Comenzar estas líneas, expresando las más sentidas condolencias a las familias de todos nuestros compatriotas que perdieron la vida durante las protestas, decenas de manifestantes, y un policía.
Caída de Castillo
El gobierno de Pedro Castillo terminó por mano propia con el intento de golpe de estado. Fue el detonante de una crisis gestada por la incapacidad manifiesta, cuoteo, rotación de ministros no calificados, componendas y pactos para no ser vacado, y manifestaciones varias de malos manejos o corrupción. Si bien algunos partidos buscaron desconocer las elecciones primero, y vacarlo como fuere desde el Congreso después, la responsabilidad principal fue del Ejecutivo.
En vez de poner un(a) Premier con peso propio y gabinete de unidad nacional, se optó por cerrarse en el núcleo familiar y amical chotano primero (capturados o colaboradores eficaces algunos), y después en algunos políticos, ministros de confianza, con una huida hacia adelante. Ataques al Congreso, la narrativa en calles y plazas de que no querían dejar gobernar a un campesino de la sierra, por cuestiones de raza o condición. Culpabilizar a los ricos, los que siempre tuvieron el poder, de no dejarlo gobernar. Esa campaña tuvo su correlato en el exterior, denunciando una intentona golpista desde el congreso aliado a los poderes económicos.
En realidad, no se hicieron cambios, ni siquiera se aplicó el programa socialdemócrata con el que se ganó la segunda vuelta, que incluía una tímida reforma tributaria. Menos, las propuestas maximalistas ofrecidas en la primera vuelta. Discursos inflamados para la tribuna, sin correlato real de acción transformadora para el pueblo que lo eligió. En realidad, un desgobierno, por la cantidad de gabinetes y ministros rotados, donde la prioridad era durar, evitar la vacancia por incapacidad moral
Por su parte, la mayoría congresal hizo varios cambios constitucionales, continuó con los ataques verbales, pero no censuró gabinetes, solo algunos ministros. Y, coincidieron en varios temas como el cuestionamiento de la denominada ideología de género, la contrarreforma universitaria, el ataque a los “caviares”, entre otros. Se acompañó su actuar en el hemiciclo con varias movilizaciones de colectivos religiosos, conservadores y exmilitares que pedían la vacancia de Castillo por varios motivos, entre ellos la corrupción. No llegaron a ser masivos, ni consiguieron convencer a la opinión pública para movilizarse en consecuencia.
El golpe de Castillo, no fue secundado por los otros poderes del estado, ni, fundamentalmente, por las fuerzas armadas. La vacancia en el Congreso, llevó a la sucesión constitucional por la vicepresidenta. (hubo debate sobre los procesos legales, pero la Corte Suprema lo justificó). La sostenibilidad del desgobierno no era la precisamente la tendencia, solo se acortaron plazos de un desenlace previsible.
Errores en la sucesión constitucional
Se abría una oportunidad para el nuevo gobierno que sustituía a Castillo, con el apoyo inicial a la transición. Pero, se cometieron varios errores y se desperdició el momentum. Primero con el juramento hasta el 2026, luego con el nombramiento del premier. Pudo elegir un premier con peso propio, que dirigiera el gobierno de transición en un mandato recortado (como reconoció tratando de enmendar el error inicial). Pero, se equivocó, y la respuesta a protestas de las regiones dejaron el primer saldo trágico en vidas humanas.
En vez de asumir el costo político los ministros de los sectores involucrados, y recomponer el gabinete pidiendo perdón a la población, se promovió al premierato a uno de ellos, lo que fue tomado como una provocación. Lamentablemente, se continuó reprimiendo violentamente las crecientes protestas que se generalizaban en el territorio, con el doloroso saldo de decenas de compatriotas víctimas con disparos de bala, que enlutaron al sur y a todo el país.
La presidenta otra vez pudo cambiar premier, gabinete, pedir sinceramente perdón al pueblo e intentar conformar un gabinete de unidad nacional para la transición. Pero, se ha reemplazado a algunos ministros que renunciaron, con otros que mantienen una línea dura, con una narrativa de enfrentamiento a grupos violentistas, remanentes terroristas, mineros ilegales, narcotraficantes y contrabandistas que estarían financiando las protestas y manipulando a la población.
La muerte de decenas de compatriotas, enardeció la protesta y quizás se convirtió en el principal movilizador de la misma, junto al ninguneo, terruqueo, y acusaciones de ser personas sin criterio que seguían a unos pocos violentistas. Humillación, maltratos y ofensas, que se suman a seculares problemas estructurales de desigual distribución, exclusión y pobreza de nuestra regiones(sobre todo en el sur).
La consigna principal no era solo adelanto de elecciones, sino ahora, la renuncia de la presidenta, aparte de la convocatoria a una consulta sobre si se debía convocar una asamblea constituyente. El problema no es la legalidad del régimen (también cuestionada por un sector de los movilizados), sino la legitimidad que se ha perdido.
La escala de las protestas y la represión aumentaron, en una polarización en ascenso que tiene convulsionado el país, paralizada la economía en varias regiones. La represión violenta, también ha sido respondida con violencia con quemas de comisarías, saqueos, intentos de tomas de aeropuertos. Toda acción violenta debe ser condenada, contribuye a escalar el conflicto.
El Congreso hizo una primera votación de adelanto de elecciones, pero para abril del 2024, y un cambio de gobierno en julio del mismo año. La situación tan delicada del país, hace que dichas fechas sean muy lejanas, aun cuando se consiga la segunda votación en el Parlamento (se denuncian movidas para no concretarla).
Opciones
La polarización hace que se diluyan las posiciones intermedias. Hay dos narrativas extremas, ahora o estás por la defensa de la democracia y restablecer el orden enfrentando a los grupos violentistas que quieren desestabilizar el país, o por respaldar la demanda popular que exige la salida de un gobierno represor y masacrador del pueblo, que ha instaurado un gobierno autoritario o una dictadura cívico-militar.
Mas allá de la legalidad del gobierno, su legitimidad está dañada, irremediablemente. Aunque hubiera interlocutores en la protesta, no hay puntos de encuentro para el dialogo. Se cuestiona que no haya demandas gremiales o sociales en las mismas, y se acusa que son demandas políticas. Claro que son demandas políticas, igualmente legítimas de ciudadanos principalmente de las regiones. No son ciudadanos de segunda categoría, con derechos mutilados. No es con promesas de mayor gasto público o inversiones en las regiones (que se necesitan), que se calmará a la población.
El país no está “controlado” ni mucho menos, protestas, bloqueos de rutas continúan en todo el territorio. Las” victorias” conseguidas son pírricas. Acciones como el ingreso de la policía en la universidad San Marcos, o disparos con armas de fuego a los manifestantes en las regiones, solo agudizarán la crisis, y el número de víctimas mortales.
El gobierno parece haber optado por “restablecer el orden” a cualquier costo, aunque lo que se consiga con esa opción será la paz de los cementerios. Habría una reacción crecientemente violenta. Aún en ese caso, no será sostenible. No solo por el conflicto interno, sino por presión internacional. Ya hay gobiernos que no reconocen al régimen, organismos de derechos humanos que supervisan y visitan al país, llamados crecientes para evitar la represión violenta generalizada y exigiendo el respeto a los derechos humanos de la población. Se está agudizando también la vulnerabilidad externa del Perú. No es sostenible, solo se prolongaría la agonía, con un costo social y humano inaceptables.
La otra opción es una salida de la presidenta, cambio de la mesa directiva del congreso y un adelanto inmediato de elecciones. Como todo, tiene riesgos y limitaciones, pero parece preferible a la primera alternativa. Esta, nos puede conducir a una guerra civil.
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