos me ha sido necesario extraer de ambas sentencias, de una y otra página separadas por muchas, y de la acusación fiscal, caso Nº 452-2015 del 13 de diciembre de 2017, las referencias a los hechos que expongo a continuación.
Los acusados fueron los funcionarios de la Región de Junín: Vladimir Cerrón Rojas, Presidente del Gobierno Regional de Junín; Henry Fernando López Cantorin, Gerente General del Gobierno Regional; Carlos Arturo Mayta Valdez, Gerente Regional de Infraestructura; y Juan Carlos Sulca Yauyo, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.
El 6 de octubre de 2008 se celebró un Convenio Internacional Marco de Cooperación Técnica Financiera de Administración de Recursos Nº 099-2008 entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Gobierno Regional de Junín, representado por su presidente Vladimir Huároc Portocarrero. Aquella entidad se comprometió a proveer recursos financieros para la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de La Oroya.
Licitada la obra por la OEI, ganó el Consorcio Altiplano S.A. por el monto de S/. 36’936,034.59 soles y, con fecha 11 de marzo de 2010, se suscribió el contrato entre el consorcio indicado y la Región de Junín. Se estableció que la ejecución de la obra debía comenzar cuando se entregara el terreno, lo que sucedió el 27 de marzo de 2010; de modo que la obra debía ser entregada concluida el 17 de setiembre de 2011, o en 540 días naturales. El 16 de marzo de 2010 se había suscrito un contrato con Servicio de Consultores Andinos S.A., SERCONSULT, tras un concurso, para supervisar la obra.
El nuevo Presidente del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, empezó su período de gobierno el 1 de enero de 2011.
En ninguna parte de la acusación fiscal y las sentencias de primera y segunda instancia por mayoría, se dice si el Consorcio Altiplano ejecutó las obras contratadas, y, de haberlas ejecutado, cuáles fueron los avances. Esto es fundamental, por cuanto de lo que se trataba era de una obra necesaria para la población de La Oroya y para determinar su estado hasta que sucedieron los hechos que fueron materia de la acusación fiscal.
En esta se dice que, por carta Nº 041-201/CA-LO, del 18 de junio de 2011, la empresa Altiplano solicitó la ampliación del plazo Nº 3, pedido también hecho por la empresa Supervisora de Obra, carta Nº 097-2011/PLO/RL, del 24 de junio de 2011. Ambos pedidos fueron dirigidos al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, Juan Carlos Sulca Yauyo. Ni en la acusación fiscal ni en las sentencias condenatorias se alude a las causas de este pedido de ampliación de plazo. En la acusación fiscal se dice: “El contratista el Consorcio Altiplano no ha presentado la Constancia Condiciones Meteorológicas emitidas por SENAMHI, documento técnico fundamental para la elevación y cuantificación de dicha ampliación.” (punto 3.2.8).
Luego Sulca Yauyo le pidió a la abogada Directora de la Asesoría Jurídica que emitiera un pronunciamiento sobre la extensión indicada del plazo. Según la acusación fiscal “se deniega la ampliación” (punto 9). No se tiene en cuenta que las asesorías jurídicas carecen de poder de decisión y que solo pueden emitir opinión.
El 1 de julio de 2011, la Gerencia Regional de Infraestructura, resolvió denegar la ampliación del plazo Nº 3, Resolución Nº 083-2011-GR-JUNIN/GRI. Pero, el 21 de junio de 2011, el mismo funcionario dijo: “de acuerdo a los documentos de referencia la obra se encontró paralizada desde el 03 de enero de 2011 hasta el 03 de julio de 2011, por causal de precipitaciones pluviales propias de la zona. Por lo cual se solicita a su representada solicitar al Consorcio los mayores gastos generales realizados en la etapa de paralización debidamente sustentados para que sean evaluados por su representada.” No es irregular que un acto administrativo sea dejado sin efecto por otro dictado por el mismo funcionario si resulta que sus elementos de convicción han variado (aplicación del art. 6º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444).
En la sentencia de primera instancia se indica que “en el asiento 325 de fecha diciembre 2010 y en el asiento 351 de fecha 02 de febrero de 2011 (no se especifica de qué expediente) donde el contratista solicita la paralización temporal de los trabajos para el mes de enero y febrero, meses en que se intensifican las lluvias para lo cual se estará presentando los respectivos reporte o información de estaciones meteorológicas en la zona y que el inicio de la paralización sea desde el 03 de Enero del 2011 por sesenta días calendarios.” (punto 6). El informe legal Nº 072-2011-ORAJ/GRJ, del 29 de enero de 2011, dijo que “es atribución de la Supervisión de Obra, en coordinación de la Gerencia Regional de Infraestructura, previa evaluación técnica, acordar la paralización de la ejecución de la obra por el plazo señalado” (punto 5).
El hecho tan fundamental de la paralización de las obras por las lluvias que, se infiere, fue su causa, es tratado como al pasar en ambas sentencias. Ni el Ministerio Público ni los jueces lo examinan en toda su magnitud y consecuencias.
Se debe suponer que, por tratarse de una obra necesaria para la población de La Oroya y por las presiones de sus beneficiarios, las autoridades del Gobierno Regional de Junín estaban preocupadas mientras la paralización continuaba. Sin embargo, la utilidad de la obra y las reacciones de sus beneficiarios son los grandes ausentes del proceso penal.
A comienzos de setiembre de 2011, el Consorcio Altiplano inició el procedimiento arbitral (de conformidad con el art. 40º.b de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo. 1017, vigente en ese momento). Este dato importante es mencionado indirectamente en la acusación fiscal (punto 13) y en las sentencias condenatorias.
El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, por el Reporte Nº 3017-2011-GRI/SGL, del 21 de setiembre de 2011, dijo que la dependencia a su cargo “ha visto por conveniente en llegar a un acuerdo definitivo con el CONSORCIO ALTIPLANO sobre esta controversia” y señaló que lo máximo a pagar como suma adicional debería ser 850,000 soles.
El 26 de setiembre de 2011, en una reunión de Gerentes del Gobierno Regional de Junín, a mérito del reporte nº 3017 indicado, se autorizó al Procurador Público Regional llevar adelante la solución de la controversia con el consorcio contratista Altiplano mediante una conciliación. El acuerdo constó en el acta Nº 269-211 por la cual se le reconoció a la indicada empresa por todo pago adicional 850,000 soles y una extensión del plazo de 154 días. La Gerencia Regional de Infraestructura, por la Resolución Nº 159-2011-GRJUNIN/GRI, del 27 de octubre de 2011, dejó sin efecto la Resolución Regional de Infraestructura Nº 083-2011/GR-JUNIN/GRJ, del 1 de julio de 2011, y aprobó la ampliación del plazo y la ejecución de la conciliación.
Se llegó a una conciliación, para evitar la dilación y los mayores gastos que hubiera ocasionado un trámite arbitral ya iniciado. Al comenzar este trámite, el consorcio contratista reclamaba el pago de 1´034,951.57 soles (Acusación fiscal, punto 14).
El Presidente del Gobierno Regional de Junín Vladimir Cerrón firmó la Carta Nº 117-2011-GRJ-PR el 15 de diciembre de 2011, autorizando el pago de 850,00 soles a la empresa contratista, y solicitó a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura cancelar esta suma. Finalmente, esta entidad pagó al Consorcio Altiplano dicha cantidad, factura Nº 0001-000024 (Acusación fiscal, punto 3.3 Circunstancias posteriores).
Análisis de los hechos y su consideración en las sentencias de primera y segunda instancia por mayoría
Los hechos fundamentales son: el contrato entre el Gobierno Regional de Junín y el consorcio contratista Altiplano; los avances de obra; la paralización de las obras por la empresa; el acuerdo de pago de los 850,000 soles al consorcio contratista; y la resolución de pago de esta suma por el Presidente de la Región de Junín.
Contrato
Nada se dice en la acusación fiscal y en las sentencias condenatorias sobre las implicaciones de este hecho.
Avances de obra
¿Cuáles fueron las condiciones de la obra pactadas por la anterior administración. ¿Estuvieron los avances bien hechos? ¿Surgieron imprevistos que luego podrían haberse manifestado? ¿Hubo interrupciones? Se sabe que por el hallazo de restos arqueológicos la obra se paralizó y que para obtener el Certificado de Restos Arqueológicos hubo de reformularse un expediente técnico. ¿Cuánto duró esta paralización? No hay ninguna referencia a estos hechos en las sentencias de primera y segunda instancia por mayoría, y era necesario hacerlo para determinar con claridad y exactitud los antecedentes de los hechos que vinieron después y sus efectos, y la necesidad de subsanarlos o no.
Paralización de las obras
La sentencia de primera instancia dice a este respecto: “lo que motivó la paralización de la obra desde el mes de enero a junio del 2011, fueron las presuntas precipitaciones pluviales, lo cual pese a haber sido materia de pronunciamiento por su misma Gerencia, no respetó incluso, de acuerdo a los medios de prueba también oralizados en audiencia como lo es el Cuaderno dee Obra (fs. 95 a 154) así como el de la Copia autenticada del Oficio Nº 409/SENAMHI-DR-11JUNIN/2014 de fecha 21 de octubre de 2014 (fs. 154 al 156) se desprende que no todos los días durante la ejecución de la obra hubo precipitaciones pluviales, esto es, en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2011” (punto 8.4.d). Para la Jueza que sentencia en primera instancia esta es la prueba que tipifica el delito que les imputa a Cerrón y otros.
Analicemos esta prueba. La Jueza se refiere a “presuntas precipitaciones pluviales”. Presunto quiere decir que se supone o sospecha la realización de un hecho, aunque no esté demostrado, participio pasado de presumir que es “sospechar, juzgar o conjeturar una cosa por tener indicios o señales para ello” (Diccionario de la Real Academia Española). Por consiguiente pudo haber precipitaciones pluviales de enero a junio de 2011, lo que ella misma confirma al afirmar que, según el informe del SENAMHI que cita, “no todos los días durante la ejecución de obra hubo precipitaciones pluviales”.
Esto quiere decir que pudo haber precipitaciones un día sí y otro no, o varios días cada vez seguidos de una pausa, o pudo llover durante la mayor parte de ese período. Las posibilidades son muchas. A la Jueza no le importó (o tal vez sí le importó o tuvo “interés”) pasar por encima de este tramo del proceso. La Fiscalía presentó como prueba la “Copia de cuaderno de obra del período en correspondiente a la paralización de obra y copia autenticada del oficio Nº 409/SENAMHI-DR-11 Junin/2014 de 01 de octubre de 2014” (punto IV.8, pero no expone su contenido ni lo considera para sus conclusiones).
La ampliación del plazo de ejecución de una obra constituye una modificación del contrato y debe ser apreciada de conformidad con el Código Civil que dispone: “Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.” (art. 1314º); “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible o irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.” (art. 1315º). La Ley de Contrataciones del Estado disponía que son admisibles prestaciones adicionales, reducciones o ampliaciones “por situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato” (D. Leg. 1017, art. 41º.2).
Si en un sitio llueve todo el tiempo, una obra podría no ser posible. Pero si llueve esporádicamente, determinadas obras si serían posibles, hasta que un aumento de intensidad de las precipitaciones las impidieran, en cuyo caso se estaría ante un caso fortuito. En la vertiente del Atlántico, a la cual pertenece La Oroya, las lluvias son más variadas, intensas e irregulares que en la vertiente del Pacífico, y cuando aumenta su frecuencia o intensidad pueden causar paralizaciones de ciertos servicios y obras. En el caso concreto de Vladimir Cerrón y los otros acusados, no era legal proceder con generalizaciones e imprecisiones.
La Fiscalía estaba obligada a probar el hecho que aducía como base de la imputación de una conducta delictiva (Código Procesal Penal, art. 65º.1), es decir cómo se dieron las lluvias entre enero y junio de 2011 o, por mejor decirlo, si sostuvo que no hubo lluvias que causaran la paralización de las obras se debería haber probado este hecho de manera indubitable, puesto que, a su criterio, conducía a presumir hechos delictuosos.
De modo semejante, los jueces de primera y segunda instancia en mayoría estaban obligados, en la valoración de la prueba, a “observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia” de manera que la sentencia contenga “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probados o improbados, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique.” (Código Procesal Penal, art. 394º.3).
Por lo tanto, si hubo lluvias de enero a junio de 2011 era legal la concesión de un plazo adicional y, de haber habido gastos a causa de este fenómeno meteorológico, ajeno a la voluntad de las partes contratantes, cabía un pago adicional.
El acuerdo de pago de los 850,000 soles al consorcio contratista
Este pago fue objeto de una negociación, prevista por la Ley de Contrataciones del Estado (D. Leg. 1017, art. 40º.b).
La conciliación no fue, pues, un hecho oculto o ilegal. La Junta de Gerentes del Gobierno Regional de Junín no se “interesó” indebidamente en un acto al que se encontraba obligada por la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y por el Código Civil. Según la primera Ley, a esa Junta le tocaba decidir sobre un acto administrativo relativo a una situación emergente por hechos fortuitos (las lluvias) y necesario para hacer avanzar una obra indispensable para la población de La Oroya. Según el Código Civil, “El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.” (art. 1351º).
Ni el Ministerio Público ni los jueces en sus sentencias se han referido a la necesidad y legalidad de este trámite. Para ellos, de hecho, se trató de un acto movido por un interés ilegítimo que no prueban, puesto que los hechos que condujeron a él no fueron ilegales, ni el Ministerio Público ni los jueces que condenaron probaron su ilegitimidad.
Prejuzgando sobre la extensión del plazo de ejecución del contrato, los juzgadores de primera instancia y los dos que votaron en mayoría en segunda instancia prejuzgan a continuación sobre el interés que habría movido a los acusados al que, de plano, califican de indebido.
La resolución de pago por el Presidente de la Región de Junín
Cuando el Presidente de la Región de Junín, Vladimir Cerrón, recibió el expediente de extensión del plazo y de pago a la empresa contratista, no se interesó indebidamente en este asunto. De conformidad con la Constitución Política, la Ley de Gobiernos Regionales, la Ley de Procedimientos Administrativos y el Código Civil, le correspondía atenderlo y disponer el pago en base a los antecedentes del mismo. El acta de conciliación suscrita por el Procurador de la Región de Junín con el consorcio contratista era un título ejecutivo (Código Procesal Civil, art. 693º.5).
El hecho de ordenar un pago no significa que sea ilícito en sí, ni que dé lugar a un “interés indebido”, cualesquiera que sean las consecuencias del pago. Podría ocurrir, incluso, que un contratista o un proveedor que reciba un pago de alguna entidad del Estado no cumpla con sus obligaciones contractuales. No por eso, el funcionario que autorizó el pago se convierte automáticamente en un delincuente.
Si se cumplieron los trámites legales relativos al acto administrativo, el funcionario que lo expide procede legalmente. No eran, además, recursos del Estado los que se comprometían, cuyo buen uso hubiera correspondido a la entidad internacional que los suministraba. Pero esta nunca tachó de ilegal ese pago adicional, lo que hace presumir que estuvo bien y legalmente hecho.
II.– EL DERECHO
En Derecho Penal la tipificación de la acción considerada punible requiere la concurrencia de dos condiciones legales esenciales:
1.– “Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión…” (Const., art. 2º.24.d; Código Penal, art. II del Título Preliminar); y
2.– “Las penas establecidas por la Ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa. El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la Ley.” (Código Penal, at. 12º).
Los hechos son ilícitos por su configuración igual a los tipos descritos por la ley como delitos o faltas; y las personas se consideran inocentes mientras no se haya probado su culpabilidad en un proceso penal (Constitución, art. 2º.24.e). La carga de la prueba de los hechos considerados delictivos recae en el Ministerio Público, aunque esta obligación no haya sido establecida con claridad en la actual Constitución (art. 159º), situación que debería ser corregida.
La tipificación
El art. 399º del Código Penal” dispone: “El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido … ”
Veamos la primera fracción de este artículo:
“El funcionario o servidor público que indebidamente […] se interesa, en provecho propio o de tercero”
La palabra interesar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa: “Ser motivo de interés. 2 Dar parte a uno en un negocio o comercio en que pueda tener utilidad o interés. 3 Hacer tomar parte o empeño a uno en los negocios o intereses ajenos, como si fuesen propios. 4 Cautivar la atención y el ánimo con lo que se dice o escribe. 5 Inspirar interés o afecto a una persona. 6 Producir impresión a uno una cosa. 7 Producir una cosa alteración o daño en un órgano del cuerpo. 8 Solicitar o recabar de alguien datos, noticias, resoluciones, etc. 9 Adquirir o mostrar interés por alguien o algo.”
Es un hecho psicológico que puede exteriorizarse como una acción, un hacer o un no hacer con respecto a un objeto; o un hecho para que se realice o no se realice.
Un funcionario público está obligado a interesarse por los servicios y obras que le conciernen. Para eso se le ha nombrado o designado; es una obligación de esencia constitucional que, en el ámbito de competencia del funcionario público, realiza las obligaciones del Estado (Const. art. 44º; “Todos los funcionarios públicos están al servicio de la Nación.” Const. Art. 39º).
Lo que el art. 399º del Código Penal prohibe a los funcionarios públicos es interesarse indebidamente.
¿Cuándo es indebido el interés del funcionario? No lo es cuando cumple sus funciones legales y hace lo posible para que se cumplan por él o por otros. Más aún, el interés es una parte constitutiva de las obligaciones del funcionario. Al contrario, el interés se vuelve indebido cuando el funcionario transgrede o incumple las funciones señaladas en las normas legales que le son pertinentes. Pero, además, este interés indebido debe ser “en provecho propio o de tercero”.
Las dos condiciones objetivas son necesarias para la configuración del acto delictivo prohibido por el art. 399º del Código Penal.
La transgresión de las obligaciones y facultades del funcionario público no es un concepto que los jueces y fiscales deban imaginar o tomen en préstamo de la jurisprudencia o la doctrina. Los actos de los funcionarios públicos, actos administrativos, están regidos por la Constitución, la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (Texto Único Ordenado de la Ley 27444), las normas reguladoras del presupuesto público y, en este caso, por la Ley de Contrataciones del Estado (D. Leg. 1017).
“Son actos administrativos –dice la Ley 27444– las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administracios dentro de una situación concreta.” (art. 1º) “Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos elementos incorporales al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto.” (Ley 27444, art. 2º.1).
En definitiva, se trata de asegurar que el fin público, por el cual existe la administración pública, se cumpla. Por eso, la Ley del Procedimiento Administrativo General ha establecido el principio de impulso de oficio, por el cual “Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.” (Ley 27444, art. 1.3). Es obvio que este impulso de oficio se manifiesta como el interés en la ejecución de las funciones a cargo del funcionario público.
Como los actos administrativos tienen como objeto el universo de los hechos, funciones, objetivos y caracteres de la vida del Estado, requieren la opinión de las instancias técnicas que ven su necesidad, efectos, posibilidad y extensión. Por eso, el acto administrativo “Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión deben notificarse al administrado conjuntamente con el acto administrativo.” (Ley 27444, art. 6º.2).
Y luego, se subraya la aplicación del principio de razonabilidad por el cual “Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacciòn de su contenido.” (Ley 27444, art. 1.4).
“Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico.” (Ley 27444, art. 8º). “Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no se declare por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda.” (Ley 27444, art. 9º).
Si el acto administrativo no da los resultados esperados, eso no cae dentro del presupuesto de hecho del art. 399º del Código Penal.
Es evidente que, al realizar un acto administrativo de su competencia, Vladimir Cerrón se interesaba en la continuación de la obra de La Oroya; pero ese interés no era ilegal ni en provecho propio. Y es evidente también que el consorcio contratista Altiplano tenía interés, pero no se probó que fuera ilegal.
“El funcionario o servidor público que […] se interesa […] por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo.
En el momento de los hechos, Vladimir Cerrón era Presidente del Gobierno Regional de Junín. De conformidad con el art. 192º de la Constitución era de su obligación el fomento de “los servicios públicos de su responsabilidad” y, para ello, lo facultaron para “administrar sus bienes y rentas” de su región, así como para “Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad” (inc. 4), y como titular del pliego presupuestario de la Región de Junín era de su obligación disponer los egresos a que hubiera lugar.
Uno de ellos fue la obligación de aprobar el pago de 850,000 soles al consorcio contratista Altiplano que resultaba de un acuerdo de la Junta de Gerentes y de una conciliación con la empresa de extensión del plazo y de pago de esa suma suscrito. Ambos actos: el administrativo y el civil, estaban vigentes y por sus formas y contenido eran necesarios y legales; y no se habían sometido a un proceso de anulación.
Vladimir Cerrón tenía que aprobar ese pago que, por lo demás, era necesario para la continuación de una obra importante para la población de La Oroya y porque el documento de la conciliación era un título ejecutivo.
No se ha probado que Vladimir Cerrón, como Presidente del Gobierno Regional de Junín, haya ordenado, presionado o influido de alguna manera para que las instancias administrativas inferiores incurran en alguna conducta ilegal o expidan actos administrativos contra la ley y desvirtuando o desconociendo los hechos. En las relaciones con el consorcio contratatista cada instancia obró con independencia. Vladimir Cerrón resolvió ateniéndose al expediente administrativo que llegó a su despacho, y lo hizo legalmente.
Por tanto, cuando intervino en la acción que debía conducir a la continuación de la obra paralizada no se estaba interesando indebidamente en un acto administativo que le competía.
No se ha probado que Vladimir Cerrón haya intervenido en esa acción en provecho propio.
El provecho, en su intención y objetivamente, era para la Región Junín, ya que debía implicar la terminación de una obra necesaria para La Oroya; pero también para el consorcio contratista, aunque no fue este un provecho indebido, sino la contraprestación de los trabajos que se comprometía a hacer. La situación es semejante en cualquier contrato de obras o de servicios. El contratista que se compromete a hacerlos, lo hace por un provecho que espera obtener.
Con el criterio de los jueces que condenaron a Vladimir Cerrón y a las otras personas incursas en el proceso penal, cualquier extensión o modificación de un contrato de obras públicas o de adquisición de bienes, sería automáticamente ilegal, aunque la Ley de Contrataciones del Estado lo permite (D. Leg. 1017, art. 41º). Se puede suponer que para tales jueces y fiscal ninguna modificación de esos contratos es necesaria y menos aún legal.
La intensión dolosa
Los jueces que condenaron a Vladimir Cerrón y sus coinculpados y los que resolvieron en casación no tomaron en cuenta el artículo 12º del Código Penal que dispone: “Las penas establecidas por la Ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa.” El dolo, que es la intención deliberada de cometer un delito y que debe ser probado, no es objeto de consideración en las sentencias de primera y segunda instancia por mayoría. Y no puede haber dolo cuando un funcionario público, obrando en el ejercicio de sus funciones, realiza o emite determinados actos administrativos que son válidos; mientras no se demuestre en la vía administrativa o en la subsiguiente vía contencioso-administrativa su nulidad, lo que no ha sucedido en el caso de Cerrón y los otros inculpados.
Solo el vocal de la Sala de Apelaciones Transitoria – Sede Central de Huancayo, Carlos Abraham Carvo Castro, que votó por la absolución de Vladimir Cerrón y del gerente de la Región de Junín Henry Fernando López Cantorín; y por la nulidad de la sentencia condenatoria de los otros acusados. Se fundó en que ellos actuaron en el ejercicio de sus funciones y que no se había probado ni el interés indebido ni el dolo.
Los jueces que condenaron se salieron de la tipificación legal y fueron a buscar argumentos en la jurisprudencia y la doctrina, valiéndose del art. 394º.4 del Código Procesal Penal que, erroneamente, las coloca en los niveles de la Constitución y la ley para juzgar. La sentencia contendrá –dice este artículo– “Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo”. Ni la jurisprudencia ni la doctrina pueden calificar jurídicamente a los hechos. La Constitución es muy clara a este respecto: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca, como infracción punible” (art. 2.24.d); en la ley; no en la jurisprudencia ni en la doctrina.
En la sentencia de segunda instancia se acude a la jurisprudencia para fundar el fallo: “Estamos ante un delito de peligro concreto y de resultado -cita la Casación Nº 231-2017/Puno, décimo cuarto fundamento-; por tanto, el resultado no es el perjuicio económico, sino la creación del hecho, como en este caso de S/. 850,000.00 soles a favor del consorcio Altiplano”. Luego se invoca la doctrina: “Debido a su naturaleza de delito de peligro, su realización no está supeditada a la lesión efectiva de un bien; sino que la relación entre el peligro y la realización del mal futuro, se encontrará en un nexo de posibilidad”.
El Código Penal utiliza la calificación de delitos de peligro aquellos contra la seguridad pública y los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos; y no es posible jurídicamente aplicarla a otros delitos. El delito tipificado por el art. 399º no es un delito de peligro; es un delito que causa un daño efectivo: el “provecho propio o de tercero”, que debe probarse. Pero a los jueces que condenaron no les importó el contrasentido.
Interpuesto el recurso de casación, la sentencia de la Corte Suprema, lo declaró improcedente sin analizar si el procedimiento se había ajustado a la legalidad. Dijo que “el recurso de casación excepcional planteado no cumple con las exigencias establecidas en numerales 1 y 3 del artículo 430 Código Procesal Penal». Ambos numerales disponen que el peticionante debe indicar la causal del artículo 429º del mismo Código aplicable; una formalidad que, de no ser precisada, les permite a los jueces supremos eximirse de tratar el caso.
El Estado, cuya obligación es solucionar los conflictos jurídicos con imparcialidad, está obligado a aplicar la ley, aunque no sea mencionada; lo que es un modo de cumplir “La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional” (Constitución, art. 139º.3). La sala de la Corte Suprema debió revisar al proceso para determinar si se habían aplicado correctamente las leyes pertinentes aunque no hubieran sido invocadas; y si se habían valorado los hechos lógica y legalmente. Ya se ve que es necesaria una reforma de la Constitución para establecer este principio en términos más claros y contundentes.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que financió la obra para proveer de alcantarillado y agua potable a la población de La Oroya, no se presentó como parte civil en el proceso penal examinado. Su director, cuando se hizo esta donación, fue el profesor y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, José Ignacio López Soria; un intelectual de valía superior y moral acrisolada, ni él ni los funcionarios que sucedieron en el cargo descendieron a mezclarse en este proceso penal.
Conclusiones
No hubo nada ilícito en el pago de 850,000 a la empresa contratista para continuar la obra del alcantarillado y agua potable de La Oroya. Por eso, las sentencias condenatorias, de primera instancia y de segunda instancia en mayoría son infundadas; además, son nulas por la omisión de considerar la legalidad o ilegalidad de los hechos imputados y por la prescindencia de considerar si hubo dolo.
¿Cómo puede calificarse la conducta de los jueces que condenaron ilegalmente a Vladimir Cerrón? Leo el artículo 418º del Código Penal: “El Juez o Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrario al texto expreso de la ley; o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido…”
En la consideración de este caso, la opinión pública será el primer juez.
(14/5/2021)
[1] Jorge Rendón Vásquez es Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Doctor en Derecho por esta Universidad. Además, Docteur en Droit por la Université de Paris I (Sorbonne).
[2] La Constitución establece: “El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de resoluciones y sentencias, con las limitaciones de la ley”. (Art. 139º.20).
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Abogado y novelista. Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en Derecho por la Universidad de Paris I (Sorbona). Autor de diversas publicaciones sobre Derecho Laboral
Doctor en Derecho por la Universidad de Paris I (Sorbona).
Entre los ‘jales’ se encuentran los excongresistas Juan Pari y Hernando Ceballos, además del científico Modesto Montoya, el exfical Avelino Guillén y el economista Kurt Burneo.
El candidato a la Presidencia de la República, Pedro castillo, presentó la tarde de este sábado a algunos integrantes de su equipo técnico con los que trabajará en caso gane las elecciones. El representante de Perú Libre participó de un mitin que se desarrolló en la Plaza Manco Capac, en el distrito limeño de La Victoria.
“No se trata de mostrar este es mi equipo técnico y le asigno un ministerio. No se trata de una repartija, no se trata de eso. Se trata del país, del pueblo. Un equipo sostenido, un buen equipo de profesionales, con personas comprometidas”, señaló Pedro Castillo.
Entre los integrantes de su equipo se encuentra el exfiscal del caso Fujimori, Avelino Guillén; el científico Modesto Montoya, el excongresista que investigó a Odebrecht, Juan Pari, excongresista Hernando Cevallos y el economista Kurt Burneo.
El candidato de Perú Libre también dijo que presentaría su plan de gobierno de los 100 primeros días, que guiará sus acciones para sacar al país de la crisis sanitaria y económica. Sin embargo, esto no ocurrió.
Pedro Castillo también se deslindó de Vladimir Cerrón e indicó que no tendrá injerencia en sus decisiones como posible gobernante. “El único que va a gobernar es Pedro Castillo, no otras personas», dijo.
Cabe mencionar que el candidato no acudió al debate presidencial con Keiko Fujimori, el cual se desarrollaría en los exteriores del penal de Santa Mónica.
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La Gerencia Regional de Salud Arequipa publicó el cronograma de vacunación contra la covid-19 para los adultos mayores de 70 y 79 años que viven en ocho distritos y que aún no han recibido la primera dosis.
La campaña empezará será del 20 al 28 de mayo. Están considerados los distritos de Cerro Colorado, Paucarpata, Cercado y José Luis Bustamante, Cayma, Mariano Melgar, Miraflores y Socabaya.
Cronograma de Vacunación
En una primera etapa, el personal de salud vacunará a la población de los distritos de Cerro Colorado, Paucarpata, Cercado y José Luis Bustamante el 20 y 21 mayo. Luego, continuará el 22 de mayo con los casos especiales y visitas domiciliarias.
Posteriormente, se inmunizará a la población adulta de Cayma, Mariano Melgar, Miraflores y Socabaya entre el 26 y 27 de mayo. La jornada se cerrará el 28 de mayo con los casos especiales y visita domiciliaria
La Gerencia de Salud Arequipa aconsejó a la población beneficiaria ingresar al aplicativo Pongo el Hombro con el número de su DNI. Allí podrá conocer el punto de vacunación fecha y hora.
Asimismo, se pondrá a disposición los padrones impresos en los puntos de vacunación con los horarios en que deberá acudir el adulto mayor. Las nóminas serán difundidas a través la plataformas digitales de la Gerencia de Salud Arequipa, como página web, redes sociales y medios de comunicación. De esta manera, se evitará las aglomeraciones y exposición innecesaria de los adultos mayores.
Cabe mencionar que los adultos mayores que viven en estos distritos y no pueden salir de sus domicilios por alguna enfermedad, discapacidad severa o que en su DNI figure otra dirección diferente al distrito en el que reside actualmente, un familiar deberá acudir a punto de vacunación más cercano a fin de registrar y programar la vacunación-
La Gerencia de Salud de Arequipa
exhortó a la población a mantener la calma y el orden esperando los comunicados del sector de salud para que excedan de manera oportuna y segura la vacuna.
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El excandidato presidencial, Daniel Salaverry, le otorgó su respaldo a Pedro Castillo tras sostener una reunión con el candidato en Lima. El excongresista reiteró que su visita la hizo a título personal y no a nombre de su partido político, Somos Perú.
«Tengo que decir que he venido a título personal, y no en representación de Somos Perú, a conversar con el candidato Pedro Castillo». Me voy satisfecho porque hemos encontrado una serie de conicidencias en temas que son fundamentales para el país como garantizar el respeto irrestricto a la propiedad privada, a la libertad de expresión y a la prensa”, declaró Salaverry a su salida».
Daniel Salaverry – excongresista de la República
Confirmó que le otorga su respaldo a la propuesta de Castillo y los compromisos que asumió hasta el día de hoy como el mantener el equilibrio fiscal, recuperar y reactivar la economía. Según manifestó el excandidato también coincidieron en la defensa y recuperación de los recursos naturales que “están siendo sacados del país”. Por último señaló que Castillo le confirmó algunos nombres de su equipo técnico, asegurando que son profesionales «de primer nivel».
«Estoy seguro, les dará tranquilidad, seguridad y certeza a los peruanos que la economía estará en buenas manos”, expresó. Y mientras se retiraba, señaló que el profesor “no es la persona que muestran”.
Daniel Salaverry – excongresista de la República
Castillo presentará «Plan de Gobierno para los 100 primeros días»
Por otro lado, la realización del debate en el penal de Santa Mónica se encuentra en incertidumbre luego que el candidato de Perú Libre confirmara su presencia en el distrito de La Victoria. Según anunció, presentará su «Plan de Gobierno para los 100 primeros días» a la 2 de la tarde.
El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales. “Nos ratificamos que somos respetuosos de las autoridades electorales y asistiremos a los debates oficiales, yo y mi equipo, que pronto conocerán”, señaló.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Como la pobreza se mide por la cantidad de gasto monetario que pueden realizar las personas, el INEI nos dice que es pobre un hogar de 4 personas que no logra gastar 1,440 soles mensuales. 
Sabemos que la pobreza en el Perú es mucho mayor en las zonas rurales que las urbanas. Eso no ha cambiado en el último años. Lo distintivo es, sin embargo, que el aumento de la pobreza ha tenido un impacto mucho mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales. La razón es simple: las medidas de confinamiento y paralización de las actividades económicas se dan fundamentalmente en las ciudades.
