Cuando un campesino indígena se encontraba en el camino con otro solían preguntarse a manera de saludo: ¿De dónde vienes? ¿adónde vas? Las mismas preguntas podemos hacerle a nuestra sociedad.
Antes de que los conquistadores españoles se derramaran sobre el gran territorio del Tahuantinsuyo, la patria de nuestros remotos antecesores, habían aquí cientos de miles de hectáreas de tierras cultivadas con agua del cielo o llevada por canales que partían de las cumbres nevadas y recorrían cientos de kilómetros, inmensas manadas de auquénidos domesticados y una red de caminos que unían a los pueblos por alejados que estuvieran. Había también grandes construcciones pétreas y viviendas para todos. El oro y la plata, abundantes por doquier como efigies religiosas, vasijas domésticas y adornos, carecían de valor monetario. Todas estas obras y riqueza fueron realizadas día a día, en un período cuyo comienzo se hunde en el misterio del tiempo. Y que solo se explican por la inteligencia, el conocimiento de la naturaleza y la laboriosidad de aquellos remotos antecesores de nuestro pueblo.
Los conquistadores españoles se apoderaron de todo esto, autorizados por capitulaciones expedidas por las muy magnánimas majestades de España, redactadas por abogados del Consejo de Indias, salidos de la sapiente Universidad de Salamanca, y bendecidas por los papas y la noble jerarquía católica. Como los reyes de España no daban nada por nada, impusieron a los empresarios y mercenarios favorecidos con esos documentos que les entregaran el quinto de cuanto bien o servicio se apoderaran u obtuvieran de las poblaciones y territorios conquistados (se diría ahora el 20%). Previendo que los pueblos de tan lejanas tierras resistirían la dominación, los reyes de España confirieron a los conquistadores, por cláusulas explícitas e implícitas, el derecho de esclavizar, sojuzgar, depredar, matar, torturar y despreciar a sus habitantes y arrancarles el fruto de su trabajo que pasaría a convertirse en propiedad de los reales socios comanditarios y de sus comisionados.
En Europa del siglo XV y posteriores, la explotación de siervos y de obreros se basaba en el predominio legal e ideológico de señores feudales; la nobleza parasitaria, los maestros y los capitalistas sobre gentes que eran racialmente iguales.
En la América hispánica, a esa dominación absoluta se añadió la discriminación racial. Por disposiciones del Consejo de Indias, el ministerio de colonias de España, la sociedad fue dividida en castas raciales; de manera que los blancos quedaron situados en la cúspide de la pirámide racial con todos los poderes. Seguía hacia abajo los mestizos, pardos, negros y, en el último lugar, los indios, en una situación cercana a la de las bestias.
Solo los blancos podían ser propietarios de fundos, minas, obrajes y tiendas de comercio, educarse, ocupar los cargos del virreinato; y ser parte de la vida social y cultural. Los mestizos, pardos, negros e indios estaban destinados al trabajo: los negros no podían ser sino esclavos; los indios siervos, salvo los de comunidades respetuosas de las leyes de España; los mestizos y pardos artesanos o auxiliares de los blancos en el sojuzgamiento y la represión de los negros e indios. En la mente de ellos, se creó una ideología de superioridad natural en la casta blanca y sumisión e impotencia en castas calificadas como inferiores.
Establecida la República, por la acción de los ejércitos libertadores venidos de Argentina, Chile y la Gran Colombia, la estraficación social del virreinato, sólidamente instalada en la mente de todos, se mantuvo en vigencia. El poder de mandar fue heredado por la casta blanca, sobre todo la avecindada en Lima, ciudad que, por ello, y por la obsecuencia de sus dependientes continuó siendo el centro del dominio estatal y cultural en la República.
Durante los cien años que siguieron, como había acontecido en los trescientos de dominación hispánica, no se añadió ni una hectárea a las tierras cultivadas, la actividad productiva más importante. Al contrario, se perdieron muchas, por abandonó o pérdida de los canales que las abastecían de agua. Tampoco se construyó algún camino nuevo. Las minas se agotaron. La oligarquía blanca y sus segundones se dedicaron a parasitar a sus trabajadores y al Estado y a hacer de la corrupción una regla normal de vida.
Hacia fines del siglo XIX, el capitalismo recién pudo abrirse camino, y aparecieron nuevas empresas y con ellas una pequeña clase obrera, conformada, en su mayor parte, por trabajadores mestizos radicados en las ciudades o emigrados a ellas. Y también comenzó a cambiar el panorama político, muy lenta y difícilmente, por la presencia de estos nuevos ciudadanos, cuyos votos resultaron necesarios para los candidatos de la oligarquía y sus vasallos profesionales.
Pero el capitalismo, incipiente y débil, fue incapaz de desarrollarse por sí y sobreponerse a la economía feudal. Requería el impulso del Estado que advino con el Leguiismo y el Velasquismo.
En la tercera dédada del siglo XX, el presidente de la República Augusto B. Leguía, le atribuyó al Estado una función promotora de la economía, para lo cual creó el Banco Central y la Contraloría General de la República, promovió las inversiones extranjeras y el desarrollo de entidades financieras e industriales, inició una legislación laboral favorable a los empleados privados y la primera reforma universitaria, emprendió una política de irrigaciones (Olmos, El Imperial, La Joya) y la construcción de nuevos caminos, utilizando en parte mano de obra indígena forzada (la conscripción vial).
Para la oligarquía, dueña de las haciendas más grandes de la Costa, y para el gamonalismo feudal de la Sierra, estos cambios no podían admitirse; aunque se beneficiaran de algún modo con ellos. Se concertaron para echar abajo a Leguía con la complicidad de la oficialidad militar, la clase media blanca y cierta poblada carente de conciencia política; ante la incomprensión de los grupos contestatarios de izquierda que habían surgido en las dos décadas anteriores. Mal comienzo para esta izquierda que en los noventa años posteriores ha seguido siendo, en los hechos, tributaria de la oligarquía; y a la que las clases trabajadoras no le deben ninguna norma de protección.
El Perú de hoy, su economía y su conformación social, política y cultural es el resultado del arranque (el take off) emprendido por el grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas y los técnicos civiles que comandó el general Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975.
El feudalismo fue disuelto y la oligarquía agropecuaria liquidada. Las tierras expropiadas fueron entregadas a sus trabajadores, se crearon nuevos derechos sociales, el Estado asumió un rol promotor del desarrollo; se impulsó la industrialización, se promovió una reforma educacional para el trabajo y el desarrollo de la personalidad de los educandos (saboteada por los grupos de cierta pretendida izquierda conformes con la oligarquía y el feudalismo); se pusieron las bases de un Poder Judicial independiente de los grandes intereses económicos y basado en los méritos de los concursantes, etc. Poco después, el Perú se convirtió en un gran mercado, bullente de producción e intercambio, en el que comenzaron a surgir nuevos grupos capitalistas y una nueva clase profesional procedente de las capas trabajadoras urbanas y rurales, en su mayor parte mestizas.
En los 45 años posteriores al gobierno de Velasco, la conformación social y política del Perú cambió respecto de la que había existido hasta entonces.
En las elecciones de 2021, una parte de la nueva clase profesional provinciana, organizada en un nuevo partido y sin experiencia en el manejo del Estado, se movió hacia el poder político . Y en la primera vuelta electoral, logró colocar a 37 representantes en el Congreso de la República; y en la segunda, su candidato ganó la Presidencia de la República, un maestro de escuela de origen campesino; limpio y con muchas ganas de darle a las mayorías sociales más equidad y oportunidades. Para el poder empresarial y su base social, el establisementh limeño y blanco, esto era inaudito, porque rompía los cánones discriminatorios de la conquista hispánica y les arrebataba el dominio del Poder Ejecutivo que siempre habían ejercido por sí o por interpósita persona.
No es extraño, por eso, que piensen en una segunda versión del descuartizamiento de Túpac Amaru. Sus soldados de choque, instalados en el Congreso de la República con los ojos cerrados ante los cambios en nuestra sociedad; no tienen otra fuerza de propulsión que su creencia que pueden blandir su poder circunstancial sin consecuencias para ellos y para quienes los han financiado. Y sin que les importe que su obstruccionismo perjudique a nuestro país y atente contra una existencia social armónica; una conducta que los ha hecho del todo disfuncionales y le evoca al pueblo la histórica frase: Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
Este conflicto no es meramente coyuntural, político. Es una contradicción de profundas raíces históricas, cuyo conocimiento exige la identificación minuciosa de sus términos antagónicos; tanto en la estructura capitalista, como realidad necesaria que requiere reformarse. Redistribuyendo la riqueza creada por el trabajo para convertirla en obras y servicios públicos, como en la superestructura política; asegurando la vigencia de una democracia y Estado de Derecho basados en una real igualdad de todos ante la ley; y en la erradicación de la discriminación en todas sus formas, y en particular la racial cuyo ciclo debe ya terminar.
El Búho, síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube
