El 2 de febrero del 2001 se publicó la edición N° 36 del semanario El Búho, con el reportaje principal dedicado a la composición y jerarquías del Poder Judicial en Arequipa, gracias a influencias del fujimontesinismo. Entre los nexos, existían parentescos y otras prácticas corruptas en la labor de jueces y otros trabajadores judiciales.
NOTA ORIGINAL
Ahora que se ha roto un poco esa costra que controlaba la administración de justicia, tanto en la capital como en las provincias, y que empieza a aflorar la podredumbre, se conoce de casos en los que hubo un innegable tráfico de influencias no sólo para nombrar a magistrados indebidamente y sin reunir los requisitos que la ley orgánica del Poder Judicial establece, sino para copar cargos tanto en las Cortes Superiores como en las Fiscalías, a fin de que no prosperen las denuncias presentadas en contra de la dictadura o de algún otro interés personal que por añadidura o pago a eficientes servicios de bloqueo se negociaban impunemente
Unidad de Investigación
Desde hace mucho tiempo, connotados juristas como Francisco Eguiguren Praelli, expresidente de la Academia de la Magistratura encargada de la formación de jueces y fiscales, denunciaron públicamente que en el Poder Judicial y el Ministerio Público, tanto en Lima como en provincias se había levantado un tipo de organización mafiosa que involucraba desde los niveles más altos hasta los más bajos, utilizando mecanismos siniestros de extorsión para vender o cobrar por decisiones judiciales para favorecer a una parte, aunque carezca de fundamento jurídico.
También esta ilegal red de corrupción administradora de miserias y no de justicia, se habría dedicado a utilizar el sistema judicial para perseguir, para sancionar o para negociar decisiones, y eso es una verdad a voces en los círculos de abogados dedicados al litigio.
Lo perverso de esta realidad, de la cual no estaría exenta la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ha sido que esas estructuras al parecer tuvieron desde un inicio, la intención de ir copando cargos tanto en las cortes superiores como en las fiscalías, colocando en ellas a personas con una clara decisión política de control del aparato, ya sea con fines políticos, económicos o mafiosos y que en algunos casos, carecen de capacidad profesional y dignidad moral para sus funciones.
Es por todo esto que se afirma que la actuación del aparato de inteligencia era encontrarle algunos vicios o pecados a algunos magistrados y permitírselos, para luego tenerlos cogidos por el cuello con una cuerda que se ajustaba si no obedecían o cumplían con las disposiciones elaboradas en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Los «Alipitos» en Arequipa
Observar a los cuatro magistrados supremos, entre los que se encontraba Alipio Montes de Oca, conversando con toda naturalidad sobre la red de corrupción que habían organizado para controlar el Poder Judicial, con la ventaja, entre otras, de beneficios como el pago de un sueldo «extra» de 10 mil dólares (en el caso de Alipio); indignó a los peruanos que por primera vez veían de manera descarnada la podredumbre de la administración de justicia. Hoy, nadie puede asegurar que ello no se haya hecho extensivo a familiares y amigos que quizás teniendo méritos personales, ascendieron posiciones en medio de un poder perverso que basaba toda en la relación, directa o indirecta, con el lado más oscuro del autoritarismo fujimorista.
Tal como denunciamos la semana pasada, Juan G. Montes de Oca Begazo fue nombrado directamente en el Quinto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, sin haber ocupado ningún cargo antes, Y sus relaciones familiares no terminan allí.
Otro juez, con relaciones familiares peligrosas para la correcta administración de justicia es el vocal supernumerario de la Primera Sala Civil Óscar Renato Diaz Gonzales, hijo del expresidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa Óscar Díaz Valverde, y sobrino del recordado Luis Guillermo Díaz Valverde, miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales que la dictadura destruyó por oponerse a sus planes reeleccionistas. El sombrío Guillermo Diaz, lejos de solidarizarse con sus destituidos colegas Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry, prefirió mantenerse al lado de José García Marcelo y Francisco Acosta Sánchez en un innegable acto de apoyo a la dictadura fujimontesinista por lo que habría obtenido la gratitud del ‘Doc’.
Al margen de recibir o no ayuda para su nombramiento, Óscar Renato Díaz tiene a su hermano Paul Alonso Diaz Gonzales que logró su ascenso en tiempo récord, trabajando en la Cuarta Fiscalía Superior Penal como Fiscal Adjunto al Superior, hecho que nuevamente cierra un círculo peligroso en el distrito judicial arequipeño. Sin entrar en discusión sobre las capacidades profesionales de estos magistrados y aunque éste hecho no genera incompatibilidad legal, es curioso, por decir lo menos, que pocas familias copen tantos puestos dentro del sistema de administración de justicia. ¿Qué pasa, cuando un fiscal interviene en un proceso, donde el hermano es juez, o cuando el fiscal es esposo de la jueza de turno?
Este podría ser el caso de la jueza titular del Primer Juzgado Penal, Nora Sanz Velarde de Alvarado, que se encuentra casada con James Abel Alvarado Ríos, designado en la Cuarta Fiscalía Provincial Penal como fiscal adjunto al provincial.
Otra fiscal, que se encuentra relacionada familiarmente con las altas esferas del poder es María del Rosario Lozada Sotomayor, familiar cercano de la congresista oficialista Carmen Lozada de Gamboa, incondicional defensora del expresidente Alberto Fujimori y su régimen, cuyo pilar principal, ahora lo sabemos, fue el exasesor Montesinos, y cuyo principal ámbito de injerencia fue, precisamente, el sistema judicial y las fuerzas armadas.
Por si fuera poco, una sobrina directa de Vladimiro Montesinos, Julia María Montesinos y Montesinos es fiscal en el distrito judicial de Arequipa, aunque es probable que, en este caso, sea una víctima más de un parentesco no elegido, es necesaria una evaluación profunda de todo el sistema.
Los amigos de Montesinos
Arturo Chocano Polanco, quien se desempeñaba como juez titular de Paz Letrado en el distrito judicial de Arequipa, repentinamente, y contraviniendo lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, pasó a vocal de la Corte Superior de Lima en la Sala de Derecho Público. Este irregular y vertiginoso ascenso se habría producido gracias al hecho de que Chocano fue amigo de la infancia de Vladimiro Montesinos, pues ambos vivían en la Alameda Pardo de Tingo. A este magistrado, se le recuerda porque iba a resolver el proceso de nacionalidad entablado contra Baruch Ivcher, situación que fue descubierta por lo que fue recusado y alejado del proceso.
La gratitud de Montesinos para con esta familia que lo habría acogido en su adolescencia, lo llevó a brindarles todo tipo de ayuda en sus carreras profesionales. Así, un hermano de Chocano, también de profesión abogado, fue llamado a la capital en condiciones que muchos de sus colegas envidiarían.
El reinado de Berly Cano
El expresidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa Berly Cano Suarez, fue reconocido en su momento por sus calidades profesionales. Lástima que haya ensombrecido su brillante carrera aceptando la designación del dedo montesinista. Lejos de defender los fueros judiciales, tuvo una actitud extremadamente sumisa con el poder militar local, así como frente a su amigo David Pezúa, secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, quien lo designó personalmente por dos años consecutivos en el cargo.
Según algunas fuentes, Cano Suarez habría nombrado a la jueza Juana Torreblanca Núñez en el décimo Juzgado Civil, sólo por el hecho de ser una persona de su confianza y contraviniendo la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues la jueza no tenía los antecedentes requeridos.
Lo cierto es que Juana Torreblanca es la juez que tiene más quejas tanto de litigantes como de abogados. Prueba de ello es que a través de la Queja NRO. 556 2000 Q del 22 de enero del presente año, la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (ODICMA) resolvió abrir proceso disciplinario en su contra, por negarse reiteradamente a resolver los escritos presentados por los abogados.
Pero ella no es la única magistrada objeto de quejas de abogados y litigantes, por su actuación. Existe un grupo numeroso que son objeto de denuncias, pero hasta el momento ni la ODECMA ni el actual presidente de la Corte de Arequipa, José Luis Lecaros, se han pronunciado.
No se puede, sin embargo, generalizar. Es obvio que frente a toda esta problemática, es necesario reivindicar el Poder Judicial, prostituido por la dictadura. Tal vez algunos magistrados honrados, sólo se dejaron llevar por la comente, pero es el momento de rectificar.
Los procedimientos irregulares en nombramientos, las prebendas, los pagos de favores, entre otros vicios, deben terminar. Y los únicos que pueden reivindicar su imagen ante la población son los propios magistrados. Exigiendo evaluaciones rigurosas, no tolerando ninguna manipulación del poder político y revisando su propia actuación de manera concienzuda.
En ese sentido no parece aconsejable regularizar los nombramientos de jueces con un curso de dos meses en la Academia de la Magistratura, cuando lo usual eran dos años. Asimismo, la potestad que aún tiene el presidente de la Corte de nombrar o retirar a los magistrados provisionales, debe emplearse bajo fiscalización y de la manera más escrupulosa posible. Los traslados de jurisdicción. especialmente. deberán revisarse.
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