El 22 de marzo del año 2000, mediante un convenio con el CTAR, decenas de hectáreas en Arequipa destinadas a la segunda etapa del Parque Industrial de Río Seco, fueron entregadas por el fujimorista Olger Vásquez a un grupo de invasores del Fredicon (Frente de Defensa de los Intereses del Cono Norte), liderado por otro fujimorista, el inefable Felipe Domínguez.
Se trataba, en realidad, del cumplimiento de un ofrecimiento hecho a Domínguez por el entonces jefe de la Tercera Región Militar, Abraham Cano Angulo, a cambio del apoyo de «masas» que Domínguez se encargó de suministrar a la campaña reeleccionista del «chino». El convenio se firmó ante la prensa, a pesar de que la Asociación del Gran Poder ni siquiera tenía inscripción legal en Registros Públicos.
El 24 de enero del 2001, después de la salida vergonzosa de Vásquez, Hugo Rosand Galdos anula este convenio de adjudicación-venta porque se hizo de forma irregular. No se cumplió con los requisitos de ley, como saltarse el proceso de licitación pública, indispensable para realizar la adjudicación, no acreditó personería jurídica y no pagó ni un centavo.
Como era de esperarse, los invasores, asociados bajo el nombre de Parque Industrial Señor del Gran Poder, no se movieron de estos terrenos. Y es que a pesar de que nunca pagaron por ellos al CTAR, ya Domínguez, encargado de este «proyecto industrial», había cobrado a todos los socios por la inscripción. Ya había establecido un sistema de cuotas para trámites documentarios.
Juicios terrenales
Cancelado el convenio, el CTAR interpone la primera denuncia penal contra Felipe Domínguez por el delito de usurpación en agravio del Estado y el gobierno regional, por la invasión de estos terrenos. El caso 519-2001, que se ventila en el Tercer Juzgado Penal, actualmente está pendiente de sentencia, porque falta adjuntar el expediente de Raúl Mares, otro dirigente que participó en la invasión. Pese a ello ya existe una acusación fiscal en la que se solicita para Domínguez 3 años de cárcel y 5 mil soles de reparación civil.
En abril del 2002 el CTAR demanda a Felipe Domínguez, Fredicon y a la Asociación Señor del Gran Poder. Se interpone una acción de reivindicación para recuperar los terrenos. El expediente 2002-2127 está actualmente en proceso en el Noveno Juzgado Civil.
Dos demandas pesaban contra Felipe Domínguez y la asociación, sin embargo, a pesar de la ilegal ocupación, la directiva invitaba a la construcción y la posesión de lotes.
La Policía y el gobierno regional, a finales de junio del año pasado, realizaron la última inspección ocular. Se dieron con la sorpresa que se empezaron a abrir vías y aplanar terrenos. El puesto del cuidante del CTAR se encontró desmantelado y se encontraron con más construcciones.
Nuevamente, el CTAR denunció a Domínguez por usurpación y otros delitos, como estafa en agravio a terceros. En la misma denuncia se incluyó a Edmundo Laguna, actual secretario general de Fredicon. El expediente es el 107-2002-617 y se encuentra en proceso de investigación. El caso lo lleva la Séptima Fiscalía Penal.
Domínguez dice respecto a sus juicios: “el Poder Judicial tiene una direccionalidad cuando se inicia un juicio penal, entonces tiene continuidad. En lo civil, hay un acuerdo de las partes, y en ese proceso nos encontramos; en la conciliación de voluntades de podernos poner de acuerdo porque quieran o no, a los microempresarios no los sacan de allí, así venga Toledo personalmente”. Afirmó, además, no conocer del último proceso penal que se le ha abierto por no haber recibido notificación.
Este aplazamiento en la resolución de los casos está permitiendo que la directiva del «Señor del Gran Poder» siga haciendo cobros a los socios por unos terrenos que ni siquiera les pertenecen. Nos preguntamos: ¿Quién les devolverá el dinero a los socios, en el caso de que la Región Arequipa desaloje a los invasores?
Bolsa rota
El proyecto del Parque Industrial Señor del Gran Poder agrupa a 16 asociaciones de la pequeña y mediana empresa, que realizan diversas actividades y no solo el negocio de curtiembre, por el que fue suscrito el primer convenio.
Aproximadamente son 2 mil microempresarios inscritos en este parque industrial, repartidos en lotes de 500 metros cuadrados.
Desde el 99, año en el que Domínguez era secretario del Fredicon, este grupo de personas ha estado aportando montos por diversos conceptos difíciles de calcular. No se sabe a ciencia cierta cuál es el monto exacto que han aportado estos «socios».
Se sabe que en un comienzo las inscripciones de los que postulaban para ser adjudicatarios de estos lotes oscilaban entre 200 y 250 soles. Luego, cuando aumentaron las peleas con otros frentes colindantes a los terrenos, la inscripción por asociado bajó a 100 nuevos soles, después a 50 y finalmente se redujo a 20 nuevos soles. El monto solo les daba derecho a pertenecer a esta asociación.
Después se pidió otra cuota para los planos de lotización, pagar al ingeniero y los estudios topográficos. En junio del año pasado se pidió otra cuota de 150 soles por persona para la nivelación de vías y otros derechos.
Al preguntarle a Domínguez sobre la aportación por persona, insólitamente contestó: «el costo por persona es de 62 soles, desde el 98, por persona, por proyectos de habilitación urbana. También existen cuotas sociales. Mensualmente, los socios ponen su cuota social de S/ 1.50 para la pequeña y mediana empresa de su PYME y S/ 1.50 para la central. Y eso lo aportan a fin de gastos administrativos de gestión, para pagar al guardián. O los tanques de agua a fin de regar las plantas que tenemos en todos esos lugares».
Domínguez asegura que actualmente solo los socios más antiguos (alrededor de 500) aportan estas cuotas, el resto solo está esperando que se sanee para después ocupar los terrenos.
Multiplicando estás cuotas sociales se saca un monto total de mil 500 soles mensuales.
Los socios siguen dando sus aportaciones, pero aun las tierras (119 hectáreas) siguen perteneciendo al Gobierno Regional de Arequipa, antes CTAR. Hasta junio del año pasado, última fecha de inspección ocular, 22 hectáreas estaban ocupadas por los «socios». Las 87 restantes estaban cercadas para las lagunas de oxidación, que el ex CTAR pretendía poner en funcionamiento.
Domínguez tiene la convicción de que estos terrenos, finalmente, serán puestos en venta directa por la región. Esta convicción va acompañada de otro supuesto convenio de compromiso que habría firmado la directiva de esta asociación con Edgard Gallegos en octubre pasado. Y que tendría que ser ejecutado (según sus propias palabras) por Daniel Vera Ballón, actual presidente de la Región Arequipa.
En Asesoría Legal de la Región Arequipa nos confirmaron que dicho acuerdo no existe, ya que Gallegos estaba al tanto de los procesos que ellos mismos habían iniciado.
El nuevo enganche
En la última marcha del Fredicon, Yamel Romero se comprometió a poner a su disposición la Oficina de Reversión de Lotes, cuya estructura y soporte técnico recién se estaría ejecutando.
Esta oficina tendría como función principal hacer un empadronamiento y devolver al Estado los terrenos que no son ocupados por los titulares. Pues esta situación (el abandono de los terrenos) impide que las personas que sí viven en estas zonas puedan reclamar la instalación de servicios básicos. Lo que nadie asegura, es que después que estos lotes regresen al Estado, puedan ser invadidos nuevamente.
Domínguez negó la existencia de un pacto con Yamel Romero. A pesar que en la primera sesión de concejo se le vio a él y a la gente del Cono Norte aplaudiendo al recién elegido. En el último paro regional, se escucharon los vivas y los aplausos de la gente del Cono Norte, como muestra de aprobación a su gestión.
Al parecer la intención de Domínguez, eterno dirigente de Fredicon y actual presidente del Comité de Lucha del Fredicon, sería conseguir un aliado para ganar la batalla legal de las tierras de Río Seco. Y de taquito, comprometer al alcalde para la adjudicación-venta del terreno contiguo al del Gobierno Regional de Arequipa, perteneciente a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Un capítulo más en su sinuosa carrera política.
La defensa de Domínguez
¿Desde cuándo funciona la Asociación Señor del Gran Poder?
Parque Industrial Señor del Gran Poder funciona desde 1995. Incluso en esos años los defendimos cuando iba a invadir una nueva asociación Nueva Acción y después de otra, asociación Nuevo Siglo. Nosotros los sacamos (a Nuevo Siglo) a fines del 98. Cuando la Región ya tenía estos terrenos perdidos, nosotros los hemos recuperado. Es toda una historia el proceso de este saneamiento que indudablemente después, como estuvimos comprometidos con Fujimori, pensaban que ese rato nomás Olger Vásquez nos lo había dado. Sino que eso fue una secuencia de documentos que tenían que solucionarse. Tan igual como la del CTAR del señor Gallegos quien nos dio un compromiso de adjudicación en venta. De igual manera, Daniel Vera tendrá que hacerlo a través de Bienes Nacionales para efectos de que en esos terrenos se instalen la pequeña y mediana empresa en función que la gran empresa ha quedado quebrada.
¿Cómo es que ustedes empiezan a hacer trabajos (vías, construcciones, etc.) en Río Seco, cuando aún no se ha resuelto legalmente su ocupación?
Tal como se hizo el Parque Industrial Apima, Santa Rosa de Mariano Melgar, tan igual. Cuando hay una ocupación de terreno se abren las vías para que se ubiquen los cuartos de posesión. Esto, a fin de defenderse frente de cualquier tipo de invasión que pueda venir posteriormente. Como pretendió hacer con nosotros la Asociación Nuevo Siglo. O cualquier desalojo que pretenda hacer cualquier institución contra los intereses de los microempresarios que están reclamando esos terrenos con justo derecho
Y ahora ustedes están en calidad de invasores.
No, nosotros estamos en calidad de posesionarios. Invasores es cuando le quito el terreno a un propietario que lo quiere usar.
Pero el propietario es el Gobierno Regional de Arequipa.
El propietario es el Estado y la Región es Estado. Y nosotros también somos parte del Estado, hay que ver cómo le damos uso a los intereses del Estado. Eso lo verá el Poder Judicial y la vía administrativa (…) Nosotros tenemos bastante normatividad para solucionar esto inmediatamente, pero queremos someternos a las reglas del juego sin pelear con la Región Arequipa para efectos de ver una solución pacífica, porque tiene que ser pacífica. Si quieren que sea violenta, violenta será.
Texto: Patricia Pinto Arenas | Publicado en Semanario El Búho No. 102 – 04 de julio de 2003.
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