Desde que empezaron las protestas en todo el país, el pasado diciembre, la Policía Nacional del Perú y el Ejército han usado de forma ilegítima armas letales, en diferentes medidas, para reprimir de forma indiscriminada a la población. En especial a las poblaciones indígenas y campesinas que han salido a protestar.
Así lo establece Amnistía Internacional, organización que presentó en un informe con los hallazgos de su investigación. La institución recibió información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima, donde realizaron las indagaciones. Además, documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego. También pudieron registrar falencias en las investigaciones judiciales acerca de estas violaciones de derechos humanos.
“Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía muerto, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos,”
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las primeras manifestaciones de malestar social surgieron en las regiones más marginadas del Perú. Apurímac, Ayacucho y Puno fue donde las protestas empezaron, para luego expandirse a otras regiones y a Lima. Sin embargo, las regiones con población mayoritariamente indígena, históricamente discriminadas y objeto de desigualdad en acceso a la participación política, fueron las primeras en ser brutalmente reprimidas. Estas regiones son las que permanentemente están en la lucha por acceso a sus derechos básicos de salud, vivienda y educación.
Violencia sesgada hacia pueblos indígenas
Amnistía Internacional realizó un análisis que toma como parámetros la concentración de protestas y el número de muertes por represión en base a los datos de la Defensoría del Pueblo. Pudieron registrar que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión este concentrado de forma desproporcional en regiones con pueblos indígenas.
A pesar de que se registró violencia estatal durante las manifestaciones en todo el país, incluso en la capital, en los departamentos con población indígena que representan 13% de toda la población del país, se concentran el 80% de las muertes registradas. Por eso, apuntan a que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas.
En Juliaca, donde hay alto porcentaje de población indígena, 17 personas fueron asesinadas el 9 de enero por represión policial. La Fiscalía declaró que las muertes fueron causadas por proyectil de arma de fuego. El Gobierno se vio en la necesidad de decretar Estado de Emergencia en siete regiones, quedando Puno bajo el control militar.
Amnistía Internacional entrevistó a múltiples personas funcionarias del Estado, del pueblo, periodistas, fiscales, la Defensoría del Pueblo, comerciantes. También a abogados, familiares y testigos presenciales. El Laboratorio de Evidencia de la organización logró verificar 36 piezas de material foto y videográfico, de las cuales al menos 11 apuntarían al uso excesivo o indiscriminado de la fuerza letal y potencialmente letal por parte de la autoridad.
“No es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz,”
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Uso de armas de fuego prohibido según normas internacionales
Las normas internacionales de derechos humanos prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para el control de protestas. Sin embargo, la Policía y el Ejército recurrieron a ésta como método para dispersar las manifestaciones, aun con riesgo aparente para la vida de otras personas. Las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, pero incluyeron ciertos elementos de violencia focalizada por parte de algunos manifestantes, como el lanzamiento de piedras con hondas artesanales y cohetes.
La evidencia que recolectó la institución indica que la Policía y el Ejército dispararon balas de forma indiscriminada. Incluso en algunas ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios a heridos. De los 12 casos emblemáticos de personas fallecidas que Amnistía Internacional ha documentado al momento, todas recibieron disparos en el pecho, el torso o la cabeza, lo que podría ser indicativo, en algunos casos, de un uso intencional de la fuerza letal.
Víctimas que no ejercían violencia
Jhonathan Erik Enciso Arias, estudiante de 18 años, jugador de voleibol e hijo de madre y padre quechuahablantes, murió el 12 de diciembre. La causa fue un disparo de munición letal que lo alcanzó mientras él y sus amigos se encontraban en el cerro local de Huayhuaca, en Andahuaylas. Videos y testimonios de testigos apuntan a que ese día varios policías dispararon balas desde la azotea de un edificio frente al cerro. Funcionarios del Estado confirmaron a Amnistía Internacional la presencia de la policía en esa terraza. La organización verificó en imágenes de video que demuestran que John Erik no estaba ejerciendo violencia contra la policía en el momento de su muerte. Otro joven, Wilfredo Lizarme, de 18 años, falleció en similares circunstancias. Estos casos podrían constituir la comisión de ejecuciones extrajudiciales.
Leonardo Hancco Chacca, operador de maquinaria pesada de 32 años, murió después de que militares apuntaran y dispararan en contra de manifestantes en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho el 15 de diciembre. Testigos indicaron que las fuerzas armadas utilizaron balas de forma continuada durante al menos siete horas en el aeropuerto y sus alrededores, en ocasiones persiguiendo a manifestantes o disparando en dirección de quienes auxiliaban a los heridos. En total, nueve hombres jóvenes fallecieron por la presunta actuación militar de ese día.
Tipo de lesiones y armas utilizadas contra las protestas
Desde el inicio de la crisis se han registrado más de 1200 personas heridas y 580 policías lesionados según el Ministerio de Salud. No solo con impactos de bala, también hay numerosas lesiones por impacto de perdigones. Esta munición imprecisa, que suelta varios proyectiles por cada disparo, no es apta para el control de manifestaciones.
La bala perforó el brazo de un joven mientras prestaba primeros auxilios de 15 de diciembre en Ayacucho. El señaló que los soldados apuntaron directamente contra él y otros manifestantes. Más de 60 personas resultaron heridas en Ayacucho.
Situación en la capital
En Lima, la evidencia recolectada indica el fuerte uso de material potencialmente letal como perdigones, así como de gas lacrimógeno. Este también puede causar la muerte cuando su uso es indebido o cuando se dispara con un lanzador directamente al cuerpo. Así fue como causaron la muerte de una persona, tras recibir el impacto de una lata de gas en la cabeza y decenas de heridos.
En Juliaca, al fotoperiodista Aldair Mejía le impactaron perdigones en la pierna derecha, provocando una lesión grave mientras reportaba las manifestaciones y la violenta represión emprendida por la Policía Nacional el 7 de enero. Él publicó las fotos donde se ve que la policía apunta directamente hacia él.
Fallas en las investigaciones de fallecidos y heridos en protestas
Amnistía Internacional juntó información oficial y de víctimas sobre el hecho que Fiscalía había realizado algunas actuaciones importantes. Pero a casi dos meses de los hechos, todavía no se habían desarrollado diligencias claves para las investigaciones, como la realización de ciertos peritajes o la recolección de testimonios. En algunos casos, no se habría preservado la cadena de custodia de cierta evidencia. Esto genera la posibilidad de que las investigaciones no resulten auténticamente imparciales y exhaustivas.
También se identificó casos donde las diligencias iniciales de investigación no reflejarían fielmente los hechos
“La Fiscalía de la Nación debe disponer urgentemente de recursos y tiempo para la investigación de las violaciones graves de derechos humanos y posibles crímenes de derecho internacional. Demorar y descuidar esta labor crítica, contribuye a crear un clima de impunidad que sólo fomenta tales actos”
Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
Estigmatización por parte de las autoridades
Además, las autoridades, desde el más alto nivel, han mantenido un discurso de estigmatización contra quienes se manifiestan. Han afirmado sin pruebas que existen vínculos con el “terrorismo” y con grupos criminales. Esto, con la intención de deslegitimar sus demandas y justificar las violaciones de sus derechos humanos.
Adicionalmente, la organización advierte que las autoridades han atacado de manera continua a la prensa independiente e internacional. Amnistía Internacional documentó varios casos de afectaciones graves a la integridad de periodistas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
“Cuando el discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde. Así se justifican tácticas militares y policiales arbitrarias en contra de la población civil, se coarta la libertad de expresión y se revictimiza a quienes lloran la pérdida de un ser querido”
Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
Detención en San Marcos
El 21 de enero, la policía detuvo arbitrariamente a decenas de personas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En operativo duró varias horas y participaron más de 500 policías. Fueron agredidas y se retuvo a un total de 192 personas, incluyendo estudiantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas pertenecientes a delegaciones de otras regiones del país que habían llegado a Lima para participar en las manifestaciones.
Una persona detenida durante el operativo contó a Amnistía Internacional que funcionarios de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP amenazaron a quienes estaban bajo su custodia. Les dijeron “si [seguían] protestando [iban] a estar sus fotos en este mural de terroristas”, refiriéndose al lugar donde se identifican a las personas sindicadas por este delito. También Amnistía Internacional recibió reportes de la “siembra” de evidencias supuestamente incriminatorias y al menos una detención que más tarde no habría figurado en actas oficiales del operativo.
“La grave crisis de derechos humanos que enfrenta Perú ha sido alimentada por la estigmatización, la criminalización y el racismo en contra de comunidades de pueblos Indígenas y campesinas que hoy se toman las calles ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica, y como respuesta han sido violentamente castigadas. Los ataques generalizados contra la población tienen consecuencias de responsabilidad penal individual de las autoridades, incluidas aquellas al más alto nivel, por su acción y omisión en poner fin a la represión”
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
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