La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluó y determinó no ampliar la detención preliminar contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros investigados por presunta organización criminal como parte del caso ‘Los Waykis en la sombra’.
La jueza Sonia Torre Muñoz, presidenta de la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, dijo que por lo analizado y dentro de la lectura de su resolución, «la sala de apelaciones indica que corresponde revocar la detención preliminar de Nicanor Boluarte porque no se justificó el riesgo de fuga y obstaculización».
Igual medida dictaron para Mateo Castañeda y los otros implicados, quienes deberán allanarse a todas las diligencias de la justicia. Según consideraron los jueces, la detención preliminar no evalúa la gravedad del delito, sino el peligro de fuga y de obstaculización.
Como se informó, la fiscal Marita Barreto pidió que se amplíe la detención preliminar de 10 a 15 días, como fue el pedido original, pero que el juez, por un error formal, puso solo 10 días en vez de 15 en su resolución. Sustentó la ampliación como necesaria, porque quedan diligencias por realizarse.
Durante la audiencia, Nicanor Boluarte sostuvo que no representa ninguna organización criminal. «No represento ninguna organización criminal. El tiempo y el proceso se encargarán de poner las cosas en su lugar. Yo solo tengo un domicilio y una sola propiedad. La que está ubicada en San Borja. Han allanado la casa de mis papás en Apurímac. Ese no es mi domicilio. Es una herencia para 12 hermanos».
También dijo que tiene actividad económica como profesional porque renunció a sus trabajos en la gestión pública desde que ganó Pedro Castillo la Presidencia de la República. «Renuncié a seguir trabajando en el Ministerio de Educación para no tener problemas», arguyó.
Mateo Castañeda por su parte, negó las acusaciones en su contra diciendo que «ni siquiera tiene una papeleta de infracción de tránsito». «La única organización a la que pertenezco es al ilustre Colegio de Abogados. No se me debe considerar culpable por la presión mediática», refirió.
Como se conoce, el hermano de Dina Boluarte es investigado por las designaciones en las que habría hecho uso de sus influencias en el Poder Ejecutivo, tales como prefectos y subprefectos en distintas regiones del país, como en San Martín, Cajamarca y otras que aún están por determinar.
Y en el caso del exabogado de la mandataria, Mateo Castañeda, se le acusa de tener el rol de «operador-brazo» legal de una organización política. Habría estado involucrado en la «neutralización de investigaciones penales seguidas contra del familiar de la mandataria», según la tesis fiscal.
En el caso de los implicados, Jorge Ortiz, Noriel Chingay y Jorge Chingay, sus abogados también pidieron que se revoque su detención preliminar. Afirmaron que no había evidencia que vincule a sus defendidos con los supuestos delitos.
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