Edición especial de fin de año. El Búho, la revista de Arequipa.

Cuando Elmer Cáceres Llica empezó su carrera política buscó seguir los pasos de su abuelo, Elías Cáceres Lozada, el primer alcalde de Caylloma. Logró ser dos veces burgomaestre de la provincia cayllomina antes de llegar al Gobierno Regional de Arequipa. Se catalogaba a sí mismo como un líder mesiánico que reivindicaría a sus ancestros y haría un recambio generacional en la vida política de la región.

Sin embargo, Cáceres Llica se encuentra hoy encarcelado en el penal de Socabaya, acusado de montar una organización criminal para cometer actos de corrupción al interior del gobierno regional, negociando con
terrenos en Majes y obras.

Todo empezó a precipitarse el 22 de octubre pasado, cuando la policía lo buscó en su domicilio, cumpliendo una orden judicial de allanamiento y detención. La Fiscalía había presentado cargos en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo genérico.

El caso involucraba a su entorno político, funcionarios y gerentes de alta confianza, además de consejeros …

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El primer año de la pandemia interrumpió de forma abrupta la inversión en el país. Un freno de mano gatillado por el confinamiento prolongado, que no solo detuvo al sector privado, sino también al público. Sin embargo, cerca de terminar el segundo año de la pandemia, la economía no acaba de reponerse en un periodo donde se anticipaba un rebote pronunciado.

Desde el gobierno se intentó impulsar proyectos de inversión pública como un shock reactivador para el sector construcción. Con ese fin, el Ejecutivo anunció una cartera de obras que permitan un flujo importante
de recursos económicos.

Hasta octubre de este año, el plan parecía haber funcionado en los indicadores nacionales. La ejecución presupuestal del Estado alcanzaba el nuevo histórico de los últimos 20 años con 28 mil 543 millones de soles invertidos. Es decir, 12 mil millones más que en 2020 y 6 mil millones arriba del 2019.
Este comportamiento se reflejaba….

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Si bien el inicio de clases semipresenciales a nivel nacional se dio en Arequipa, el avance desde entonces no es muy alentador, considerando además que no se tratan de clases estrictamente en modalidad presencial. Al finalizar el primer semestre del Año Escolar 2021, el Ministerio de Educación ya había habilitado a 519 instituciones educativas, entre públicas y privadas, para el intento. Esto involucraba a 19 mil 007 estudiantes y 1 712 docentes que acudirían a su centro de labores pedagógicas 3 días a la semana.

En aquel momento, el gerente regional de Educación, Raúl Sánchez Miranda, hizo la atingencia que estos colegios no necesariamente volverían a clases; sino que esta habilitación era el primer paso para que puedan solicitar la aprobación de un plan de clases semipresenciales.

¿En que consistía esta modalidad?  Se debía considerar los siguientes elementos:
– Contexto (sin presencia de casos Covid-19). Para ello el director debía presentar un informe del sector salud, sobre los índices de contagio y mortalidad por covid-19 en esta jurisdicción…

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La nueva normalidad ha cambiado el estilo de vida que llevábamos y también la forma de compartir los espacios públicos. Por eso Arequipa se ha tenido que adaptar a una nueva forma de interactuar con otras personas en los lugares de esparcimiento. 
Esta adaptación ha generado cambios importantes en la dinámica económica del centro histórico, donde la actividad predominante fue por años el turismo. Este sector fuertemente golpeado ha empezado su recuperación a través del consumo local y nacional.
“Algunos negocios tuvieron que reinventarse, aquellos que eran espacios artesanales se convirtieron temporalmente en expendio de víveres, otros de implementos de bioseguridad, mascarillas, alcohol en gel. Ahora han vuelto poco a poco a sus ideas primigenias de negocio, se han restablecido.”

Carlos Andrade Pareja, Gerente Regional de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa Por otro lado, los emprendimientos que surgieron durante el tiempo de pandemia y que han logrado prosperar en este primer año de reactivación, son un ejemplo. Es el caso de los servicios

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Roberto More (Medio Inforegión) Qué política hay sobre a minería informal que impacta el meio ambiente, tanto como la minería formal?

Estamos en un esfuerzo por tratar de ordenar el país. Qué política mejor para que no sean las poblaciones las que sufran los impactos de diversas actividades. Una de las más cuestionadas en este momento es la actividad minera y no solamente estamos refiriéndonos a la minería de las empresas formales, sino las que causan impacto también son estas empresas pequeñas y algunas que están en el marco de la informalidad y otras incluso en el marco de la ilegalidad. Hay muchos impactos ambientales que se producen a este nivel y tenemos que atenderlos, esa es nuestra prioridad.

Ahora mismo en este gobierno así como estamos exigiendo que las grandes empresas cumplan con dar información clara y sus compromisos también nos interesa mirar cómo ordenamos este tema de la minería informal de cómo limitamos la minería ilegal que está generando muchos problemas en el país y no nos ayuda nada el tema de las de este proyecto de ley que ha sido aprobado en el Congreso respecto a seguir ampliando plazos para la formalización; y luego cuando se cumplen vuelven a ampliarse eso es lo que viene sucediendo desde hace muchos años, entonces creo que hay que pensar no estamos en contra de que se otorguen plazos razonables, creo que ya la parte más aguda de la pandemia pasó no tenemos por qué extender…
  

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La llegada de la pandemia sigue siendo un trauma del que aún nos intentamos recuperar. El 2020 significó una de las peores crisis en diferentes sectores económicos, y aunque no se destaque, el sector cultural fue uno de los más damnificados. Teatros, galerías, bibliotecas y centros culturales clausurados eran solo la parte visible de la mala época que vivieron quienes se dedican a tiempo completo a las artes. Pese a todo, en el 2021 el retorno de las actividades culturales ha resurgido de sus cenizas, logrando reavivar con fuerza el fuego de la cultura en Arequipa.

Uno de los eventos que superó la pandemia ha sido el “Hay Festival”, que logró reunir a algunos invitados de manera presencial; y reprodujo las conferencias en el Paraninfo Universitario. Además, el “Festival del Libro” que pudo concretar conferencias, conversatorios y presentaciones de libros con acceso gratuito. También la feria “Ilustra” que fue impulso importante para los artistas plásticos. Mientras que las artes escénicas tuvieron en la XVII Muestra Regional de Teatro, que aportó 22 obras de teatro de acceso libre; su propio renacimiento. Los obras vinieron de Cusco, Tacna y Puno

La municipalidad de Arequipa a través de la subgerencia de Educación y Cultura ha evitado dar un número exacto de las actividades culturales en 2021; sin embargo, en palabras de
 

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Elena De Yta (Arequipa), poeta, escritora y educadora, estudió Literatura y Lingüística en la Universidad Nacional de San Agustín. Publicó el poemario Vendo mi cuerpo (Marcapasos, 2009) y para la serie Sobrenatural Verano el relato El Limbo del doctor River (Epensa, 2012). Del mismo modo, fue antologada en diferentes publicaciones a nivel nacional como en el extranjero. También publicó artículos y poesía en diarios como El Búho, Vista Previa, Noticias, entre otros.

Su obra ha obtenido diferentes premios y reconocimientos como: en el concurso literario “Una ciudad, una obra, un autor” y “La Primavera de los Poetas”, organizado por la Alianza Francesa de Arequipa en el 2006 y 2009 respectivamente; en los “Juegos Florales Universitarios UNSA” el 2006 y el 2007; en el “Concurso Literario Regional del semanario El Búho” en cuento el 2010, y en crónica el 2021; y ganó el Fondo concursable de Producción Bibliográfica MPA 2021, para la publicación de su libro de cuentos Psicofonías del silencio. También publicó su primer libro infantil ilustrado Jaco y el miedo, en el 2021.

El baile de los que sobran

Es que yo escucho por la radio que han dado bono, y que la gente está cobrando CTS y AFP’s, pero para mí, nada joven. Me dice Herminda, que tiene el llanto atragantado y a dos hijos llamando impacientes, yo los imagino manipulando la perilla y tratando de mirar por debajo de la puerta del baño, donde ella se ha refugiado buscando un poco de calma para poder mantener esta llamada. Antes de la pandemia y de que se decretara la cuarentena, ella trabajaba en una casa, cuidando a una anciana, mientras sus hijos se quedaban en una guardería del programa
Cuna Más.
No quiero que mis hijos me vean llorando

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El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, presentó el balance anual de su gestión durante el 2021. En su exposición, destacó los proyectos en temas de planeamiento urbano y movilización urbana, principalmente. El burgomaestre también se refirió a las ciclovías, admitiendo que cometió errores durante su implementación en diversos puntos de la ciudad.

Los puntos destacados de su balance

Candia manifestó que la ejecución presupuestal durante su gestión fue «más que óptima y una de las mejores de los últimos años». Mencionó que el 67,2% del presupuesto se usó en proyectos de inversión de diversa índole.

En esta línea, Candia citó algunos de sus proyectos en el área de Cultura, como el de la preservación de las tumbas de la cultura Churajón en Selva Alegre. Asimismo, destacó la elaboración del Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa, que ha tenido varias observaciones, pero que espera que sea aprobado. También hizo hincapié en la ejecución de las obras de la Av. Progreso, que está al 80% de su avance.

Errores en las ciclovías

Al llegar al tema de las ciclovías, Candia manifestó que, inicialmente, había planeado que tuvieran una extensión de 7 km. Sin embargo, después de diálogos y un estudio ejecutado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se concluyó que estas vías debían ampliarse a 33 km.

En la actualidad, hay 13 km de ciclovías implementados. Candia mencionó que los regidores han pedido la evaluación del proyecto, y se está reconsiderando su extensión. El alcalde admitió que hubo algunos errores en su ejecución, como la falta de pruebas en vacío o la ausencia de una campaña de sensibilización para fomentar su uso.

No obstante, Candia también enfatizó que las ciclovías son una obra beneficiosa para la ciudad. “Yo sí creo que el peatón debe tener espacios públicos, creo en la movilidad urbana sostenible, estoy convencido de que la bicicleta tiene que convertirse, para un buen sector de la población,  en un sistema de transporte”, declaró el burgomaestre.

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Los trabajadores sindicalizados de la Autoridad Autónoma de Majes de Arequipa (Autodema) denuncian que el abogado Carlos Guevara Carazas fue designado irregularmente como asesor jurídico de la entidad por la gobernadora encargada, Kimmerlee Gutiérrez. Esto debido a la existencia de un posible conflicto de intereses y pago de favores de Gutiérrez al abogado.

Es el secretario de Defensa del Sindicato único de Trabajadores de la Autoridad Autónoma de Majes (Sutam), Delfor López Salazar, quien informó que Guevara es también el abogado personal de la gobernadora. Actualmente la defiende en el proceso judicial que lleva contra Autodema desde 2017, para ser nombrada en la entidad, pues se desempeño como Jefa de Imagen Institucional por más de 3 años, durante el mandato de Yamila Osorio.

“Es su abogado personal y con nosotros ya ha tenido problemas en la anterior gestión al vulnerar nuestros derechos laborales e iniciar procesos contra algunos compañeros”.

Delfor López, secretario del sindicato.

Malestar en Autodema

Integrantes del sindicato de Autodema, protestaron este 28 de diciembre en las afueras de la entidad, exigiendo su destitución o renuncia. Por lo ya expuesto, ellos señalan que se está faltando a la ética y vulnerando el artículo 2 de la Ley N° 27588.

Asimismo, en un oficio, señalan que Guevara no solo fue defensor de la gobernadora contra la entidad, sino también de otros servidores. En el documento, los directivos detallan y denuncian los pormenores del conflicto de interés.

«Queremos el retiro del abogado Guevara porque mostró actitudes antilaborales. De 2011 al 2014 trabajó en Autodema y se opuso a los beneficios laborales que exigía el SUTAM como estabilidad laboral, bonificación y otros. Sin embargo, luego de retirarse de la institución armó un estudio jurídico, llamado Guevara – Carazas. Allí fue donde comenzó a defender a los servidores con procesos para restablecer sus derechos, como es el caso de la gobernadora», dijo el dirigente.

Otra de las razones de su denuncia, fue que el jefe de Asesoría Jurídica desconoció el pago de 400 soles que recibían los trabajadores. Dicho pago correspondiente a diciembre, era 200 por movilidad y 200 por refrigerios.

En respuesta, Arturo Arroyo, el gerente de Autodema, declaró a los mismos dirigentes que el retiro del abogado se realizaría en los siguientes días.

Sobre el juicio de Kimmerlee

La defensa de Carlos Guevara logró ganar a Autodema en 2 instancias del Poder Judicial; por ello, la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa interpuso una casación ante la Corte Suprema. Por ahora, se espera la respuesta.

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Texto original: Durante más de una década la Contraloría fue casi una burla para los peruanos. Hasta donde nuestra memoria alcanza, nunca una acción de control ha provocado la caída de un presidente o siquiera la de un ministro. En el develamiento de la corrupción fujimorista, éste órgano venía a la zaga, detrás de los políticos, detrás de las denuncias periodísticas, detrás de las evidencias, detrás incluso del sentido común. Pero eso, está en camino de cambiar, gracias a una nueva conciencia de ciudadanía.

En pocas palabras, la Contraloría General de la República es un órgano supervisor de la legalidad en gestión y utilización de los bienes y recursos públicos. Pero en la actual viada que ha tomado la civilidad, en el afán por combatir los actos de corrupción, el papel le corresponde es bastante más amplio que este concepto legalista.

La indignación ciudadana por las Alarmantes evidencias de la corrupción bajo la que vivimos la última década, frente a la cual la Contraloría, el Ministerio Público y otros organismos supervisores se hicieron de la vista gorda, propició que desde el gobierno de transición se estudiaran nuevos mecanismos, para afrontar las nuevas modalidades delictivas.

El grupo de Iniciativa Nacional Anticorrupción sentó algunas bases, tras lo cual se esperaba con expectativa la designación de un nuevo Contralor General. Lamentablemente para algunos, la designación recayó en un amigo del Presidente Toledo que, sin embargo, permanecerá por ese motivo, bajo la inquisidora mirada de la nación entera.

Pero más allá de este detalle, hay una expectativa generalizada por una agresiva campaña de saneamiento general de la administración pública, habituada por inercia a la laxitud y a la impunidad.

Pero para evitar los actos de corrupción, es fundamental la participación ciudadana. La creciente demanda de fiscalización de la ciudadanía requiere como contraparte, romper también la inercia del poblador por el «dejar hacer». Sin una sociedad civil fuerte y organizada, la labor fiscalizadora del Estado estará seriamente debilitada

Incentivar la participación ciudadana

En loable iniciativa, recientemente se desarrolló en nuestra ciudad el Seminario Taller Internacional «Participación Ciudadana en el control Público y Lucha Contra la Corrupción», concebid() como un foro para el debate entre instituciones del sector público y la sociedad civil con la finalidad de analizar experiencias y acciones desarrolladas en el campo del control público y ciudadano de la gestión pública, así como de identificar instrumentos y mecanismos que favorezcan la vigilancia y la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción en el Perú.

En él se desarrollaron talleres de los cuales se extrajo saludables conclusiones destinadas a mejorar el accionar de la contraloría, tanto en los mecanismos para facilitar la participación de la población, como en propuestas de iniciativas legislativas, para quitar de encima la modorra que inmoviliza a la burocracia, tanto de los organismos controladores, como de los controlados.

La asistencia de dos expositores internacionales, contribuyó a dar luces para recorrer un camino que otros países con similares realidades sociopolíticas, ya han avanzado.

Experiencias a considerar

Para la costarricense Analucía Hernández Díaz, la corrupción «es todo aquello que de manera consciente o intencional subvierte o pervierte la naturaleza de las políticas de solidaridad, de justicia y de igualdad y el significado de esos conceptos en un Estado Social de Derecho».

El papel de la sociedad, entonces, es el de incidir en que los cambios que se proponen desde las distintas instancias públicas y desde las administraciones de gobierno, se sustenten en los principios de transparencia en la gestión pública.

Así, existen actos de corrupción que no se encuentran tipificados como delito y que implican transgresiones u omisiones que son, quizá, los más importantes. Por ejemplo a raíz de la firma de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, la Contraloría de su país propuso la creación de nuevos tipos entre los que se encontraban el tráfico de influencias, el clientelismo, las comisiones, la asignación de cargos a personas no preparadas, el conflicto de interés, la negligencia e incumplimiento del deber, el abuso de los recursos públicos. En Costa Rica, la contraloría General de la República ha identificado la necesidad de incorporar en la legislación algunas figuras como:

– Establecer mecanismos para defender el libre acceso a la información relacionada con el ingreso, presupuesto, custodia, administración; inversión y gasto de los fondos públicos, en relación con hechos y conductas de los funcionarios públicos.

– Proteger la identidad de las personas que denuncien actos de corrupción; al mismo tiempo declara como orales y públicas las comparecencias de funcionarios cuestionados en los procesos administrativos que lleva la Contraloría.

– Dar potestad a la Contraloría General de la República de tener acceso a las cuentas bancarias, registros, facturas, contratos y libros de contabilidad durante sus investigaciones, atribución que hasta hoy solo tiene el Ministerio Público.

– Dar potestad a la Contraloría General de la República de solicitar en cualquier momento una declaración de bienes a los funcionarios públicos.

Las veedurías ciudadanas

Por su parte, el colombiano expuso su experiencia en cuanto a una institución cuya creación se viene proponiendo en nuestro país como son las organizaciones de ciudadanos encargadas de vigilar el accionar de todos los funcionarios públicos; con el objeto de hacer de la transparencia, un hábito y un mecanismo eficaz para disminuir la corrupción.

El control social a la gestión pública es definido como un derecho y un deber del ciudadano; de colaborar en la construcción de los objetivos del Estado social de Derecho. Es un recurso para democratizar el Estado y disminuir los niveles de exclusión social, pobreza y otros efectos de la administración pública; que como patologías, aparecen cuando la participación ciudadana y comunitaria, no encuentra cauces legítimos de manifestar sus preocupaciones, al Estado, o sus necesidades vitales fundamentales.

Los veedores ciudadanos indagan y preguntan, interrogan y buscan comprender donde está el Bien Común, fundamentalmente del quehacer de la gestión pública; y los particulares investidos de funciones públicas amparados en el principio constitucional de la Buena Fe.

Cuando los bienes o servicios públicos se construyen en función de intereses particulares. Y las decisiones sobre el acceso o el uso del bien público es excluyente o inequitativo, intervienen las veedurías ciudadanas.

Volver los ojos a la Contraloría

En tanto estas propuestas se materializan, el programa de atención de denuncias de la Contraloría ha sido revitalizado y ampliado. Como consecuencia del represamiento de denuncias que por años ha mantenido a la ciudadanía en silencio y con temor; se espera una avalancha de solicitudes, tras estos eventos que tienen un rápido efecto multiplicador. A ello se suma el programa rutinario de supervisión que tiene la Contraloría que incluye, en el programa del próximo año, nueve municipalidades; además, otro tanto de organismos descentralizados o autónomos.

Entre las conclusiones a las que se arribó en el último evento, figuran algunas iniciativas interesantes; por ejemplo, obligar a algunas entidades a la publicación de los nombres de todos sus funcionarios, trabajadores y proveedores; para detectar casos de nepotismo o favoritismo. También se mencionó la necesidad de que la sociedad encuentre mecanismos para financiar una prensa verdaderamente independiente; que contribuya a la labor de control ciudadano que, pese a quien le pese, ya se echó a andar de manera irreversible.

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Según reportes de la zona, una intensa lluvia, acompañada de granizo, aceleró la conclusión de la reunión entre las comunidades y autoridades de Chumbivilcas con la Presidencia del Consejo de Ministros y la minera MMG Las Bambas, que se llevó a cabo en la comunidad de Huininquiri. El Ejecutivo alcanzó 11 acuerdos con representantes de las comunidades de Chumbivilcas y con la empresa Las Bambas.

Así, se ha obtenido el compromiso de desbloquear las vías que se mantenían cerradas a lo largo del conflicto. Por otra parte, se acogió la propuesta del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) de hacer participar a las comunidades del Corredor Vial Chumbivilcas en el mantenimiento de las vías comunales y caminos de herradura, a través de microempresas.

Además, la empresa se comprometió a considerar a las comunidades involucradas como áreas de interés social y ambiental.. Para eso, el Ministerio del Ambiente, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), seguirá de cerca la modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la minera, atendiendo los reclamos.

Asimismo, la empresa concederá los trabajos de mantenimiento del tramo de la vía al asiento minero a las comunidades que habitan alrededor del corredor. Esto se hará mediante un consorcio que esté conformado por empresas comunales.

Por último, el documento señala que todos estos puntos se detallarán en dos reuniones de trabajo conjuntas. Se llevarán a cabo el 18 y 19 de enero próximos. Según el acta, los encuentros “deberán tener carácter resolutivo a fin de lograr acuerdos definitivos”.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sostuvo que gracias al diálogo se está avanzando en la solución integral del conflicto. Añadió que los acuerdos permitirán a la ciudadanía de Chumbivilcas recibir beneficios y a la mina Las Bambas volver a operar.

Aquí el acta suscrita:

«Las Bambas» anuncia reinicio de operaciones

Al término de la reunión, un representante de la minera declaró en el sentido de reiniciar sus operaciones en el plazo más breve posible.

«Dado este acuerdo, vamos a dar todos los avisos necesarios para retomar operaciones. Todo el ciclo demora entre cinco a seis días», declaró Edgardo Orderique, Gerente de Operaciones de Las Bambas al diario La República.

Asimismo, publicaron un comunicado expresando su satisfacción con el diálogo que se han comprometido a continuar:

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Los llamados «colectivos» podrán operar nuevamente en el país gracias a una nueva disposición del gobierno nacional. Tanto choferes como empresas de automóviles colectivos ya pueden empadronarse para prestar este servicio de transporte a nivel nacional, a excepción de Lima y Callao. Sin embargo, las autoridades de Arequipa han solicitado ser excluidos, debido a que esta norma significaría un gran retroceso en la reforma de transporte local.

Este lunes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el padrón, precisando que se busca establecer una línea de base de la prestación del servicio en el territorio nacional. Asimismo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) será la que administre, publique y actualice el padrón.

MPA buscará la exclusión de Arequipa

Para Juan Carlos Callacondo, subgerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, conceder el permiso para que los colectivos operen, traería un retroceso a la ciudad. Por esta razón, la Sub Gerencia de Transportes solicitará nuevamente al MTC la exclusión del proceso de empadronamiento a los colectivos de Arequipa.

“La norma es de carácter regional, provincial e interdistrital, por ende afectaría todo el avance de lo que se tiene en este momento con la reforma de transporte en Arequipa. Es un retroceso para Arequipa, y hay que ver cómo reaccionan nuestras autoridades”, enfatizó.

La SUTRAN tiene 28 días calendario para elaborar el padrón. En ese lapso, el funcionario mencionó que mandaría un oficio para considerar a Arequipa como excepcional al igual que la capital.

Asimismo, criticó que esta Resolución Ministerial contravenga las concesiones otorgadas por la municipalidad a las empresas del Sistema Integrado de Transportes (SIT). Esto, debido a que las principales vías de la ciudad ya están designadas para los buses de transporte público.

Hay casi 2 mil colectivos en Arequipa

Según el último reporte de esta subgerencia, existen 1600 colectivos de las categorías M1 y M2 en la ciudad. Todos son considerados informales ya que cubren rutas que fueron concesionadas a las 10 empresas del SIT. Operan principalmente en Characato, Alto Selva Alegre, Cono Norte, Cayma, y Jacobo Hunter.

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Por Rosario Cardeña

Tremenda crisis en el año del Bicentenario, sobre la que ya hemos comentado.[1] Lamentablemente, con muy pocos márgenes de maniobra para resolverla, por la incapacidad del gobierno y la acción polarizadora de los sectores que lideran la oposición. Pero es- o debería ser- un problema que resolvamos internamente, en el mejor o peor escenario posible.

Sin embargo, hay una preocupante injerencia de actores externos, que por iniciativa propia o alentados por actores políticos internos-incluso desde la misma presidencia-; han tenido una inaceptable participación en política doméstica. No es un problema atribuible a una Cancillería profesional que vela por los intereses permanentes del país, y tiene hoy una dirección institucionalista y experimentada.

Sino más bien, de gestos y reflejos que no llegan a calificar como “diplomacia presidencial”, porque no hay un proyecto orgánico o rumbo a seguir que se conozca del mandatario, en un tema donde no tiene precisamente una fortaleza.

Ha sido muy bueno, ratificar que Perú quiere tener buenas relaciones con todos los países, los vecinos, y señalar la integración regional como eje importante. Pero, no fue muy beneficiosa la constante presencia de un exmandatario que prácticamente daba “línea” al nuevo gobierno, haciendo campaña por una asamblea constituyente, cuyo debate y decisión sobre si va o no, es nacional. El “modelo” boliviano, era mencionado por diferentes actores del gobierno al inicio, como algo que se podía seguir. La respuesta de una comisión en el Parlamento, fue declarar “persona no grata” al exmandatario.

Luego, el intento de hacer en el Cuzco una reunión internacional de movimientos sociales antiimperialistas, plurinacionales, de las sociedades civiles. No parecía haber peligro mayor, ni que se buscara una desmembración del territorio como mencionaron algunos; pero dadas las visitas sistemáticas previas, añadía un clima no deseable a lo que pudo ser, en otro contexto, una reunión internacional más; aunque en territorio nacional. Pero hay que discutir con más cuidado los impactos de planteamientos étnicos y de movimientos transnacionales y de ordenamiento territorial, para el desarrollo fronterizo, la regionalización, el estado nacional y el desarrollo sostenible. Para esta meta, necesitamos otros paradigmas internacionales exitosos que considerar, más allá del vecindario.

Meses anteriores, hubo una descarada injerencia en las elecciones internas, desde el otro lado del espectro político. Ex-mandatarios de una internacional de derechas, se paseaban por los diferentes medios-incluso regiones-pontificando sobre su modelo, y pretendiendo decirles a los peruanos como votar, orquestando una campaña macartista que tuvo continuidad post-electoral. Los núcleos opositores más radicales-los que lideran la oposición- tienen acuerdos políticos suscritos y buscan acumular fuerzas en la región. Tuvieron un éxito relativo en Argentina, con las elecciones parlamentarias de medio término, pero un fracaso rotundo en Honduras y sobre todo, en Chile. Falta ver qué pasa en las elecciones del próximo año en Colombia, y, especialmente, Brasil.

Una cosa es la legítima confrontación ideológica y “batalla de las ideas”, las Internacionales social-cristianas, social-demócratas, verdes o nuevos conglomerados de izquierda o derecha. Pero, otra, es tener injerencia en los procesos internos de los países. Y, lo que corresponde, es que una vez que esos procesos culminan, tener políticas respetuosas con los gobiernos de diferente signo que los pueblos han decidido con su voto. Especialmente en el caso latinoamericano, desideologizar la cooperación y sobre todo, los procesos de integración regional.

Pero, hay hechos preocupantes protagonizados desde los poderes el estado. Un incidente confuso, aún no aclarado plenamente, de la presidenta del Congreso en un viaje a España. Independientemente de lo conversado con parlamentarios españoles, si fue un diálogo informativo o conspirativo, no corresponde que políticos de ese país se inmiscuyan en nuestros asuntos internos. Unos, miembros de la internacional de derechas y otros de izquierda, sacando un pronunciamiento de apoyo al orden constitucional. Tampoco, que organismos internacionales intervengan en asuntos que corresponde definir internamente, institucionalmente. Pero, tirios y troyanos, insisten en convocarlos.

El otro hecho, fue el vergonzoso llamado de auxilio del mandatario peruano, al Jefe de Estado mexicano, para que interceda en la crisis interna, porque supuestamente estaba siendo atacado por grupos antidemocráticos que no aceptaban que un campesino haya llegado a la presidencia. Por favor. Esos ataques de la oposición tienen que ser respondidos políticamente, el problema es que no hay dirección, ni la capacidad de dar un norte al gobierno, y ese es el problema principal. Ese llamado, fue un reconocimiento internacional de esa falencia. Otro papelón, fue la deportación frustrada de un grupo de ciudadanos venezolanos.

Esto no puede seguir así. Continuamos creando las condiciones para un grave enfrentamiento interno, y, lo que es peor, para una intervención externa como celebración del Bicentenario. Las salidas a esta crisis no pueden dilatarse demasiado, para evitar esos desenlaces.

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[1] https://alanfairlie.lamula.pe/…/crisis-del…/alanfairlie/

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Los principales líderes del partido Perú Libre como Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Valdemar Cerrón, postearon sendos mensajes en defensa del congresista por Arequipa Jaime Quito. Según manifiestan, hay una campaña para demoler su imagen y niegan su participación en los hechos denunciados.

Como se sabe, una militante de Perú Libre denunció al parlamentario junto a otras personas por supuestamente encubrir el delito de violación sexual cometido por otro militante. El pasado 23 de diciembre una joven activista denunció que un compañero del partido abusó de ella cuando se encontraba en estado de inconsciencia.

La abogada de la denunciante, Marleny Fernández Palaco, detalló que el hecho habría ocurrido el pasado 15 de mayo en el local de Perú Libre de Arequipa. Fue durante la celebración de un cumpleaños. Según aseguran, un día después, el actual congresista Quito tuvo conocimiento de lo ocurrido y, pese a esto, no habría tomado ninguna medida. La denuncia contra él y otros dirigentes de la organización política es por el presunto delito de encubrimiento personal y encubrimiento real.

De acuerdo a la denunciante, fue Víctor Raúl Hugo Taipe Choqueccota, integrante de Juventud Socialista, y militante de PL, quien habría abusado de ella. Añadió que fue el propio Quito quien le pidió que no denunciara aún los hechos ante el Ministerio Público.

Tras su pública declaración, el congresista Quito solicitó recién la separación temporal del acusado de las filas del partido, en tanto la justicia determina su responsabilidad.

Respaldo pleno

Al respecto, Guido Bellido, extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, se pronunció:

“Nuestra solidaridad con el congresista Jaime Quito ,quien es atacado por activistas de ONGs y caviares, con el objetivo de dañar la imagen del congresista y el partido, involucrando en un hecho que no participó, lo hicieron con Vladimir Cerrón, conmigo, ahora quién sigue”, escribió en su cuenta de Twitter.

Aunque luego añadió:  “En cumplimiento de mis funciones, invito a la víctima y denunciante a que permita el acompañamiento nuestro para llegar a la verdad y a la justicia. El colega Quito no participó; pero, ello no le quita el derecho a ella de buscar justicia y sancionar al agresor”.

Por su parte, el jefe del partido, Vladimir Cerrón, se pronunció en similar sentido:

“Mi solidaridad plena con el compatriota congresista, Jaime Quito Sarmiento, blanco de ataques por ONG financiada, con argumentos calumniosos no corroborados por la Justicia, cuya finalidad política es debilitar moralmente nuestra bancada, sin importar la causa que dicen defender”, escribió.

Asimismo, su hermano, el congresista y vocero de la bancada, Valdemar Cerrón Rojas, le expresó su respaldo.

Versión de Jaime Quito

Por su parte, el congresista se ha negado reiteradamente a hablar sobre el tema. Ha dicho que esperará a que las instancias judiciales y qu el partido ha cumplido con separar temporalmente al acusado.

Añadió que todo lo que tiene que decir al respecto está contenido en el siguiente comunicado:

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Los consejeros regionales no firmaron la aprobación de la adenda 13. Ayer se convocó a una sesión para discutir el tema, sin embargo, solo se presentaron 5 consejeros. Al no haber haber suficientes miembros para llegar al quórum, la reunión se suspendió. El plazo para firmar la adenda es hasta el 30 de diciembre. De ser incumplido, la empresa Cobra tiene la potestad de iniciar un proceso de arbitraje internacional por la caducidad del contrato.

Diferencias de criterios

Los consejeros que asistieron a la sesión fueron Harberth Zúñiga, Elmer Pinto, Ysrael Zúñiga, Miguel Guzmán y Chriss Díaz, quien se presentó virtualmente. De los otros 4 consejeros ausentes, solo se sabe que José Luis Hancco viajó a Islay en representación de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, y Silvio Arias acudió a Castilla a realizar una fiscalización.  

Recordemos que, en días pasados, el consejero Hancco manifestó que se debía extender el plazo para que el Consejo Regional firme la adenda 13. Indicó que se había hecho la solicitud a la empresa Cobra para que reprogramen la fecha límite al 31 de enero del 2022. Al parecer, no tuvo respuesta positiva.

El proyecto en peligro

Al respecto, el ingeniero y exgerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Isaac Martínez Gonzales, manifestó que no hay excusas válidas para que se retrase la reactivación de Majes Siguas II. Martínez aseguró que la inacción de los consejeros se debe, en realidad, al temor a tomar la responsabilidad de una decisión importante como la firma de la adenda 13; y también a intereses personales.

El ingeniero resaltó la importancia de la gran capacidad de irrigación del proyecto. De no llevarse a cabo, no se construirían las centrales hidroeléctricas y no se aprovechará la capacidad máxima del canal, que es de 34 m3/s. En la actualidad, solo pasan 14 m3/s.

Martínez también hizo alusión a los cambios de postura del ex-gobernador Cáceres Llica respecto al tema. Indicó que, en 2019, la ex-autoridad se opuso a la firma del convenio entre el GRA y el MINAGRI para transferir el proyecto al gobierno nacional. La razón de esto, según Martínez, es que no tendría mucho control sobre el presupuesto y «no podría influir fácilmente en dar trabajo a sus seguidores y amigos». Ya que ahora Majes Siguas II es un proyecto enteramente regional, Martínez instó a los consejeros a asumir la responsabilidad y asegurar su reactivación.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) decidió ampliar la vigencia de los DNI vencidos hasta el 31 de marzo del 2022. La prórroga se hizo con el objetivo de evitar contagios por las masivas aglomeraciones en las oficinas y así evitar la propagación de la nueva variante

Todos los ciudadanos que tengan sus documentos de identificación caducos o estén por vencer, podrán hacer trámites y demás durante los próximos tres meses, sin ninguna dificultad. Esto aplica para actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y para identificarse legalmente.

De esta manera, todos los que por distintos motivos no pudieron hacer la renovación, ahora tienen el tiempo para hacerlo con tranquilidad. Esta ampliación fue anunciada en la Resolución Jefatural N° 000230-2021/JNAC/RENIEC del 29 de diciembre de 2021 y se hizo oficial al público en horas de la mañana de este jueves.

“Ante la eventualidad de una tercera ola por la COVID-19, y con la finalidad de evitar las aglomeraciones en las agencias y reducir así las probabilidades de contagio de la variante ómicron en el Perú, el Reniec informó que los documentos nacionales de identidad mantendrán su vigencia excepcionalmente”.

Nota de prensa emitida por el Reniec

La entidad aclaró también que estas nuevas medidas no limitan el derecho a realizar la renovación del DNI, solo que ahora podrá hacerlo con más tiempo y cumpliendo todas las medidas de distanciamiento social. En su defecto, también hay la opción de tramitarlo virtualmente. Ingresa aquí.

Largas colas en las oficinas Reniec

Durante los últimos días, extensas colas se apostaron en las afueras de las oficinas del Reniec Arequipa y de todo el país. Todo, con la finalidad de renovarlo en el anterior plazo (31 de diciembre), el mismo que fue modificado por la gran afluencia y concentración de personas. Según las cifras, son más de 3 millones 400 mil de peruanos mayores de edad que a la fecha mantienen un documento de identidad vencido. En cuanto a menores de edad, la cifra asciende a 2 millones 600 personas.

Asimismo, para atender a más personas, el Reniec amplió su horario de atención de este 29 y 30 de diciembre hasta las 7:00 p.m. Incluso se habilitaron módulos en la Plaza España el 28 y 29 de diciembre hasta las 4:00 p.m. Por último, se recuerda que se puede hacer el trámite presencialmente desde las oficinas del Mac Arequipa, previa cita. Ingresa aquí.

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Los peruanos vivíamos la zozobra de los muertos y enfermos por el coronavirus cuando se iniciaba formalmente el proceso para la Elecciones Generales 2021. Apenas salíamos de una vacancia seguida de convulsión social, cuando paralelamente tuvimos que sobrellevar otra “pandemia”…la de los políticos, la desinformación y los medios de comunicación al servicio de esos intereses.

Luego de las elecciones internas de cada organización política, el 10 de diciembre del 2020 se definieron las candidaturas para los comicios. La lista confirmaba a 23 candidatos presidenciales. Sin embargo, se depuraron seis quedando en carrera, el Partido Morado con Julio Guzmán; Acción Popular, Yonhy Lescano;  Fuerza Popular, Keiko Fujimori; Juntos por el Perú, Verónika Mendoza; Alianza para el Progreso, César Acuña; Frente Amplio, Marco Arana; Renacimiento Unido Nacional, Ciro Gálvez; Perú Libre, Pedro Castillo; Partido Nacionalista, Ollanta Humala; PPC, Alberto Beingolea; Perú Patria Segura, Rafael Santos; Avanza País, Hernando de Soto; Solidaridad Nacional, Rafael López Aliaga; Democracia Directa, Andrés Alcántara; Podemos Perú, Daniel Urresti; Restauración Nacional, George Forsyth y de Somos Perú, Daniel Salaverry. Fernando Olivera del Frente Esperanza fue uno de los seis excluidos pero vuelto a colocar por una apelación ganada. Quedaron entonces, 18 candidatos.

Sin opción alguna salieron de las elecciones José Vega de Unión por el Perú; Nidia Vilchez del Partido Aprista; Pedro Angulo de Contigo; Francisco Diez Canseco de Perú Nación y Fernando Cilloniz de Todos Por el Perú.

Nace un outsider

En diciembre del 2020, sale una encuesta de IPSOS que revela la intención de voto. George Forsyth seguía como favorito con un 18% seguido de Julio Guzmán con 8%, Verónica Mendoza en empate con Keiko Fujimori 7%, Daniel Urresti 6%, Yonhy Lescano 4%, Hernando de Soto y Daniel Salaverry con 3%, Ollanta Humala, César Acuña, Fernando Olivera y Alberto Beingolea con 2%. Había un 18% de intención de votos en la categoría Otros. Allí, en esa nebulosa, se encontraba prácticamente oculto, Pedro Castillo. El candidato al que pocos conocían y al que los medios concentrados de Lima no daban importancia alguna en sus informaciones.

Iba viajando pueblo por pueblo, en las tres regiones del país, armado de un lapiz y presentándose como maestro, agricultor y rondero con el lema “no más pobres en un país rico”. La identificación de los ciudadanos con el personaje le valió al partido Perú Libre para hacerse conocido, y el candidato Castillo comenzó a ser invitado a locales sindicales y plazas públicas para exponer su plan de gobierno. Las presentaciones eran transmitidas solo por redes sociales.

Seguramente por este trajín, en enero del 2021 da positivo a Covid-19, y en marzo, es detenido en Mazuco, Madre de Dios por causar una aglomeración. De allí pasa por Juliaca, Puno, donde tiene un recibimiento apoteósico y ya para entonces salta en las encuestas del grupo de Otros, a tener un 3% propio. Luego sigue su camino por Cusco, Apurímac y Ayacucho y al final va a Lima, Ica Huancavelica, Junín, Pasco y finalmente cierra su campaña en Cajamarca y Lima.

Primera vuelta: elecciones dispersas

Conocido el salto que da Castillo en las preferencias electorales, comienzan a aparecer en Lima, Cusco y Arequipa grandes letreros con mensajes sobre Cuba y Venezuela en alusión a Castillo. “El comunismo genera miseria y pobreza”; “Cuba: pobreza, muerte, miedo, desesperación”, y “En el Perú está en juego la libertad, es momento de poner el pecho por la patria”. La empresa Punto Visual, que contrató el fujimorismo en 2016, señala que “no han sido contratados por ningún partido y que los han colocado voluntariamente”. Así inició lo que sería un interminable debate en todo el proceso.

Los debates entre candidatos, organizados en dos fechas por el Jurado Nacional de Elecciones no tuvieron mayor trascendencia en cuanto a la orientación del voto.

Así llegó el día de votación fijada para el 11 de abril y pese al temor y los riesgos de un posible contagio por el coronavirus, la población peruana acudió a votar. Según el conteo rápido de las encuestadoras, y para sorpresa de la gran mayoría, salió ganador el líder izquierdista, el profesor rural Pedro Castillo, de Perú Libre. Le seguía Keiko Fujimori, cabeza de la agrupación Fuerza Popular.

Los resultados oficiales le tomarían un mes al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de una ceremonia oficial, en la que ambos finalistas acceden a la segunda vuelta que se fijó para el domingo 6 de junio, día en que se conocería, quién sería el nuevo presidente del Perú. Al menos esa era la intención de los organismos electorales y de todos los peruanos.

Según los resultados, el Partido Perú Libre obtiene 2.724.752 y Fuerza Popular, 1.930.762. Les sigue a ambos Renovación Popular con 1.692.279, Avanza País con 1.674.201 y Acción Popular con 1.306.288 votos, antes voceado ganador. Y les fue peor aún a Victoria Nacional con apenas 814.516 votos y al Partido Morado con apenas 325.708, cuando habían encabezado las encuestas.

Conocidos estos resultados de la primera vuelta, Keiko Fujimori obtuvo el apoyo más decidido de los candidatos de la derecha, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga. Los ataques contra Castillo se agudizan, pero también contra los organismos electorales y quienes estén a favor de Castillo y/o en contra de Fujimori. Se instala el discurso del supuesto comunismo de Castillo. El ultraderechista Rafael López Aliaga organizó la ‘Marcha por el Perú´ con el lema “Salvemos la democracia y nuestra libertad” en la que llegó a pedir la muerte del comunismo y del líder de la izquierda. “Muerte a Cerrón y a Castillo”, gritó, para recibir otra vez el eco: “¡Muerte!”.

Debate no oficial en Chota

El primer debate de la Segunda Vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori se realizó el 30 de mayo, en la provincia de Chota, Cajamarca, sin que participara el Jurado Nacional de Elecciones. Fueron los propios partidos que en medio de controversias sobre el programa dirigieron el mismo. Días antes, los candidatos se enfrentaron por las redes sociales.

Castillo dijo que revisaría los contratos con las empresas transnacionales, para tener mayor recaudación tributaria y que el Banco de la Nación debería comprar los préstamos de los microempresarios. En tanto Fujimori anunció que subiría el bono de Pensión 65 a S/ 500, y aumentaría el presupuesto del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa). También que ampliaría el programa Beca 18 y revisaría el impuesto selectivo al consumo para que el combustible “baje a precios razonables”.

Nuevamente el Jurado Nacional de Elecciones convoca a los candidatos a debates oficiales. El primero fue el 23 de mayo, en el Gran Teatro Nacional de San Borja, donde estuvieron presentes los miembros de los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular. El segundo y último fue el 30 de mayo, en Arequipa, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Esta última llevó un apiedra en el bolsillo y la exhibió para rechazaar la supuesta agresión que sufrió al llegar a la ciudad.

Segunda vuelta: triunfo de Castillo

Con las actas de la ONPE procesadas al 96%, Pedro Castillo aventajaba mínimamente a su contendora Keiko Fujimori. Conocer los resultados oficiales de la segunda vuelta, mantuvo en vilo a los peruanos. Ese 6 de junio, ninguna autoridad electoral y ningún medio de comunicación se atrevió a mencionar a un ganador. Había un ajustadísimo empate técnico que obligó a ambos candidatos a llamar a la calma.

Los resultados al 100% se hicieron eternos y los ánimos se encrespaban más y más. Lo cierto es que el país se polarizó, mostró diferencias raciales y de clase. El Perú estaba partido en dos mitades.

En una conferencia de prensa Keiko Fujimori denuncia la existencia de un supuesto “fraude sistemático” que habría favorecido la elección de su contendor Pedro Castillo. Según la candidata, este consistiría en masivas impugnaciones de votos en las mesas en que Fujimori registró un mayor número de votos que su contrincante. Habló de “charlas previas de capacitación de Perú Libre en las que pidieron a sus simpatizantes, llegar temprano a las mesas de votación para asegurarse el control de las mismas en aquellos casos en que los miembros titulares no asistieran. Incluso dijo que hubo irregularidades en el escrutinio (conteo) mismo de los votos.

Fuerza Popular, el 9 de junio, anuncia que estaban presentando recursos de nulidad contra 887 actas de sufragio de algunas regiones donde había triunfado Pedro Castillo, señalando presuntas irregularidades como que las firmas de los miembros de mesa no coincidían exactamente con las del padrón del registro civil y la existencia de lazos de consanguinidad entre algunos integrantes de las mesas de sufragio.​

En medio de marchas y ataques de grupos más radicalizados por Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori, comienza a pedirse la revocatoria de las elecciones. Esto fue comparado con los intentos del expresidente Donald Trump para revocar las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Incluso se llegó a difundir por las redes, un posible golpe de Estado contra Castillo, si es que fuera declarado ganador oficial de las elecciones presidenciales.

Los ataques esta vez van contra el propio proceso electoral y en contra de los titulares del JNE, Jorge Luis Salas Arenas y de la ONPE, Piero Corvetto Salinas y están basados en afirmaciones falsas. Se dijo, por ejemplo, que la ONPE imprimió 40 millones de cédulas de votación cuando los votantes hábiles eran 25 millones 287 mil 954.

Finalmente, Fuerza Popular no pudo demostrar ninguna de sus alegaciones. Y apenas horas antes de asumir el mando, acto previsto para el 28 de julio, se hizo la proclamación oficial de resultados. No obstante, la sociedad peruana ya estaba fracturada y la democracia dañada irremediablemente.

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Las celebraciones por fiestas de fin de año y la aparición de la variante Ómicron han encendido las alertas de una posible tercera ola del COVID-19. Si bien, por ahora, las cifras de contagiados y hospitalizados son bajas en Arequipa, el temor a que en las próximas semanas tengan un repunte no es infundado. ¿Estamos preparados para una nueva emergencia?

Vacunación como mejor arma de combate

A la fecha, sabemos que el 80,5% de la población objetivo de Arequipa está inmunizada con las dos dosis de los diferentes tipos de vacuna. Esto, en palabras del Gerente Regional de Salud, Christian Nova, nos coloca en una buena posición que incluso aventaja a otras regiones que no llegaron a ese porcentaje. 

La idea es lograr que un número similar se coloque la dosis de refuerzo. Sin embargo, hasta la fecha, solo el 12,8% de la población que ya está apta para la tercera dosis se ha vacunado.

La tercera dosis, de acuerdo a numerosos científicos, permite que se amplíe el repertorio de anticuerpos para combatir el virus. Ahora, en cuanto a la variante Ómicron, aún se están desarrollando estudios para verificar cuán efectivas son las vacunas existentes con ella. No obstante, se espera que las opciones de inmunización de las que disponemos ahora sean también efectivas contra esta nueva cepa.

GERESA en preparativos para la tercera ola

La experiencia de las anteriores olas del virus indican que, después de las fechas en las que la gente se reúne masivamente, los contagios aumentan irremediablemente. Teniendo esto en cuenta, funcionarios de la Geresa anunciaron ayer que ya se ha aprobado un plan para combatir la tercera ola.

Entre las medidas contempladas está la adquisición de 140 nuevos concentradores de oxígeno. Estos permitirán que, en caso de un aumento de demanda de oxígeno, los hospitales estén preparados para atender a todos los pacientes.

Por otro lado, también se está trabajando en el aumento de la capacidad de los laboratorios moleculares para el diagnóstico de COVID-19. En Arequipa se cuenta con uno que procesa de 300 a 350 muestras diarias, sin embargo, el gerente Nova indicó que hay necesidad de incrementar este número.

Por último, también se mencionó la futura adquisición de una nueva congeladora para la conservación de vacunas. En la ciudad solo contamos con una, y en caso de que esta se malogre, se pondrían en riesgo cientos de dosis. Por ello, se espera que podamos contar con una más en caso de accidentes. 

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