En una sesión muy accidentada, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó con 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención el informe final que propone que el presidente Pedro Castillo sea acusado constitucionalmente por el presunto delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en varios casos.
La sustentación la hizo el congresista fujimorista, Héctor Ventura Angel, presidente del grupo de trabajo, precisando que los delitos están relacionados a los casos Sarratea y Puente Tarata III. En todo momento, Ventura buscó que se aprobara el informe, pese a que los congresistas, miembros de la misma comisión le hicieron ver que debía seguirse el debido procedimiento.
El congresista Pasión Dávila, de Perú Libre, fue quien más insistió en pedir un cuarto intermedio. Luego, planteó una cuestión previa para que se cambiara las cuestiones de fondo que se había pedido revisar. Ventura parecía no entender y pidió al secretario técnico llevar adelante la votación. En un momento, el congresista le llamó la atención al presidente Ventura por las intervenciones del secretario. Señaló su parcialización política, dado que fue candidato por Fuerza Popular.
Desorden y apresuramiento en comisión de Fiscalización
Se votó una cuestión previa presentada por el congresista Edgard Reymundo de Cambio Democrático, pero no se aprobó. El parlamentario proponía que se votará por separado cada una de las recomendaciones hechas por la Comisión.
Realizada la votación de la cuestión previa presentada por Reymundo, el congresista Dávila también insistió en votar su propuesta de cuestión previa. Esto, a fin de que se hagan los cambios en el informe, que se pueda leer y con ese sustento se proceda a votar, dado que se trataba de cuestiones de fondo y no de forma. Así es como lo presentó la congresista Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular. Ella sostuvo en el pleno que, «si había una coma de más o algo que no les gustaba, se cambiaba».
El tema de fondo era retirar del informe a los congresistas Alex Paredes y Lucinda Vásquez, ambos del Bloque Magisterial de Concertación Nacional. Así como a los parlamentarios acciopopulistas denominados Los Niños. Se estaba recomendando denunciarlos, sin que antes se les escuchara, tal como exige el debido proceso para que puedan ejercer su derecho a defensa.
Pese a los pedidos de Pasión Dávila para que se respete el pedido de cuestión previa, se continuó la votación. Y cuando un congresista consultó qué se estaba votando porque todo era muy confuso, Ventura decidió suspender la sesión por unos minutos.
Informe ventura de 362 páginas se entregó el lunes a congresistas
Los congresistas, tanto de la Comisión como los que participaron de la sesión, opinaron que no se cumplió con el debido proceso respecto a las personas que se incluyeron en el mismo; y que no se les citó para ejercer su defensa. Asimismo, señalaron que el presidente de la Comisión, Héctor Ventura, había adelantado opinión y no se guardó la reserva del caso sobre las conclusiones del informe.
Otro de los puntos que se repitieron en las observaciones fue que el informe de 362 páginas se les entregó recién el lunes, por lo que resultaba imposible leerlo en tan breve plazo; «máxime si se dice que contiene las pruebas que deben ser ´compulsadas´ o verificadas a la luz de las recomendaciones que hace».
El congresista Pasión Dávila, del Bloque Magisterial, presentó un dictamen en minoría que pidió someter a votación según el orden de la presentación; pero el congresista Ventura dijo que será debatido en una próxima sesión plenaria.
Concluyen que Castillo y Silva coordinaban para direccionar licitaciones
De acuerdo al informe, se concluye que Pedro Castillo junto a Bruno Pacheco y Juan Silva, además de Zamir Villaverde y Karelim López, “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” y hacerse de las licitaciones de las obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En el caso del Puente Tarata, las coordinaciones se dieron durante el proceso de selección para adjudicar la obra.
Asimismo, refiere el informe, según los audios difundidos y los indicios de la investigación, el Consorcio Puente Tarata III entregó dinero al jefe de Estado por intermedio de Karelim López. Esto, pese a que la propia colaboradora eficaz reiteró en distintas audiencias que nunca le entregó dinero al mandatario.
Otra de las observaciones realizadas por los congresistas al informe Ventura es que el presidente Castillo ya afronta una investigación dispuesta por el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Ahora lo lleva adelante la nueva titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, desde fines de mayo; por tanto, no se le debería estar investigando por el mismo caso, menos aún porque su investidura le da inmunidad, lo que también desoyó el presidente de la Comisión.
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