Se agrava la situación de Rosio Torres Salinas. Daniel Soria Lujan, Procurador General del Estado, pidió este lunes 3 de abril al Ministerio Público iniciar las diligencias preliminares contra la congresista de Alianza para el Progreso por, presuntamente, obligar a los trabajadores de su despacho congresal a entregar un tercio de sus salarios como “colaboración”.
“Solicito el inicio de diligencias preliminares por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de concusión”. Esto, según el Código Penal, en agravio del Estado Peruano”, reza el documento enviado a la Fiscalía.
Tras conocerse la denuncia en el programa Punto Final, el despacho de la congresista Rosio Torres emitió un pronunciamiento negando la denuncia. «Con relación al informe periodístico emitido… (la legisladora) niega tajantemente que haya requerido —directa o indirectamente— pago alguno a los trabajadores de su despacho. Y deslinda cualquier tipo de responsabilidad en los hechos mencionados».
Lo cierto es que no solo les pedía el tercio de sus sueldos, a través de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, sino que el monto subía cuando en el Legislativo pagaba las gratificaciones y el bono de escolaridad.
La legisladora dijo que solicitará una investigación exhaustiva sobre los hechos expuestos, que colaborará y se pondrá a disposición de las autoridades respectivas. Además de solicitar licencia de la Comisión de Ética mientras se esclarezca todo. Sin embargo, se supo que borró los chats con su sobrino que la podrían incriminar y que se mostraron en el informe.
Pero antes de que ella lo solicitara, la bancada de APP optó por separarla de la Comisión de Ética, en espera de sus descargos. «A efectos de garantizar la independencia en las investigaciones, procederemos con el cambio de la congresista Rosío Torres de la Comisión de Ética», dicen en un comunicado.
Una familia muy singular
La congresista Torres proviene de una familia que ha tenido problemas con la justicia. Según se informó, en octubre del año pasado, cuando era elegida como titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, su padre, Cirilo Torres Pinchi, figuraba como prófugo de la justicia. Estaba condenado por peculado de S/ 15 millones, cuando fue director de Educación de Loreto (DREL) desde 1999 al 2000.
Su nombre figuraba en el sistema del Programa de Búsquedas y Recompensas del Ministerio del Interior, con un «premio» de S/ 20 000 «por cualquier información sobre su paradero». Sin embargo, actualmente ya no figura entre “los más buscados» y se encuentra en calidad de «desactivado». Esto, pese a que no lo han capturado en los últimos meses y a que se mantiene su requisitoria en la Sala Penal Liquidadora.
Según información lograda por el portal La Mula, de fuentes cercanas al Ministerio del Interior, el exviceministro de Orden Interno, general Óscar Gonzáles Rabanal, pidió depurar la lista de los casos relacionados a la microcomercialización de drogas si no tenían orden de captura. Sin embargo, Torres Pinchi sí tenía esa disposición hacía más de 20 años. Por eso su desactivación genera justificadas sospechas.
También se dijo que el ministro Alfonso Chávarry, refirió que el Poder Judicial no renovó la orden de captura de Cirilo Torres Pinchi. Por esta razón, su nombre en el sistema de recompensas quedaba suspendido.
Madre estaba ligada al MRTA
De otro lado, Neri Felipa Salinas de Torres, madre de la congresista Rosío Torres, fue también congresista por Loreto con el partido Perú 2000. Justo en la re-reelección de Alberto Fujimori 2000-2001, testigos la señalaron, junto a su marido Cirilo Torres, como militantes del MRTA. Hay testigos que afirman que eran los encargados de las escuelas políticas del MRTA. Se cree que, al volverse fujimoristas, fueron perdonados por Alberto Fujimori. A Neri Salinas la conocen con el alias de «comandante pijuayo».
En marzo del 2022, cuando Torres Salinas era la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se acababa de aprobar –con su voto dirimente- la acusación contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria, la propia congresista denunció que su madre, Nery Salinas, habría sido víctima de secuestro y violencia física en las afueras de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas.
En ese entonces, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, dispuso una exhaustiva investigación para identificar y capturar a los responsables de la agresión. Inmediatamente, se comenzó a decir que este caso era una supuesta represalia del Gobierno de Castillo. Y hasta se le envió mensajes de apoyo en redes -sin filtro alguno- del Congreso de la República.
Los congresistas de Fuerza Popular Ernesto Bustamente y Alejandro Aguinaga afirmaron: «Ayer (lunes), durante la sesión en que declaramos procedente la denuncia por traición a la patria del Pdte Castillo, yo advertí de la amenaza lanzada contra la congresista Rosio Torres, presidenta de la SAC. Se les sale lo terruco a estos cobardes», afirmó Bustamente.
Rosio Torres dijo que esto era una hipótesis que tenía que investigarse, pese a que no conocía las causas del ataque a su madre.
Esposo y congresista implicados en presunto lavado de activos
La congresista Rosío Torres está incluida en una carpeta de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Loreto -por el presunto delito de lavado de activos- junto al excongresista, exgobernador regional de Loreto y su esposo, Fernando Meléndez Celis.
La modalidad del delito es de, actas de conversión y transferencia, actos de tenencia y ocultamiento derivados del tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado Peruano.
En esta carpeta se indica que Torres habría trabajado con su familia para recolectar remesas económicas provenientes de empresarios cocaleros en el departamento de San Martín. Este dinero habría servido para financiar la campaña de Meléndez al Gobierno Regional de Loreto en 2014.
Su esposo también tiene una investigación por el presunto delito de otorgamiento ilegal de derechos a favor de Cacao del Perú SAC (hoy Tamshi SAC), del empresario checoestadounidense Dennis Melka, investigado por deforestación en la Amazonía. Es decir que «protegió» la tala ilegal del Pacto de Escazú.
Trabajador apoya campaña política de esposo
Rosío Torres protagonizó un mismo ilícito dos veces. Un trabajador del despacho de la congresista fue captado apoyando la campaña política de su esposo. Se trataba de Samuel Navarro, quien a partir del 24 de agosto del 2021, debía ejercer funciones de coordinador parlamentario.
Sin embargo, y pese a que ya había sido denunciada por utilizar a sus trabajadores del Congreso para la campaña de su esposo, lo volvió a hacer.
Un dominical presentó imágenes donde se veía a Samuel Navarro coordinando en Yurimaguas, en donde el cónyuge de la legisladora, Fernando Meléndez, realizaba una serie de mítines y caravanas.
Si bien el trabajador debía recoger las inquietudes de la región que representa la congresista apepista, trabajó para su esposo con recursos del Estado. “Gana un sueldo de 2.600 soles y se encarga de “inducir abierta y directamente a la gente para que vote por el cónyuge de su empleadora”, relató entonces el investigador.
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