¿Buscas disfrutar tus vacaciones al máximo y te gusta viajar? Te presentamos algunos tips que servirán al momento de planear tu siguiente viaje.

Recuerda siempre investigar sobre cuál es la mejor temporada para viajar al destino que deseas. Además de calcular cuál es el presupuesto necesario, dónde te hospedarás, etc.

Una vez que tengas claro esto, ya estás listo para seguir los consejos de Inca Rail para viajar y disfrutar tus vacaciones.

Consejos para tus vacaciones

1. Una maleta, muchas necesidades. ¿Cuántos días te quedarás en tu destino? Organiza tu ropa en un lugar cómodo y por separado, de esa manera no se te escapará nada.
2. Mejor reservar antes que lamentar. Realiza las reservas del lugar donde piensas alojarte antes de viajar.
3. Documentos de identificación. Sin importar cuál sea tu destino, recuerda tener una copia de todos tus documentos personales (y mantén a salvo las originales en el hospedaje).
4. Hombre precavido vale por dos (o eso dicen). Cuando realices un viaje, es importante que lleves una maleta de mano con ropa extra por si pierdes tu equipaje.
5. Cuida tu dinero. ¿Llegaste al hotel? Recuerda utilizar la caja de seguridad (si lo tiene) y dejar allí parte de tu dinero (pero no todo).
6. No pares de explorar. Solicita información o investiga en internet sobre sitios interesantes para conocer cerca de tu alojamiento.
7. Fotografía para el recuerdo. Carga tus equipos electrónicos y captura los mejores momentos.
8. Prueba platos nuevos. Anímate a conocer un poco la gastronomía del lugar y también asegúrate en comer donde haya fila, seguramente es delicioso.
9. Compra artesanías. Además de tomar fotografías, no te olvides de comprar alguna artesanía auténtica de la localidad.
10. Desconexión total. Estás de vacaciones, disfrútalas. Dedícate un día a conocer la ciudad en la que estás sin depender del teléfono (no más mensajes, correos y llamadas).
11. El país es tu casa. No arrojes basura, respeta las costumbres y los monumentos del lugar.
12. Un merecido descanso. Después del viaje, descansa lo suficiente para reponer todas las energías y volver a tus actividades que acostumbras.
13. Y, para terminar. Revisa tu lista de pendientes y prioriza aquellos que sean más importantes.

https://elbuho.pe/2019/10/reconocida-periodista-europea-reconoce-al-peru-entre-los-mas-impresionantes-del-planeta/

Recuerda, pronto viajarás de nuevo, trabaja duro y sueña desde ya en tu próximo destino.

Fuente: www.incarail.com

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La demanda de Odebrecht ante el CIADI (organismo adscrito al Banco Mundial) por US$ 1,200 millones debido a un supuesto incumplimiento del Estado peruano de sus obligaciones vuelve a poner todos los reflectores sobre el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Recordemos que el Consorcio GSP estaba constituido por Odebrecht, 50%; Enagás, 25% y Graña y Montero, 20%.

En enero del 2017 caducó la concesión porque el consorcio GSP no logró obtener el “cierre financiero”, es decir, no lograron obtener de los bancos internacionales los préstamos para financiar su construcción. Sin embargo, desde junio del 2014, fecha en que se firmó el contrato, el consorcio GSP afirma haber invertido más de US$ 1,500 millones, sobre todo, en las tuberías del gasoducto.

Esa es la madre del cordero. Odebrecht, Enagas y GyM quieren recuperar el dinero invertido. Según el contrato de concesión, esa inversión les sería devuelta cuando el gasoducto se vuelva a licitar; en ese momento, el nuevo inversionista pagaría por los tubos comprados por el Consorcio GSP y, de esa manera, ellos recuperarían su inversión. 

Pero sucede que, hasta el día de hoy, el gobierno no ha procedido a valorizar los tubos ni, menos aún, a convocar a una nueva licitación. Mientras tanto, la empresa Estudios Técnicos SAS está “cuidando” los tubos, lo que nos cuesta la friolera de US$ 48 millones anuales. Si consideramos el II Semestre del 2017, todo el 2018, 2019, el 2020, y el 2021 habremos pagado US$ 216 millones sin saber bien para qué. Increíble.
 
¿Por qué? Porque el gobierno hasta ahora no explicita su estrategia legal. No es transparente. Al público lo ha querido mecer diciéndole que “ya sale” el informe de la consultora inglesa Mott McDonald. Y que la nueva licitación está a la vuelta de la esquina. A nosotros “cree” que nos puede mecer (1). Pero Odebrecht, Enagas y GyM tienen US$ 1,500 millones enterrados en los tubos. Ellos no van a quererse dejar mecer. Veremos esto en detalle más adelante.

Tocaremos varios temas en este artículo. En el más importante, que desarrollamos en la parte final, decimos que, más allá de las acusaciones de corrupción y de la demanda de Odebrecht ante el CIADI, el proyecto del GSP es un proyecto técnicamente viable, que cuenta con reservas de gas y, también, con la demanda correspondiente, incluida la petroquímica. Afirmamos que se pueden aislar (“encapsular”) los temas de corrupción y de litigio en el CIADl y proceder, ya, a una nueva licitación, que comprenda un proyecto integral: oferta, transporte y demanda. 

¿Perú gana siempre en el CIADI?

Vamos entonces primero a los otros temas. En uno de ellos se dice que el Estado peruano ha ganado buena parte de los litigios que ha tenido en el CIADI en los últimos años. Cierto. Pero eso no establece una tendencia, ni mucho menos. Cada uno de los casos en litigio tiene sus propios argumentos, a favor y en contra. 

La cuestión central es que el mecanismo de resolución de disputas (por ejemplo, en el CIADI) entre el Estado y un inversionista extranjero, previsto en los Tratados de Libre Comercio y en los Tratados Bilaterales de Inversión (en este caso, en el Tratado Bilateral con Luxemburgo, que es la sede “oficial” de Odebrecht) constituyen una instancia que “bypassea” las instancias judiciales nacionales. 

¿Por qué? Porque muchos inversionistas afirman no tener una garantía de imparcialidad en los tribunales nacionales de países en desarrollo. Esto ha sido cuestionado por muchos países, incluido EEUU. En efecto, en el nuevo Tratado de Libre Comercio de EEUU con México y Canadá, ese mecanismo –que existía en el anterior TLCAN- se ha eliminado con Canadá. Y en el caso de México, se le han puesto fuertes restricciones. 

El hecho central acá es que, si bien hay pérdida de soberanía, si es que no hay una reforma en serio de nuestro Poder Judicial (¿alguien pude confiar en los hermanitos y los “Cuellos Blancos”?), los arbitrajes internacionales van a continuar.

Odebrecht mintió desde el inicio 

En enero del 2017 caducó el contrato debido a que el Consorcio GSP no logró obtener el “cierre financiero”, es decir, no lograron obtener de los bancos internacionales los préstamos para financiar la construcción del GSP. ¿Por qué? Porque en diciembre del 2016 Odebrecht confesó ante el Juez Raymond Dearie del Estado de Nueva York que había sobornado a funcionarios de diversos países para ejecutar diferentes obras. Entre esos países estaban Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

En esa Confesión Sincera (“Plea Agreement”), Odebrecht reconoció haber sobornado cuatro obras en Perú. Dos de ellas lo tuvieron como único ejecutor (Costa Verde del Callao y Vía de Evitamiento del Cusco), mientras que en el Metro de Lima formó un consorcio con GyM y en IIRSA Sur el consorcio CONIRSA estuvo formado por Odebrecht, GyM, ICCGSA y JJC Contratistas Generales. En ningún momento Odebrecht aceptó haber pagado sobornos por el GSP, que se licitó en junio del 2014. 

Sin embargo, poco a poco se descubrió que Odebrecht mentía y que había más obras con coimas, lo que fue seguido con acuciosidad por César Azabche (2). Una de las revelaciones más importantes se produjo en julio del 2019, cuando el periodista ecuatoriano Andersson Boscan reveló que se habían descubierto documentos sobre sobornos a otros proyectos en el Perú: H2Olmos, Vías Nuevas de Lima, Chavimochic y, lo más importante, el Gasoducto Sur Peruano. Incluso se revelaban los codinomes de aquellos que habían recibido sobornos en el caso GSP. “Magali” era el abogado Miguel Ronceros; “French” era Johnny Brignardello; el abogado Luis Pizarro era “Princesa”. Y así. 

Por tanto, a Odebrecht no le quedó otra más que admitir haber efectuado las coimas en el caso GSP. Pero, ojo, Odebrecht ha admitido coimas a privados pero, hasta el día de hoy, no ha admitido coimas a funcionarios públicos. 

Dicho esto, el Fiscal Rafael Vela ha dicho en varias oportunidades –y lo ha reiterado hace poco- que Odebrecht ha reconocido su culpabilidad en el caso GSP (después de las revelaciones de Boscan), lo que consta en un Acta que está en su poder, pero que no se ha dado a conocer públicamente. Dice Vela que van a estudiar el contenido de la demanda de Odebrecht ante el CIADI para contrastarla con el Acta de culpabilidad: 

“Afirmó Vela que: “si la posición de la constructora ante el CIADI contraviene su reconocimiento de culpabilidad por el GSP, la compañía y sus ejecutivos serán incorporados inmediatamente en la investigación. A partir de ello, si no han asumido culpabilidad, nosotros podemos transmitir esa información a los encargados de defender los intereses del Estado” (La República, 05/02/2020).

La posición del gobierno ante el CIADI

Esas son, entonces, algunos de los elementos que se van a discutir en el CIADI. Y es importante saber que la defensa del Estado peruano en esa instancia no la lleva la fiscalía sino un organismo del MEF, llamado Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI). 

No solo eso. Desde mediados del 2018, Enagas ha comenzó un arbitraje contra el Perú en el CIADI por un total de US$ 511 millones pues reclama la devolución de la inversión realizada en el proyecto. Según Semana Económica: “Para Enagás, la inversión debería ser reconocida por el Estado de acuerdo con la cláusula 20 del contrato de concesión, el cual regula cómo se realizará el procedimiento para la valorización de los bienes al término de la concesión” (SE, 28/07/2018). 

Pero, sucede que: “el Ministerio de Energía y Minas (MEM) sostiene que la cláusula 20 no es aplicable porque el Estado no resolvió el contrato de un proyecto en operación. “La resolución del contrato se dio antes de la Puesta en Operación Comercial del proyecto, situación no contemplada en la cláusula”, explicó el MEM en noviembre del 2017” (ídem). 

Seguramente por eso es que el gobierno no negocia nada con Enagas. Y tampoco lo hace con Odebrecht. Y no olvidemos que hace menos de dos semanas, GyM también demandó al Estado ante el CIADI por el caso GSP, demanda que retiró pocos días después. 

Es aquí que nos preguntamos: ¿es correcta la estrategia del gobierno de no negociar nada porque, supuestamente, el contrato nunca se consumó, en la medida que no hubo cierre financiero? No lo sabemos. Son los abogados los llamados a discutir esta estrategia. Y los señores del SICRECI deben saber que eso no es un secreto sino una obligación ante la ciudadanía, que está indignada por el hecho que una empresa corrupta nos esté demandando por US$ 1,200 millones ante el CIADI. 

El gasoducto no se mancha: la orden vino de París

Una de las mayores “pruebas” de que el GSP sería un gasoducto sobrevalorado y técnicamente inviable es que el monto de inversión subió desde US$ 1,300 millones en el 2008 (cuando, desde el 2008, el proyecto era propiedad de Kuntur) hasta US$ 7,400 millones cuando se licitó en el 2014. Pero las cifras no resisten comparación. La cifra de Kuntur del 2008 se dio sin ningún estudio de ingeniería (solo hubo ingeniería conceptual, de escritorio) y con diámetros de tubería más pequeños que los licitados en el 2014. 

El tubo de Kuntur del 2008 fue evaluado por la empresa Gulf a mediados del 2012, en un estudio encargado por Petroperú, financiado por la CAF. La Gulf dijo que la ingeniería era de Clase 4 (la Clase 1 es la mejor, tiene ingeniería de detalle; la Clase 5 solo tiene ingeniería conceptual) y su costo alcanzaría los US$ 4,800 millones (con variaciones de 20 a 30% para arriba o para abajo). Un proyecto así no es bancable, pues los bancos no aceptan oscilaciones tan grandes (3). 

Agreguemos que a los 4,300 a 4,500 millones que costaba el tubo, la licitación del 2014 le añadió el costo de la operación y mantenimiento en los siguientes 30 años. Es por eso que el monto de la inversión sube hasta US$ 7,300 millones. Esto no se le ha explicado a la ciudadanía con la suficiente claridad. Y, claro, cuando se escucha que el proyecto subió de 1,300 a 7,300 millones, lo primero que se piensa es: HABEMUS COIMA. 

La segunda “prueba”: se dice que hubo un solo postor en la licitación de junio del 2014 pues desde el gobierno se maniobró para sacar, con maniobras ilegales, de la licitación al segundo postor, el consorcio Gasoducto Peruano del Sur (GPS) conformado por 4 empresas, con participación de 25% cada uno: Sempra, Suez de Francia, Techint de Argentina, Sempra de EEUU y TGI de Colombia. 

Esto es falso. GDF Suez bajó su participación de 25 a 2% solo 4 días antes de la licitación, lo que llevó a la descalificación de todo el consorcio GPS. Si Suez no se hubiera bajado, GPS hubiera sido el segundo postor. Veamos esto más de cerca. 

El lunes 30 de junio del 2014 se debían abrir los sobres con las ofertas de los dos postores: GPS (Sempra, Techint, GDF Suez y TGI) y GSP (Odebrecht, Enagas, GyM).

El jueves 26 de junio Suez informa a Proinversión que ha decidido bajar su participación en GPS del 25 al 2% (dos por ciento). Proinversión consideró que esta reducción iba en contra de las bases del concurso y era motivo para descalificar a GPS. Así lo hizo. El lunes 30 Proinversión solo aceptó la propuesta del consorcio Odebrecht/Enagás. 

Es por eso que hubo “un solo postor”. Más allá de la discusión sobre si fue válido o no que Proinversión descalifique a GPS, la pregunta a responder es: ¿por qué se bajó Suez al 2% solo cuatro días antes de la apertura de los sobres? Y la repregunta es: si Suez no se hubiera bajado, entonces habría habido dos postores que batallaban, competían, por un proyecto que consideraban muy importante. 

Durante 5 años la respuesta a esa pregunta fue objeto de múltiples especulaciones. Pero ahora se sabe qué sucedió, de acuerdo a la manifestación de Manlio Alessi (ejecutivo de Suez en Lima) al Equipo Especial Lava Jato en noviembre pasado y que ha sido ampliamente detallada por “Hildebrandt en sus trece” (4). 

Dice Alessi que la orden provino del Presidente de Suez en París, Gerard Mestrallet, debido a que el 20 de junio se frustró la fusión que pretendían realizar los dos consorcios: “los motivos para fusionar los dos consorcios era, por parte de Suez, que el consorcio Odebrecht y Enagas tenían el Estudio de Impacto Ambiental, tenían ingeniería de detalle del proyecto y tenían un precio de la construcción, cosa que nuestro consorcio no lo tenía” (“Coima confesada, Hildebrandt en sus Trece”). 

Todo eso que tenía el consorcio GSP venía del proyecto Kuntur, que se frustró en julio del 2012. Y eso inclinaba la cancha a favor del consorcio GSP y contra el consorcio GPS.

Agrega Alessi que Suez, desde que se constituyó el consorcio, puso como condición sine qua non la obtención de esa información para poder ofertar en la licitación. Como no la obtuvo, porque la ansiada fusión entre los dos consorcios no llegó a un final feliz, Suez comunicó a sus socios del GP que no estaba en capacidad de ofertar. Después de varios “tira y afloja”, el 26 de junio el Presidente de Suez, Mestrallet, desde París, decide que Suez baje al 2% y que ya no incurriría en ningún gasto adicional. 

O sea que la “bajada” de Suez motivó que haya un solo consorcio. Pero en esto la fiscalía no da pie con bola; pues dice que el problema es que Proinversión descalifica al consorcio GPS para favorecer al consorcio GSP. Nada que ver. Es Suez quien descalifica a GPS.

Conclusiones

La primera: es una vergüenza que Odebrecht lleve al Perú al CIADI. No sé si los fiscales son responsables o el gobierno. O los dos. Sea lo que fuere, esto obliga a una revisión de la estrategia seguida. Pero de ninguna manera debemos dejar que esto afecte el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht.

La segunda es que, sobre la base del ACE, la lucha contra la corrupción debe seguir. En caso del GSP no sabemos si la corrupción es solo privada o si involucra, como dicen los fiscales, a Ollanta Humala y Nadine Heredia; y otros funcionarios públicos. Lo que sí sabemos es que si hubo un solo postor fue porque Mestrallet de Suez, en París, decidió bajarse. 

También sabemos que el consorcio GSP tuvo la “cancha inclinada” en favor de ellos, porque seguían teniendo en su poder el EIA de Kuntur. Ese EIA lo debió haber comprado el gobierno y ponerlo sobre la mesa para que el ganador haga uso de él; y no se demore un año y medio en hacer otro EIA. Nuestra posición: que la investigación siga hasta el final.

Tercero, queda demostrado que el proyecto del GSP es un buen proyecto. Lo prueba el hecho que hubo dos competidores hasta el final. Que se puede modificar, se puede. Uno de los temas a modificar es la tasa de interés del 12%, que es altísima y convierte al proyecto en un negocio financiero. 

Cuarto, el gobierno debe explicitar su posición legal. Transparencia ya. Se deben valorizar los tubos y proceder a poner en marcha un proyecto integral.

Quinto, paradoxalmente, pareciera que la demanda de Odebrecht va a posibilitar que el proyecto se licite más rápidamente aunque, repetimos, no debe ser licitado solo como gasoducto, sino como un proyecto integral: oferta, transporte u demanda (5). El gobierno ya lo había pateado hasta el II Semestre del 2021 (ver gráfico), pero esa mecida ya no es posible.

Gráfico Proinversión Febrero 2021

Se puede apreciar que el proyecto SITGAS, nuevo nombre para el Gasoducto Sur Peruano, está programado por Proinversión para el II Semestre del 2021.

Sexto, lo que falta en este artículo es analizar diversas alternativas para salir adelante en la consecución del proyecto, que dejamos para una próxima entrega. Además, falta la economía política que está detrás de todo esto: quienes son los que se benefician con la paralización de la construcción del GSP. Los primeros a beneficiarse son los productores de energía con centrales hidroeléctricas y de gas natural.

¿Por qué? Porque si el gasoducto no llega al sur del Perú, entonces las tarifas eléctricas van a aumentar de precio; pues se las centrales del nodo energético del Sur en Ilo y Mollendo, que fueron construidas para ser alimentadas con gas natural proveniente del gasoducto de Camisea, van a tener que producir con diésel, que es más caro. Eso es lo que no se dice. ¿Qué dice el Ministro Liu? ¿Qué dice el Presidente Vizcarra? Volveremos sobre el tema.

Finalmente, este es un tema de interés nacional que cobrará gran interés en este nuevo Congreso y, sobretodo, en las próximas elecciones presidenciales. El sur peruano necesita la energía barata del gas de Camisea para sus hogares; y, además, para ser competitivo y lograr que sus empresarios no tengan que irse a Lima donde la energía es más barata. Y para tener petroquímica para la diversificación productiva.

El gasoducto no se mancha, si bien puede haber mucha corrupción a su alrededor. Eso es lo que nos quieren hacer creer los enemigos de los pueblos del Sur. A ellos hay que derrotarlos. La pelota no se mancha, dijo Maradona, a pesar incluso de sus propios problemas. El gasoducto sur peruano tampoco se mancha, a pesar de los problemas a su alrededor. 

El gasoducto sur peruano debe ser y será una realidad. No pasarán. Proyecto integral de gas natural para el Sur Andino, ya. 

(Publicado en Otra Mirada)

(1) Ver: Humberto Campodónico, “Gasoducto: ¿Nos mecerán hasta el 2021?”, 20/02/2019. http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2777

(2) Ver blog de César Azabache, http://cesarazabache.blogspot.com/

(3) Es importante recalcar que, si bien el proyecto no era bancable, la posición del ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, era que el gobierno no podía darle un crédito puente de US$ 1,200 millones a una iniciativa privada; que no había pasado por licitación alguna, que era lo que pretendía Odebrecht. Esto era inaceptable, aún si el proyecto hubiera sido bancable. Debo decir que, desde la presidencia Petroperú, soy testigo directo de la oposición del ministro Castilla al crédito puente que pedía Odebrecht/Kuntur al gobierno peruano. Y que apoyo esa oposición. 

(4) Ver “Coima confesada”, en Hildebrandt en sus Trece, 13/12/2019. 

(5) Hay reservas para el gasoducto del sur, 31/05/2017 http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2674

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Tras el cierre de varias universidades por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), miles de alumnos han quedado en la incertidumbre. El caso más relevante es de la Universidad Alas Peruanas, que deja a 65 mil alumnos a nivel nacional con muchas dudas, 10 mil de ellos de Arequipa.

Ante este panorama preocupante para los universitarios, han empezado a aparecer opciones y facilidades para que no pierdan sus años de estudios superiores.

Uno de ellos es la Universidad Católica San Pablo que ha anunciado el proceso de admisión especial que la UCSP ha preparado para esta población estudiantil, este lunes 17 de febrero.

Las inscripciones para este examen cierran el 14 de febrero. Debe ser realizada en el campus San Lázaro de la UCSP. Hasta el 10 de febrero se hará el descuento por pronto pago de 70% del costo estándar del examen y posteriormente será del 50%. Los resultados serán publicados el 21 de febrero en la web de la Universidad www.ucsp.edu.pe.

Los postulantes deben contar con 22 a 130 créditos aprobados, es decir estar cursando entre el segundo y sexto semestre de estudios. La postulación será a la misma carrera o alguna afín. Deben tener nota de promedio ponderado 14 a más.

Las carreras de la UCSP a las que podrán postular en este proceso son: Administración de Negocios, Contabilidad, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, Ciencia de la Computación, Psicología y Educación.

Conoce aquí las universidades con licencia denegada por SUNEDU hasta el momento

Otras universidades

La Universidad La Salle también hará un proceso extraordinario de admisión para estudiantes de universidades con licenciamiento denegado. Beneficiará directamente a jóvenes que no concluyeron las carreras de Derecho, Ingeniería de Software, Administración y Negocios Internacionales, será el próximo 15 de febrero.

El vicerrector académico de la Universidad La Salle, Luis Vargas, anunció que se brindará las facilidades para este proceso, en cuanto a la convalidación de cursos y un sistema de becas, que permitirá que los estudiantes puedan continuar sus estudios universitarios.

“Hemos diseñado un mecanismo para facilitar al estudiante en cuanto a la revisión de su malla curricular, la verificación de los cursos que debe convalidar y los que deberá aplicar para poder graduarse”

Vicerrector académico de la Universidad La Salle, Luis Vargas

Los costos de traslado, serán asumidos por cada ingresante. En estos se incluye el pago del derecho de admisión y el pago de la matrícula a la universidad.

En la Universidad San Agustín

Representantes de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU) y de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se reunieron también con el fin de buscar soluciones para que los estudiantes de las universidades que no lograron su licenciamiento.

En la reunión se analizaron varias alternativas, desde el alquiler de ambientes para el dictado de clases, la optimización del uso de la infraestructura de la UNSA, disposición de docentes, comedor universitario, servicios de internet, vigilancia, entre otros.

Durante las reuniones se destacó que los estudiantes de las universidades no licenciadas buscan no solo otra universidad, sino una casa superior de prestigio y que les brinde las condiciones necesarias para concluir sus estudios. Aún no se brindaron conclusiones.

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Aunque no hayan juramentado oficialmente el cargo, en Arequipa ya se conocen a los 6 virtuales congresistas elegidos por esta región. Y aunque el conflicto social por Tía María, es uno de los problemas más antiguos y complejos en la región, no todos parecen conscientes de ello.

El pasado viernes los pobladores del Valle de Tambo invitaron a los 6 parlamentarios a que acudan a Islay para reunirse y tratar el tema de la minera cuprífera. Solo asistieron a la invitación José Luis Ancalle Gutiérrez (Frente Amplio), Hipólito Chaiña Contreras (Unión por el Perú), y Rosario Paredes Eyzaguirre (Acción Popular).

El único que mostró una posición clara en cuanto a Tía María y la minería en general fue el parlamentario Ancalle. El legislador adelantó que su bancada buscará impulsar una comisión especial en el Congreso que evalúe todas las concesiones mineras otorgadas en el país.

Esto se realizará con el fin de detectar aquellas concesiones que se hayan otorgado, sin cumplir con los estudios de impacto ambiental. Aclaró que su partido mantiene su posición de apoyo a la agricultura, sobre cualquier otra actividad extractiva.

Tía María: agricultores acuden al Poder Judicial para detener proyecto

Rosario Paredes, por su parte, realizó una visita en las juntas de regantes de la provincia de Camaná y ofreció su apoyo; sin explicitar si es a la oposición a Tía María. Hipolito Chaiña fue aún menos contundente con su mensaje, excusándose que al no haber juramentado oficialmente como congresista, no existe un consenso sobre dicha problemática con su partido.

La invitación para los parlamentarios en Cocachacra fue realizada por el vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza Idme. A pesar de ello, solo llegaron 3 de los 6 parlamentarios, el resto se excusó indicando que tenían una agenda muy abultada.

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Edgar Alarcón habría realizado durante el 2012 y el 2013 compras personales pagadas con dinero de la Contraloría. La fiscal Zoila Sueno Chirinos, formalizó una investigación preparatoria contra él por el presunto delito de peculado doloso.

El congresista más votado en Arequipa ha vuelto a sumar una investigación en su contra. Durante el periodo de su representación como jefe de la Contraloría General de la República, habría gastado cerca de 9 mil soles en listas de supermercados. Específicamente, en víveres. Una pericia contable determinó que de la caja chica de la gerencia de Operaciones salieron los S/8.896 para sus compras personales.

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La investigación salió a luz este domingo en el programa Punto Final. El reportaje refiere a enormes listas de productos de primera necesidad pagadas con en dinero de la caja chica, ejecutado desde el despacho de Edgar Alarcón. En su defensa, el hoy congresista electo asegura que dichos productos eran para la cocina que tenía en el despacho. 

“Dentro del despacho del Contralor, hay una cocina donde normalmente se preparan alimentos y se hacían compras para hacer un  break o una reunión pero hay que ver cual es monto, 15 soles, 20 soles“

Edgar Alarcón – Virtual congresista de la República

Informe lo desmiente

Sin embargo, el informe de la fiscalía señala que entre las compras irregulares que adquirió el excontralor figuran pañitos para bebés, aceite de oliva, cereales para niños, crayones, libros de los personajes Barney y Mickey Mouse, entre otros.

Desde su campaña siempre ha negado que busque la inmunidad parlamentaria. Con esta nueva investigación en su contra, pareciera que su postulación no ha sido más que una salida a una serie de denuncias cuyas investigaciones podrían quedar paralizadas si no se le levanta la inmunidad parlamentaria.

Alarcón fue removido del cargo de Contralor General de la República dejando el puesto en vacancia en el 2015. Permaneció en las sombras hasta el 2019 que dio la sorpresa ingresando como asesor de Elmer Cáceres Llica, aunque el tiempo en ese puesto solo fue de un mes. Antauro Humala lo había invitado a pertenecer a su partido y se postuló para congresista.

Aquí el informe televisivo:

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Pendiente en Arequipa

Otra investigación que, sin embargo, quedó en nada fue la que se inició con una denuncia periodística de El Búho, sobre el supuesto plagio del documento con el que obtuvo su Título Profesional.

En su momento, Edgar Alarcón adujo que no se trataba de una Tesis, como algunos medios mencionaron. No obstante, no desmintió el plagio del Informe de Experiencia Profesional con el que se tituló y el cual, efectivamente, no era una tesis, lo que nunca se afirmó.

Contralor plagió documentos de capacitación para obtener título profesional en la UNSA

De la misma forma, como cualquier trabajo académico, no puede admitirse un plagio. Al respecto, la Universidad Nacional de San Agustín, cuyas autoridades de entonces, le otorgaron el Título Profesional de Contador Público en tiempo récord, inició una investigación por estas irregularidades y por el plagio. Sin embargo, la comisión encargada de la investigación no emitió resultado alguno hasta la fecha.

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Nancy Velásquez y Gianfranco Cabrera crearon PetChila Smart, la primera mochila inteligente hecha a base de 100% botellas recicladas. Lo hicieron a través de un proyecto ecoamigable que fomenta la empleabilidad de mujeres en situación de riesgo, y el cuidado del medio ambiente.

“La idea surgió como una alternativa para evitar la contaminación que genera crear una mochila de polietileno. Sumado a la necesidad de ofrecer una alternativa fácil de acceder a energía sin necesidad de recurrir a una fuente directa de ella”

Gianfranco Cabrera

PetChila incluye un panel solar que, a través de una batería interna, puede encender hasta 3 focos LED durante 8 horas. Además, carga un celular, tablet, radio o cualquier otro dispositivo electrónico.

“Buscamos que nuestra mochila se convierta en una nueva opción para aquellas personas relacionadas al deporte de aventura. También, al trabajo de campo o escolares, que a veces no pueden realizar sus tareas o actividades por falta de luz”

Nancy Velásquez

Los emprendedores comentaron que PetChila puede cargarse mientras se camina o realiza otras actividades que expongan a la mochila a luz solar. Además, que promueve el reciclaje para proteger el medio ambiente.

https://elbuho.pe/2019/08/medio-ambiente-crean-platos-biodegradables-a-base-de-hojas-de-platano/

El modelo desarrollado por los esposos Cabrera Velásquez emplea aproximadamente 35 botellas PET, cuyo tiempo de degradación es de 100 a 1000 años. Asimismo, la mochila incluye un poncho impermeable para usarse en caso de frío o lluvia, tres focos LED y cables conectores multiusos.

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*Texto y fotos Javier Bedía, para Plaza Tomada, en alianza con CONNECTAS/ICFJ El valle de Chicama es la zona más rica en caña de azúcar, en Perú. Pero vive un conflicto: Grupo Gloria se ha apropiado de las grandes empresas agroindustriales y de tierras de los pequeños agricultores de esta cuenca costera. Gracias a ello, hoy la transnacional peruana es la mayor terrateniente del país.

Grupo Gloria llegó al valle del Chicama –en la provincia azucarera de Ascope, departamento La Libertad– en 2006 y tan sólo en un año ya era propietaria o administradora de las cinco firmas más fuertes de la localidad: Cartavio SAA, Chiquitoy SA, Trupal SA, Casa Grande SAA y Sintuco SA. Para cuando llegó la agrupación, tres de estas firmas –Chiquitoy SA, Trupal SA y Cartavio SAA– ya tenían en su poder cientos de hectáreas invadidas a los comuneros santiagueros, que constan en un largo juicio de deslinde.

Ahí, en La Libertad, se ejecuta la obra de riego más grande del mundo bajo asociación público-privada: el Proyecto Especial Chavimochic, que resulta muy atractivo para los privados por los exorbitantes subsidios estatales.

Con mil millones 443.000 dólares subsidiados a las empresas –hasta 2012–, este proyecto encabeza la lista de privilegios fiscales para los poderosos, según el informe «Estimación de los subsidios en los principales proyectos de irrigación en la costa peruana», del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) y Oxfam, del economista Lorenzo Eguren (2018). Su objetivo es incorporar a la agricultura 66.000 hectáreas desérticas, de las que el Grupo Gloria adquirió cientos en subasta, observa el Cepes. Las tierras aprovechadas son codiciadas por las agroexportadoras para producir frutas y vegetales, rubro alternativo a la caña que mueve millonarias cifras.

El Proyecto Especial Chavimochic es el que que más inversión ha recibido del Estado: el 25% del presupuesto total de megaproyectos. Grupo Gloria participa en esta megaobra a través de Casa Grande SAA con 928 hectáreas, precisa el estudio «La concentración de la propiedad de tierras agrícolas en el Perú», de Fernando Eguren, presidente del Cepes.

Por su parte, campesinos de la zona denuncian irregularidades de Casa Grande SAA, la mayor agroindustrial del grupo.

“El Grupo Gloria se ha apoderado de tierras de campesinos; son las tierras de nuestros padres, allí criaban ganado, cultivaban. Ha invadido tierras del Estado con delincuentes, ha destruido zonas arqueológicas, talan bosques naturales para sembrar frutas, hemos denunciado a las autoridades, y nada», declara el agricultor César Minez, vecino del centro poblado Mocán. «Han atentado contra la vida de mi familia y contra mí. Si algo me sucede, la responsabilidad será del Grupo Gloria»

Un violento ataque de trabajadores de la empresa Casa Grande SAA para desalojar a parceleros de 900 hectáreas que recuperaron por orden judicial en Mocán, reportado en febrero de 2018, derivó en un proceso penal admitido a finales de 2018 en la Corte Superior de La Libertad, por usurpación y daños agravados contra uno de los dos hermanos dueños de Grupo Gloria, Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez, presidente de Casa Grande SAA, quien es uno de los empresarios peruanos más poderosos. La denuncia involucra al gerente general, Jhon Carty Chirinos, uno de los principales ejecutivos de la trasnacional.

https://elbuho.pe/2019/10/gloria-en-emergencia-no-respuesta-sobre-terreno-para-trasladar-su-planta/

Recientemente, el 13 de septiembre de 2019, en un desalojo de terrenos invadidos esta vez a Casa Grande SAA, murió una persona por disparo de perdigón realizado por el bando de la compañía.

Este es considerado como un caso de concentración de tierras único en la historia nacional. Al 2016, Grupo Gloria controlaba más de 86.000 hectáreas en la costa norte del Perú, “la región con las mejores tierras del país”. Del total de esos terrenos, casi el 52% se encuentra en La Libertad, detalla el estudio “El poder lácteo y azucarero del Grupo Gloria y la contención de demandas de la sociedad civil” (Centro Peruano de Estudios Sociales y Oxfam, 2018), del sociólogo y politólogo Francisco Durand. ¿Por qué este conglomerado de empresas de alimentos ostenta un monopolio en la provincia de Ascope? Porque esa región es una auténtica mina de oro: de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, ahí se produce cerca del 33% de caña de azúcar peruana.

Un desierto atractivo

Uno de los casos más actuales de apropiación de tierras por parte de Grupo Gloria ocurre desde 2015, en Los Médanos, un inmenso sector desértico que se encuentra en el distrito de Santiago de Cao, en Ascope. En ese sitio, Chiquitoy SA se apropió de unas 360 hectáreas comunales, claves por ser el ingreso del extenso eriazo –territorio sin cultivar– y por su proximidad al megaproyecto de irrigación, que elevará su valor y productividad.

“Es una invasión reciente, alrededor de 360 hectáreas productivas, con agua. En el valle, no en las terrazas del desierto. No hay ahora eriazas, viene el agua y van a ser las mejores tierras para cultivo bajo riego tecnificado por goteo, son estupendas tierras”, explica el ingeniero Martín Ahón, perito judicial que trabajó en el deslinde de tierras y la elaboración del mapa de la comunidad. “Para riego por superficie no, porque el suelo es arenoso; en cambio por goteo sirve porque va por abajo, se usa poca agua y es económico”

La presencia de las azucareras en Los Médanos empezó en 2001, de forma violenta. De allí fueron desalojados por el Ministerio de Agricultura y policías, ese año, pequeños agricultores del caserío de Llamipe que cultivaban panllevar. Desde entonces los cañaverales se expandieron progresivamente, práctica que continuó en 2006, cuando Gloria adquirió el 50% de Chiquitoy SA. Rocío Aquize, gerenta legal de Coazucar, holding de Grupo Gloria que agrupa a Chiquitoy SA y otras agroindustriales de la corporación, se excusó de hablar sobre las tierras usufructuadas por la firma, con el argumento de que “Gloria solo administra una parte” del fundo.

En los últimos tres años, se han instalado extensos viñedos en parte de estas hectáreas comunales de Los Médanos, usufructuadas por Chiquitoy SA. Las plantaciones son de El Pedregal SA, la segunda mayor exportadora de uvas peruanas, perteneciente a administradores del otro 50% de Chiquitoy SA. Las frutas en reemplazo de la caña son una señal de que allí está cotizada la diversificación de productos. Donde antes subsistían pequeños agricultores, a los que desalojaron de sus propias tierras, hoy El Pedregal SA y Chiquitoy SA disponen de esos terrenos por los que, según denuncian comuneros, no han pagado ni un centavo.

Los campesinos insisten en que el precio por hectárea en Los Médanos es, por lo menos, de 10.000 dólares, aunque hay lotes que valen el doble o más. Por las 360 hectáreas usufructuadas, creen que tres millones y medio de dólares corresponderían a los 241 comuneros calificados –es decir, los miembros de la comunidad inscritos en un padrón– y sus familias. Ello, sin contabilizar el valor del agua ni las reparaciones por el tiempo de producción.

El Proyecto Especial Chavimochic también ha pretendido ingresar a Los Médanos mediante desalojos y acciones judiciales contra la comunidad. Hasta ahora eso no ha sido posible porque sólo se han podido concluir sus dos primeras etapas. La tercera, que abarca el valle de Chicama, fue suspendida desde diciembre de 2016 debido a un escándalo por sobornos de Odebrecht a funcionarios públicos.

Reunido junto al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, solicitando pronta solución al tema Chavimochic en la región La Libertad. ¡La Tercera Etapa debe continuar! Que la corrupción de Odebrecht no genere más retraso.

Los amos del valle

Santiago de Cao es un distrito pequeño del valle de Chicama, entre las orillas del Pacífico y el desierto. Tiene una plaza principal y unas pocas cuadras de casas, de material noble algunas; otras, de adobe. Unas más, de dos pisos. Cuenta con 20.000 habitantes, según el último censo nacional. Hay dos escuelas, un centro recreativo para menores y bodegas. Las actividades centrales son la pesca y la agricultura, concentrada en la caña de azúcar. Al oscurecer no se ve a casi nadie afuera, por costumbre de los pueblos.

Desde 2006, cuando llegó Grupo Gloria, los campesinos dicen que han tenido que enfrentar falta de acceso a la tierra y de agua para sus cultivos; se quejan de que no tienen dónde cosechar, víctimas de los grandes intereses que disponen de la justicia y las autoridades. Hoy, la trasnacional y socios –como El Pedregal SA– mantienen ocupados los terrenos comunales, productivos, con sembríos industriales de caña y frutas de exportación. Para hacerse de todas estas tierras, los campesinos acusan que la empresa ha negociado con las autoridades.

En esta zona, las empresas han comprado terrenos, negado el agua a los campesinos y les han impedido el paso por los caminos.

“La estrategia era hacerles vender sus tierras. No les quedaba otra alternativa que vender y pasar a trabajar en la hacienda; si no, emigraban o morían en la total pobreza”

Advierte Víctor Rodríguez Lezma, campesino que trabaja su pequeña parcela, como la mayoría de cultivadores, muchos sin tierras propias.

“Como ya tenían el agua y las leyes les eran favorables, (esas empresas) se expandieron y sembraron tierras que nunca compraron; dicen que los dirigentes han vendido tierras, les han quitado sus derechos a los verdaderos comuneros”

Habla en su casa, una noche ventosa en Santiago de Cao.

En los últimos años, Víctor Rodríguez se involucró en la región vecina de Cajamarca, en la defensa de la tierra y el agua contra operaciones irregulares de la gran minería. Fue a prisión por su lucha e intentaron sentenciarlo como terrorista. Vivió la época de las haciendas de terratenientes y capataces, antes de la reforma agraria, la transformación de estos ingenios azucareros en cooperativas de trabajadores y la privatización agresiva en los años 90.

“Los gobiernos regionales, municipales y ministerios se han agarrado tantas tierras, las han invadido, o pagaron una miseria, o no pagaron nada. Son miles de hectáreas de la comunidad que han sido reducidas y están en manos de extraños; los campesinos de Santiago de Cao viven en la pobreza. La justicia les ha quitado sus tierras”

Al ampliar sus fronteras agrícolas, las empresas se apropiaron de fuentes de agua dentro del perímetro en usufructo, perjudicando a los parceleros de un departamento en permanente escasez hídrica. Los comuneros se quejan de que tienen dificultades para acceder al agua. La Comisión de Usuarios supervisa la distribución de este líquido para cultivos en Santiago de Cao. El sistema para los campesinos se divide en dos categorías: los que compran el recurso casi permanentemente y los que sólo pueden adquirirlo cuando hay excedente, luego de garantizar el uso de las empresas, el principal cliente.

Entre el mar y campiñas de los desiertos, descontando las que usufructúan las empresas, la comunidad tiene sembradas unas 3.000 hectáreas, casi en su totalidad, con caña. El monocultivo, riesgoso para la seguridad alimentaria, se acentúa por la presencia de Grupo Gloria en La Libertad. Víctor Rodríguez asegura que no tiene otra opción más que cultivar caña y vender su cosecha a las agroindustriales, a pesar –dice– de la arbitrariedad de los precios, fijados por Grupo Gloria, así como de abusos en el pesaje de la caña por parte de trabajadores de las compañías o tercerizadores. También acusa de que no les reconocen los derivados utilizados en la elaboración de otros productos, como papel y cartones fabricados por Trupal SA, con los que el Grupo Gloria abarata y refuerza su cadena de producción.

Dirigencias fantasmas

Aparte de los problemas que han enfrentado los campesinos de la zona con el Grupo Gloria y los funcionarios públicos, también explican que deben enfrentar líos con sus dirigentes, los cuales, según Víctor Rodríguez, “son ficticios; se han acomodado a criterio de los intereses económicos de las empresas”. Especialmente, se refiere a Santiago Tomás Alfaro Calderón, presidente de la Comunidad Campesina de Santiago de Cao, quien suma 15 años en el cargo. Además, es accionista de Cartavio SAA, la segunda agroindustrial más importante de Grupo Gloria, que produce una popular marca de ron.

Hasta principios de 2019, Segundo Alfaro aparecía en la lista pública de socios minoritarios de Cartavio SAA. En 2000, la revista agraria “Somos Norte” le atribuyó la propiedad de 106.000 acciones en Cartavio SAA, basándose en datos publicados por la firma. Consultado en julio para esta investigación periodística acerca de sus intereses con la compañía, Alfaro evitó precisiones: “Tengo acciones hasta ahora, pero no las cantidades que ustedes hablan. Eso es fácil, se puede probar”, declaró por teléfono.

En su historial, Alfaro cuenta con una sentencia del Juzgado Penal de Ascope en 2014 por el delito contra la fe pública, en modalidad de uso de documentos adulterados en agravio de la CC Santiago de Cao y el Estado. La pena de cuatro años de cárcel y 15.000 soles (4.500 dólares) de reparación que se le dictó fue reducida en 2015, por prisión no efectiva y 2.000 soles (600 dólares) de multa. Las irregularidades las cometió durante los procesos electorales para los períodos 2009-2010 y 2011-2012. De acuerdo con la Ley General de Comunidades, un comunero que ha sido sentenciado no puede ejercer cargo directivo. Es un argumento de sus opositores para cuestionar su permanencia en el cargo.

La experiencia dirigencial de Alfaro va de la conducción del sindicato de obreros de la papelera Trupal SA –que pertenece a Grupo Gloria–, en la década del 90, al reciente liderazgo distrital del partido de la familia Fujimori. En las elecciones generales de 2016, fue secretario de la organización fujimorista Fuerza Popular en Santiago de Cao. Para transmitir sus mensajes en público, el exdirigente sindical, de unos 60 años, emplea maneras enfáticas y una voz firme que contrasta con su baja estatura y su contextura delgada, pero robusta.

De su paso como líder sindical, excompañeros de fábrica, quienes pidieron anonimato, ponen en duda su lealtad con los trabajadores y señalan que ocupó el puesto para, desde entonces, favorecer a Trupal SA, que tenía pendiente el pago de una reparación por casi 500.000 dólares, debido a que construyó su planta en territorio comunal y, además, el deslinde de 173 hectáreas con la comunidad.

Imagen donde se muestra que Segundo Alfaro aparecía en el sitio web de Cartavio SAA como accionista.

Por algún motivo, Segundo Alfaro ya no aparece como accionista de Cartavio SAA, en el sitio web de la compañía. Al consultarle al respecto, respondió: “debo figurar, porque como socio, así tenga una acción o tenga un millón, tengo que aparecer como socio”. Días después de la conversación telefónica que concedió para este trabajo periodístico, Alfaro se presentó en un canal del distrito de Cartavio, provincia de Ascope, para hablar, entre otros temas, de sus acciones y los terrenos comunales. Según su versión, administra solo 54 acciones de familiares y terceros “que no pueden hacerlo” por su propia cuenta. En su relato para la televisión, el presidente de la Comunidad Campesina de Santiago de Cao también se reconoció como exdueño de un negocio de transporte que tenía contratos con Cartavio SAA y se adjudicó esfuerzos pasados para inscribir el territorio comunal.

El doble papel de Alfaro

En 2015, la directiva de Santiago de Cao, presidida por Marco Antonio Gamboa y secundado por Segundo Cabel, inscribió sus tierras, incluidas las áreas tomadas por las empresas, ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). Eso significa que la justicia les da la razón, luego de que vivieron 20 años un disparejo proceso de deslinde con las millonarias azucareras. En el prolongado camino a registrar la sentencia de la Corte Suprema de la República que validó sus propiedades, los campesinos padecieron las influencias de los dueños del valle.

“Los juzgados nos negaban información, lo mismo los Registros Públicos (Sunarp); no nos querían inscribir, suspendían las diligencias, dilataban la inscripción de los terrenos. Cuando nos quejábamos, el Poder Judicial, ninguna autoridad nos hacía caso. El Poder Judicial y los Registros Públicos le han hecho mucho daño a la comunidad”

Segundo Cabel, secretario de la directiva que registró los terrenos

Como muestra, Cabel dice que las últimas dos observaciones hechas por la Sunarp de Trujillo, capital de La Libertad, en 2016, a los documentos para la inscripción fueron supuestos errores en la escritura de los segundos apellidos del presidente y el suyo. El comunero anota, además, que dos exgerentes de las azucareras fueron directores de los Registros Públicos de Trujillo.

En la comunidad también recuerdan que el mismo Segundo Alfaro obstruyó a los líderes que persistían en registrar el territorio de su pueblo. El comunero Arturo Santa María explica que Alfaro demandó a la justicia y Registros Públicos, en una solicitud escrita en 2015, donde les exigía sus credenciales para tramitar la inscripción, sabiendo que ya no eran válidas. Ellos se preguntan por qué un comunero, una autoridad, actuó contra los derechos de su gente.

Hoy, Segundo Alfaro asegura que se ha puesto del lado de los comuneros y que prepara un juicio por reivindicación contra las agroindustrias de la marca más influyente del mercado peruano. “Vamos a recuperar esas tierras, son nuestras. Se ha dicho que las vendí a las azucareras, muéstrenme los papeles. Vamos a recuperar nuestras tierras que tienen Cartavio, Chiquitoy, El Pedregal. Las empresas nos las tendrán que devolver”, afirmó Alfaro en asamblea el domingo 18 de agosto de 2019, en Santiago de Cao.

Sin embargo, él es parte de ambos lados en conflicto y, como presidente de la Comunidad Campesina de Santiago de Cao, también le corresponde plantear a Grupo Gloria un juicio de reivindicación para que le devuelva a la comunidad sus tierras. Mientras, los comuneros aseguran que han vivido la opresión de los grandes intereses empresariales.

“Quisieron botarme, me amenazaron con quemar mi rancho. Me les planté, pensaron que iba a ser como los otros a los que botaron; son abusivos con nosotros los campesinos. He visto cómo han quemado sus ranchos”

Arturo Rodríguez Santamaría, víctima y testigo de intentos de desalojos por parte del Proyecto Chavimochic hasta 2018.

La amenaza también es judicial. En respuesta a la inscripción de su territorio, el Proyecto Especial Chamivochic llevó una demanda contra la comunidad de Santiago de Cao hasta el Tribunal Constitucional. Después de dos décadas de obstáculos y de que el Proyecto Chavimochic pretendió no reconocerles los territorios, en 2019 los comuneros se apuntaron un triunfo.

En 2015, inmediatamente después del registro territorial, el Gobierno Regional de La Libertad y el Proyecto Chavimochic entablaron ante la Corte Superior de la región una acción de amparo contra la comunidad; denunciaban la vulneración de un derecho constitucional. La sala falló a favor del registro de las tierras colectivas y el Proyecto Chavimochic apeló en 2016 ante el máximo tribunal de la nación, invocando “afectación a la propiedad, al debido proceso y un agravio constitucional”. El Tribunal Constitucional desestimó la apelación el 29 de abril de 2019, lo que marcaría un antecedente en favor de las tierras comunales de Santiago de Cao.

La Oficina Legal de Chavimochic mantiene en reserva su posición sobre su reclamo, “por estar aún en proceso”. A pesar del fallo en la máxima instancia, consideran no exponer “lo que la institución ha establecido como estrategia legal”, anotó el departamento por medio de su oficina de prensa.

Por un lado y por el otro, la comunidad permanece en vilo. Entre nuevos movimientos dudosos de la directiva en complicidad de las instituciones. En medio de la actual presión del gobierno regional de La Libertad al Ministerio de Economía para reanudar la tercera etapa del Proyecto Chavimochic, que comprende el valle de Chicama. A la espera de que la justicia asome por sus tierras.

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La ceremonia de la entrega de premios Oscar, se llevó a cabo en el Teatro Kodak de Los Ángeles, como es costumbre. Así, en medio del glamour acostumbrado, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios más importantes del cine mundial.

Finalmente, la gran sorpresa la dio la película coreana, Parasite, que se llevó tres de los premios más importantes (mejor película, mejor guión y mejor película extranjera). En primer lugar fueron premiadas con la estatuilla dorada las demás categorías. Aquí los nominados y ganadores, para recordar.

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Lista de nominados y premiados

MEJOR PELÍCULA

• Le Mans
• El irlandés
• Jojo Rabbit
• Joker
• Mujercitas
• Historia de un matrimonio
• 1917
• Érase una vez…en Hollywood
• Parásitos

MEJOR ACTOR DE REPARTO

• Tom Hanks
• Anthony Hopkins
• Al Pacino
• Joe Pesci
• Brad Pitt (ganador)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

• Laura Dern (marriage story)
• Scarlett Johansson
• Florence Pugh
• Margot Robbie
• Kathy Bates

MEJOR ACTRIZ

• Cyntia Erivo
• Scarlett Johansson
• Saorirse Ronan
• Charlize Theron
• Renee Zellweger

MEJOR ACTOR

• Antonio Banderas
• Leonardo DiCaprio
• Adam Driver
• Joaquin Phoenix
• Jonathan Pryce

MEJOR GUION ADAPTADO

• El irlandés
• Jojo Rabbit (ganador)
• Joker
• Mujercitas
• Los dos papas

MEJOR GUION ORIGINAL

• Knives out
• Historia de un matrimonio
• 1917
• Érase una vez…en Hollywood
• Parásitos (ganador)

MEJOR DIRECCIÓN

• Martin Scorsese
• Todd Phillips
• Sam Mendes
• Quentin Tarantino
• Bong Joon Ho (The parasite)

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

• Corpus Christi
• Honeyland
• Los Miserables
• Dolor y Gloria
• Parásitos

MEJOR FOTOGRAFÍA

• El irlandés
• Joker
• The Lighthouse
• 1917(ganador)
• Érase una vez… en Hollywood

MEJOR VESTUARIO

• The Irishman
• Jojo Rabbit
• Joker
• Little Women (mujercitas), ganador
• Once Upon a Time in Hollywood

MEJOR CORTO ANIMADO

• Dcera
• Hair Love (ganador)
• Kitbull
• Memorable
• Sister

BANDA SONORA ORIGINAL

• Joker (ganador)
• Little Women
• Marriage Story
• 1917
• Star Wars: The Rise of Skywalker

MEJOR BANDA SONORA

• Joker (ganador)
• Mujercitas
• Historia de un matrimonio
• 1917
• Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

• Ad Astra
• Joker
• 1917 (ganador)
• Le Mans’66
• Érase una vez… en Hollywood

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

• Cómo entrenar a tu dragón 3
• ¿Dónde está mi cuerpo?
• Klaus
• Toy Story 4 (ganador)
• Mr. Link. El origen perdido

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

• Le Mans’66 (Ford & Ferrari)
• Joker
• 1917
• Érase una vez… en Hollywood
• Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

• Ad Astra
• Joker
• 1917 (ganador)
• Le Mans’66
• Érase una vez… en Hollywood

MEJOR CANCIÓN

• (I’m gonna) love me again (Elton John) – Rocketman
• Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) – Harriet
• Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) – Frozen II
• I’m standing with you (Diane Warren) – Más allá de la esperanza
• I can’t let you throw yourself away (Randy Newman) – Toy Story 4

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

• El irlandés
• Jojo Rabbit
• 1917
• Érase una vez… en Hollywood(ganador)
• Parásitos

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

• Vengadores: Endgame
• El irlandés
• El Rey León
• 1917 (ganador)
• Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR MAQUILLAJE

• El escándalo (bomsheld)
• Joker
• Judy
• 1917
• Maléfica: maestra del mal

MEJOR DOCUMENTAL

• American Factory (ganador)
• The cave
• The edge of democracy
• Para Sama
• Honeyland

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

• Brotherhood
• Nefta Football Club
• The Neighbor’s Window (ganador)
• Saria
• A sister

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

• In the absence
• Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl)
• Life overtakes me
• St.Louis Superman
• Walk run cha-cha

MEJOR MONTAJE

• Le Mans’66 (Ford & Ferrari)
• El irlandés
• Jojo Rabbit
• Joker
• Parásitos

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El 22 de enero último, se emitió el Decreto de Urgencia nº 014-2020 para regular la negociación colectiva en el Sector Público.

En el ámbito de esta norma han sido comprendidos los trabajadores de la administración pública y de las empresas del Estado.

Y aquí salta una primera y grosera inconstitucionalidad. Los trabajadores de las empresas estatales pertenecen al ámbito de la actividad privada: “La actividad empresarial pública y no pública, recibe el mismo tratamiento legal.” (Const., art. 60º); “No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta.” (Const., art. 40º). Estas empresas y sus trabajadores se rigen por la Ley de Relaciones Laborales Colectivas para el sector privado (TUO, D. S. 010-2003-TR). Y es lógico y necesario que así sea, por cuanto la actividad empresarial del Estado produce bienes y servicios para el mercado, habida cuenta del rol promocional que pueda tener.

Nadie es perfecto, y menos aún si uno mismo no quiere serlo. El presidente de la República tendrá que explicarle al Congreso por qué firmó este legicidio, y los funcionarios autores de la metida de pata deberían ser cesados ipso facto.

La negociación colectiva de los trabajadores de la administración pública, fue regulada, en gran parte, por la Ley del Servicio Civil, nº 30057 del 3/7/2013, y el Reglamento de esta, Decreto Supremo 040-2014-PCM. El Tribunal Constitucional, por sentencia del 26/4/2016, declaró inconstitucionales algunos aspectos de ambos cuerpos legales.

Sociedad y Estado

Los trabajadores de la administración pública, denominados genéricamente servidores públicos, tienen por función y actividad la prestación de los servicios públicos a la sociedad.

Por lo tanto, el empleador de los servidores públicos es la sociedad, a la que la Constitución denomina nación y pueblo: “Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación.”, “El poder del Estado emana del pueblo.” (Const., arts. 39º, 45º).

Como persona jurídica, el Estado es el representante legal de la sociedad. No es en sí el empleador de los servidores públicos, como tampoco lo es el gerente de una empresa respecto de los trabajadores de esta.

Naturaleza jurídica de la contratación de los servidores públicos

Los servidores públicos son trabajadores, como todos los que ponen su fuerza de trabajo al servicio de otro por una remuneración. La forma jurídica de esta relación es una modalidad del contrato de trabajo. Tienen derechos sociales laborales y de seguridad social.

Esta relación presenta, sin embargo, caracteres especiales, que la diferencian profundamente de la relación en la actividad privada, en razón de la naturaleza del empleador y de los recursos para pagarles.

Siendo la sociedad la empleadora y la beneficiaria del servicio público, quienes lo prestan están obligados a cumplir sus funciones con eficiencia, diligencia, honestidad y ciñéndose a las reglas pertinentes (Const., art. 45º), y sin incurrir en abuso de autoridad, arbitrariedad, burocratismo y corrupción. Cualquier falta de estas constituye una agresión a la sociedad y a los usuarios titulares de los servicios públicos.

La vigilancia de la conducta funcional de los servidores públicos debe ser, en consecuencia, permanente y, no sólo por los niveles de control de la propia administración pública, que pueden fallar por conveniencias diversas o complicidad, sino también por los usuarios de los servicios públicos, las organizaciones sociales y los medios de comunicación. La protesta de un usuario ante un empleado o funcionario que no lo atiende, sumada a otras semejantes, pueden ser un primer escalón de contención de esas arbitrariedades, como suelen hacerlo los ciudadanos de los países europeos en situaciones similares.

La sociedad cuenta con recursos, por lo general, limitados, cuyo destino es el financiamiento de los servicios públicos, que deben ser progresivamente crecientes en calidad y cantidad, según el aumento de la riqueza nacional, una parte de la cual toma el Estado para ese fin.

Básicamente, los gastos del Estado se dividen en: operativos, que incluyen los pagos a los servidores públicos; de inversión en obras y servicios públicos; y de cancelación de las cuotas de la deuda externa. Una buena gestión estatal establece prioridades racionales, económicas y sociales, y equilibra los gastos con los ingresos, sujetándose al principio esencial de que el presupuesto del Estado no es como la bolsa de Fortunato de la que siempre se sacaba abundantes monedas de oro.

Los montos y niveles de las remuneraciones de los servidores públicos deben cubrir sus necesidades —su canasta familiar— y sus derechos sociales, en concordancia con los recursos aportados por los tributos (nunca por empréstitos).

Aquí se presenta una situación de uso abusivo del poder en beneficio personal, de cuyo control la ciudadanía ha sido apartada: los funcionarios públicos (electivos y nombrados, que no están en el campo de aplicación de aquel decreto) se fijan por sí mismos sus remuneraciones, atribuyéndose sueldos que equivalen hasta más de 50 veces la remuneración mínima. Se entiende entonces por qué tantos políticos codician esos puestos, en los que, además, pueden meter la mano. Un sueldo de 8,000 dólares por mes en los Estados Unidos (un poco más de 26,000 soles) es bastante elevado allí, y en el Perú lo es más aún. Mucha gente muy calificada podría trabajar por menos en esos cargos. Así como las pensiones y los niveles remunerativos de quienes no son de dirección ni de confianza están bloqueados, se debería fijar, igualmente, un nivel máximo de remuneraciones socialmente razonable por ley.

Una mascarada de negociación colectiva

En este esquema ingresa la negociación colectiva de los servidores civiles, excepto para los que cumplen labores de dirección y de confianza (Ley 30057, art. 40º). Para esta gran masa de trabajadores, el reciente Decreto Supremo de Urgencia 014-2020 ha creado ciertas reglas que hacen de este procedimiento una mascarada de negociación. Pruebas al canto:

1º No se define los puntos del pliego de reclamos: condiciones económicas, no económicas y de productividad. ¿Qué se va a negociar entonces?

2º En la negociación el Estado es parte y juez: como parte, nombra la comisión negociadora y negocia (art. 4º); como juez, decide, imponiendo el Informe Económico Financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto a la convención colectiva como el laudo arbitral, de no haber acuerdo de partes, bajo sanción de nulidad (art. 6º, 4). ¿Para qué negociar, entonces, si luego de presentado el pliego este Ministerio decidirá si aumenta o no, cuánto y en qué rubros?

4º El arbitraje sólo será posible para la negociación denominada descentralizada (arts. 7º,2, 4º,3); no para la negociación centralizada (Poder Ejecutivo y sus organismos adscritos, otras entidades y universidades públicas); ni tampoco para la negociación centralizada especial (sectores Salud y Educación). ¿Por qué esta discriminación?

5º Se dispone que los convenios y laudos, para el caso de que hubiera algún resquicio negociable, no tienen carácter acumulativo (art. 5º,4), lo que quiere decir que los aumentos logrados caducarán luego del plazo mínimo de vigencia, que es de 2 años, y se les deberá pedir de nuevo entonces y negociar.

Como se ve, se ha infringido los artículos de la Constitución: 24º (“El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente”); 26º-2 (“Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.”; 28º,2 “El Estado reconoce los derechos de … negociación colectiva. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales.”; “igualdad ante la ley” (Const., art. 2º,2).

El informe económico, que es fundamental, debería estar a cargo de una comisión imparcial constituida, por ejemplo, con representantes concursados de los colegios de economistas y de las facultades de Economía de las universidades públicas y privadas, y ser sólo una fuente de información técnica.

Además, el régimen de arbitraje creado, que comporta una lista de árbitros inscritos entre los cuales las partes deberán escoger los suyos; y éstos al presidente, (art. 7º), es insuficiente e inadecuado. Se debería disponer que los árbitros serán concursados para constituir un cuerpo estable, sorteados para cada arbitraje y remunerados por las partes. Si fueran designados por estas sería imposible la imparcialidad, puesto que cada árbitro favorecería a la parte que lo designara; como sucede en el arbitraje en la actividad privada, regulado por la Ley de Relaciones Laborales Colectivas vigente, elaborada por abogados de empresas y emitida por el gobierno de Fujimori, en julio de 1992.

En resumen, el Decreto de Urgencia 014-2020 debería derogarse; y, si el Poder Ejecutivo no lo hace, debería hacerlo el Congreso de la República que tendrá que revisarlo. Pero ¿lo hará? ¿Los nuevos congresistas honrarán sus promesas?

Y a todo esto, ¿qué dicen sobre este asunto los servidores públicos afectados y sus organizaciones?

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En el ‘Hay Festival de Cartagena de Indias’ (Colombia), el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, aseguró que el mundo necesita «un nuevo contrato social» que busque un equilibrio entre el mercado, el Estado y la sociedad para acabar con la desigualdad y las protestas, bajo la advertencia de que la extrema derecha «no funciona».

En el Hay Festival de Cartagena de Indias, en Colombia, donde ha presentado su libro «Capitalismo Progresista», el estadounidense también advierte de la necesidad de una agenda global, que incluya reformas de los mercados; tumbar los monopolios y restringir la competencia desleal, así como la creación de políticas progresistas de impuestos y gastos.

Stiglitz augura un fracaso en la agenda económica de Donald Trump porque cree que ni el presidente estadounidense ni su equipo «entienden la economía». «Otros cuatro años lo empeorarían aún más», apunta sobre las elecciones de noviembre en las que el mandatario buscará la reelección.

Pregunta: ¿Es optimista con los cambios que pueden traer las multitudinarias protestas ciudadanas?

Respuesta: Soy optimista frente al cambio, es una inundación en países como Chile. Cuando miraba los datos de Chile, el nivel de desigualdad era tan alto que me sorprendía que no hubiese más disturbios civiles. Ahora tenemos los disturbios y va a haber una verdadera revisión de la Constitución.

Hay un comienzo real de reconocimiento de que hay un problema. En Chile buscaron la solución de los «Chicago Boys», y les funcionó. Ahora solo con ese reconocimiento van a comenzar a pensar. ¿Cuáles son los marcos económicos alternativos? Soy optimista. América Latina a veces se desvía de un extremo de los fundamentalistas del mercado al otro extremo y lo que espero es que entendamos que la extrema derecha no funciona, es más fácil dirigir desde un rumbo intermedio.

P: Fallaron el neoliberalismo y el socialismo. Hoy la desigualdad es el motor que impulsa las protestas. ¿Cuál es el modelo que usted propone?

R: Lo que estoy argumentando en mi libro «Capitalismo Progresista» es que necesitamos un nuevo contrato social; un nuevo equilibrio entre el mercado, el Estado y la sociedad civil, y una ecología de instituciones más rica, incluidas organizaciones sin ánimo de lucro, cooperativas.

El problema del neoliberalismo era que argumentaba que el mercado sin restricciones era la solución y decía: no se preocupe por la moral, no se preocupe por la explotación, sólo déjelo en manos del mercado; y eso no funcionó.

P: Insisto, las desigualdades siguen creciendo y el efecto está en las calles ¿Cuál es la clave para cerrar esa brecha?

R: Nunca ha habido una bala de plata para algo que ha estado sucediendo durante 40 años, incluso desde hace mucho más tiempo, y en el caso de América Latina aún más, desde el período colonial.

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Hasta el siglo XX era natural que una generación pudiese disfrutar de largos años de estabilidad entre época de cambios. En el nuevo siglo la estabilidad raramente se extiende más allá de algunos meses. Hasta el siglo XX la estabilidad se amoblaba acumulando cosas que duraban mucho tiempo: libros, discos, cámaras fotográficas, hermosas máquinas de escribir. Hoy ese acopio produce frustración porque el material coleccionado solo puede ser consumido parcialmente antes de ser reemplazado. Los de las generaciones anteriores provenimos de la escasez endémica. Hoy vivimos en una época donde el tránsito es el estado natural y la estabilidad es la excepción: eso exige una actitud mental extremadamente flexible y una vocación por el vértigo.

Las sorprendentemente agresivas campañas por la revaloración de las tradiciones que aderezan estos tiempos no son otra cosa que la nostalgia por la perdida estabilidad. A pesar de que a primera vista las ensoñaciones medievales que combaten todo lo novedoso resultan paradójicas en este siglo tan superado, una mirada más atenta hace visible su dramática coherencia. La desesperación por la vuelta al pasado es un impulso primario y hasta estúpido, pero encuentra una explicación ante la ya patológica dificultad para encontrar algo de estabilidad. Porque la adictiva excitación por la novedad no elimina la angustia por un tiempo presente demasiado fugaz, por una perpetua inminencia del futuro.

Tenemos que reconocerlo: más allá de nuestra juvenil voracidad, en lo más hondo, lo que ansiamos es un momento de silencio. Un largo momento en el que todo esté tan equilibrado que no se mueva. Un instante que parezca el definitivo. La tan antigua y mítica añoranza por el cero absoluto.

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«Esta perpetua inminencia del futuro» fue publicado también en la edición N° 71 de El Búho, la Revista

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Hace una semana, durante una misa por la Virgen de la Candelaria en Puno, el obispo de dicha diócesis, monseñor Carrión Pavlich, levantó gran polvareda. El prelado advirtió que «solicitaría a la UNESCO que retire el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la festividad Virgen de la Candelaria, ya que los danzarines de trajes autóctonos no dejaron de danzar en el momento en que se realizaba la misa».[1] 

El prelado hizo la advertencia porque mientras la imagen de la Virgen era trasladada hacia la Catedral de Puno, los bailarines de danzas vernáculas continuaron danzando, ignorando la presencia de la Virgen. Según el religioso, no se puede adorar bailando. En síntesis, expresó de modo enérgico su malestar por lo que considera una progresiva pérdida de devoción hacia la Virgen. Luego, justificó su reacción insistiendo que estaba preocupado por los cambios recientes en la celebración. Una vez más, el obispo de Puno ha protestado por la creciente espectacularización de la festividad en detrimento de la devoción católica.

Se puede detectar al menos dos aspectos en la incomodidad del obispo. Por un lado, una confrontación desde hace casi una década con la asociación que representa a los danzantes, llamada Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), por la manera en que se han venido comportando las comparsas que celebran la festividad. Así, en el 2014 el obispo hizo pública una discrepancia con la FRFCP por el cambio de recorrido de las comparsas, en tanto aquél ya no coincidiría con la procesión de la Virgen,[2] y los artistas no podrían presentarle su saludo.

Por otro lado, y en un nivel más profundo, persiste un desacuerdo entre el obispado y los demás participantes sobre el simbolismo de la festividad que es la esencia y valor principal para determinar el reconocimiento de la Unesco; para el obispo, es la virtud de la Candelaria para reunir a decenas de miles de devotos católicos. En cambio, para otros participantes principales de la festividad, el reconocimiento se basa en el sincretismo del cristianismo con las creencias populares ancestrales sobre la Pachamama, y que la Virgen de la Candelaria es una continuidad del culto andino a la tierra.

Esta discrepancia se expresó de modo tajante durante el propio proceso de elaboración del expediente de la Unesco, modelado por el Ministerio de Cultura. Al respecto, el obispo deslindó explícita y categóricamente el significado de la devoción a la Virgen en una carta a la Dirección Regional del sector:

“Es deber señalar que la Iglesia jamás identificó el culto a la Virgen con la Mamapacha o Pachamama. Esta identificación es popular y, actualmente, promovida por muchos indigenistas. […] Lo mismo sucede con las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. Estas no pueden equipararse a expresiones folklóricas o de costumbre [ancestral]. Pues tienen su razón en convicciones de permanencia en la fe.[3] (Énfasis agregado).

Incluso en el propio proceso de redacción del formulario de Unesco, el obispo insistió en que no participaría en su elaboración si no se reconocía la primacía del elemento católico en la festividad.[4] Finalmente, el obispo logró que el expediente nombre en primer lugar la devoción religiosa como uno de los significados de la Fiesta de la Candelaria, pero no pudo evitar que también en dicho documento se mencione la confluencia en este símbolo de interpretaciones populares de origen andino ancestral.[5]

Las declaraciones públicas hechas estos días por los participantes principales de la festividad han mostrado que persiste entre ellos una abierta discrepancia sobre el verdadero significado de la festividad. Por tanto, no se cumple una condición fundamental de la Unesco: el consenso de los participantes sobre el sentido de la fiesta. Así, la declaratoria partió de percepciones culturales muy dispares. Pero fue la Unesco, a través de los funcionarios del Ministerio de Cultura, la que finalmente impuso un instrumento de consentimiento a través de una dinámica de gobernanza internacional, y el sector Cultura construyó la forma final del expediente según los requisitos de la Unesco, forzando una unidad artificial de sentidos y subjetividades disímiles:

Estos múltiples significados entran en conflicto al momento de verse situados en un proceso de patrimonialización, puesto que la manera por la cual la práctica se presenta en el expediente constituye un discurso oficial sobre la Festividad de la Virgen de la Candelaria, legitimado por un Estado y por sus portadores. […] La conformación del Comité de Nominación se dio a partir de esa tensión que existía entre las interpretaciones plasmadas por los funcionarios del Ministerio de Cultura y las que mantienen los portadores sobre su propia festividad. Por ello, se asumió la tarea de elaborar un discurso oficial de la práctica a partir de las distintas miradas que habían sido convocadas a participar.[6]

En conclusión, siguiendo dentro de la lógica de la gobernanza internacional de la Unesco sobre declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el Ministerio de Cultura debe hacer un trabajo más profundo con los principales participantes en la Festividad de la Virgen de la Candelaria, para conciliar las distintas visiones sobre su significado y lograr que todos los actores involucrados compartan el discurso oficial sobre los alcances de la declaratoria. En cambio, si los actores deciden rebelarse de manera radical contra este discurso oficial (y más ampliamente, contra las dinámicas de gobernanza cultural de la Unesco), se debería excluir de la declaratoria la visión de la Diócesis de Puno.

Por : José A. Lloréns (Publicado en Noticias Ser)

***

[1] Recuperado el 02/02/2020 de <https://diariocorreo.pe/edicion/puno/obispo-amenazo-con-pedir-unesco-que-retire-titulo-la-candelaria-en-puno-931428/?fbclid=IwAR0VwUHdN2-IsbPfyS7WwSZtEeCKj6HF9s_n0TrjRScDglENyX3QlFIrCEI>

[2] Véase al respecto: «La polémica por el recorrido de la Parada y Veneración de la Candelaria en Puno», artículo de opinión de Noticias SER. 16 de enero, 2014, en: http://www.noticiasser.pe/opinion/la-polemica-por-el-recorrido-de-la-parada-y-veneracion-de-la-candelaria-en-puno. Recuperado el 06 de febrero, 2020.

[3] Tomado de Arenas, L. Disputas, consensos y usos del «patrimonio». Tesis de Licenciatura en Antropología, PUCP 2016:127.

[4] Actas oficiales de las reuniones de proceso de confección del expediente para la Unesco. <https://ich.unesco.org/doc/src/20386.pdf>, recuperado el 06 de febrero, 2020.

[5] Véase «Nomination File Nº 00956» (noviembre 2014). Recuperado el 07 de febrero, 2020, de <https://ich.unesco.org/es/RL/la-fiesta-de-la-virgen-de-la-candelaria-en-puno-00956>

[6] Arenas, obra citada:123, 124.

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La suspensión del proyecto Tía María, acertada o no, deja a la región Arequipa sin una inversión de 1 400 millones de dólares. El retraso del proyecto, al menos hasta el próximo gobierno, encendió las alarmas en la Cámara de Comercio de Arequipa y el sector empresarial, defensores a ultranza de la mina.

Fuera de Tía María, Arequipa no tiene más mega proyectos de inversión en el partidor. Zafranal, otra propuesta minera, no encuentra aceptación en Castilla y Caylloma, su zona de impacto. En las últimas semanas trascendió que sus promotores buscarían traspasar el proyecto. De ser así, se complicaría la inyección de unos 1 200 millones de dólares para la región.

Presidente Vizcarra: en marzo culminan estudios para represa Yanapujio

Otras inversiones privadas, la pública tampoco avanza, flaquean igualmente. El Gasoducto Sur Peruano, la promesa de impulso al desarrollo productivo de la región, se frustró debido al mal hacer de la brasileña Odebrecht, encargada del proyecto. El Estado Peruano consideró su contrato como caduco, luego que la firma incumpliera con el cierre financiero.

Con el gasoducto en punto muerto, Arequipa se quedó sin acceso al suministro de gas. Sin embargo, lejos de que el Estado ofrezca alguna alternativa, impulsó un proyecto distinto que excluye a la región. Así consta en el portal ProInversión. En esta plataforma tampoco figura el Puerto de Corio, para un desembarcadero gigantesco en la costa de la región.

Majes Siguas II, clavo caliente para la inversión en Arequipa

El gobierno de Martín Vizcarra se aferra a la irrigación de Majes Siguas II como la esperanza para reactivar la economía arequipeña. El proyecto se viene retrasando por varios años, con las “excusas técnicas” de la concesionaria Cobra y la indulgencia del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Empero, para este año se espera destrabarlo, incluso contra viento y marea. El GRA ya expresó su intención de respaldar la Adenda 13 y el presidente Vizcarra le está dando prioridad. Sin embargo, ha recibido críticas de parte de especialistas y hasta la mismísima Cámara de Comercio, que ve innecesario el cambio tecnológico.

Respecto a la falta de proyectos para la región, el mandatario negó que Arequipa se vaya a quedar sin gas. Sostuvo que él sinceramiento de la cartera de ProInversión se hizo en función de plazos y nivel de avance. “El gasoducto sur peruano es una prioridad de gobierno. Vamos a continuar con su alcance inicial, es decir, que partiendo de Cusco sirva a Arequipa, Moquegua y Tacna”, concluyó Vizcarra.

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La empresa que institucionalizó la corrupción al más alto nivel en el país sobornando a alcaldes, gobernadores y presidentes a perpetuado su última jugada. Odebrecht ha denunciado al estado peruano ante al CIADI (una entidad internacional que funciona como árbitro) por 1,200 millones de dólares; como indemnización por la cancelación de la adjudicación que tenía para ejecutar el gasoducto sur peruano.

En esa obra, estaba asociada con Graña y Montero y Enagas. Los trabajos tenían un avance de 30% pero no había logrado el cierre financiero,
esto es, el capital que le había falta, pues las denuncias de corrupción explotaron por todo Latinoamérica y ningún financista se animó.

Sin embargo, el costo del proyecto se había elevado en 4 años, de 1,330 millones, a más de 7,300 millones de dólares, probablemente por los costos de la corrupción.

Tras la resolución unilateral del contrato, el Consorcio exigía una compensación por las inversiones realizadas, pero el gobierno de PPK pidió a Odebrecht dejar el país, por lo junto a Enagas se fueron al CIADI.

Efectos de la demanda

La demanda ha causado preocupación y un terremoto entre los sectores políticos opuestos al acuerdo de colaboración eficaz que suscribió el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato con Odebrecht.

Aprovechando esta delicada situación, todos los opositores al acuerdo, han salido a señalar su supuesta ineptitud, inexperiencia o corrupción.
Entre ellos, los dos fiscales supremos cuestionados por su vinculación a los Cuellos Blancos, Pedro Chávarry y Tomás Gálvez.

Casualmente, el magistrado del Tribunal Constitucional, opuesto al encarcelamiento de Keiko Fujimori, José Luis Sardón, también ha denunciado a Vela y José Domingo Pérez por un supuesto incumplimiento de sus deberes.

Ante ello el fiscal Rafael Vela señaló que este evento no pone en riesgo la colaboración eficaz ni los procesos que ellos están investigando. Los otros fiscales de su equipo han aclarado que nada de lo avanzado está en riesgo y que la demanda tiene muy pocas probabilidades de prosperar por la gran cantidad de pruebas de corrupción que existen sobre la obra del gasoducto. Y ese argumento puede ser usado por el Estado peruano.

Más allá de lo que ocurra con la demanda ante el CIADI. Se nota que hay una ofensiva contra los fiscales y las investigaciones que han tenido grandes avances en los casos de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Nadine Heredia, Luis Castañeda, Susana Villarán y otros políticos que quisieran que el acuerdo con Odebrecht se caiga y los fiscales sean destituidos.

Odebrecht se pronuncia

Ante la situacion perpetuada en el país, Odbrehct lazó unpronucniamiento oficial. Alegando que quieren llegar a un buen acuerdo con el pais antes de continuar con la demanda ante la insitucion internacional:

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Entrevista a Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo sobre el Decreto de Urgencia Nº 014-2020. El dispositivo, en la práctica, elimina la precaria negociación colectiva de los trabajadores que laboran en el sector público.

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En el Centro Histórico de Arequipa existen 230 letreros de publicidad exterior con faltas ortográficas. Esto, según la evaluación realizada por el comité evaluador de la Campaña Arequipa Educa y Corrige.

   

Nilo Cruz Cuentas, subgerente de la oficina de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa, indicó que las empresas e instituciones cuyos letreros fueron observados serán notificadas. Ellos tienen el plazo de 30 días para corregir los errores.

El comité evaluador estuvo conformado por el representante de la Universidad Continental, Dennis Arias. Además, de la Universidad Nacional de San Agustín, Roger Ichua, Universidad San Martín de Porres, Lorena Nova y del Instituto Thomas Jefferson, Pamela Cáceres.

Se revisaron 1033 letreros de publicidad exterior: 230 de ellos fueron observados. Entre los principales errores se encontró que el 36% corresponde al uso excesivo de mayúsculas, 34% omiten tildes.

También 18% con problemas de grafías, confusión entre letras como z, s, c, 8% con problemas de extranjerismos: mezclan las palabras en castellano con otros idiomas.  

Entre las instituciones y empresas observadas por la mala ortografía se encuentran bancos, pequeños negocios. Además de instituciones de educación e incluso la misma Municipalidad Provincial, que ya inició las correcciones sugeridas.

https://elbuho.pe/2019/07/lanzan-campana-para-corregir-errores-ortograficos-de-letreros-y-anuncios/

Campaña ortográfica en Arequipa

Durante la primera etapa de esta campaña, 80 estudiantes de diferentes universidades participaron como voluntarios. Ellos recogieron información y tomaron registro fotográfico de los letreros con errores ortográficos. 

Tras la evaluación, Nilo Cruz anunció que se planteará que sea un requisito en la obtención de licencias de funcionamiento la correcta escritura del letrero. 

La campaña Arequipa Educa y Corrige inició a mediados del 2019. En su segunda etapa, que inició este año, se propone que Arequipa sea una ciudad con escritura correcta. Además, porque será sede del  Congreso de la Lengua Española en el 2022.

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Alumnos de Universidad Alas Peruanas y sindicatos de la FDTA protestaron cerca al Teatro Municipal, esperando la llegada del presidente Martín Vizcarra.

Colectivos con distintos reclamos aguardaron en vano al mandatario, quien participaría en el Congreso Macro Región Sur de Seguridad Ciudadana.

Los primeros en llegar fueron los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas. Los jóvenes piden atención a los problemas suscitados tras el cese de la casa de estudios, dispuesto por Sunedu.

Entre sus pedidos está que el mandatario garantice su acceso a la educación superior. Dicen que son discriminados, a diferencia de universidades públicas que reciben mayores facilidades para su licenciamiento.

Los jóvenes quieren reunirse con Vizcarra para alcanzarle sus reclamos. Lamentaron que efectivos de la policía los maltrataran al intentar ingresar al Teatro Municipal, donde se presentaría el jefe de Estado.

Presidente Vizcarra: en marzo culminan estudios para represa Yanapujio

Los otros manifestantes eran gremios asociados a la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa. Con pancartas y banderolas denunciaron incumplimiento de las promesas del presidente, como no ir al Valle de Tambo y dictar decretos de urgencia negativos para los derechos laborales.

A ellos también se les impidió llegar al recinto que recibirá a Vizcarra. La participación del mandatario en el foro estaba confirmada. Sin embargo eso nunca ocurrió. Trascendió que sí acudió al sector de Yanapujio, donde además se construirá una represa para abastecer al Valle de Tambo.

Finalmente, continuaron el evento sin la presencia de Martín Vizcarra.

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El ministro del Interior, Carlos Morán, llegó a Arequipa con el fin de participar del Primer Congreso Macro Regional de Seguridad Ciudadana. Durante este evento, realizado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, Morán explicó su trabajo contra la delincuencia que promueven extranjeros.

«Van a seguir las expulsiones y esto se hará a nivel nacional. (A los delincuentes extranjeros) se los captura y luego se los procesa»

https://www.facebook.com/ElBuho.pe/videos/203339550852535/

Igualmente, aclaró que esta brigada especial dedicada específicamente a los actos delictivos realizados por extranjeros, no tiene un matiz xenófobo. El ministro explicó que esta brigada buscará detectar a los malos elementos, y no se realizarán detenciones arbitrarias solo por ser foráneos.

«Son investigaciones focalizadas para estos delincuentes porque generan una mala imagen. El plan Migración Segura permite identificar y expulsar a los malos elementos»

Además, recalcó que el trabajo de esta brigada es de inteligencia, ubicando a delincuentes de otros países. Explicó que estos trabajos no son improvisados, ni se realizarán bajo la modalidad de redadas.

Presidente Vizcarra: en marzo culminan estudios para represa Yanapujio

El ministro del Interior llegó a Arequipa junto al presidente Martín Vizcarra. El mandatario no llegó a la anunciada inauguración del evento de seguridad ciudadana. En cambio, viajó a Moquegua para evaluar el lugar donde se construirá la represa Yanapujio.

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Pese a la seguridad que se implementó en el evento, y la presencia de las autoridades de Arequipa, el presidente Martín Vizcarra no llegó al Teatro Municipal, al conversatorio sobre Seguridad Ciudadana que organizó la Municipalidad Provincial.

Así, la primera jornada del evento fue clausurada sin que se hiciera presente el mandatario. Quien sí se hizo presente fue el Ministro del Interior, Carlos Morán. Aquí sus declaraciones.

https://www.facebook.com/ElBuho.pe/videos/203339550852535/?epa=SEARCH_BOX

Posteriormente, a través de la cuenta de la Presidencia, se informó de la presencia de Vizcarra en Moquegua, en el sector de Yanapujio. Allí se planea una represa para abastecer al valle de Tambo, en Islay, así como otros sectores de Moquegua.

Entre tanto, el evento finalizó en el Teatro Municipal. Aquí las exposiciones de la primera jornada del conversatorio que culminará este sábado.

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Represa de Yanapujio para Arequipa

El mandatario Martín Vizcarra visitó el distrito de Ichuña, en Moquegua, donde se construirá la represa de Yanapujio. El mandatario explicó que viajaron a la cuenca del río Tambo.

“Hemos constatado con el propio ministro de Agricultura, la ubicación exacta del lugar. El próximo mes de marzo se termina el perfil a nivel de estudio. Inmediatamente procedemos a sacar la licitación para el concurso, para que termine la ingeniería de detalle y la construcción de este embalse”

Mandatario Martín Vizcarra

El mandatario explicó que por la ubicación donde se construirá la represa de Yanapujio es una de las complicaciones por lo que se retrasó el proyecto. Existe una demora de 3 meses, ya que se tenía como fecha para concluir el estudio, en diciembre del año pasado.

“Parte del estudio indicaba perforaciones diamantinas en el eje de la presa, para ver qué calidad de suelo tenemos en las profundidades donde se va a apoyar el cuerpo de presa. Pero no había forma de llevar la máquina perforadora, porque la única forma de llegar es a pie”

Mandatario Martín Vizcarra

Esta represa es la alternativa para los agricultores del Valle de Tambo, luego que se detuviera la represa de Paltuture por inconvenientes limítrofes, que se judicializaron.

Esta alternativa ya se estuvo estudiando a fines del 2018, es por ello que el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) realizó juntó a técnicos del Ministerio de Agricultura visitas a Moquegua. Es aquí donde se ubicó la zona idónea donde se podría levantar el dique.

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Conversamos con José Luis Ancalle, virtual congresista electo por el Frente Amplio en Arequipa. Con él hablaremos sobre el la izquierda y su papel en el nuevo Congreso, así como de la bancada arequipeña.

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