Según un informe de La República, Franco Moreno Panta mantuvo una tensa reunión con Dina Boluarte. La mandataria cuestionó el funcionamiento y las investigaciones del Eficcop y la Diviac. «¿Y el dinero de inteligencia quién lo maneja? ¡Es la plata del pueblo, coronel!», habría dicho Dina Boluarte.

Dina Boluarte: «¿Qué opina usted del allanamiento a mi casa?».

Franco Moreno: «Hay allanamientos en los que la Policía Nacional usa la fuerza y hay otras con detención».

Dina Boluarte: «¡Ah, entonces usted quería que me detengan».

Franco Moreno:»Lo que quiero decirle es que hay allanamientos para incautar documentación relacionada a la investigación y otras detenciones. Quiero que entienda el trabajo».

Así habría sido el incómodo y amenazante intercambio en el encuentro por orden desde Palacio ente el policía Franco Moreno y la presidenta.

«A veces hay que tener cuidado con lo que uno hace», le sugirió Dina Boluarte al agente Diviac.

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Abogado de Dina Boluarte asegura que Harvey Colchado le tendió una “emboscada”

En tanto, Mateo Castañeda, abogado de la jefa de Estado, negó que haya cometido los delitos de tráfico de influencias y organización criminal. Además, señaló que las reuniones con Harvey Colchado fueron «fabricadas y una celada».

Tras la audiencia de control de identidad por el caso Los Waykis en la Sombra, Castañeda tuvo que admitir ante la prensa que se reunió con Harvey Colchado. El abogado calificó de “emboscada” a estos encuentros con el coronel PNP, removido del equipo DIVIAC que respaldaba al Eficcop.

«Yo rechazo todos los cargos. Si hay algo que investigar, se investigará, pero esto ha sido una emboscada del coronel Harvey Colchado, que me han citado a dos reuniones a través del general Carlos Morán»

Dijo Mateo Castañeda.

Según los avances de los fiscales, el abogado propuso favorecimientos a los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano. Estos intercambios habrían incluido promociones y «resguardo», con el objetivo de que el Eficcop archive el caso contra Nicanor Boluarte. 

Eduardo Barriga, abogado de Castañeda, aseguró que su cliente no colaborará en la investigación en calidad de colaborador eficaz.

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Difícil imaginar en Alemania una reivindicación de Hitler que no sea mayoritariamente rechazada. O en España, una de Franco. En Chile, tampoco pasaría sin cuestionarse una reivindicación de la dictadura de Pinochet, pero en el Perú hay quienes lo invocan como sinónimo de autoridad.

Pero eso no pasa de ser una anécdota cuando constatamos cómo se reivindica el régimen autoritario, corrupto y abusivo de Alberto Fujimori, bajo el paraguas del terruqueo constante a sus críticos y la mentira sobre que fue Alberto Fujimori quien venció a Sendero Luminoso. Basta recordar la torta de cumpleaños que le llevó su mentor intelectual Montesinos para probar la mera utilización que hizo ese régimen del hecho fortuito de su captura durante su gobierno.

El régimen de Fujimori estuvo lejos de caracterizarse por eficiencia y combate a la violencia, como dice la narrativa que hoy se quiere instalar, falsamente. Más bien lo caracterizó la prepotencia, la compra por kilo de conciencias, la prensa basura llamada entonces «chicha», la mordaza sobre la gran mayoría de medios de comunicación, millones de dólares de por medio. Y, por si fuera poco, la destrucción de todas las instituciones: desde las que administran justicia, hasta los sindicatos y organizaciones populares.

Si tuviéramos que resumir ese régimen en dos palabras serían: injusticia y corrupción. Se expresaron en el abuso sin límite en todos los ámbitos, bajo el silencio cómplice o timorato de muchos; y el enriquecimiento obsceno de todos sus jerarcas. Ejemplos, sobrarían.

Y 24 años después, pareciera que en el Perú lo hemos olvidado. El solo hecho que su hija, heredera de su estilo desvergonzado, haya disputado la presidencia en 3 ocasiones, dice mucho de la falta de memoria. Pero la reivindicación abierta de ese régimen abyecto, realizada vía TikTok por el protagonista de esas infamias, es más significativo.

Sin vergüenza, ha vuelto el propio sátrapa a mentir en sus publicaciones. A la prensa chicha la han sucedido parlantes humanos caracterizados por la mugre bajo pomposas etiquetas como La Resistencia. Blanca Nélida Colán, es la inspiración de Patricia Benavides. El congreso de Martha Chávez es ahora uno más lumpen que bien representa Martha Moyano. Los jueces corruptos de entonces, están ahora en el Tribunal Constitucional firmando lo que se les pone en frente. Y el saliente jefe de la ONPE será reemplazado por «José Portillo 2». Los militares genuflexos y aceitados de entonces, tienen ahora su representación en los generales semióticos y felones como Angulo y Zanabria. Mientras el defensor del Pueblo avergüenza hasta a los menos entendidos en política.

Pero lo que iguala en indignidad estos tiempos con aquellos, es la subsistencia en la presidencia de la república de un personaje grotescamente vil como Dina Boluarte. Su perfil de malvada de fábula, junto a su levedad intelectual y su ruindad espiritual, ofende a la nación milenaria que somos y nos avergonzará por generaciones.

El Perú ha tenido personajes viles y vergonzosos en todas las épocas. Desde los felipillos que facilitaron la conquista, pasando por los felones del virreinato, hasta los traidores y cobardes de la guerra del Pacífico. Pero su larga historia de resiliencia y de millones de peruanos que han compensado esos episodios con talento, esfuerzo, heroísmo y valor, merece otro final de cuento.

Dina Boluarte no es solamente mentirosa, arribista, frívola e ignorante. Es, sobre todo, indigna de la peruanidad.

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El Común de los Zeballos es hoy una suerte de leyenda. Tras una serie de especulaciones y reclamos, un fallo del Tribunal Constitucional resolvió confirmar la propiedad de los terrenos a favor del Gobierno Regional. El caso está relacionado a la asociación Jorge Basadre, cuyo dirigente defendía su “propiedad”, argumentando una donación por parte de una de las supuestas propietarias. Otros intentos de traficar con estos terrenos han sido frenados con desalojos, pero éste es un ejemplo de la falta de catastros unificados, el tráfico de terrenos y la falta de políticas de vivienda del estado y el gobierno regional que ha perjudicado ya a cientos de ciudadanos sin vivienda. Y lo seguirá haciendo.

Pero la asociación antes mencionada está asentada sobre una pequeña porción del área general. Los herederos o apoderados de la zona original reclamaban tener un terreno de más de 70 mil hectáreas en el distrito de Yura. Si El Común de Los Zeballos fuera real, sería más grande que la unión de Paucarpata, Cerro Colorado, Uchumayo, Jose Luis Bustamante y Rivero, Cayma, Miraflores y Yanahuara. Pero, para entender cómo el caso escaló a este punto, es necesario retroceder varios siglos.

Primeros registros de El Común de Los Zeballos

Es 1894, época de ferrocarriles. La mayoría de la población arequipeña no tiene luz en casa. De aquella fecha data el registro de “El Común de los Zeballos”. Se trata de una anotación preventiva de dominio, del 24 de marzo del mismo año. Esta área controvertida se inscribió como una finca y sus límites nunca fueron precisos.

“Principia la finca en la quebrada de Añashuaico Viejo por la parte de la ciudad de Arequipa, y consiste en terrenos eriazos y una montaña a la derecha del camino del ferrocarril de Puno terminando en el cerro denominado Guanconaza por la parte del abra de Cañahua…”

Parte de la descripción de inmueble, según partida registral 04009359.

En la partida registral 04009359, incluso se menciona el año de 1782 como la fecha en que se consignó una escritura de venta por parte de Ygnacio Valencia, hijo de doña Catalina Zeballos. No fue hasta 1894, que se describieron los linderos de la zona. A partir de ese momento, El Común de Los Zeballos pasó de generación en generación, por medio de herencias y compradores, que se fueron dividiendo el área en porcentajes más pequeños.

Un certificado registral inmobiliario emitido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) muestra hasta 43 propietarios. En noviembre de 2019, Frida Osorio Cáceres, una de las herederas, consigna a sus hijos como nuevos propietarios. Uno de ellos es Jose Antonio Ricalde Osorio.

En diciembre de 2020, Ricalde Osorio le otorga el 75% de “su propiedad” a Violeta Aguirre Llerena, quien en 2023 realizó una donación a Wilber Mayta Fernández, presidente de la asociación Jorge Basadre. La zona que ahora tiene como dueño a Mayta Fernández está valorizada en 1 millón 882 mil 398 soles.

El tráfico de terrenos: Caso Jorge Basadre

El proyecto de la asociación Jorge Basadre data del 2018. Su dirigente, Wilber Mayta Fernández, estableció la ubicación a un costado de la quebrada de Culebrillas. Sin embargo, no tienen un distrito definido. Documentos de la asociación hacen referencia a encontrarse entre Yura, Cerro Colorado y Uchumayo.

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Pese a la indeterminación, Mayta Fernandez vio por conveniente acudir a municipalidad de Uchumayo, para consignar el pago de autoevalúo, con lo que tendría un argumento más a su favor. Eso no impidió que fueran desalojados cada vez que intentaban ocupar los terrenos.

La organización dentro de la asociación funciona a través de Whatsapp y diversas delegaciones. Están el grupo París, Coraje y Gama, Leones Fénix, Alfa Vikingos, Los Pumas y Patriota, Guerreros, entre otros. Por medio de estos equipos, se hacen turnos para vigilar la zona.

De igual manera, se organizan las actividades a través de comunicados. Por esos medios se hizo la convocatoria a una marcha el pasado 14 de marzo. El punto de protesta fue la sede del Gobierno Regional. Allí exigieron la renuncia de la procuradora regional, Amparo Begazo, por un desalojo ocurrido en diciembre de 2023.

Uno de los argumentos que sostiene Mayta Fernández se basa en el parte notarial con fecha 8 de junio de 2023. En el documento, Violeta Aguirre Llerena —quien decía tener el 75% del terreno de José Ricalde Osorio— le realiza una donación a Mayta Fernández por el 1.0583% de los derechos, equivalente a 746.4472 hectáreas. El trámite fue suscrito ante el notario Rubén Bolívar Callata. 

Inconsistencias en los procesos de traspaso

El caso de El Común de Los Zeballos está asentado en la partida registral 04009359. La misma puede ser consultada mediante la web Conoce Aquí de la SUNARP. En la plataforma, cualquier persona puede ver el historial de compras de derechos y donaciones.

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En marzo de 2021, Aguirre Llerena transfirió el 0.0885021% de sus derechos a 6 compradores. Cada uno pagó 16 500 soles por solo una parte del porcentaje antes mencionado. Con la recuperación de terrenos por parte del Gobierno Regional, dichos compradores hoy habrían perdido su dinero.

Sin embargo, la inconsistencia más fuerte afecta a los ya estafados miembros de la asociación Jorge Basadre. El 8 de febrero de 2022, Aguirre Llerena cedió la totalidad de sus derechos a los cónyuges  Lidia Quispe Rojas y Wilfredo Salas Días, por el precio de 200 mil soles. El trámite se realizó ante la notaría del Dr. Augusto Morote Valenza.

Es decir, Aguirre Llerena vendió toda su parte y casi un año después, donó algo que no tenía a Mayta Fernández. Incluso, en junio de 2022, los esposos Quispe Rojas y Salas Días vendieron sus derechos a la Inmobiliaria Común de Los Zeballos Arequipa, por el mismo precio al que lo compraron.

El último registro que se tiene al respecto corresponde a un cambio de denominación publicado el 24 de abril de este año. La empresa compradora ahora se llama Inmobiliaria Casas & Terrenos Orión E.I.R.L. Cabe destacar que el nombre de Mayta Fernández no aparece en ninguna parte del historial de registros de SUNARP. 

Caso Ampaca

Quienes también se ven envueltos en el caso son los miembros de la Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores de Cayma y Anexos (Ampaca). Actualmente, algunos de sus terrenos están en procesos judiciales con el Ministerio de Agricultura. Mientras tanto, allí se asentaron algunas bases de la asociación Jorge Basadre.

El problema se da con el documento de donación a Mayta Fernández, donde se ubica a su asociación, sobre las secciones M y L de Ampaca. Por ello, los agricultores han sido afectados por hechos de violencia producto de los desalojos. 

A través de estas diligencias, es que presuntamente identificaron a una trabajadora del Gobierno Regional, como parte de las invasiones y actos vandálicos ocurridos en las intervenciones policiales. Se trata de Nicolasa Quispe Choquepata, quien según la resolución N° 037-2024-GRA-ORA labora en una Oficina de Tesorería.

El 23 de abril, Quispe Choquepata declaró en el programa Pulso Regional. Días antes, había sido señalada de aparecer en videos y dirigir hechos de violencia. Argumentó que es una persona pacífica y aceptó ser parte de la asociación, pero evitó pronunciarse sobre si salía en algunas grabaciones.

“La pregunta no se le va a poder responder, por recomendaciones de mi abogado.”

Nicolasa Quispe Choquepata, trabajadora del GRA.

Desalojos y fallo del Tribunal Constitucional

En el 2020, el Gobierno Regional anunció desalojos en El Común de los Zeballos. Para ese momento, se registraban algunas agrupaciones asentadas. Por ello, Aguirre Llerena no tuvo reparo en prometer donar terrenos. De esa forma, se aseguraría tener más gente de su lado. Abdón Álvarez, abogado de Aguirre, consideraba que los invasores eran “cuidadores”.

Para detener el desalojo extrajudicial, el GRA recibió una demanda de amparo en octubre de 2023. Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Arequipa y posteriormente el Tribunal Constitucional (TC), fallaron a favor del GRA en marzo del presente año. Con ello, se podría proceder a la recuperación de las áreas ocupadas ilegalmente.

Desde el TC, se argumentó que no hubo las pruebas suficientes para acreditar la propiedad. Tampoco hay un área exacta, ya que la descripción de las partidas registrales solo muestra puntos referenciales. Solo en la asociación Jorge Basadre se registraron 1800 miembros, algunos seguirán insistiendo y volverán a ser desalojados.

Por su parte, el GRA debería plantear seriamente los proyectos que se tenía pensado llevar a cabo en el lugar, por el bien de Arequipa.

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La decisión fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en las diligencias sobre presunto enriquecimiento ilícito que apuntan a Dina Boluarte.

“El señor Fiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana presenta Requerimiento Fiscal solicitando la Confirmatoria Judicial de Incautación Instrumental dispuesta en la diligencia contenida en el acta de exhibición de un par de aretes argolla de oro amarillo con diamantes, de fecha 08 de mayo de 202”

Expediente N.° 00018-2024-3-5001-JS-PE-01.

Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, y Eduardo Barriga, representante legal de la presidenta, han presentado argumentos en contra de la incautación de los bienes. Estos recursos se rechazaron, manteniendo firme la decisión de asegurar los elementos mientras continúa la investigación.

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#LoÚltimo Poder Judicial ratifica la medida de incautación de tres relojes Rolex y una pulsera Bangle Brillante, en el marco de la investigación contra la presidenta #DinaBoluarte, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado. pic.twitter.com/1IBYupO8Qn

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 11, 2024

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Por otro lado, el último viernes el Poder Judicial ratificó la incautación de tres relojes Rolex y una pulsera Bangle. Sin embargo, esta medida es decisión del juez Juan Carlos Chackley. Este magistrado estuvo involucrado en el caso Enma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides. Juan Carlos Checkley también declaró infundado el impedimento de salida del país para Patricia Benavides.

Es así que la investigación que apuntaba inicialmente solo a Wilfredo Oscorima, toma un tramo contra la presidenta: la investigación contra la presidenta #DinaBoluarte, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado:

«Poder Judicial ratifica la medida de incautación de tres relojes Rolex y una pulsera Bangle Brillante, en el marco de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte […] a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkey Soria, al existir la posibilidad de que estos bienes sean ocultados si se levanta la medida.»

Es clave en qué fueros, a qué implicados, bajo qué cargos y con qué jueces y fiscales se formalizan las denuncias e investigaciones. Las denuncias contra Wilfredo Oscorima pueden seguir su curso en la Fiscalía y el Poder Judicial. El caso de Dina Boluarte es distinto ya que al ser presidenta, por la investidura, los procesos contra ella deberán pasar por el Congreso. Varios analistas y organizaciones alertan de ese tipo de procedimiento ante eventuales blindajes y archivos definitivos.

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¿Cuál es el interés real de un grupo de congresistas de pedir la revisión de la entrega de incentivos económicos para la producción de cine peruano? ¿Por qué se ha puesto en debate la idoneidad de los jurados? ¿Hay una intención de controlar y censurar la producción audiovisual de gran formato?

Sobre estos temas y más del cine peruano conversan el sociólogo Alberto Adrianzén con Christian Wiener, docente universitario y exdirector en el ministerio de Cultura.

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Por: Irene Ignacio / Checa.pe

El domingo 28 de abril, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino “a más de 200 extranjeros” en un campo deportivo del distrito de Socabaya, Arequipa, reportó Exitosa. El operativo se ejecutó en el marco del estado de emergencia declarado en la región a mediados del mes, ante el aumento de la inseguridad ciudadana.

Una grabación de la intervención policial muestra a unos cinco miembros de las fuerzas del orden ingresando al espacio al aire libre, apuntando con sus armas a las personas que estaban dentro, a 10 o 12 metros. Los efectivos que rodearon el campo, cerca de las familias, mantuvieron el arma enfundada.

• ¡Cuidado con los niños!
• ¡Grábalo, grábalo, grábalo!
• Tengo miedo…
• Quédense ahí tranquilos, somos de la Policía…
• ¡No te muevas, ah, no te muevas!
• ¡Quédese ahí!, ¡quédese ahí!, ¡quédese ahí!
• Quédense quietos, muchachos
• ¡Hay niños!
• Tomen asiento, por favor, tomen asiento
• Listo, oficial, pero con cuidado que también hay niños, por favor

Tras la tensión inicial, los policías revisaron las mochilas en busca de armas y realizaron un control de identidad.

Según usuarios identificados como venezolanos, los efectivos “no encontraron nada”. Páginas de Facebook arequipeñas informaron que, de las 201 personas intervenidas, solo cuatro no tenían sus papeles en regla. El Pitazo refirió que se llevaron a dos personas que solo poseían cédula de identidad, las cuales regresaron media hora más tarde al campo. Ninguna de las versiones menciona la captura de algún delincuente o el hallazgo de armamento.

Como mencionamos líneas arriba, el operativo se realizó durante un estado de emergencia en la Ciudad Blanca. Pero ¿esta medida faculta a las fuerzas del orden a apuntar con armas en espacios recreativos donde están niños?

Primero, el contexto

El 16 de abril, el Gobierno de Dina Boluarte estableció el estado de emergencia en Arequipa por 20 días, hasta la primera semana de mayo. La disposición se basó en el crecimiento del crimen organizado y de la inseguridad ciudadana. Según la municipalidad provincial arequipeña, en el 2023 se registraron más de 14 casos de asesinato, que no han sido resueltos a la fecha.

Bajo el estado de emergencia, reza el D.S. N.º 043-2024-PCM, la Policía Nacional asumía el control del orden interno en la Ciudad Blanca, con apoyo de las Fuerzas Armadas. La medida implica que “puede restringirse o suspenderse” el ejercicio de derechos relacionados con la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución.

Durante los 10 primeros días, la estrategia se enfocó en dos ejes: el patrullaje y los operativos con control de identidad, reportó El Búho. Estas actividades contaron con un refuerzo policial de 250 efectivos que llegaron desde Lima y el uso de un helicóptero para vigilar las calles.

Hasta el 25 de abril, las fuerzas del orden detuvieron a unas 600 personas, de las cuales 133 tenían órdenes de captura, informó Correo. Otras 190 habían cometido delito contra el patrimonio y 73, violencia familiar. El medio también refirió que, durante ese periodo, se expulsaron 31 extranjeros de Arequipa “por no contar con documentación debida”.

El lugar elegido para el operativo de «emergencia»

El campo deportivo “Fundo Grande Country Club” de Socabaya es un espacio de encuentro para las familias venezolanas afincadas en Arequipa, ya que los domingos se reúnen a ver o a jugar partidos de softball, un deporte en equipo similar al béisbol.

Ya en 2021, Encuentro informaba sobre el primer torneo de softball (o softbol) en ese local. Dos años más tarde, en 2023, la Liga de softbol de Arequipa recibió un reconocimiento por parte de la Municipalidad distrital de Yanahuara.

Este domingo 28, se celebraba la jornada número 16 del “Torneo Apertura 2024”, en el campo alquilado por la liga.

La situación era conocida por la Policía. “Sabemos que los días domingo se reúnen gran cantidad de ciudadanos extranjeros para practicar este deporte, el softbol. En ese sentido, se ha intervenido un promedio de 200 ciudadanos de nacionalidad extranjera, la mayoría son venezolanos, entre hombres, mujeres, niños, entonces estamos verificando su identidad (…)”, declaró para Exitosa el general PNP Colin Sim

Galván, durante la intervención, alrededor de la 1:30 de la tarde. Manifestó también que estaban comprobando si tenían alguna requisitoria nacional o internacional.

En la operación, participaron “policías de Extranjería, Depincri (Departamento de Investigación Criminal), Seguridad del Estado, Requisitorias y (…) efectivos policiales de la Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) y el Grupo Grecco (Grupo Especial contra el Crimen Organizado)”, listó Correo. Algunas versiones señalaron que también estuvo personal de Migraciones, pero la entidad lo descartó. Es posible que confundieran la División de Extranjería de la PNP con la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El vasto despliegue policial no fue gratuito. El Ejecutivo espera que la PNP presente al Ministerio del Interior un informe detallado “de los resultados obtenidos” a mediados de mayo, según el decreto supremo que aprobó el estado de emergencia.

¿Se vulneraron los Derechos del niño?

Tres integrantes de la Liga de softbol de Arequipa denunciaron, en declaraciones para Divergentes, que ese domingo asistieron “alrededor de 30 niños: niños venezolanos, niños peruanos”, con el propósito de distraerse y terminaron asustados. “(Hubo) niños que tuvieron que calmarlos, darle medicamentos porque fue bastante fuerte el operativo”, sostuvieron.

Tras la difusión de videos de la intervención, el servicio jesuita a migrantes Encuentros SJM y Panamerican and Caribbean Union for Human Rights (PACUHR) rechazaron el operativo, argumentando que el despliegue de armamento vulneró los derechos de la niñez y trasgredió las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

“Es un abuso. Sin duda es, digamos, imprudente. Hay que ver la Convención sobre los derechos del niño y del adolescente. ¿Y por qué lo hacen? Porque están en estado de emergencia, que les permite intervenir sin ningún requisito”, expone Carlos Basombrío, ex ministro del Interior, al ser consultado por Checa.pe. “No creo que haya ninguna regulación al concepto de ‘apuntar’ (pero) a mí me parece un riesgo para los niños, un abuso (…). No debieron hacerlo, me queda clarísimo”, señala.

Richard O’Diana, especialista en Incidencia Política de Save the Children en Perú, considera que las acciones fueron “desproporcionadas”. “La Policía, evidentemente, tiene todo el derecho (o la Fuerza Armada) de intervenir, en caso haya un peligro, a una persona nacional o extranjera. Más aún cuando consideramos que la provincia de Arequipa está en estado de emergencia. (…) Entonces, el estado de emergencia sí permite que se interrumpan estas reuniones”, apunta. “Lo que sí es un exceso, una arbitrariedad y, evidentemente, una actitud antijurídica es la desproporcionalidad de las acciones de las fuerzas del orden y de seguridad”.

El abogado sostiene que se afectó la integridad de los niños presentes, especialmente la psicológica. Además, que se vulneró su derecho al esparcimiento.

O’Diana descarta que las fuerzas del orden tengan el derecho de apuntar en un espacio de recreación donde haya menores de edad. “No lo tienen. No lo tienen ni en el contexto de emergencia ni en el contexto de no emergencia”, afirma. “Lo que el Estado peruano no debe hacer es excederse en estas prerrogativas que esta emergencia da”, señala, especialmente cuando se trataba de un juego que, según pudo ver la PNP, “no tenía atisbo de actividad criminal”.

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Los poetas Ramón Lizana y Jean Jaques Pierre-Paul, chileno uno y haitiano el otro, han compilado una selección de poemas dedicados a Valparaíso, el histórico, romántico y emblemático puerto ubicado a pocos kilómetros al sur de Santiago de Chile. 20 poetas, unos 47 poemas y reproducciones de pinturas del acuarelista Fernando Concha Farías componen este volumen en el que se le da voz a aquella ciudad que, sigue siendo, una de las puertas más importantes del país austral.

Sin embargo, la antología titulada Desde Valparaíso veo el sol (Bohío ediciones y Viajero ediciones, 2023) no es precisamente una manera de mostrar la belleza de la ciudad, sino más bien, un llamado de atención. Un clamor, de una ciudad a través de la poesía que se le ha dedicado o ha inspirado. Pues, según Lizana, la ciudad parece atravesar un momento de abandono. Descuido por parte de autoridades e instituciones gubernamentales que le ha quitado gran parte de su encanto.

Considerada como la tercera ciudad más poblada del Chile, es sede de importantes instituciones. Están el propio Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Cuenta con numerosos museos y la biblioteca más antigua del país. Es también famosa por ser residencia del poeta Pablo Neruda, tener el conjunto de viviendas con murales artísticos más vistoso de la región. Y porque su centro histórico es considerado como patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO desde el año 2003.

La selección poética sobre Valparaíso, explicó Ramón Lizana en un emotivo acto poético en la ciudad fronteriza peruana de Tacna durante un encuentro de autores chilenos y peruanos, reúne voces que visibilizan una ciudad que atraviesa un momento difícil, asediada por la inseguridad ciudadana y el descuido de su zona monumental. Si bien esta situación parece ser común denominador de varias ciudades del continente, la preocupación se hace más evidente tratándose de un lugar donde históricamente se ha respirado arte, libre pensamiento, literatura. Además de tratarse de un lugar geográficamente privilegiado para el comercio y el disfrute de una espectacular vista del paisaje costero.

El libro se abre con una prosa de Alfonso Calderón (1930 – 2009), premio nacional de literatura de 1998 apropósito de cumplirse 450 años de su fundación, en la que sus primeras y últimas líneas resumen el sentido de este libro emotivo: “Posiblemente habrá de seguir viendo Valparaíso, en la memoria colectiva. Aquel “Pancho” de los marineros y de los soñadores. O tal vez el fantasma de sí mismo que adivinan Javier Edwards Bello. Y, por supuesto, «el Puerto Mayor de la geografía poética universal” (…) el recuerdo de un tiempo eternamente actual: la hora de Valparaíso, entre incendios y terremotos. La hora de durar y ser fiel al pasado.”

A lo largo de los poemas seleccionados, se va descubriendo una ciudad vibrante y valiente. Pero al mismo tiempo en permanente peligro, no del desastre sino de la agonía. El poema de Patricio Manns, que tanto amó a Valparaíso y ahí murió el 2021, dice: “Fue tan verdad el tiempo de sus manos, Valparaíso / y tan susurro su voz / tan precario el abrigo de su vientre, Valparaíso / tan corta su sed, tan severo su pan / tan incierto su olor / tan impotentes sus anclas al zarpar, Valparaíso”.

Y es que se hace difícil, en esta antología, quedarse con la magia, la belleza, la luminosidad del puerto, la amplia bahía que pareciera abrazar a las naves que llegan a toda hora y desde todo el mundo. Hay un aire en sus zigzagueantes calles angostas que trepan a los cerros laberínticos que es imposible no sentirse abrumado por tanto pasado. La poeta Teresa Calderón tiene un emotivo poema en el que conversa con su padre: “—Papá ¿es cierto todo esto? / Camina por el cementerio de Valparaíso / donde descansan los antepasados / que vinieron de Sicilia y se quedaron / en el puerto más nostálgico del mundo”. Así, en Valparaíso como en la poesía, no se puede uno resumir del exceso de pasado. O de la bruma que se disipa mientras el sol trepa hacia el cenit.

Valparaíso carga en su historia una mezcla de belleza y tragedia. Rosa Alcayaga Toro recrea dramáticamente en su poesía una de las calamidades del puerto, los incendios: “En el acantilado / De los recuerdos / En ese montón de cenizas / Como antesala del infierno / Una a una / Desaparecen / Tres mil casas en Valparaíso.” Mientras que en el otro extremo de las emociones se ubica la poeta Mónica Mares. “¡Ah, cómo es de bello ser mujer del puerto!” Así se presenta este rincón sudamericano en las páginas de esta antología poética. Como debe ser el espíritu de tantas ciudades levantadas sobre la maravilla de la naturaleza y hechas a sangre, dolor y esperanza hasta nuestros días.

Y es, precisamente, la esperanza la que envuelve a través de la poesía seleccionada por Lizana y Pierre-Paul al puerto de Valparaíso. Sus poetas han sabido decirlo. El propio Ramón Lizana recoge las palabras de una anciana habitante de la ciudad, con quien conversa en sus calles sobre ese pasado infinito. Ella le dice: “Quiero vivir y morar acá mismo, recordando lo vivido / hasta morir esperanzada, mirando la Bahía de Valparaíso”. Y de versos de esperanza sabe la notable Elvira Hernández, la que sabe también de la naturaleza de los pájaros. Y dice: “No hay que echarse a morir // Hay que echarse a vivir serenamente”.

En la antología Desde Valparaíso veo el sol, también se asoman, además de los ya mencionados, Luis Correa – Díaz, Natasha Valdés, Carlos Smiths. María Cecilia Nahuelquin, Alejandro Concha, Rodrigo Verdugo, Antonio Watterson, Emilio Barraza, Isabel Ribero, Juan Cameron, Luisa Aedo Ambrosetti y Osvaldo Rodríguez. Todos de larga trayectoria y presencia importante en la literatura chilena y latinoamericana. No hacen más que reivindicar la alta calidad de la poesía de donde Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Oscar Hann, Violeta y Nicanor Parra. Raúl Zurita y una larga lista de nombres vienen a hacernos más felices.

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El desinterés hacia las necesidades de la población afecta a diferentes sectores de las regiones del país. La respuesta se evidenció con la protesta de los estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, por la presencia del congresista Wilson Soto (Acción Popular) investigado por el Caso Los Niños, y algunos ministros, quienes iban a participar de una sesión descentralizada de la Comisión de Defensa del Consumidor, pero tuvieron que salir del recinto universitario.

Igualmente, en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, las rondas campesinas, luego de un intento de expulsar al director y la administradora de la Dirección Regional de Salud (Diresa) por supuestos actos de corrupción, fueron repelidos por la policía denunciándose luego un presunto abuso de autoridad por parte de los efectivos contra la ciudadanía.

Por estas y otras protestas que se anuncian para los próximos días, la Red de Medios Regionales del Perú conversó con Raúl Samillán Sanga, representante de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 y 2023, y con Aldo Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, donde los ciudadanos protestan por la falta de carreteras y un hospital, entre otros graves problemas que afrontan.

Puno: No hay justicia para víctimas de protestas

En el sur del país, como es el caso de la región Puno, continúan en pie de lucha, exigiendo justicia por la muerte de numerosos ciudadanos durante las protestas de 2022 y 2023, en rechazo al gobierno de la mandataria peruana, Dina Boluarte.

Raúl Samillán Sanga, presidente de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 y 2023, refirió que las investigaciones no están avanzando como deberían a fin de encontrar responsables y sancionar a los culpables de los crímenes. «Entre los implicados se encuentra la presidenta de la República», dijo.

El dirigente dijo que no es la primera vez que masacran a un pueblo. Por eso «exigimos justicia y que no quede impune».

«A más de un año, lamentablemente el Ministerio Público que está a cargo de las investigaciones ha ido realizando diferentes obstrucciones, generando mayor dolor, desesperación y angustia en cada uno de los familiares», refirió.

Raúl Samillán Sanga, representante de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 y 2023

«Los hermanos de Lima y de otras regiones nos revitalizaron en las protestas del 9 de enero»

El representante de las víctimas recordó que cuando se autoconvocaron en la que fue la primera jornada de lucha y decidieron trasladarse todos los familiares de las diferentes regiones a la capital y levantar sus voces de protesta para que le den celeridad a las investigaciones, sintieron que los «hermanos de Lima y de otras regiones» los acompañan y que no están solos.

Nos dieron a entender que tenemos allí un soporte que no olvida estas masacres y por eso la movilización del 9 de enero fue contundente para nosotros. «Pensamos que íbamos a ser los 150 familiares», pero se habían organizado los colectivos y otras organizaciones (para acompañarnos) y eso ha hecho que nos fortalezcamos.

«Nos ha revitalizado como víctimas para que continuemos con las jornadas de lucha, y así esperar que en algún momento tenga que caer este Congreso golpista y que renuncie la presidenta, que lamentablemente está causando daño al país. Muestra de ello es que no solo ha quitado vidas humanas, sino también está afectando a la economía».

Raúl Samillán Sanga

Según Samillán, en el mes de junio van a regresar nuevamente con las movilizaciones a Lima. Esperan que se duplique el número de ciudadanos, exigiendo una vez más la celeridad en las investigaciones. Además, la salida de los congresistas y de la mandataria peruana.

La Libertad: Inseguridad ciudadana y falta de servicios básicos

La Libertad, no solo padece por la minería ilegal que genera inseguridad ciudadana y que junto a la delincuencia determinaron la declaratoria de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo. También sufre la falta de servicios básicos para la salud, educación y vías, debido a la indiferencia de las autoridades.

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, también se refirió a las movilizaciones que realizaron los patacinos en Trujillo. Exigen la construcción de un hospital y el mejoramiento de las carreteras, explicó la razón. Dijo que, a pesar de ser una de las provincias que genera más riqueza con el oro a nivel nacional, es una de las más alejadas y olvidadas por la gestión del gobernador César Acuña Peralta.

«Somos una de las provincias más olvidadas y alejadas de La Libertad, a más de 17 horas desde Trujillo. Aportamos muchos recursos con el oro a nivel nacional, pero nuestra gente se muere de dolor porque no hay hospitales y la carretera nacional está en pésimo estado».

Aldo Carlos Mariños, Alcalde Provincial de Pataz

Carlos Mariños refirió que, después de 10 años, han dado viabilidad a la construcción de un hospital. «Es un tema político más que económico y el gobernador César Acuña dijo que a fines de septiembre se dará». En caso contrario, en octubre, más de 100 mil patacinos de nuevo estarán en las calles, advirtió.

Estado de emergencia en La Libertad

El burgomaestre dijo que el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz continúa generando incertidumbre en la población. Los ciudadanos claman por resultados contra la minería ilegal y la reducción de los índices de criminalidad.

«El estado de emergencia en un papel firmado, que no da resultados porque no está acompañado con nada para intentar revertir la inseguridad que atraviesa esta provincia y región», acotó el alcalde.

Aldo Carlos Mariños, Alcalde Provincial de Pataz

Aldo Carlos dijo que esto repercute negativamente en la imagen (de la provincia), lo que impide que los visitantes lleguen. No ayuda en absoluto, ya que lo único que han hecho es enviar a la policía y al Ejército para resguardar las zonas mineras. Y, hasta la fecha, en más de siete meses, no han identificado a una sola banda criminal, lamentó Carlos Mariños.

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La imagen original de la Virgen de Chapi, Patrona de Arequipa, llegó a la ciudad aproximadamente a principios del siglo XVIII. Según los historiadores, aunque no se sabe a ciencia cierta quién la trajo desde España, se cree que pudieron ser los misioneros franciscanos quienes tenían a su cargo el curato de Pocsi, del cual Chapi era una de sus capillas.

Se cree también que la pudieron traer los misioneros jesuitas establecidos en Moquegua desde el año 1709. Lo cierto alrededor de la imagen es que se le conocía antes como a la Virgen de la Candelaria y que el nombre de Chapi aparece por primera vez en un documento histórico de 1655 en el que se refieren a un «vallecillo» de poca extensión, donde abundan los «chapis», es decir, cactus.

“…Se vendiesen a Españoles y otras personas y en particular un vallecillo de los de otro repartimiento de Pocsi tienen llamado Chapi”.

Así lo revelan algunos hechos registrados en estos documentos y en los que se da cuenta de las visitas de ciertos personajes de la iglesia y autoridades quienes “hablan” de la imagen de la Virgen de la Candelaria que se venera en el valle de Chapi o el Ayllu de Chapi, que es la zona que se conoce hoy en día como “Capilla Vieja”.

Por los desórdenes que causaba su fiesta piden por favor que la lleven a otro lugar

De acuerdo a los escritos del canónigo Presbítero Leónidas Bernedo Málaga (quien fue párroco de Quequeña y además historiador), “en el año 1743, cuando la imagen de la virgen (de la Candelaria) llegó al valle de Chapi, según constaba en una relación dada por el Sr. Francisco Gómez en el año 1795…el valle de Chapi que era un ‘ayllu’ de buen clima y el lugar de frecuente residencia de los párrocos”.

Allí los pobladores “le construyeron a la imagen de la Virgen una capilla de barro, piedra y techo de paja, donde por poco más de cincuenta años veneraron a su patrona en esa humilde capilla, cuyos restos aún hoy pueden verse. La tradición oral indica unos cien años”.

Pero como las fiestas que se realizaban en honor a la Virgen de la Candelaria –en febrero- creaban muchos desórdenes porque asistían más personas ya que se comenzaron a conocer los favores o milagros recibidos de la Virgen, algunos notables solicitaron al párroco de Pocsi, al cual pertenecía Chapi, que por favor trasladará la imagen. Es así que, “atendiendo a las razones argumentadas por el señor Párroco, ordenó el traslado de la imagen hacia Pocsi. Esto fue en 1798”.

Cumpliendo lo dispuesto por el párroco, la imagen se trasladaría desde el valle de Chapi hacia Sogay, cerca de Quequeña. Para este propósito nombró «dos comisiones especiales de indígenas de Sogay y Chapi», las que previamente arreglaron un poco el camino y realizaron otros trabajos preparatorios.

La Virgen decide quedarse en Chapi

Sacaron la imagen de su capilla, cargándola en sus hombros rumbo a Sogay, tarea nada fácil por ser un sendero angosto y accidentado que llevaba hacia allí. Fue así que, quizás por el esfuerzo, decidieron descansar antes de ascender por la escalerilla. Dicen que la parada fue frente al actual Santuario, donde ahora se estacionan los colectivos y que ya habían avanzado cerca de 5 kilómetros.

Y es allí donde se produce un hecho milagroso –según la tradición oral- que en algunas versiones no coincide en los detalles, pero cuentan que hubo una lluvia de ceniza unida a un fuerte viento que impedía la visibilidad, por lo cual tuvieron que detenerse dejando la imagen en el suelo y, al querer levantarla para proseguir, no pudieron hacerlo. Otros hablan de una lluvia de ceniza y un fuerte viento. Y otros que, terminado el descanso, trataron de levantar la imagen, pero no pudieron hacerlo y que, al intentarlo nuevamente, comenzó a soplar un viento fuerte y arremolinado que arrojó gran cantidad de ceniza.

En lo que sí coinciden es en afirmar que la Virgen manifestó su voluntad de quedarse, haciendo que su imagen pesara más de lo normal. Como también ocurrió con la imagen de la Virgen de la Candelaria de Cayma que debía ir al Cusco. “O con la imagen de Nuestra Señora de la Raíz en México o la de Nuestra Señora de Copacabana en Bolivia”.

Se escucharon voces en quechua y en aymara…»aquicito nomás»

También dicen que “cuando se estaba produciendo el milagro, ancianas quechuistas de la comitiva oyeron una voz que dijo «¡¡Chaypi, Chaypi!!». Otros, «¡¡Chajchay llallápi!!», y otros, «¡¡Chaj llallápi!!». Expresión que, según los entendidos, proviene del quechua y del aymara y que todas expresan más o menos lo mismo. «¡¡Aquicito nomás!!», «¡¡aquí, aquí!!», «¡¡aquí nomás!!», «!!hasta aquí!!».

Fueron entonces estas mismas personas -según los mayores- las que dijeron: «La Virgen no solo quiere quedarse aquí, sino que se le ha dado el nombre». Y es muy probable que, desde ese momento, se comenzó a conocer a esta imagen con el nombre de Virgen de Chapi (o sea, la Virgen de Aquí)”. Porque hasta entonces —según el P. Málaga— se la conocía como Nuestra Señora de la Purificación del Valle de Chapi.

Y si bien ahora se conoce a la imagen como a la Virgen de Chapi, «a sus iguales de Cayma y Characato siempre se las conoció como la Candelaria de Cayma y la Candelaria de Characato o más antiguamente, la Purificación de Cayma y la Purificación de Characato».

Luego de que el Cielo o la imagen de la Virgen manifestaran su voluntad de quedarse en Chapi, los indígenas del lugar y de Sogay le levantaron inmediatamente una ‘chujlla’ es decir, una pequeña ramada o «cabaña con techo de ramas». La hicieron para cobijar la imagen en el lugar del milagro. Esto, mientras le edificaban la capilla de barro y piedra que estaba en la margen derecha de la «Plaza Vieja», mirando de frente al Templo Viejo. Este es el lugar donde ahora se ubican los comerciantes que vienen en mayo.

¿Se construyeron varios templos a la Virgen?

La pequeña capilla sufrió un incendio y los pobladores la volvieran a reconstruir. Y, en el año 1868 se cayó con el terremoto que asoló el sur peruano, pero de manera asombrosa, la imagen quedó intacta. Fue tras el terremoto que el cura Don Pablo Retamozo Málaga comenzó la construcción de un nuevo templo «con la cooperación voluntaria y eficaz de los vecinos de Chapi y Quequeña».

Respecto a la cantidad de templos que se pudieron edificar y su ubicación, hay versiones de los presbíteros Cárdenas, Bernedo Málaga y Retamozo que, de estos antiguos templos, no quedan huellas. Y de haberlas, podrían estar bajo los cimientos de los antedichos ‘mercadilleros’. Lo que está más o menos establecido es que se edificaron entre los años 1887 y 1888.

Porque como lo refiere el P. Bernedo Málaga, es el P. Don Emeterio Retamozo, párroco de Pocsi, quien al visitar la antigua capilla de Chapi levantada por el P. Málaga y al ver su «triste estado» decide levantar un «templo digno y decoroso que sirviera de morada a la Madre de Dios». Y como la obra era grande, creó una junta con aquellos devotos que quisieran ayudarlo en su propósito.

Y para realizar esta construcción se utilizaría sillar que tendrían que traer desde Arequipa. Pero afortunadamente, encontraron este material en una de las laderas de las montañas que, a partir de ese momento, se comenzó a llamar Las Canteras. Es de allí de donde salió la piedra volcánica necesaria para toda la iglesia y las construcciones complementarias.

De la verdadera imagen que llegó de España: ¿está guardada?

Los historiadores refieren que los peregrinos empezaron a venerar a la Virgen de Chapi hace más de 280 años a la fecha, aproximadamente en el año 1743, cuando fue trasladada al Valle de Chapi. En aquellos entonces, la fiesta era el jueves anterior al inicio de la Cuaresma, es decir, a fines del mes de febrero. Luego los campesinos de las zonas cercanas adelantaron la fiesta para el 2 de febrero, que es cuando se celebra a la Virgen de la Candelaria en la actualidad.

Pero, desde 1876, la Fiesta Central, reconocida nacional e internacionalmente, se trasladó al 1 de mayo. Y desde entonces, se sigue festejando ese día a la “Mamita de Chapi”. Y como la devoción ha crecido tanto, se ha establecido la fiesta del 8 de septiembre de la Natividad de la Virgen María para los devotos de Ica que vienen a verla. También, a pedido de los mineros de la zona, se instauró la fiesta del 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción desde 1940-41.

Pero la imagen que está en el Santuario no sería la “verdadera”. Aquella que trajeron de España, según las “leyendas urbanas”, está celosamente guardada para conservarla porque es de madera. Por lo menos, sus manos, cabeza y busto, fueron tallados armoniosamente en este material natural.

Su rostro tiene ojos de color castaño oscuro y, como sus manos, ha sido empastado y encarnado con un suave tono trigueño, dándole naturalidad. Tal como la actual, no es muy grande y mide 1,30 metros de altura. Y el Niño Dios que lleva en brazos es de proporción menor a lo que correspondería en relación con el tamaño de la Virgen.

Las leyendas creadas alrededor de la imagen

Las razones para conservarla en un gabinete especial, en el mismo Santuario o en algún lugar especial, son porque el humo de las velas, el agua bendita y la propia humedad de las flores podrían resquebrajar el material. Esta medida, y lo benigno del clima en Chapi, ha permitido que esté en buen estado. Las anteriores fueron en 1904 y 1983.

Algunas pequeñas diferencias hacen notar que la imagen original no es la que encontramos en el templo. Un detalle de esto, son las sombras oscuras alrededor de sus ojos que hacen más profunda su mirada, al igual que los ojos del Niño. Y también, la forma en que lo carga, ya que está más echado en la imagen actual que en la “verdadera”.

Lo que también dicen los “mitos” creados por los devotos -quienes no dejan de acompañarla en sus festividades y a lo largo del año, porque la visitan en su Santuario- es que la imagen que visita Arequipa es la original. Fue a esta imagen a la que coronó su Santidad Juan Pablo II el 2 de febrero de 1985.

El Papa roció con agua bendita las coronas de la Virgen Santísima y el Niño Jesús. Luego, procedió a Coronar Canónicamente, primero al Hijo y luego a la Madre, y la proclamó como Reina y Señora de Arequipa. Además, le dejó un hermoso rosario de oro en recuerdo de su visita.

Las visitas de la Virgen a Arequipa luego de que el papa la coronara

Pero las visitas de la Virgen han sido más. En el 2001, luego de que el terremoto sacudió el sur del Perú y causó daños en su templo mayor, la “Mamita de Chapi” tuvo que ser trasladada a Arequipa. Luego, en el 2003, por la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, fue trasladada a la parroquia San Juan Bautista, en el distrito de Yanahuara. Allí permaneció durante un tiempo y dicen que regaló con favores a muchos fieles.

Igualmente, en el 2007, monseñor Javier Del Río Alba, arzobispo de Arequipa, consagró la ciudad de Arequipa a la Virgen María. Esto, en la advocación mariana de la «Mamita de Chapi». Y dos años después, la Arquidiócesis de Arequipa celebró el Año Jubilar Arquidiocesano por los 400 años de su fundación el 20 de julio de 1609, junto a la Virgen de Chapi cuya imagen fue trasladada hasta el estadio de la UNSA.

Nuevamente, la Madre de Arequipa regresa para reunirse a sus fieles e iniciar un recorrido por las 73 parroquias que en ese entonces formaban parte de la Arquidiócesis. Su peregrinar inició el 1 de octubre del 2011 y terminó el 24 de noviembre de 2013.

La Mamita de Chapi regresa a Arequipa por un importante motivo

En el 2015, regresó a la ciudad para la inauguración del «Jubileo Extraordinario de la Misericordia», convocado por el Papa Francisco. Cinco años después, en medio del confinamiento social obligatorio por la pandemia del covid-19, la Mamita de Chapi dejó su Santuario para sobrevolar la ciudad de Arequipa.

Y la última visita que realizó fue el 31 de mayo para tenerla presente en misa que se realizó en el atrio de la catedral de Arequipa para todo el público. La celebración la presidió monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en Perú y representante oficial del Papa Francisco.

El motivo fue, contar con su bendición para la Asamblea General del Sínodo de los Obispos que se realizó en Roma, en octubre del año pasado. Como se sabe, contó con los prelados de todo el mundo para debatir asuntos de interés para la Iglesia.

La Patrona de Arequipa es Patrimonio Cultural de la Nación y tiene su oración

La fiesta de la Virgen de Chapi es una celebración que es parte de la identidad de los arequipeños y sus fieles. Es considerada también una de las manifestaciones más grandes de religiosidad popular que se ha transmitido de generación en generación. Por eso en el 2012 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Su advocación se ha difundido no solo en el Perú sino también en otros países. Y, todo indica que sigue creciendo a decir de las últimas multitudinarias peregrinaciones a su Santuario, a donde van a agradecerle, orar y pedirle sus favores y bendición intercesora.

Juan Pablo II dejó expresado en una oración a la Mamita de Chapi el sentir de sus fieles cuando dijo: «Mira Señor benignamente a estos tus siervos que, al ceñir con una corona visible la imagen de Cristo y de su Madre, bajo la advocación de la Santísima Virgen de Chapi, reconocen que tu hijo es Rey del universo e invocan como Reina a la Virgen María». «Haz que, siguiendo su ejemplo, te consagren su vida. Y cumpliendo la ley del amor, se sirvan mutuamente con diligencia. Que se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a tus hermanos; que, buscando la humildad en la tierra, sean un día elevados a las alturas del cielo, donde Tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida. Por Jesucristo Nuestro Señor». Y todos respondieron al unísono y con ferviente convicción, ¡Amén!

Con extractos del «Santuario de Chapi», Arzobispado de Arequipa, 2018. Diario Oficial El Peruano, Tradición al pie del Misti. Honores para la patrona, de José Vadillo Vila, 5 de mayo de 2019.

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Por Yvette Sierra Praeli. Fuente: Mongabay Latam.

“Hace tres años compré un panel solar para tener luz en casa. Antes solo nos alumbrábamos con velas. No tenemos energía, cada quien con lo que tenga a su alcance consigue su panel solar y con esto se alumbra. Pero no es suficiente”, cuenta una de las habitantes de la comunidad Huarca, en Espinar, Cusco. Prefiere que no se publique su nombre porque quienes viven en el corredor minero del sur de Perú y reclaman contra las actividades mineras. Temen ser denunciados por las empresas que operan en estos territorios.

No todos tienen luz en Huarca —agrega la comunera— solo la mitad del pueblo cuenta con energía. A ella le costó 1500 soles el panel solar (unos 400 dólares) que compró en 2021. Señala que hasta ese momento no había luz en su casa. “Es un panel chiquito…y solo alcanza para alumbrar las dos habitaciones de la casa”.

Solo el 33.5 % de los hogares —tres de cada 10 viviendas— de las zonas rurales en la provincia de Espinar disponen de electricidad. Así lo revela el último censo de población y vivienda realizado en Perú.

La paradoja es que de sus montañas se extrae cobre, un excelente conductor de electricidad —utilizado en cables eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y baterías— cuya demanda va en aumento por tratarse de un mineral estratégico para la transición energética. Es un proceso en el que se está involucrando todo el planeta para dejar de utilizar combustibles fósiles —petróleo, carbón y gas— como generadores de energía y migrar a fuentes renovables menos contaminantes como la luz solar o el viento.

El objetivo de cambiar las fuentes de energía es reducir las emisiones de los gases contaminantes que están acelerando el calentamiento global. De esta forma se busca evitar que la temperatura del planeta supere los 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

Pero mientras en el mundo se habla de buscar nuevas formas de generar energía, en las casas de Espinar apenas se pueden encender un par de focos. “A nosotros nos parece paradójico y nos muestra una transición energética injusta. Se extrae el mineral para electrificar otros lugares y no se brinda este beneficio a las familias del lugar que reciben los impactos directos de la actividad”, dice Paul Maquet, coordinador del Proyecto de Transición Energética de la organización Cooperacción.

La apuesta mundial es pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables como la solar. Foto: Ministerio de Energía y Minas.

Lo que pasa en Espinar se repite en muchos lugares del Perú. La región amazónica de Loreto es otra muestra de los problemas que existen en el país en lo que concierne al acceso a la energía. Así también de los vacíos para transitar hacia fuentes menos contaminantes. Loreto no forma parte del Sistema de Energía Interconectado Nacional (SEIN) —la red de electrificación que concentra todas las fuentes de energía del Perú— sino que se abastece de la energía que proviene esencialmente del petróleo.

¿Qué se está haciendo en Perú para superar esta brecha energética? ¿Se tiene un plan definido para romper la dependencia a los combustibles fósiles? ¿Cuáles son las fuentes de energía renovables por las que apuesta el país?

El camino incierto de la transición energética

“Perú es uno de los países donde menos se discute el tema de la transición energética. Esa discusión no está en la opinión pública, no hablamos del rol del gas en la transición ni los planes para avanzar con energías renovables. Tampoco se discuten las metas de electromovilidad”, cuestiona Juan Luis Dammert, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute (NRGI). “El proceso de transición energética es una discusión global y el Perú tiene que adaptarse a esa situación”, apunta Dammert.

Desde hace varias décadas, los científicos alertan sobre las consecuencias de los gases de efecto invernadero (GEI) —dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros—. Y sigue sobre la mesa la urgencia de abandonar los combustibles fósiles como una de las fuentes de generación de GEI.

En la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP 28 realizada a fines del 2023 en Dubai, por primera vez se incluyó en el texto una mención explícita a la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. En esta cita también se propuso triplicar la capacidad global de energías renovables para el 2030. Además, avanzar hacia la mitad del siglo con sistemas energéticos de emisiones netas cero a nivel mundial. Y reducir las emisiones de los distintos GEI, así como la adopción de vehículos con cero o bajas emisiones.

No se trata de una discusión reciente. A partir de los años noventa se empezó a buscar acuerdos globales para reducir los niveles de GEI que se emiten cada año. El Protocolo de Kyoto (1997) y el Acuerdo de París (2015), adoptados durante las Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fueron dos hitos en este camino. En esas citas globales se establecieron las bases para que todos los países se comprometieran a reducir sus emisiones.

¿Qué compromisos asumió el Perú? De acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del año 2016, documento que entregan los países a las Naciones Unidas para informar sobre los avances de sus obligaciones, el Perú se comprometió a reducir en 30 % su emisiones de GEI para el año 2030.

Perú tiene el compromiso de llegar a un 20 % de energía renovable no convencional para el 2030. Foto: Ministerio de Energía y Minas.

Este porcentaje se amplió en diciembre 2020, cuando el Perú anunció que la disminución de los gases de efecto invernadero para fines de esta década sería de 40%. Esta promesa está detallada en el Decreto Supremo que declara de interés nacional la Emergencia Climática. Además, fija como meta convertirse en un país carbono neutral en el 2050.

Desde el Ministerio de Energía y Minas son menos optimistas con relación al compromiso adoptado por Perú para la reducción de GEI. El exviceministro de Electricidad, Jaime Luyo, le dijo a Mongabay Latam que desde ese sector se ha hecho una estimación con respecto a la reducción de los GEI y el ofrecimiento del 40 % no está dentro de lo real. “Inicialmente decían que se iba a reducir 20%, después aumentó a 30%. Y alguien dijo 40% pero, realmente, desde nuestro punto de vista, la mejor expectativa sería cerca del 20% para el 2030”.

El Ministerio del Ambiente respondió a Mongabay Latam, mediante un comunicado, que “sí es posible cumplir estos compromisos. Esta meta es ambiciosa, pero necesaria para minimizar los efectos del cambio climático”. En el documento también dice que “desde el Ministerio del Ambiente están involucrando al Ministerio de Energía y Minas en espacios que permitan trabajar una mirada conjunta del Perú al 2050. Uno de ellos orientado es la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, que desarrolla un objetivo vinculado a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos energéticos”.

Las contradicciones entre dos sectores clave del gobierno en el camino para la reducción de GEI, el abandono de los combustibles fósiles y el avance en el proceso de la transición energética se van haciendo evidentes.

“No hemos visto que haya una articulación entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente sobre el tema de transición energética. El Minam desde las políticas ambientales y el Minem como ente que implemente las acciones. Pero no tenemos evidencia de que eso esté ocurriendo”, dice Denisse Linares, especialista del Programa de Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El Perú tiene identificadas las fuentes de contaminación que debe atacar. Las emisiones de gases de efecto invernadero provienen, en primer lugar, del cambio de uso de la tierra. Es decir, de convertir bosques y pastizales en zonas de cultivos. La segunda fuente de emisiones es la generación de energía a través de centrales que funcionan con petróleo y gas. Le siguen las actividades industriales como la manufactura y la construcción, así como el transporte aéreo, terrestre y marítimo, junto a otras actividades en las que se queman combustibles fósiles.

Según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), que corresponde al año 2019, la suma total de todas las fuentes de emisiones de CO2 en Perú bordean las 210 millones de toneladas de CO2eq. Una cifra equivalente a 42 393 973 vehículos de gasolina conducidos durante todo un año. De ese total, 63 millones de toneladas, la tercera parte de las emisiones, corresponden al sector energía.

Las emisiones causadas por la quema de combustible en vehículos de transporte son una cuota importante en la generación de gases de efecto invernadero. La última medición del INGEI calcula en 12.2 % el porcentaje de emisiones proveniente de esta fuente.

La transición energética se convierte entonces en una urgencia para reducir los GEI que emite Perú. Pero los expertos consultados por Mongabay Latam señalan que el país aún no ha encontrado el camino para conseguirlo.

Las fuentes de energía

“El proceso de transición energética es un proceso largo, estimamos que va a tomar por lo menos unas tres décadas. Hacia el 2050 las expectativas de producción en fuentes renovables limpias, recién va a superar a la producción de hidrocarburos”, dijo el ex viceministro Luyo.

La generación de energía renovable no convencional en Perú —eólica, solar, bagazo y biogás— se inició en el año 2010. Esto, según datos del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), entidad privada que coordina las operaciones del SEIN. En ese momento alcanzaba apenas el 0.2 % de la energía total producida en Perú. Catorce años después, la producción de energía renovable no convencional es de 6.25 % anual, según datos del 2023.https://flo.uri.sh/visualisation/17687799/embed

El objetivo de Perú es llegar a un 20 % de producción de energía renovable no convencional para el 2030. Esto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo que declara de interés nacional la emergencia climática. Pero a solo seis años del plazo para cumplir esa meta, no llegamos ni a la tercera parte del compromiso establecido.

El exviceministro Jaime Luyo asegura que recién para el 2050 se podrá alcanzar entre un 15 % y un 20 % de producción de energías renovables no convencionales.

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, cuenta que durante la elaboración del Decreto Supremo que declara de interés nacional la emergencia climática, durante el gobierno de Pedro Castillo, el último punto que se logró negociar fue el incremento de energías renovables no convencionales hasta un 20% para el 2030. “Estamos entre 5% a 6%, el asunto es del 2024 al 2030 cómo llegamos al 20%. Acá hay una meta exigible política y legalmente”.

Las centrales de energías renovables en Perú, incluidas las hidroeléctricas, están instaladas en 12 departamentos del Perú. La mayoría de ellas, alrededor de ocho, operan en las regiones de la costa y el resto en los Andes. Ninguna central de energía renovable está en las regiones amazónicas, según el mapa de energías renovables del COES de diciembre del 2023.

Sin embargo, son las regiones amazónicas las que presentan los porcentajes más altos de lugares sin acceso a la energía eléctrica. Según el documento de Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios del sector Energía y Minas 2024-2026, el porcentaje de viviendas en el sector rural a nivel nacional que no cuentan con servicio eléctrico presentan una brecha de 16.7 %, equivalente 257 144 viviendas por electrificar.

La mayor deficiencia está en las regiones amazónicas de Amazonas, Madre de Dios, Loreto y Ucayali.. En estas dos últimas apenas si supera el 50 %.

La brecha de acceso a la energía eléctrica es mayor en las regiones amazónicas como Loreto, Ucayali, Amazonas y Madre de Dios. En algunas de ellas puede llegar al 50 %. Foto: Yvette Sierra Praeli.

Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señala que “el petróleo tiene fecha de término como principal fuente de suministro de la economía y el mundo muestra que el camino de la transición energética es un imperativo en estos tiempos para reducir la contaminación. En el mercado eléctrico no cabe duda que el sol y el viento son los actores protagónicos ”.

Gamio señala que si no se desarrollan energías renovables en el corto plazo, se presentarán problemas de encarecimiento de electricidad. Esto afectará seriamente la economía peruana. “Han avanzado tanto estas tecnologías que ahora simplemente necesitamos que se rompa la barrera que impide que la energía solar se comercialice en el mercado libre”, comenta Gamio. Agrega que actualmente hay 7500 millones de dólares en proyectos que están esperando que el Perú facilite el camino para la producción de energía solar.

“Lo que sucede es que las propuestas no caminan porque hay lobbys que aprovechan la crisis de inestabilidad. Y no hay continuidad de los distintos actores de turno que nos gobiernan. Eso hace que el Perú no tenga metas claras y sea uno de los países que menos ha avanzado en el desarrollo de las renovables alternativas. Pese a tener un potencial extraordinario”, agrega Gamio.

Un plan nacional que no avanza

“Perú no tiene definida una política de transición energética. Lo más cercano a ello ha sido el Proyecto NAMAs [Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación]. Son básicamente políticas nacionales adoptadas libremente dentro de un esquema para vincularse a los objetivos de las COPs”, dice José Carlos Ugaz, investigador científico en energías renovables de la Universidad de Campinas, en Brasil, y quien ha sido también investigador en el Centro de Energías Renovables de la Universidad de Ingeniería en Perú.

Ugaz explica que el Ministerio de Energía y Minas —un sector clave en la transición energética— no tiene hasta hoy una dependencia exclusiva para cumplir este fin. Solo existe una dirección general de eficiencia energética que “define algunos objetivos de la transición”, pero que no se ha enfocado en los temas de fondo.

Mientras tanto, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han entregado préstamos al Perú para promover la elaboración de una hoja de ruta para la transición energética. De hecho, en agosto de 2023, el BID presentó el documento Hacia una agenda de transición energética en el Perú: una propuesta. En el documento se precisa que para que esta agenda de transición sea una realidad, “es necesario llevar a cabo diversos ajustes al marco legal y regulatorio, y eventualmente contar con una Ley de Transición Energética (LTE)”. Esta, sin embargo, sigue siendo una de las deudas pendientes del país.

César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), cuestiona una norma aprobada en el año 2008 durante el gobierno de Alan García. “El decreto legislativo 1002 le creó un marco favorable para la promoción de energías renovables no convencionales, pero lo que hizo en esencia fue autorizar que estas energías entren sin competir con otras que existían en el país”. Todas las empresas que iniciaron sus operaciones bajo el amparo de este decreto legislativo, sin excepción, recibieron subsidios lo que ha significado un cargo adicional en las tarifas.

La energía solar en ese momento, el año 2010, tenía un costo de 221 dólares el megavatio hora (MWh). Muy por encima de los 45 dólares MWh que costaba la energía en Perú en ese momento que dependía del gas natural, las hidroeléctricas y el petróleo.

El año 2010 el precio de la energía solar estaba muy por encima del costo de la energía proveniente del gas natural, hidroeléctricas y petróleo. Foto: Ministerio de Energía y Minas.

“La diferencia le cuesta al usuario final en cuya tarifa se carga un adicional. Es un subsidio que todos pagamos para esas empresas que entraron con precios altos. Existen contratos a 20 años, hasta el 2030, con un precio garantizado. Son 1700 millones de dólares lo que estamos pagando demás todos los usuarios solo por tener renovables antes de tiempo”, dice Butrón.

Butrón asegura que recién hace dos años los precios de las energías renovables no convencionales —solar y eólica— han bajado lo suficiente como para competir con los costos de las otras fuentes de energía. “Ahora las únicas alternativas de desarrollo que tiene el Perú son renovables, eólica y solar, nada más, porque la geotérmica sigue siendo muy cara. Recién ahora varias centrales eólicas se están construyendo sin ningún subsidio con precios de 33, 35 y 38 dólares MWh”.

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental, señala que la política energética peruana es del año 2010 y no se ha actualizado. Se refiere a la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, un documento de seis páginas que para el viceministro “son solo lineamientos porque en realidad no es una política estrictamente hablando. Es obsoleta, incompleta e insuficiente”, comenta Castro sobre este decreto supremo. “No tiene indicadores, ni metas, ni una política pública que cumpla con los requisitos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan)”.

Castro también menciona que la ruta que seguirá el Perú en el proceso de transición energética debe quedar establecida en la Política General de Gobierno, que se presenta cuando cada presidente inicia su gestión.

La última Política General de Gobierno la presentó Dina Boluarte en marzo de 2023. “No se ha priorizado ni el tema ambiental ni el energético. Realmente hay una ausencia de visión respecto al impulso de la transición energética. Lo último que se aprobó fue la Política Nacional del Ambiente, en junio de 2021, cuando iba a culminar el gobierno de Francisco Sagasti”, recuerda el ex viceministro.

Desde septiembre de 2022, está en proceso de aprobación la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050, que contiene los objetivos, lineamientos e indicadores sobre las políticas climáticas en Perú. “La estrategia nacional debe tener componentes vinculados a la transición energética”, señala Castro, quien actualmente es director del programa Unidos por los Bosques de FCDS Perú.

En el Congreso de la República también hay proyectos de ley para impulsar las energías renovables que no se discuten ni aprueban con la celeridad que si se da a las propuestas sobre combustibles fósiles.

Mongabay Latam revisó las actas de todas las sesiones realizadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República entre agosto de 2015 a noviembre de 2023, y constató que se prioriza la promoción de los combustibles fósiles sobre las energías renovables, prueba de ello son los 13 proyectos de ley referidos a los combustibles fósiles en comparación con los seis que mencionan las energía renovables.

Las centrales de energía eólica en Perú producen alrededor del 6 % de la energía del país. Foto: Ministerio de Energía y Minas.

“Están los que piden que el Estado participe más en la captación de la renta petrolera y los que piden promover la inversión privada porque dicen que es más eficaz. Ambas comparten la idea de que hay que seguir profundizando la actividad petrolera”, dice Vladimir Pinto, Coordinador de Amazon Watch en Perú, en uno de los reportajes de esta serie que aborda las negociaciones en el Congreso de la República alrededor de las fuentes de energía en el país.

Petróleo por energía renovables

“Tenemos energía solar y eólica; tenemos biomasa; incluso hay centrales hidroeléctricas aunque significan un impacto ambiental por la cantidad de agua que pueden represar. Bajo esa perspectiva tendríamos que definir qué hacer con estas fuentes de energía”, precisa Luis Chirinos, investigador del Instituto de Naturaleza, Tierra y Energía (INTE) de la Universidad Católica del Perú (PUCP).

Si observamos el mapa del Sistema de Energía Interconectado Nacional (SEIN), con toda la red de electrificación que concentra las diversas fuentes de energía del Perú, se pueden distinguir centrales hidroeléctricas, solares, eólicas y termoeléctricas, estas últimas dependientes de los hidrocarburos.

De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas, Perú tiene 46 concesiones definitivas de centrales de energía renovable —eólica, solar e hidroeléctrica— además que hay otras 23 en etapa de estudio.

Si se consideran sólo las fuentes de energía renovables no convencionales, es decir, eólica, solar y biomasa, el porcentaje alcanza el 6 % de la red interconectada. El compromiso de llegar a un 20 % de energía generada por fuentes renovables de este tipo para el año 2030 está aún lejos.

Hoy la mayor fuente de energía en Perú proviene de los hidrocarburos, principalmente del gas natural, considerado como fuente de energía de transición porque emite menos cantidad de CO2 que el petróleo y el carbón, aproximadamente la mitad de lo que produce el carbón. Sin embargo, investigaciones recientes indican que el gas natural, además del dióxido de carbono, emite otros gases de efecto invernadero como el metano, el principal componente de este combustible fósil.

Otro problema que representa el gas natural tiene que ver con la cantidad de reservas probadas en Perú. Un informe de NRGI indica que las reservas probadas actuales del gas natural en Perú tienen un horizonte aproximado de dos décadas. “Las reservas actuales de Camisea —en Cusco— si se sigue al ritmo de producción actual durarían unos 20 años. Si se quieren ampliar las reservas de gas tendría que haber explotación mayor y hay lotes que están en lugares sensibles porque están en territorios amazónicos de alta biodiversidad o se superponen con territorios indígenas. Lanzarse a la exploración de gas natural en territorios vulnerables tiene un costo alto en términos de impacto potencial ambiental y social”, señala la especialista en industrias extractivas Claudia Viale, consultora de NRGI y autora del estudio.https://flo.uri.sh/visualisation/17672982/embed

Para diciembre de 2023, el Sistema de Energía Interconectado Nacional (SEIN) reportaba que el 53 % de la energía en el Perú es generada por centrales termoeléctricas a base de hidrocarburos, un 37 % por hidroeléctricas, el 6 % es energía eólica y el 2 % solar. Un menor porcentaje corresponde a la biomasa.

“Si bien necesitamos de energía para desarrollar actividades económicas importantes, la fuente de esa energía no tiene que ser petrolera. Nosotros venimos haciendo esfuerzos para acceder a fuentes de energía renovables que se puedan usar en la Amazonía. Hay que considerar que tenemos sol todo el año y de manera continua. Es poco inteligente no aprovechar esta enorme energía”, señala José Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua en Loreto.

La situación en las comunidades indígenas es aún más compleja. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indica que en Loreto apenas un 52 % de las viviendas rurales cuenta con energía. Una cifra por debajo del promedio nacional que es de 79 %. Lo mismo ocurre en otras regiones amazónicas de Perú. En Madre De Dios la energía llega al 66 % de las viviendas, mientras que en Ucayali no supera el 51%.

La paradoja en Loreto es que de sus bosques se extrae petróleo. Y esta actividad, con más de 50 años de presencia en esta región, ha dejado una gran cantidad de pasivos ambientales. Además, el precio de este combustible en las comunidades nativas de Loreto es el más caro del país. Mientras en Lima, el galón del diesel cuesta 15 soles (unos 4 dólares), en Loreto llega a 20 o 22 soles (5 a 6 dólares).

“El Estado nunca se ha preocupado por llevar energía a las comunidades”, comenta Aurelio Chino, de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep). “No hay una intención legítima del Estado de querer apoyar con energía solar para mejorar la calidad de vida de la población en la zona”, precisa el líder indígena en uno de los reportajes que forman parte de este especial.

La explotación de petróleo no se ha detenido en Perú, como tampoco ha sucedido en otras partes del mundo. En 2023, el gobierno peruano presentó un paquete de 31 áreas con potencial para explotación de hidrocarburos —petróleo y gas— en Amazonía y costa norte. La mayoría de las áreas de explotación petrolera en la selva se ubica en la región Loreto. Mientras que el gas natural proviene principalmente de Madre de Dios. Según el informe de NRGI, el 96% del gas natural se extrajo de lotes del proyecto Camisea ubicados en la selva sur de Perú.

Viale precisa que “no podemos volvernos dependientes del gas natural” porque eso significaría continuar con los combustibles fósiles. “Hay que tener una estrategia integral sobre qué fuentes y en qué territorios se deben producir”.

De los bosques de Loreto se extrae petróleo paro la energía eléctrica en esta región apenas llega a un 52 % de las viviendas rurales. Foto: Yvette Sierra Praeli.

También es necesario sumar a la discusión un tema clave: la dependencia de algunos gobiernos regionales y locales al canon de los hidrocarburos. “En Cusco, el gobierno regional y las municipalidades ubicadas cerca de Camisea —lugar en el que se explota gas natural— dependen del canon gasífero. Algunos municipios tienen hasta el 80 % de su presupuesto dependiente de este combustible. En Loreto también es un porcentaje importante del presupuesto”, indica Viale.

Por eso para la experta de NRGI, la transición energética no solo consiste en reemplazar los combustibles fósiles. También en saber qué pasa en esos territorios. “Una transición energética completa no es solo energía. Tiene que ir acompañada de una reforma fiscal que tenga que ver con descentralización fiscal y de qué ingresos disponen los gobiernos subnacionales. Además, el canon que se recibe ahora tiene que invertirse en la diversificación productiva y en desarrollo de energía renovables locales”, señala.

Mientras se discuten planes y se postergan decisiones, quienes viven en zonas rurales y comunidades indígenas sin servicio eléctrico buscan cómo llevar luz a sus casas. Wilfredo Tsamash, presidente de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín (Codepisam), tuvo que comprar un panel solar para tener luz en su casa en la comunidad nativa Bichain. “Puedo decir que en experiencia propia he comprado directamente un panel solar mediano para mi casa. Y solamente para el alumbrado y poder cargar el celular, nada más. ¿Hacer funcionar una licuadora? Eso no podemos”.

Imagen destacada: Ilustración de Tobías Arboleda.

Esta mañana, Dina Boluarte, saludó a través de las redes sociales a las madres. Pese a tener un vocero presidencial, la jefa de Estado apareció en un video grabado después de semanas en silencio sin ofrecer conferencias de prensa luego de su último mensaje a la nación que complicó más su situación respecto a los Rolex.

Con camisa blanca, un reloj dorado y una pulsera sencilla, Dina Boluarte envió un saludo a las familias peruanas por el Día de la Madre. “Que este día esté lleno de amor y cariño para todas las mamás peruanas. Este gobierno seguirá trabajando firme por todas ustedes”.

Dina Boluarte sigue en el centro de la atención mediática debido a sus cirugías estéticas. Según una investigación del semanario Hildebrandt en sus Trece, la presidenta se ausentó de Palacio y de toda actividad oficial durante 12 días entre junio y julio de 2023. Durante este período, se habría sometió a una rinoplastia y otras intervenciones quirúrgicas de rejuvenecimiento facial.

https://twitter.com/presidenciaperu/status/1789641687221850441

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Nicanor Boluarte, el hermano presidencial detenido

El hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, fue detenido de manera preliminar junto con el abogado Mateo Castañeda. Se les imputan los cargos de organización criminal y tráfico de influencias en la designación de subprefectos.

La presunta estructura corrupta vinculada al entorno de los Boluarte, denominada como ‘Los Waykis en la sombra’, tendrían por objetivo financiar una red criminal. También buscaría la recolección de firmas para la inscripción del partido político ‘Ciudadanos por el Perú’.

Mateo Castañeda, el abogado de Dina Boluarte, también enfrenta acusaciones por intentar sobornar a agentes de la policía para favorecer a Nicanor Boluarte en las investigaciones contra la corrupción del poder.

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Arequipa fue la segunda ciudad peruana en tener un sistema tranviario. Fue el ferrocarril de vapor entre Arequipa y el puerto de Mollendo, inaugurado en 1871. Su construcción estuvo a cargo del ingeniero Henry Meiggs que también parece haber estado envuelto con la organización del Ferrocarril Urbano de Arequipa.

Aproximadamente en 1873, se pidió un surtido de tranvías a la John Stephenson Co. En Nueva York. Se abrió la primera línea el 14 de marzo de 1875, once años después del primer tranvía de Perú en Callao y tres años antes de la primera línea en Lima.

No se conoce mucho sobre el funcionamiento del tranvía de la ciudad durante las próximas tres décadas.

Un residente local, Carlos Espejo y Ureta, aseguró una franquicia en 1908 para la electrificación de las líneas del tranvía de la ciudad. Espejo vendió sus derechos en 1911 a W. la R. Gracia Cía. de Nueva York que hizo un pedido grande a la J.G. Brill Cía. de Filadelfia en 1912.

El embarque incluyó 14 vagones de pasajeros de cuatro tipos, un vagón de rociador, de carne y una góndola. Los vehículos numerados con la serie 100-106 eran los modelos «convertibles»: en los días calurosos sus tableros laterales estaban alejados y reemplazaron por las pantallas.

El Tranvía de Arequipa inauguró su sistema eléctrico el 18 de julio de 1913. La primera línea corrió de la nueva estación ferrocarril a Tingo.

En los años siguientes se implementaron las nuevas rutas a Antiquilla, Yanahuara Paucarpata. Esta última era la favorita de los entusiastas del tranvía debido a su paisaje magnífico y el ángulo recto se da la vuelta los maizales.

El Tranvía Eléctrico de Arequipa tiró su último vagón en su depósito la noche del 9 de enero de 1966, después de 53 años de funcionamiento. El sistema se declaró oficialmente cerrado al día siguiente.

El tranvía de Arequipa fue el último en operar en el Perú. Lima había cerrado el septiembre precedente.

Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte en el caso Rolex, ha sido detenido junto a Nicanor Boluarte y otros 4 implicados en la conformación de una presunta organización criminal llamada «Los Waikis de la Sombra». Al abogado se le acusa de haber ofrecido beneficios a un agente encubierto y a miembros del Equipo Especial de Policías, incluido el coronel Walter Lozano Pajuelo, a cambio de archivar la investigación contra Nicanor.

Pero, ¿quién es este abogado que cobró importancia desde que estalló el caso Rolex?

El joven del pañuelo blanco

Mateo Castañeda es un abogado cusqueño que se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco. A inicios de los 80, siendo universitario, compartía la tendencia política aprista. Al joven abogado se le vio agitar pañuelos blancos, cantando arengas proselitistas. Castañeda militaba en el APRA, a través de su brazo juvenil, la Alianza Revolucionaria Estudiantil (ARE).

Quien da fe de esta historia es el abogado Valois Tapia García, su compañero de estudios y militante del FER del Perú. Valois Tapia también fue presidente del Centro Federado de la facultad de Derecho y presidente de la Federación Universitaria de la UNSAAC. Él asegura que conoció bien a Mateo Castañeda durante su época universitaria y su militancia en el APRA. Incluso asegura que, durante ese tiempo, a Castañeda lo acusaban de andar con «su pistola en la cintura» en la universidad. Además, se le acusó de ser agresivo con activistas de otros partidos.

Nicanor Boluarte es detenido por la policía junto al abogado de Dina Boluarte por el caso «Los waikis de la sombra»

Es ahí cuando se abre camino gracias al partido y a las conexiones de su padre. El abogado logra ocupar cargos importantes dentro del Poder Judicial, en Lima. Fue fiscal supremo.

Pero, ¿por qué estaría involucrado el APRA en los recientes escándalos de Dina Boluarte? Valois Tapia hace la conjetura de que alguien le recomendó al círculo cercano de la presidenta, asesorarse legalmente del estudio del doctor Mateo Castañeda, y esa persona sería Jorge del Castillo, conocido aprista y abogado de Patricia Benavides.

Castañeda no figura como militante del APRA y lo ha negado frente a cámaras, cuando asumió su puesto como fiscal supremo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) hasta el 2014. Sin embargo, él se mantiene cercano al círculo de la estrella.

«El doctor Mateo Castañeda, a mi juicio, nunca ha dejado de ser aprista. Tanto así que su estructura partidaria está detrás de la defensa de todo este grupo corrupto, fuji-montesinista«

Valois Tapia García, abogado y expresidente de la Federación Universitaria de la UNSAAC.

La alianza entre el APRA y el fujimorismo

Cuando Dina Boluarte asume el gobierno, el fujimorismo y otros partidos de derecha le dan poder. Sin embargo, a pesar de las recientes pruebas e investigaciones en su contra, los congresistas naranjas la siguen respaldando. El gobierno de Boluarte también ayuda a estos partidos con leyes controvertidas.

Valois Tapia afirma que, a pesar de que el APRA haya perdido inscripción, no significa que no quiere regresar a tener poder político. De hecho, vienen trabajando en la reinscripción del partido juntando firmas. Por ello necesitan al fujimorismo para -a través de sus asesores legales- abrirse paso hacie el copamiento de las instituciones del Estado.

«El fujimorismo viene trabajando muy cómodamente con el APRA. El APRA tiene parlamentarios de mucha experiencia. Tiene experiencia en el manejo turbio y en el manejo también legal del Parlamento. Entonces sus equipos han podido contactar con la nueva presidenta, ya que venían haciéndolo con el fujimorismo y diseñaron un plan»

Valois Tapia García, abogado y expresidente de la Federación Universitaria de la UNSAAC

Según Tapia, habrían formulado un plan para evitar que las instituciones defiendan la democracia y se respete los resultados electorales. Coordinaron con el fujimorismo y luego con el cerronismo para la caída de Castillo. Luego buscaron el copamiento de las instituciones, incluida la Junta Nacional de Justicia, que está cerca de ser eliminada por el Congreso. Esta institución es la que destituyó a la defendida de Jorge del Castillo, Patricia Benavides.

«Al sacar dos tribunos, han quedado cuatro y uno más que se ha reintegrado, son cinco. Y este reintegrado es, marcadamente, profujimorista. Entonces los votos son cuatro a uno. Por eso al presidente de la ONPE, el señor Corvetto, ya lo sacaron. Ahora van a poner un sacristán del presidente de la ONPE y va a hacer todo lo que mande la dirigente del fujimorismo«

Valois Tapia García, abogado y expresidente de la Federación Universitaria de la UNSAAC.

Según cuenta Tapia, el APRA era enemigo mortal del fujimorismo, pero actualmente prima «la ambición de poder, la ambición de querer copar el Estado para sus fines inconfesables», lo que los hizo cooperar.

Letrados al servicio del APRA

Lo dicho por Valois Tapia cobra sentido cuando se hace un breve recuento de quiénes son los abogados que están defendiendo a capa y espada a los personajes que están en la mira de la Fiscalía actualmente. Jorge del Castillo, conocido aprista, es abogado de Patricia Benavides. Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, reconoció tener pensamiento aprista en una reciente entrevista en RPP. Y por último, Mateo Castañeda, ahora detenido, fue militante aprista durante su época universitaria, según asegura Valois Tapia y acusado de ser aprista por Daniel Abugataz cuando postuló al entonces Consejo Nacional de la Magistratura.

«El APRA tiene fama de tener buenos abogados. Hay que reconocer que en sus filas han militado abogados de prestigio. Pero esos abogados nunca se hubieran prestado a hacer estas maniobras asquerosas inmorales ante el ojo y el escrutinio público, ¿no?, pero esos señores están detrás del poder«

Valois Tapia García, abogado y expresidente de la Federación Universitaria de la UNSAAC

La entrevista con Valois Tapia culmina con un augurio preocupante y es que menciona que estos poderes lograrán sus objetivos de una u otra manera, en caso la presidenta Boluarte pierda la presidencia y se adelanta las elecciones como andan diciendo.

El plan A es copar las instituciones del Estado antes de mostrar una falsa actitud contra los actos de corrupción contra la presidenta y apoyar su salida.

El plan B es que se apruebe al caballazo una ley que permita que el presidente del Congreso se haga cargo de la presidencia en cuanto se le destituya o renuncie el presidente titular. «Vamos a tener después del 28 de julio una serie de maniobras de parte del fujimorismo para sacar la Dina Boluarte y ellos elegir al presidente del Congreso. Con Alejandro Soto afuera, va a ponerse a cualquiera del fujimorismo ahí y va a gobernar hasta el 2026 para que Keiko Fujimori tome el poder».

«Para uno, para otro, ganan ambos. Plan A, plan B, termina ganando el fujimorismo y aprismo. El APRA es un partido viejo y tiene experiencia en este tipo de cosas.«

Valois Tapia García, abogado y expresidente de la Federación Universitaria de la UNSAAC

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En todo el país, 209 mil 198 casos de dengue fueron registrados hasta el 4 de mayo de 2024 (semana epidemiológica 18). Además, el MINSA reportó 196 personas fallecidas por esta infección. Lima es el departamento con más reportes, superando los 62 mil casos. Sigue La Libertad con más de 40 mil pacientes. Continúan la lista Ica, Piura, Áncash y Lambayeque, que superan los 10 mil casos.

Con más de 200 mil casos, hemos triplicado las cifras de dengue comparadas a las del mismo periodo del año pasado, que eran poco más de 67 mil casos. También, las cuatro direcciones de salud de Lima Metropolitana, junto a las cifras de Lima Región, suman 47 fallecidos por dengue.

La Libertad, gobernada por César Acuña, registra 28 muertes por dengue, además de 5 casos en investigación. Lambayeque y Áncash reportan hasta la fecha 22 fallecidos con este diagnóstico, cada uno. Ica en el puesto cinco, registra 21 fallecidos por esta infección.

“Tal como lo advirtió la Defensoría del Pueblo, tras las visitas de supervisión realizadas en los hospitales de los distritos con transmisión activa de dengue en Lima, la capital es el epicentro de la epidemia”.

Señala la Defensoría del Pueblo en una reciente publicación.

La entidad defensorial también remarca su preocupación en el reporte sostenido en promedio de 15 fallecimientos semanales por dengue. “En las semanas epidemiológicas 15 y 16 se registraron 27 fallecimientos y casi el 50% ocurrieron en Lima”.

La Defensoría también alertó que 11 distritos de la capital más afectados por el dengue registraban 0% de ejecución de presupuesto para enfermedades transmitidas por vectores:

“Al día de hoy, en Lima, en los 11 distritos que sostienen el mayor número de casos acumulados y con transmisión activa de la enfermedad; se tiene un 0 % de ejecución del presupuesto programado desde el inicio del año y disponible para medidas de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, como se puede verificar en la página de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas”.

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Lee también: Fiscal Suprema presenta denuncia constitucional contra Patricia Chirinos y Patricia Benavides

La nueva gestión del Colegio de Abogados de Arequipa (CAA) ha tomado muy en serio la vocación por el litigio. Este viernes, se realizó una inspección por parte del Juzgado Constitucional, apoyada por el sector minoritario de la Junta Directiva. Durante la diligencia, no faltaron los enfrentamientos verbales. Al parecer, los “trapitos sucios” sobran en la institución.

Este último capítulo comenzó el jueves 2 de mayo. Según, Arturo Salas Vildoso, Director Tesorero del CAA, aquel día no se permitió el ingreso de Rodolfo Sánchez Salazar, Director de Defensa Gremial y Disciplina, a su oficina. Por ello, Sánchez Salazar interpuso un recurso de habeas corpus, que condujo a la intervención del último viernes.

Alrededor de las 4 de la tarde, miembros del Juzgado y policías ingresaron a la sede del CAA, bajo la consigna de conversar con John Mesías Romero, decano de la institución. Salas Vildoso señaló que, aquel jueves, lo correcto habría sido notificar el cierre de la oficina mediante una resolución oficial y el lacrado de puertas.

También se acusa a Mesías Romero de cesar el Consejo de Ética y el Tribunal de Honor del CAA, para designar a nuevos miembros POR SU CUENTA. Los expedientes que investigan a Mesías Romero y otros abogados, se encontrarían en la oficina de Defensa Gremial, presuntamente clausurada por el decano.

“Acá nadie se lava las manos, para nosotros como minoría esta junta y gobernabilidad es insostenible. Lo único que puede salvar a nuestra institución, es que se convoquen a nuevas elecciones.”

Arturo Salas Vildoso, Director Tesorero del Colegio de Abogados de Arequipa.

Decano del Colegio de Abogados responde

John Mesías Romero, decano de la institución, informó que las labores en el CAA se desarrollan con normalidad y que no se ha restringido el tránsito de ningún colaborador. Según su versión, cuatro personas de la oficina en controversia culminaron contratos el 30 de abril, sin embargo, se negaron a dejar los cargos.

Decano del Colegio de Abogados de Arequipa sobre Tribunal Constitucional: “están creando un mal precedente”

Mesías Romero acudió el 2 de mayo a las oficinas junto a un notario, para realizar el inventario de los bienes. Allí se suscitaron algunos conflictos y preventivamente se cerró el despacho, hasta convocar a nuevo personal. Agregó que no tiene ningún proceso abierto en la Dirección de Defensa Gremial y Disciplina.

Colaboradores denunciaron ante SUNAFIL

El ahora ex personal de la oficina fue contratado bajo el concepto de locación de servicios. Dicha característica les otorga autonomía durante la ejecución de su trabajo. Sin embargo, Milagros Farfán Quispe ―una de las colaboradoras implicadas― explicó que sí tenían un horario establecido. Cuando se venció el contrato, solicitaron 30 días adicionales para transferir el cargo y capacitar al nuevo personal, pero no tuvieron respuesta.

En ese despacho se originó la denuncia de acoso contra Mesías Romero. Según Farfán Quispe, posterior a los hechos, sufrieron hostigamiento y falta de pagos. Por ello, acudieron a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Las acciones resultaron en que consideraran a los trabajadores «conflictivos» y no aptos para renovar su contrato.

Dalith Carpio Sánchez ―otro de los colaboradores afectados― es nieto del Director de Defensa Gremial. Bajo el argumento de una falta ética, Mesías Romero justifica el no haber extendido su contrato. Sin embargo, Carpio Sánchez indica que en todo momento el decano supo del vínculo familiar.

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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) inició un procedimiento sancionador contra la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. en dos ocasiones, una en abril de 2023 y otra en abril de este año. Las multas de ambos procesos suman más de un millón de soles para la empresa.  

En el primer caso, mediante el Acta de Infracción N° 476-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, Sunafil impuso a Cerro Verde una multa de S/ 650 mil 058 debido a lo que calificaron como «discriminación en el trabajo». Esto se debe a que la minera otorgó un bono extraordinario de US$ 1,000.00 exclusivamente a sus funcionarios el 26 de diciembre de 2022. Lo hizo sin extenderlo a sus empleados, sindicalizados y no sindicalizados.  

Según Sunafil, 1 mil 599 funcionarios recibieron el bono, mientras que 3 mil 296 empleados no fueron beneficiados.  

“La inspeccionada en el presente caso está incurriendo en discriminación respecto a sus trabajadores por haber dado un bono extraordinario solo a los funcionarios mas no a los empleados, sin tener una causa efectiva que justifique su decisión”

Inciso quinto del acta de infracción de Sunafil

Más sanciones a Cerro Verde

En el otro caso, a través del Acta de Infracción N° 203-2024-SUNAFIL/IRE-AQP, Sunafil multó a Cerro Verde con S/ 541 mil 059. La razón alegada es obstruir la labor de investigación realizada por Sunafil al no colaborar con la misma. Esto lo calificó como una infracción muy grave.  

“La conducta de la inspeccionada deviene de una evidente obstrucción a la labor inspectiva por falta de colaboración, conducta que califica como infracción muy grave”

Acta de infracción de Sunafil

Según el documento, la presunta obstaculización se dio ante una investigación que incluye a dos sindicatos de la minera: el Sindicato Cerro Verde y el Sindicato de Trabajadores de Cerro Verde (SUTRACV). El primero, gremio mayoritario de la empresa, se señala, debió iniciar negociaciones con la minera y no un grupo minoritario como el otro sindicato.  

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Sin tregua a la informalidad. El Gran Terminal del Sur (GRATERSA) fue clausurado la tarde del viernes 10 de mayo en un megaoperativo de Sutran, tras advertirse la operación de transportistas informales que embarcaban y desembarcaban pasajeros con destino a Puno. Además, se encontraron vehículos no autorizados y sin las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de los pasajeros.

El jefe de la Unidad Desconcentrada de la Sutran Arequipa informó que GRATERSA operaba sin habilitación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Es por esto que se le impuso la medida preventiva de clausura temporal del local. También se incluye el pago de una multa de 2575 soles al administrador de la empresa.

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Durante la intervención se detectó, además, un vehículo con placas adulteradas cuando pretendía trasladar pasajeros hacia la ciudad de Puno. El vehículo fue puesto a disposición de las autoridades y el conductor recibió una multa de 5150 soles.

La Sutran recuerda a todos los usuarios que pueden verificar la lista de terminales terrestres autorizados en la región Arequipa. Para eso se puede usar el aplicativo Viaje Seguro, disponible de manera gratuita para Android y Apple.

Gratersa es un centro comercial. Además de funcionar como centro comercial, Gratersa también tiene una playa de estacionamiento que opera como terminal terrestre para el transporte ligero. La mayoría de vehículos son minivanes.

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Nicanor Boluarte pasó por control de identidad. La audiencia se realizó a cargo del Séptimo Juzgado de Investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal. El juez Jorge Luis Echave. Dispuso que se le proporcione defensa publica a los otros detenidos que no tenían abogados para esta diligencia. También que se les facilite acceso a médicos particulares si lo deseaban y de médicos legistas para comprobar la situación de salud de los detenidos.

En la diligencia también se presentó el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, también en condición de detenido. Castañeda se sentó a lado del hermano presidencial y en el control de identidad alegó estar mal de salud solicitando se le permita revisión de su médico particular:

“Soy una persona de 62 años… Hace más de un año he sufrido dos intervenciones quirúrgicas al corazón,,, se me ha disparado la hipertensión…”

Nicanor Boluarte también aseguró que tiene la hipertensión alta, asma y otras condiciones médicas. El juez Jorge Luis Echave aceptó los requerimientos médicos de los detenidos. Sin embargo, no dispuso algún recorte a la detención de 10 dias que deben cumplir los implicados en la investigación.

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Apuntan al hermano presidencial Nicanor Boluarte de liderar una presunta organización criminal

Contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros cuatro detenidos se ha ordenado el allanamiento a sus propiedades e incautación de documentos bajo la investigación por presuntos cargos de organización criminal y tráfico de influencias. En la narración de la orden de medida se mencionó a la presidenta Dina Boluarte.

El hermano presidencial es sindicado por ser el posible líder de una presunta organización criminal para capturar diversos funcionarios y cargos del Ministerio del Interior para conseguir nombramientos de prefectos y subprefectos. Además, habría intentado intercambiar información con agentes del Eficoop.

Según la hipótesis fiscal, las presuntas acciones ilícitas habrían empezado desde que Dina Boluarte asumió el cargo de presidenta de la república. La presumible estructura criminal tendría por objetivo adquirir recursos económicos y constituir la inscripción de un partido político bajo el nombre “Ciudadanos por el Perú”.

El nombre con el que se maneja este caso son “Los Waykis en la sombra”. La red criminal presuntamente dirigida por Nicanor Boluarte tenía roles específicos, en los que Mateo Castañeda también se habría desenvuelto como brazo legal.

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La congresista Flor Pablo, en conversación con El Búho, mostró su preocupación por el desmantelamiento de la democracia por parte del Congreso. No solo los organismos electorales son los que están en riesgo, sino también otras instituciones como la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo.

“Que el Senado elija a los jefes de ONPE y RENIEC, o sea que el Congreso elija quienes van a dirigir las elecciones, eso es de un riesgo tremendo. Están totalmente desatados sin ningún reparo en esta mayoría en el Congreso, destruyendo las instituciones democráticas, eso es muy peligroso. Se ha roto el equilibrio de poderes”.

Flor Pablo, congresista

Escuche la entrevista completa con la congresista Flor Pablo, a continuación:

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Conversamos con el excongresista Justiniano Apaza, acerca del control que hoy ejerce el fujimorismo desde el Congreso. El también exdiputado dijo que este poder podría destruir la democracia en el país.

“Fujimori ha sentado las bases que hoy se están contemporizando, quiero decir, que esos planes y objetivos que implementó en la década de los noventa, hoy lo están volviendo a practicar a través de un Congreso donde tienen mayoría de votos y mayoría de la fuerza bruta para decidir el destino”

Justiniano Apaza, excongresista

Además, mostró preocupación por la apatía de la sociedad peruana ante los problemas políticos y sociales.

«Hoy me extraña ese conformismo, me extraña esa letanía, ese adormecimiento de la población. Hoy en día sube el precio del combustible y nadie dice nada»

Justiniano Apaza, excongresista

Escuche la entrevista completa con Justiniano Apaza, a continuación:

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