Texto original: Durante más de una década la Contraloría fue casi una burla para los peruanos. Hasta donde nuestra memoria alcanza, nunca una acción de control ha provocado la caída de un presidente o siquiera la de un ministro. En el develamiento de la corrupción fujimorista, éste órgano venía a la zaga, detrás de los políticos, detrás de las denuncias periodísticas, detrás de las evidencias, detrás incluso del sentido común. Pero eso, está en camino de cambiar, gracias a una nueva conciencia de ciudadanía.
En pocas palabras, la Contraloría General de la República es un órgano supervisor de la legalidad en gestión y utilización de los bienes y recursos públicos. Pero en la actual viada que ha tomado la civilidad, en el afán por combatir los actos de corrupción, el papel le corresponde es bastante más amplio que este concepto legalista.
La indignación ciudadana por las Alarmantes evidencias de la corrupción bajo la que vivimos la última década, frente a la cual la Contraloría, el Ministerio Público y otros organismos supervisores se hicieron de la vista gorda, propició que desde el gobierno de transición se estudiaran nuevos mecanismos, para afrontar las nuevas modalidades delictivas.
El grupo de Iniciativa Nacional Anticorrupción sentó algunas bases, tras lo cual se esperaba con expectativa la designación de un nuevo Contralor General. Lamentablemente para algunos, la designación recayó en un amigo del Presidente Toledo que, sin embargo, permanecerá por ese motivo, bajo la inquisidora mirada de la nación entera.
Pero más allá de este detalle, hay una expectativa generalizada por una agresiva campaña de saneamiento general de la administración pública, habituada por inercia a la laxitud y a la impunidad.
Pero para evitar los actos de corrupción, es fundamental la participación ciudadana. La creciente demanda de fiscalización de la ciudadanía requiere como contraparte, romper también la inercia del poblador por el «dejar hacer». Sin una sociedad civil fuerte y organizada, la labor fiscalizadora del Estado estará seriamente debilitada
Incentivar la participación ciudadana
En loable iniciativa, recientemente se desarrolló en nuestra ciudad el Seminario Taller Internacional «Participación Ciudadana en el control Público y Lucha Contra la Corrupción», concebid() como un foro para el debate entre instituciones del sector público y la sociedad civil con la finalidad de analizar experiencias y acciones desarrolladas en el campo del control público y ciudadano de la gestión pública, así como de identificar instrumentos y mecanismos que favorezcan la vigilancia y la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción en el Perú.
En él se desarrollaron talleres de los cuales se extrajo saludables conclusiones destinadas a mejorar el accionar de la contraloría, tanto en los mecanismos para facilitar la participación de la población, como en propuestas de iniciativas legislativas, para quitar de encima la modorra que inmoviliza a la burocracia, tanto de los organismos controladores, como de los controlados.
La asistencia de dos expositores internacionales, contribuyó a dar luces para recorrer un camino que otros países con similares realidades sociopolíticas, ya han avanzado.
Experiencias a considerar
Para la costarricense Analucía Hernández Díaz, la corrupción «es todo aquello que de manera consciente o intencional subvierte o pervierte la naturaleza de las políticas de solidaridad, de justicia y de igualdad y el significado de esos conceptos en un Estado Social de Derecho».
El papel de la sociedad, entonces, es el de incidir en que los cambios que se proponen desde las distintas instancias públicas y desde las administraciones de gobierno, se sustenten en los principios de transparencia en la gestión pública.
Así, existen actos de corrupción que no se encuentran tipificados como delito y que implican transgresiones u omisiones que son, quizá, los más importantes. Por ejemplo a raíz de la firma de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, la Contraloría de su país propuso la creación de nuevos tipos entre los que se encontraban el tráfico de influencias, el clientelismo, las comisiones, la asignación de cargos a personas no preparadas, el conflicto de interés, la negligencia e incumplimiento del deber, el abuso de los recursos públicos. En Costa Rica, la contraloría General de la República ha identificado la necesidad de incorporar en la legislación algunas figuras como:
– Establecer mecanismos para defender el libre acceso a la información relacionada con el ingreso, presupuesto, custodia, administración; inversión y gasto de los fondos públicos, en relación con hechos y conductas de los funcionarios públicos.
– Proteger la identidad de las personas que denuncien actos de corrupción; al mismo tiempo declara como orales y públicas las comparecencias de funcionarios cuestionados en los procesos administrativos que lleva la Contraloría.
– Dar potestad a la Contraloría General de la República de tener acceso a las cuentas bancarias, registros, facturas, contratos y libros de contabilidad durante sus investigaciones, atribución que hasta hoy solo tiene el Ministerio Público.
– Dar potestad a la Contraloría General de la República de solicitar en cualquier momento una declaración de bienes a los funcionarios públicos.
Las veedurías ciudadanas
Por su parte, el colombiano expuso su experiencia en cuanto a una institución cuya creación se viene proponiendo en nuestro país como son las organizaciones de ciudadanos encargadas de vigilar el accionar de todos los funcionarios públicos; con el objeto de hacer de la transparencia, un hábito y un mecanismo eficaz para disminuir la corrupción.
El control social a la gestión pública es definido como un derecho y un deber del ciudadano; de colaborar en la construcción de los objetivos del Estado social de Derecho. Es un recurso para democratizar el Estado y disminuir los niveles de exclusión social, pobreza y otros efectos de la administración pública; que como patologías, aparecen cuando la participación ciudadana y comunitaria, no encuentra cauces legítimos de manifestar sus preocupaciones, al Estado, o sus necesidades vitales fundamentales.
Los veedores ciudadanos indagan y preguntan, interrogan y buscan comprender donde está el Bien Común, fundamentalmente del quehacer de la gestión pública; y los particulares investidos de funciones públicas amparados en el principio constitucional de la Buena Fe.
Cuando los bienes o servicios públicos se construyen en función de intereses particulares. Y las decisiones sobre el acceso o el uso del bien público es excluyente o inequitativo, intervienen las veedurías ciudadanas.
Volver los ojos a la Contraloría
En tanto estas propuestas se materializan, el programa de atención de denuncias de la Contraloría ha sido revitalizado y ampliado. Como consecuencia del represamiento de denuncias que por años ha mantenido a la ciudadanía en silencio y con temor; se espera una avalancha de solicitudes, tras estos eventos que tienen un rápido efecto multiplicador. A ello se suma el programa rutinario de supervisión que tiene la Contraloría que incluye, en el programa del próximo año, nueve municipalidades; además, otro tanto de organismos descentralizados o autónomos.
Entre las conclusiones a las que se arribó en el último evento, figuran algunas iniciativas interesantes; por ejemplo, obligar a algunas entidades a la publicación de los nombres de todos sus funcionarios, trabajadores y proveedores; para detectar casos de nepotismo o favoritismo. También se mencionó la necesidad de que la sociedad encuentre mecanismos para financiar una prensa verdaderamente independiente; que contribuya a la labor de control ciudadano que, pese a quien le pese, ya se echó a andar de manera irreversible.
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