Pasó en el Perú | Puno. Javier Cutipa, vicepresidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de la región, señaló que la tercera “Toma de Lima”, para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones generales, se concretará sí o sí, pese a las advertencias del gobierno central.

Asimismo, señaló que la fecha de la manifestación la mantendrán en reserva, luego de las declaraciones del premier Alberto Otárola, quien indicó que no habrá una nueva «Toma de Lima» mientras Boluarte esté en el cargo, informó El Objetivo.pe.

Ayacucho: Entregan 31 restos óseos a familiares de víctimas del conflicto armado interno

Pasó en el Perú | Puno. Luego de 40 años de incertidumbre, este miércoles el Ministerio Público entregó a sus familiares los restos óseos de 31 víctimas del conflicto armado interno ocurrido en Perú entre los años 1980 y 2000.

Los deudos solicitaron a las autoridades de Puno la creación de un monumento a los fallecidos, con el fin de contribuir a la memoria histórica, la justicia y la reconciliación, informó Jornada.

La Libertad: Acuña respalda iniciativa para que Boluarte gobierne de manera remota

Pasó en el Perú | La Libertad. El gobernador regional, César Acuña, respaldó la iniciativa del gobierno de la presidenta Dina Boluarte para que pueda ejercer el cargo de forma remota mientras está de viaje en el extranjero.

En su proyecto de ley, Boluarte propone al Congreso tener esa facultad ante la falta de un vicepresidente. La iniciativa no afecta la Constitución Política, dijo Acuña a Noticias Trujillo.

Piura: Más de 4 mil niños están contagiados con dengue

Pasó en el Perú | Piura. La curva de contagios de dengue sigue en ascenso y la mayoría de infectados son adultos. Sin embargo, también preocupa el contagio de más de 4 mil niños de entre 0 y 11 años, quienes se ubican dentro de la población vulnerable.

Entre los contagiados figura una pequeña de 3 años, quien se encuentra grave en el hospital de Sullana. También se reporta el internamiento del cantante conocido como el «Charrito de Corazón», a causa del dengue.

Familiares del pequeño ganador de La Voz Kids pidieron una cadena de oración por su salud, ya que presenta síntomas graves de la enfermedad, informó Pirhua.pe

Junín: Comunidades campesinas y nativas plantearán intangibilidad de zonas agrícolas

Pasó en el Perú | Junín. Las comunidades indígenas y campesinas de la región plantearán que el Gobierno Regional emita una ordenanza que declare la intangibilidad de las zonas agrícolas, a fin de evitar que la expansión urbana haga disminuir las áreas de cultivo.

La presidenta de la comunidad de Chongos Alto, Luz Goyzueta Soto, señaló que es necesario que las comunidades campesinas retomen su autonomía para decidir sobre sus territorios y los recursos que hay en ellas.

El jefe del área de comunidades campesinas de la Dirección Regional Agraria de Junín, Clodoaldo Hilario, sostuvo que el desmembramiento de las tierras comunales a propiedades individuales ha generado tráfico de terrenos.

Esos temas se debatirán en el Primer encuentro de comunidades campesinas y nativas de la región Junín, a realizarse este sábado 20 de mayo en la comunidad campesina de Sicaya.

Goyzueta Soto detalló también que es necesario una actualización de los estatutos de las comunidades campesinas para que mejoren su gestión territorial y se cuiden los recursos hídricos en las cabeceras de cuenca, informó Huanca York Times.

Loreto: Tres ambulancias equipadas y operativas de tipo II distribuirán en la región

Pasó en el Perú | Loreto. El gobierno coreano, a través de Koika Perú, entregó tres ambulancias equipadas y operativas de tipo II para distribuirlas a las redes de Salud Ipress Nauta, San Juan y Samu.

Los vehículos están totalmente equipadas: contienen un aspirador de secreciones portátil, desfibrilador portátil, balón de oxígeno, camillas telescópicas, entre otros, informó ProyContra.

Cusco: Personas que no permitan fumigar sus casas por dengue serán denunciadas

Pasó en el Perú | Cusco. Ante la negativa de algunas familias de permitir la fumigación de sus viviendas como estrategia para eliminar el mosquito que transmite el dengue, las autoridades sanitarias de Cusco piden la participación activa del Ministerio Público.

Esto con en fin de conminar a la población de riesgo a participar de las campañas de fumigación, caso contrario, serían denunciadas, informó CuscoPost.

Arequipa: Investigan a gobernador de Arequipa por corrupción

Pasó en el Perú | Arequipa. A cinco meses de gestión, el gobernador regional, Rohel Sánchez, fue denunciado ante la Fiscalía anticorrupción por presunta negociación incompatible. Como parte de la investigación, el Ministerio Público nuevamente intervino las oficinas del Gobierno Regional para recabar información.

Según la denuncia, existiría personal laborando en la institución sin cumplir el perfil para el puesto y, además, sin contrato.

La gestión de Sánchez indicó que la denuncia sería malintencionada y detrás estarían exdocentes de la Universidad Nacional de San Agustín a los que sancionaron cuando fue rector. Esta nueva denuncia tomó por sorpresa a la autoridad, que se encontraba en la ciudad de Lima, informó El Búho.

Lambayeque: S/ 1300 millones de inversión en emergencia por lluvias y prevención por El Niño

Pasó en el Perú | Lambayeque. Unos 1300 millones de soles invertirá el Ejecutivo en atender la emergencia a causa de lluvias intensas y la prevención de desastres ante la ocurrencia del fenómeno de El Niño.

El Gobierno Regional instaló mesas de trabajo técnicas con participación de las autoridades locales y funcionarios del ejecutivo, quienes evaluarán las intervenciones.

En las jornadas de dos días se identificará prioridades en la línea de atención y prevención de desastres, con alternativas de solución, las cuales se analizarán y evaluarán en los grupos de trabajo, informó Semanario Expresión.

Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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El gobierno de Dina Boluarte respaldó el cierre del Congreso en Ecuador, conformada en su mayoría por la oposición. Un escenario similar vivió el Perú en diciembre del año pasado con Pedro Castillo.

En el Perú, nuestro Congreso se encuentra debatiendo la iniciativa de Dina Boluarte sobre gobernar de manera virtual desde el extranjero. Además, finalmente lograron los votos para elegir al nuevo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien fue abogado de Vladimir Cerrón.

Conversamos con Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado coordinador del Área de Pueblos Indígenas del IDL, para aclarar los puntos de la resolución de la Corte Suprema que dicta que la protesta ciudadana es un delito.

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Con la ayuda íntegra de la bancada fujimorista, Josué Manuel Gutiérrez Condor fue elegido por el Congreso como el nuevo titular de la Defensoría del Pueblo.

El también abogado de Vladimir Cerrón Rojas fue propuesto por la bancada de Perú Libre como candidato a defensor del Pueblo y fue elegido con 88 votos, de los cuales 24 corresponden a congresistas fujimoristas.

Gutiérrez Condor fue congresista entre 2011 y 2016, electo por el Partido Nacionalista Peruano. Actualmente labora en el Congreso como asesor de la bancada de Perú Libre.

Vladimir Cerrón Rojas no tardó en usar su cuenta de Twitter para felicitar por la elección a su abogado en el caso “Los Dinámicos del Centro”. Con esta elección, además, se confirma la existencia de una alianza entre Perú Libre y Fuerza Popular.

Incluso la congresista por Junín Silvana Robles aseguró que «con el fujimorismo NO se negocia» y que no será cómplice “en la captura del Estado que promueve el fujimorismo, contraviniendo la voluntad popular y desestabilizando nuestra aún débil democracia”.

Lee la nota original aquí o visita HYTIMES.PE, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.

El Poder Judicial condenó a 35 años de cárcel a Misael Segundo Satalaya Sinarahua por el delito de violación sexual contra una menor de edad. Los hechos ocurrieron en la provincia de Morropón, región Piura.

La Fiscalía pudo probar que, desde julio de 2019, Satalaya agredía sexualmente a una menor de 12 años, en circunstancias en que ella ingresaba a su domicilio con la finalidad de hacer compras. El hoy sentenciado, además, amenazaba a la menor con matar a ella o a sus familiares si contaba los actos de abuso que le realizaba.

El juzgado también dispuso que el acusado, quien ya se encuentra recluido en el penal de Piura (ex río Seco) con orden de prisión preventiva, pague 14 mil soles a favor de la víctima, por concepto de reparación civil, y lleve tratamiento terapéutico.

Lee la nota original aquí o visita Pirhua, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.

La región La Libertad se ubica en segundo lugar en cuanto a incidencia de corrupción e inconducta funcional en el país, según la Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional elaborada por el Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República para el año 2022.

La corrupción habría generado en el país un perjuicio económico estimado en S/ 24,419 millones, siendo los gobiernos regionales y las municipalidades los responsables del 56% de dicha cifra.

Así, los departamentos con mayor incidencia en corrupción e inconducta funcional, en una escala de nivel Alto, son: Moquegua (24,0%), La Libertad (20,2%), Apurímac (18,5%), Huancavelica (18,2%), Áncash (17,5%) , Arequipa (17,4%), Cusco (16,5%) y Lambayeque (15,8%).

El estudio también presenta el ranking absoluto del perjuicio económico por territorio y que en este caso está encabezado por las regiones de Cusco (S/ 1 601 millones), Áncash (S/ 1 381 millones), Piura (S/ 1 337 millones), La Libertad (S/ 1 324 millones), Arequipa (S/ 1 176 millones) y Cajamarca (S/ 1 042 millones).

Con ese dinero se pudo reducir pobreza

El contralor general, Nelson Shack, señaló que con el dinero público que se va en corrupción (más de 24 mil millones de soles) se podría eliminar la pobreza en el Perú, lo que aliviaría el problema por lo menos en dos años.

La corrupción en el país se presentó, por tipo de gasto, principalmente en el rubro de Inversión (obras) con una incidencia de aproximadamente 16.8%, seguido por Bienes y Servicios con 12.8% y Otros con 11.9%.

Si bien respecto al año 2021 hubo una leve caída en el monto de corrupción correspondiente al gobierno nacional, se observó un incremento en las pérdidas por irregularidades en gastos de personal y otros, relacionado principalmente con problemas en el nombramiento de personal y aprobación de beneficios laborales al margen de la ley.

Lea la nota original aquí o visita Noticias Trujillo, integrante de la Red de Medios Regionales del Perú.

Durante la audiencia por el caso de la presunta organización criminal “Los Tramitadores del GORE”, que operaba traficando licencias de conducir en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) del Gobierno Regional de Ica, se dio a conocer un testimonio que aseguraba que dinero sucio de la organización era destinado a periodistas locales.

El aspirante a colaborador eficaz con código CE-009-2023 reveló que el conductor de televisión Gastón Medina Sotomayor recibía una suma de 4000 soles mensuales de manos del ex director regional de transportes Carlos Martinez Hernández, quien también fue candidato a la Municipalidad Distrital de Parcona.

Entrevista de Gastón Medina a Carlos Martinez en su cuenta de Facebook Cadena Sur, día 30 de septiembre 2022 a un mes de las Elecciones Regionales y Municipales. Imagen: Captura de pantalla.

Durante la audiencia, el juez de investigación preparatoria Fernando Vicente Fernández Tapia dio lectura que los “dineros que se recaudaba también servía para el pago a periodistas, que se realizaba de forma directa y en efectivo esto de manera mensual. Dentro de ellos se comprende al periodista Gastón Medina, en las que se señala que se le entregó 4000 soles”.

Esto es lo que señaló el colaborador eficaz:

“La entrega del dinero se realizaba en la última semana de cada mes, en la oficina en la oficina del director regional de transporte. Usualmente las últimas semanas de cada mes veía a 30 periodistas en promedio reunidos en la oficina del director. La entrega del dinero se realizaba de forma directa y en efectivo. Algunos de los periodistas a quienes se les pagaba de manera directa son entre ellos Gastón Medina, entre otros (…)”.

Ica: Periodista Gastón Medina recibía 4 mil soles mensuales de los “Tramitadores del GORE”

La amistad de Gastón Medina y Carlos «Chino» Martinez

Pese a que Gastón Medina fue opositor a la gestión del exgobernador Javier Gallegos, quien ha recibido una orden de 36 meses de prisión preventiva; tuvo un lazo amical con el exfuncionario de su gestión Carlos Martinez, quien fue director de la DRTC. Esto fue evidente durante las elecciones regionales y municipales 2022, ya que lo apoyó en su campaña a la alcaldía de Parcona.

Medina Sotomayor acusaba constantemente de «corrupto» al gobierno de Gallegos, sin embargo, al único que no criticaba era a Carlos Martinez en el sector Transportes.

Durante la audiencia de este miércoles, la defensa legal del exgobernador dijo que no había lógica que los 4000 soles mensuales la recibiera del entonces gobernador Gallegos. Por tanto, el pago la recibía del director de Transportes, con el fin de que no lo ‘toque’ mediáticamente mientras operaba para la organización criminal.

Hace unos días, Gastón Medina fue panelista del programa televisivo del exgobernador de Ica Fernando Cillóniz en Canal N. Allí, a raíz del caso «Los tramitadores del GORE», analizaron el tema desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción. Hasta ese entonces no se sabía que Medina también recibía el dinero de la mafia a través de Carlos Martinez.

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El exgobernador regional de Ica Javier Gallegos Barrientos acudió a la sede de la Corte Superior de Justicia de Ica luego de que esta dictara una orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra por el caso «Los Tramitadores del GORE».

Durante su entrega, Gallegos estuvo acompañado de su abogado y su pareja, Mónica Guillen, quien transmitió en vivo el hecho a través de su cuenta de Facebook. A ella no lo dejaron ingresar mientras el exgobernador se ponía a derecho.

Este miércoles 17 de mayo el juez Vicente Fernández Tapia dictó una orden de prisión preventiva por un plazo de 36 meses para Javier Gallegos por el presunto delito de cohecho pasivo propio. El caso está aún en investigación y el exgobernador será internado en el Penal Cristo Rey de Cachiche.

La misma orden recayó sobre el exfuncionario de Transportes Edward Amoroto Ramos, actual alcalde del distrito de Los Aquijes.

Ica: Exgobernador Javier Gallegos se entrega a la justicia tras recibir 36 meses de prisión preventiva.

Javier Gallegos: «Jamás he robado un céntimo al estado»

Previo a su entrega, Javier Gallegos dio unas declaraciones en el video grabado por su esposa. Dijo que se pone a derecho en respeto estricto a la justicia pero aclaró que no tiene nada que temer y que las 18 mil llamadas en la que rastrearon no lo vinculan con la mafia «Los tramitadores del GORE».

«Jamás me he escapado de una denuncia. He esperado pacientemente que se de la primera apelación, al final; el día de hoy el juez a dado su decisión. Voy a entregarme. Yo voy a ponerme a derecho para que investiguen con autonomía y transparencia, porque jamás he agarrado un céntimo del estado. No tengo porque preocuparme. Voy a proceder en este día gracias amigos de Ica, confíen en mí» expresó camino al Poder Judicial.

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La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) de Arequipa se pronunció este miércoles 17 de mayo ante la persistente huelga que han llevado a cabo los trabajadores de la entidad durante los últimos 16 días. Los empleados exigen el cumplimiento del pacto colectivo y decidieron mantenerse en paro hasta que sus demandas sean atendidas.

En relación con el pliego de reclamos presentado por el sindicato de trabajadores, la gerenta Catherine Rodríguez manifestó que la Contraloría observó el monto de 1800 soles por la canasta de alimentos. “Contraloría dijo que el pedido de la canasta es ilegal porque contraviene normas presupuestales”, explicó. En cuanto a las demás demandas, aseguró que se está llevando a cabo las acciones correspondientes.

En ese sentido, la funcionaria señaló que existe un acuerdo firmado el 11 de mayo entre el sindicato, la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa y la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales del Ministerio de Trabajo.

Este acuerdo establecía que los trabajadores debían reincorporarse a sus labores el pasado viernes 12 de mayo, pero no se cumplió. Por esta razón, la gerenta advirtió sobre posibles acciones administrativas contra 20 trabajadores del sindicato si no regresan a sus labores este 18 de mayo.

Además, manifestó que durante los 16 días de huelga indefinida los trabajadores no recibirán remuneración debido a su ausencia laboral.

Por otro lado, aseguró que, a pesar de la huelga indefinida que han llevado a cabo los trabajadores, la entidad continuó brindando atención a los usuarios. No obstante, la oficina de Cobranza Coactiva se encuentra cerrada hasta la fecha.

Gerenta de Trabajo de Arequipa no renunciará 

Otro de los pedidos del sindicato de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es la salida de la gerenta. Ante esto, Catherine Rodríguez mencionó que continuará en su cargo hasta que el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, tome una decisión al respecto. 

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El nuevo defensor del Pueblo es Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. Logró su elección con 88 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones del Pleno del Congreso de la República.

Gutiérrez reemplazará en el cargo a Eliana Revollar Añaños, quien estaba de manera interina luego de que venciera el mandato de Walter Gutiérrez (2016-2021).

La bancada de Fuerza Popular adelantó que no votaría en bloque, sino que dejaría en «libertad de conciencia» a sus integrantes.

La elección de Gutiérrez también contó con los votos de Alianza Para el Progreso (APP) y Renovación Popular, en apoyo a Perú Libre, quien propuso al candidato.

El otro candidato, Jorge Luis Rioja Vallejo obtuvo 58 votos a favor, 31 en contra y 24 abstenciones.

Fiscalía lo investiga y Contraloría advirtió sobre omisiones en su hoja de vida

A Gutiérrez Cóndor la Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de peculado, estafa y apropiación ilícita. Sin embargo, el Congreso no investigó ni informó sobre estos hechos y ahora lo elige como defensor del Pueblo.

Según un informe de la Contraloría General de la República, Gutiérrez habría omitido información en su hoja de vida.

Sucede que todos los aspirantes a defensor del Pueblo debieron remitir su Declaración Jurada de Intereses (DJI), pero Gutiérrez consignó “información imprecisa” sobre la fecha de suscripción de las acciones en la empresa GYT Global Consulting S.A.C., según dio a conocer la Contraloría.

El ahora defensor del Pueblo no respondió ante la observación que se le hizo. Tampoco contestó cuando la Contraloría halló “información que difiere respecto de la fecha del inicio de representación, en relación con esa empresa”.

El también abogado del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón en el caso «Los Dinámicos del Centro» tampoco reportó seis papeletas de tránsito que registra en el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

Por otro lado, el inmueble donde vivía Gutiérrez fue adquirido por su cónyuge el 10 de diciembre de 2013 al antiguo propietario Orfilio Isaac Picón Quedo, hermano del legislador de Fuerza Popular, Luis Picón Quedo.

¿Quién es Josué Gutiérrez?

Josué Manuel Gutiérrez Cóndor nació en Cerro de Pasco. Es un abogado y político peruano. Fue congresista por Huánuco durante el periodo parlamentario 2011-2016 por el Partido Nacionalista Peruano y fue consejero regional de Huánuco entre 2007 y 2010.

Se presentó como candidato de la lista independiente Frente Único de Juntas Independientes a una regiduría de la provincia de Ambo y obtuvo la representación. Esta fue su primera participación política, en las elecciones municipales de 1995. En 1998 intentó ser reelecto en las elecciones municipales, pero no lo logró.

Luego, en las elecciones regionales del 2006, llegó a ser consejero regional de Huánuco por el movimiento Frente Amplio Regional.

Fue electo congresista por el departamento de Huánuco como parte de la lista de la alianza Gana Perú (integrada por el Partido Nacionalista) en las elecciones generales de 2011.

En 2018 participó en las elecciones regionales como candidato a gobernador de Huánuco por el partido Solidaridad Nacional, pero no fue elegido.

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El distrito de Socabaya, en la provincia de Arequipa, celebra su aniversario número 228, a pesar de la ausencia del alcalde Juan Muñoz Pinto en la mayoría de las actividades. A pesar de contar con 75 millones 519 mi soles de presupuesto para este año, solo se ha ejecutado un 11.3% hasta el momento. Esto es motivo de preocupación para los vecinos. A esto se suman las denuncias que protagoniza el alcalde, las cuales él y sus regidores prefieren ignorar.

A pesar de estos desafíos, la celebración del aniversario de Socabaya continúa con diversas actividades que buscan resaltar el aspecto turístico y cultural del distrito. La elección de Miss Fotogenia y Miss Sonrisa marcó el inicio de los eventos. La elección de Miss Socabaya, la entrada de caporales y una serenata son parte de la programación, junto con un desfile escolar y un corso por el distrito. Además, se llevarán a cabo competencias de toros, bandas escolares y de natación.

La situación social en Socabaya también presenta desafíos significativos. Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el índice de pobreza en el distrito alcanza el 4,70%. Además, de acuerdo con datos de la Gerencia Regional de Salud, el 25% de los 995 niños y niñas evaluados el año pasado en Socabaya sufren de anemia.

Aunque el 87% de la población cuenta con acceso a agua potable, pero el 63% carece del servicio de alcantarillado. Estas deficiencias en los servicios básicos reflejan las desigualdades y los retos que enfrenta la comunidad de arequipeña en cuanto a infraestructura y desarrollo.

Esto es acompañado de un deficiente servicio de transporte público, que no logra satisfacer la demanda de los vecinos. Así como la presencia de asentamientos ilegales son otros problemas que afectan la calidad de vida en Socabaya. La licuefacción del suelo debido al nivel freático alto y la amenaza sísmica también representan riesgos para las estructuras del distrito.

Cuestionamientos a alcalde de Socabaya (Arequipa)

Además de los problemas estructurales, el alcalde de Socabaya ha sido objeto de múltiples críticas y denuncias. Se le ha acusado de presunto peculado por la instalación de un jacuzzi y una trotadora en su despacho, así como por el mal uso de los fondos del canon minero destinados al distrito.

La falta de avances en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, a pesar de su importancia para la comunidad, también es motivo de cuestionamientos para la actual gestión.

Sin embargo, el alcalde prefiere ignorar todos estos problemas al no asistir a las actividades, a pesar de los problemas del distrito.

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Un fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que concluye que la protesta o manifestación ciudadana no está reconocida en la Constitución como un derecho, y dice que es un delito de comisión instantánea, ha desatado la polémica en el país.

La sentencia corresponde a un caso sobre cuatro personas a las que condenaron por protestar interrumpiendo el desplazamiento de los caminos de la minera Las Bambas. La suscriben los jueces supremos César San Martín Castro (presidente del tribunal), Manuel Luján Túpez, Paloma Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Walter Cotrina Miñano.

Estas cuatro personas fueron condenadas por protestar interrumpiendo el desplazamiento de los caminos de la minera, lo que configuró el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.

Como se sabe, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional (TC) han reconocido el derecho de protesta, diferenciando las acciones pacíficas de las violentas. Sin embargo, en este fallo, la Corte Suprema dice que la manifestación, en general, no tiene protección legal.

¿Qué dice la sentencia?

Lo que señala la sentencia, y que se interpretó de modo general, es que la protesta que vulnera los derechos fundamentales de personas ajenas al conflicto es inconstitucional. “Bajo el pretexto de reunión o disidencia no se puede justificar el impedimento del transporte o prestación de servicios. Mucho menos poner en peligro la vida, integridad o libertad de alguien”, dice el veredicto.

Asimismo, la violencia contra las personas o las cosas y la toma de carreteras no tienen cobertura constitucional. Por otro lado, el derecho a la protesta no es un derecho fundamental y no ha sido reconocido taxativamente en la Constitución ni en ninguna otra norma.

Y aunque los jueces reconocen que el TC ya había dicho que la protesta es un derecho fundamental, descartan ese criterio porque no tuvo los votos necesarios para convertirse en doctrina.

También argumentan que los actos violentos deslegitiman una protesta y que actuar con intransigencia usando cualquier tipo de violencia degrada y desligitima irremediablemente una protesta.

La protesta es un derecho, pero no fundamental

Los argumentos de esta sentencia para el caso del conflicto minero específico se pueden contrastar con lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre las masacres.

El sustento para defender la protesta es que la violencia no califica toda protesta como inválida, sino que las protestas tienen que ser pacíficas. Además, que un acto de violencia no habilita a declarar el carácter no pacífico de toda una manifestación. Y el Estado debe restringir el derecho a la manifestación a quienes efectivamente estén usando la violencia contra las personas o cosas o estén usando algún arma.

Cuando se refieren a que la protesta no ha sido reconocida en la Constitución no dicen que no exista el derecho a protestar, sino que no es un derecho fundamental, como sí ha sido reconocida en otras sentencias.

Esto deja claro que este fallo solo aplica a este caso, y no es algo que siente jurisprudencia ni que pueda aplicarse como un antecedente. “No es lo que un abogado llamaría un pleno casatorio”, a decir de los abogados consultados por el portal La Encerrona.

La Defensoría del Pueblo se pronuncia y el Poder Judicial emite comunicado

La Defensoría del Pueblo, cumpliendo su rol constitucional de protección de derechos fundamentales, refirió que, como lo han señalado de forma reiterada, la protesta es un derecho humano que se configura a partir de otros derechos expresamente reconocidos por la Constitución. Por medio de su ejercicio se reafirma nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos activas/os frente a los asuntos públicos.

“Aun en estado de emergencia, el derecho a la protesta puede ser ejercido. No se encuentra restringido, tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el mismo sentido, su ejercicio no requiere de autorización previa de ninguna autoridad política, policial o militar alguna”, remarcan.

Corresponde al Poder Ejecutivo garantizar el ejercicio del derecho a la movilización pacífica en todo el país. En tal sentido, es imprescindible que se ordene a las fuerzas policiales garantizar su desarrollo, respetando estrictamente los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en el uso de la fuerza, si ello fuera necesario. Y que la participación de las Fuerzas Armadas en estados de emergencia se encuentra limitada a dar apoyo a la policía.

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La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa intervino este martes la sede del Gobierno Regional, a raíz del inicio de la investigación preliminar contra el gobernador regional Rohel Sánchez.

En esta investigación han sido incluidos también la esposa del gobernador, Luz Marina Zeballos, el titular de la Gerencia Regional de Producción y otros funcionarios.

La investigación gira en torno al personal que labora sin tener un contrato y también aquel que labora sin cumplir el perfil técnico del puesto asignado.

A través de un acta, se corroboró la situación del personal durante la última diligencia. El Ministerio Público citará a los investigados para que rindan su manifestación, aunque no se ha fijado aún las fechas.

Chats de esposa de gobernador de Arequipa

Este caso inicia con la denuncia pública sobre la presunta contratación de personal a pedido de la esposa del gobernador, pedido que se hizo a través de conversaciones de WhatsApp.

Entre las personas mencionadas en las conversaciones se encuentra el nombre de Steven Ortiz La Torre, quien fue recomendado para laborar en el área de Logística del Gobierno Regional.

De acuerdo con el reporte de gastos de campaña del gobernador Rohel Sánchez presentados a la ONPE, Ortiz La Torre realizó tres aportes en bienes por un monto de 3495 soles por concepto de banners y volantes.

Otros nombres mencionados en los chats han sido Fernando Muñoz y María Barrios, cuyas hojas de vida las compartió la esposa del gobernador.

Rohel Sánchez defendió a su esposa asegurando que no hubo algún tipo de beneficio por las acciones que se le atribuye, pues “no hay dinero de por medio”, mencionó.

También dijo que “los referidos chats no constituyen una efectiva toma de decisiones administrativas para contratación de personal. En el extremo negado, solo son sugerencias y recomendaciones”.

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Inseguridad, prostitución, delincuentes a bordo de motos y más gente de mal vivir pululan alrededor de la urbanización Pablo VI, en la avenida Los Incas. Los individuos siembran el miedo en los vecinos y transeúntes de esta zona de Arequipa.

Según los vecinos, hace unos días hubo una persecución policial a personas en motos y meretrices en inmediaciones de la urbanización. Aseguran que minutos antes se habrían disparado entre ellos a unas pocas cuadras de distancia. Solo las rejas que colocaron para mitigar la inseguridad creciente en el sector evitó que los presuntos delincuentes ingresen a la zona residencial.

¿Por qué la Municipalidad de Arequipa quiere retirar las rejas en Pablo VI?

La ordenanza 1172-2019 de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) prohíbe que se instalen rejas en vía pública sin autorización. Sin embargo, este dispositivo legal no considera el incremento de la delincuencia, robos y demás peligros que se vive en la zona.

Hace solo unas semanas el alcalde Víctor Hugo Rivera apoyó verbalmente a los vecinos para que coloquen la valla. No obstante, ahora los vecinos sienten que les dio la espalda, o como ellos mencionan, que «se lavó las manos».

El último lunes 15 de mayo, trabajadores de la MPA se apersonaron para retirar las rejas. Los afectados señalan que esto se hizo «sin ningún tipo de permiso» o documentación. Ante la negativa, los obreros municipales tuvieron que desistir.

Supuestos problemas que trae la reja 

La reja se encuentra ubicada cerca al grifo Los Incas. Representantes del negocio denunciaron que esta barrera no dejaría acceder a los clientes que llegan a bordo de sus vehículos.

Por su parte, los vecinos aseguran que mantienen la reja abierta durante todo el día y solo la cierran por la noche, por los peligros ya mencionados.

Además, mostraron su sorpresa de que sólo quieran quitar la valla que está cerca al grifo y no las otras dos estructuras aledañas. Sospechan que se aplicaría la ordenanza municipal con algún favoritismo.

Por último piden al alcalde Rivera y a la fiscal Esther de Amat, quien ordenó a la municipalidad a que cumpla la ordenanza, por sobre todas las cosas, que escuchen su posición.

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Tal como lo temían los familiares de las víctimas de la represión policial y militar durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, todo se ha ralentizado y hasta paralizó en las regiones.

Incluso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, decidió trasladar la competencia de la investigación a un equipo especial de Lima.

En la ciudad capital ni siquiera se inicia las investigaciones contra de Dina Boluarte, Alberto Otárola y quienes resulten responsables de las masacres. Tampoco ha hecho mucho el equipo especial creado para recibir las carpetas que estaban avanzadas. Todo hace indicar que no hay voluntad de investigar y encontrar a los responsables de las muertes en las protestas.

A decir del fiscal adjunto supremo provisional adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación, Marco Miguel Huamán Muñoz, no pudieron hacer nada porque «no tenían los nombres completos de los jefes policiales y militares de Ayacucho y Apurímac». Este fiscal está a cargo de la investigación a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y dos exministros ,por las muertes durante las protestas sociales contra el Gobierno y el Congreso.

Sin embargo, su argumento fue desmentido pues el coordinador de las fiscalías supraprovinciales de derechos humanos, Daniel Jara, sí le envió un oficio informándole sobre las acciones que se ha realizado hasta el momento. Respondía así un pedido que el propio Huamán le hiciera cinco días antes.

Fiscales que sí investigaron las muertes para que se haga justicia

Huamán dio cuenta de que la fiscalía especializada de Ayacucho abrió investigación preliminar contra Antero Mejía Escajadillo, quien fue jefe de la Macrorregión Policial Ayacucho. También a Jesús Amarildo Vera Ipenza, entonces comandante general de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho, y los que resulten responsables. Por tanto, el fiscal tenía los nombres desde el 15 de enero, pero prefirió no citarlos pese a los meses transcurridos y la impotencia de los familiares.

Otro fiscal que sí hizo su trabajo es el fiscal adjunto provincial de Yunguyo, Hugo Javier Vizcarra Mamani, quien tendría más avances en la investigación respecto a los hechos suscitados durante las manifestaciones en Juliaca.

A finales del mes de abril, el fiscal logró citar a tres coroneles PNP, Alberto Rojas Mendez, Jefe de la División Policial Juliaca. También a Julio Mauricio Contreras, Jefe de la División Policial de Puno, quienes poco o nada declararon respecto a los fallecidos por impactos de bala. En tanto, Carlos Bravo Cáceres, general de la Policía, ni siquiera se presentó a la diligencia, la misma que consta en la carpeta fiscal N° 23 – 2023.

¿Quién es el fiscal Vizcarra Mamani?

Cabe recordar que la fiscal de la Nación, el pasado 3 de marzo, designó a Vizcarra Mamani en el despacho de la fiscalía penal supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad en el distrito fiscal de Puno para investigar la aparente masacre ocurrida el 9 enero en alrededores del aeropuerto de Juliaca.

El fiscal Vizcarra Mamani tiene una trayectoria limpia. En 2021, logró cadena perpetua para un sujeto que violó sexualmente a su menor hija de 12 años, hecho que sucedió en la ciudad de Yunguyo. El mismo año, además, logró la máxima pena para tres sujetos que abusaron sexualmente y asesinaron a una colegiala también en la ciudad fronteriza. Otro de los hechos emblemáticos que asumió fue el caso de un exalcalde del centro Poblado que cometió un horrendo feminicidio contra una pareja en 2018, hecho que terminó con una máxima condena.

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Una de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia fue la masificación del uso de las tecnologías y redes sociales. Fue precisamente este fenómeno el que permitió a las mujeres quechuas y aymaras mantenerse informadas sobre la fuerte represión que se vivía en el aeropuerto de Juliaca.

Este hecho contradice las teorías del gobierno sobre una posible influencia proveniente de Bolivia y Evo Morales, añadió el analista. Escuche la entrevista completa con Leoncio Alemán:

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó con una multa de S/ 152,996 en primera instancia a la discoteca Mr. Juerga de Huancayo, por discriminar a un ciudadano venezolano.

El hecho discriminatorio ocurrió en dos oportunidades, el 12 y el 17 de diciembre de 2019, cuando el ciudadano venezolano Dimas Daniel José Salazar llegó con un amigo a Mr. Juerga (con razón social Discoteca Área E.I.R.L.) y el portero le impidió el ingreso.

Fue al momento de consultar por el precio. El vigilante le pidió su documento de identidad y, al percatarse de que era venezolano, le dijo “extranjeros no pueden entrar”. Además, se negó a explicarle el motivo de la negativa en reiteradas oportunidades.

Al respecto, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que todos los consumidores tienen derecho a un trato justo, equitativo en toda transacción comercial y prohíbe la discriminación en las relaciones de consumo por motivo de origen, raza sexo, idioma, religión, opinión, condición económica y otros.

Por ello, Indecopi sancionó con una multa de 33,26 UIT en primera instancia a la discoteca Mr. Juerga, por incurrir en un acto de discriminación al no permitir el ingreso de un usuario solo por ser de nacionalidad venezolana.

La empresa sancionada apeló la multa, por lo que será revisada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, segunda y última instancia administrativa. La resolución es pública y puede ser vista en el siguiente enlace: https://acortar.link/cznDyl 

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Robin Tagliaferri (Desde New York)

La razón por la que se presentó recién fue que el Dr. Bruce Mannheim (Universidad de Michigan), probablemente el más riguroso estudioso del mundo andino, solicitó un mínimo de cuatro meses para la lectura del libro del poeta, investigador y profesor universitario Odi Gonzales.

La ceremonia comenzó con un offering en quechua, español e inglés,una suerte de pago andino al recinto universitario King Juan Carlos, en Washington Square Park, que -siglos atrás- fue el oráculo principal o apu de la nación Manahatta, que en su lengua (lenape) quiere decir ‘Individuo de la Isla’, o ‘Isla con montículos’; de allí deriva Manhattan.

Los estudiantes Ayda Donne, Darinka Arones y Micael Pereira elevaron sus respetos en quechua: “Kaypin huñunakuqku ñawpaq Manahatta runakuna, apunkuta yupaychanankupaq/ Aquí convergían los antiguos Manahattas para venerar a su deidad.

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A su turno, Odi Gonzales comenzó su discurso:

Después, continuó: “El libro salió en Perú el año pasado. Lo presentamos ahora porque Bruce, el profesor y amigo, requirió un semestre para leerlo a cabalidad”.

El público asistente estuvo conformado por académicos, estudiantes de diversas universidades (Columbia, Princeton, CUNY, Fordham, Rutgers), e individuos o colectivos peruanos, bolivianos, ecuatorianos, entre otros.

La doctora Mary Louise Pratt, profesora emérita de New York University, especialista en estudios coloniales y conquista, y asistente al evento, comentó:

A la pregunta sobre nuevos proyectos, Gonzales respondió que en unas semanas sale en Lima su reciente libro de poesía Presente continuo de machihembrar. Además, tiene lista una nueva traducción de Katatay el libro de poemas de Arguedas, que incluye un estudio desde el quechua y las categorías andinas.

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Representantes de las Naciones Unidas (ONU) visitaron Puno para investigar las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El relator especial sobre la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clement Nyaletsossi Voule, se reunió con autoridades políticas y judiciales para abordar principalmente los excesos de las Fuerzas Armadas.

Esta actividad forma parte de su agenda de visitas a las regiones afectadas por los sucesos que dejaron medio centenar de muertos, la mayoría víctimas de proyectiles de fusiles y pistolas utilizadas por la Policía y las Fuerzas Armadas.

Clement Nyaletsossi escuchó los testimonios y consultó por las medidas adoptadas tras los trágicos eventos que cobraron la vida de 28 personas en la región Puno, incluyendo el policía asesinado en Juliaca y los 6 soldados ahogados en Ilave.

Los encuentros se llevaron a cabo en el salón de la Cancillería y tuvieron lugar de forma separada con el gobernador regional, Richard Hancco, el alcalde de San Román, Óscar Cáceres, y el alcalde de Puno, Javier Ponce Roque.

Posteriormente, Nyaletsossi se reunió con las autoridades judiciales encabezadas por Juan Francisco Ticona Ura, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno (CSJP), quien estuvo acompañado por Germán Apaza Paricahua, presidente de la Junta de Fiscales de Puno, entre otros funcionarios.

Las reuniones se llevaron a cabo según lo establecido en el Decreto Supremo N° 010-2020-JUS, que aprueba el «Protocolo Intersectorial para la Participación del Estado peruano ante los Sistemas de Protección Internacional de Derechos Humanos».

El representante de alto nivel de la ONU mostró un gran interés en las acciones relacionadas con el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, en el contexto de las movilizaciones sociales que se iniciaron el 7 de diciembre de 2022 y se fueron intensificando.

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Una decena de obreros se congregó en la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, en Arequipa, para exigir una pronta solución a lo que denunciaron como despidos arbitrarios. Los obreros señalan que la empresa encargada de la obra vulnera sus derechos laborales al pagarles salarios precarios.

Según los trabajadores, el pasado lunes se le informó a la directiva sindical de Arequipa que los obreros habrían sido despedidos de manera injustificada y arbitraria de la obra de Atalaya. “Estamos exigiendo la reinstalación de nuestros compañeros”, afirmaron los obreros.

Ellos indicaron que la empresa Ingeniería Constructora viene negándoles el pago en planilla. Además acusan salarios irrisorios de entre 50 y 70 soles y sin reconocer beneficios laborales. Sostienen también que la empresa ha tomado represalias contra ellos por demandar condiciones justas de trabajo, incluyendo escolaridades y seguridad integral.

Obra paralizada en Arequipa

Unos 15 trabajadores especializados en carpintería y albañilería quedaron despedidos de la obra en Atalaya (Arequipa), actualmente paralizada.

Varios agremiados se trasladaron a la Municipalidad de Mariano Melgar en busca de una solución administrativa. Previamente, protestaron en la obra. Sin embargo, un contingente policial los desalojó utilizando prácticas intimidatorias, incluso rociando gas pimienta contra los obreros, según manifestaron.

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El último sábado se registró la caída de una estructura divisoria en el jardín «Semillitas de Jesús», ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre, en Arequipa. Según manifestaron algunos docentes, sería la segunda vez que esto sucede, lo cual afectó la educación de un total de 20 niños ya que no pueden retornar a clases.

La estructura es una pared hecha de calaminas y palos de madera, que hacía las veces de muro. Debido a esto, los docentes del jardín pidieron a las autoridades de Arequipa que se construya una estructura más resistente.

Pero esta no sería la primera vez que ocurre un percance así. El pasado jueves ya se había caído. Los padres de familia, junto con la plana docente, levantaron la estructura que, debido a los fuertes vientos, se cayó nuevamente el sábado.

Según explicó una docente, los niños se ven inseguros en estos espacios. No se puede trabajar bien porque los perros ingresan al lugar. E incluso el hecho de que estén al aire libre podría hacer que se pierdan materiales educativos. En el patio se contaba con juegos recreativos para los niños, pero estos se tuvieron que guardar en los salones para prevenir robos.

Niños de Arequipa en suspensión de labores

Debido a este suceso, las labores en el centro educativo de Arequipa se han suspendido y los niños se encuentran en sus casas. Esto también afectaría a los padres de familia, ya que muchos de ellos trabajan y dejaban a los niños en el jardín.

La suspensión de labores por la caída de esta estructura hace que los padres no tengan con quién dejar a los niños. “El hecho de decirles que no va a haber laborales, se sienten también afectados, ya que no tienen con quién dejarlos”, mencionó la docente. 

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