Las personas mayores de 18 años estarán obligadas a presentar el carnet de vacunación, físico o virtual, que acredite que tienen las dosis completas de la vacuna contra covid-19.
El Ejecutivo emitió hoy el Decreto Supremo N° 168-2021-PCM, en el Diario El Peruano. Aquí se dan nuevas medidas que regirán desde el 15 de diciembre, para prevenir contagios por covid-19 en Perú, una de ellas será la exigencia de carnet de vacunación.
Las personas mayores de 18 años estarán obligadas a presentar el carnet de vacunación, físico o virtual, que acredite que tienen las dosis completas de la vacuna contra covid-19. Esta medida aplicará para el ingreso a locales que tengan ambientes cerrados.
Este sábado, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, ya adelantó la decisión de exigir el carnet de vacunación para el ingreso a lugares públicos. Esta medida busca ampliar la cantidad de población vacunada, de esta manera reducir la brecha en los grupos etarios aun no inmunizados.
“Hemos lanzado un nuevo escenario de control de la pandemia que iremos desarrollándolo en la medida que vayan evolucionando la cantidad de casos en el país. Esto significa, que en algunas áreas como restaurantes y centros donde la gente concurre, es importante que tengan las dos vacunas”
Ministro de Salud, Hernando Cevallos.
Otra medida es el uso de mascarilla de manera permanente, a excepción de los locales donde se consuma alimentos, donde si se permitirá el retiro del barbijo.
Solicitar carnet de vacunación
El Ministerio de Salud (Minsa) en Perú ha implementado una plataforma digital a la que cualquier ciudadano puede acceder. En ella, todos los peruanos que ya fueron vacunados podrán descargar su certificado de inmunización.
Se abrirá una página donde le solicitarán a la persona que ingrese su fecha de nacimiento. Además deberá incluir el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la fecha de emisión del documento.
Luego de la validación de los datos ingresados, aparecerá el número de vacunas, las fechas de vacunación y la empresa fabricante de la dosis del usuario. Además, contiene un código QR que servirá para viajes al exterior, asistencia a eventos, temas laborales, etc.
La emisión del documento en la plataforma es gratuito. Recordar que la cartilla de vacunación que se entrega, no tiene validez para trámites que vayan a realizarse, ya que no cuenta con el código QR que verifique su autenticidad, caso contrario del carnet emitido en la web del gobierno, que si cuenta con este código.
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Actualmente se contabiliza a 265 mil 011 pacientes recuperados de esta enfermedad, cifra equivalente al 97% del total de casos positivos diagnosticados, es decir 273 mil 955.
La semana del lunes 8 al domingo 14 de noviembre, dieron positivo a covid-19 un 3.7% de personas muestreadas, según el reporte de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa.
En cuanto a la cifra de fallecidos por covid-19, durante la semana se reportaron 5 pérdidas humanas en la región. Solo este sábado 13, se informó de 3 fallecimientos a causa de covid-19, el más alto de la semana. Todos fueron notificados desde EsSalud.
Este domingo 7 de noviembre se detectaron 177 personas infectadas, tras efectuarse 3 mil 141 pruebas, entre rápidas y moleculares. Es decir, un 6% de positividad en los descartes. En total se detectaron en la semana 1 038 casos de contagios.
Actualmente se contabiliza a 265 mil 011 pacientes recuperados de esta enfermedad, cifra equivalente al 97% del total de casos positivos diagnosticados, es decir 273 mil 955.
La cifra total de personas que han perdido la vida durante la pandemia en la región, llega a 6 mil 652, según la Geresa.
Recomendaciones de Geresa de Arequipa
La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de la región Arequipa emitió una serie de recomendaciones para prevenir el contagio de covid-19 dentro de nuestra región. Esta es la manera en que las autoridades piden a la población apoyar en la disminución de los índices de contagio.
Lavado frecuente de manos durante 20 segundos.
Uso adecuado y permanente de la mascarilla.
Distanciamiento social de 2 metros entre personas.
Evitar las aglomeraciones y lugares muy concurridos.
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El grupo extremista «la Resistencia» causó disturbios en los exteriores de la casa del político César Acuña a quien llamaron traidor y vende patria. Esto, tras la reunión que sostuvo el político con la primera ministra, Mirtha Vásquez, en su domicilio.
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Sedapar ha recomendado a los usuarios que se vean afectados, a abastecerse oportunamente de agua potable, para evitar también inconvenientes durante el corte.
Sedapar ha recomendado a los usuarios que se vean afectados, a abastecerse oportunamente de agua potable, para evitar también inconvenientes durante el corte
La empresa de saneamiento Sedapar ha anunciado cortes del servicio de agua potable escalonados, entre el lunes 15 al viernes 19 de noviembre. Este corte de agua programado, afectará a zonas de 6 distritos de la provincia de Arequipa.
La empresa Sedapar emitió un comunicado explicando que se efectuarán trabajos de limpieza y también desinfección que personal realizará en reservorios de Arequipa. Estas acciones de la empresa están basadas en la Directiva 061-2018-SUNASS.
Sedapar ha recomendado a los usuarios que se vean afectados, a abastecerse oportunamente de agua potable, para evitar también inconvenientes durante el corte. La reposición del servicio en cada zona afectada se realizará de forma progresiva.
Cortes programados en Arequipa
Lunes 15 se realizará los trabajos en el Reservorio N-1 hy N-5B, afectando a varias zonas de Miraflores y Alto Selva Alegre.
Martes 16 personal de Sedapar intervendrá también el Reservorio 3-B, afectando a varias zonas de Alto Selva Alegre.
Miércoles 17 se hará la limpieza y además desinfección del Reservorio R-15 de Miraflores y Alto Selva Alegre.
Jueves 18 se intervendrá el Reservorio R-37 de Tiabaya, Sachaca y Socabaya, afectando zonas en este distrito.
Viernes 19 se realizarán trabajos en el Reservorio N-4}10, afectando a zonas de Paucarpata.
Aquí los comunicados oficiales emitidos por la empresa de saneamiento Sedapar, sobre los cortes que se efectuarán esta semana:
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«A sus titulares los seleccionan los electores, sin el requisito de sus calidades profesionales y aptitud y menos de su conducta. Un somero análisis de los actuales congresistas, en particular de la derecha recalcitrante, podría demostrarlo»
Hay ciertos términos que se ponen de moda, instalándose en el vocabulario y el imaginario popular, por lo general, sin que quienes los emplean conozcan su real significado u origen. Tal es el caso de la expresión meritocracia que designa el gobierno por las personas con mayores méritos y que se ha colado en ciertas leyes.
Pero, ¿qué méritos?
Cuando esta expresión fue difundida por algunos sociólogos estadounidenses, en la década del cincuenta del siglo pasado, se aludía con ella a la superioridad económica y, por supuesto, de componente racial blanco, como fuente primaria de los méritos y, a semejanza de posiciones, a los orígenes y vínculos de familia, a la educación en colegios exclusivos y a la formación profesional en las universidades más caras. Los mejores eran los que habían ascendido a las posiciones económicas, sociales, políticas y culturales más encumbradas gracias a esos méritos. Era la realización del american way of life (el modo americano de vida) que examinó la novelística crítica estadounidense de la primera mitad del siglo XX, describiendo a los personajes que estaban en esa categoría, por lo general, wasps (whites, anglosaxons, protestants).
La expresión meritocracia se difundió en los países en vías de desarrollo, donde los individuos de las clases menos ricas y descendientes de las castas menoscabadas por los colonizadores pugnaban por promoverse socialmente. La meritocracia fue entendida, por lo tanto, como una suerte de reivindicación, programa o bandera tras la cual se debía marchar para conseguir el poder de mandar y, para muchos, disfrutar de los privilegios y la fortuna que se consideró inmanentes al ejercicio del poder, incluida la corrupción, para cuya práctica algunos partidos políticos se convirtieron en eficientes centros de formación. Después se le generalizó, aplicándola al ingreso y a los ascensos y promociones en la administración pública y en las instituciones autónomas a cargo de la prestación de determinados servicios públicos.
Esta expresión no es pertinente, sin embargo, para indicar lo que sus autores quisieron decir; 1) porque el ingreso a la función pública, civil y militar, y los ascensos en este ámbito no comportan el acceso a la función de gobernar que solo corresponde a los poderes del Estado y a las instituciones con funciones específicas de dirección y gestión estatal y de solución de conflictos; y 2) porque para el ejercicio de los poderes Ejecutivo y Legislativo no se requiere acreditar méritos de alguna clase.
A sus titulares los seleccionan los electores, sin el requisito de sus calidades profesionales y aptitud y menos de su conducta. Un somero análisis de los actuales congresistas, en particular de la derecha recalcitrante, podría demostrarlo. Y no creo que, para probar lo contrario, admitan someterse a un examen académico o un test de IQ y, algunos, a un escrutinio de su récord moral.
Dado el principio básico del Estado y la democracia de igualdad ante la ley, como no es posible que todos los que quieran se incorporen a los empleos estatales, se ha establecido el concurso por conocimientos y experiencia para el ejercicio de los cargos o situaciones a los cuales se postula. Es decir que a la igualdad ante la ley se asocia la igualdad de oportunidades.
El término adecuado para denominar a esta posibilidad debería ser meritonomía, de mérito: acción, cualidad o circunstancia que hace merecer un reconocimiento de valor personal; y nomos, derecho o norma en griego antiguo. La meritonomía es, por lo tanto, un régimen de derecho por el cual determinadas acciones y cualidades de las personas, debidas a sus estudios, habilidad, esfuerzo y conducta, les atribuyen valores cuantificables en su apreciación objetiva por los demás, de los cuales se restan los deméritos o acciones perjudiciales o reñidas con la moral. Esto implica que las personas van acumulando un patrimonio con un activo de méritos y un pasivo de deméritos.
La meritonomía nació con la noción de igualdad ante la ley proclamada por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789; “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.” (art. 1º); “Todos los ciudadanos, siendo iguales ante la ley, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos.” (art. 6º).
Por la reacción de la nobleza y la burguesía, estos preceptos fundamentales de la vida en sociedad solo pudieron traducirse en leyes y praxis por el pacto social en Francia al terminar la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado; y luego fueron incorporados como reglas universales por la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas, en diciembre de 1948; “Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.” (art. 21º). Esta Declaración ha sido incorporada a nuestro derecho interno por la Ley 13282, de diciembre de 1959.
Lo deseable sería que la Constitución política reconociera el derecho del mérito o la meritonomía como una regla esencial de nuestra sociedad; apartando como antijurídicas las calificaciones subjetivas o determinadas por la apreciación de los jurados; prescindiendo de basarse en los hechos objetivos señalados por los reglamentos y de conocimiento de los postulantes.
Correlativamente, se debería erradicar los denominados exámenes de presencia en el ingreso a cualquier entidad pública. Esta calificación depende de la predilección o interés de quienes ocupan los más altos cargos. Como si fueran propietarios de las entidades públicas en las que prestan servicios.
La meritonomía fue establecida en el Perú para el ingreso a las escuelas de cadetes de los institutos armados, a comienzos del siglo veinte; aunque permitiendo algunas preferencias mediante los exámenes de presencia que la desvirtuaban para excluir a determinados postulantes, en particular de rasgos indios.
En el ingreso a la administración pública civil y a la promoción dentro de ésta, la primera norma que introdujo la meritonomía fue el D. Ley 11377, del 29 de mayo de 1950; debida a la iniciativa del abogado Pedro Patrón Faura que la propuso y redactó, inspirándose en las leyes francesas de postguerra sobre la función pública. En los considerandos de este Decreto Ley se decía que “se hace indispensable crear la Carrera Administrativa, estableciendo la forma de ingreso a ella; las pautas a que deben sujetarse los ascensos y promociones; y a su vez, las sanciones a que se hagan acreedores los que infrinjan las disposiciones reglamentarias. Que dentro de nuestro régimen democrático, todos los ciudadanos deben tener iguales posibilidades para el desempeño de la función pública. Y mejorar dentro de ella a base exclusiva de la capacidad e idoneidad expuestas en el trabajo”.
Extravagante, pero explicable contradicción. Ese momento, el Perú soportaba una dictadura que se ensañaba con dirigentes obreros y estudiantiles, torturándolos y encerrándolos en prisiones de Lima y El Frontón. Patrón Faura, como todos, lo sabía, pero no podía perder la oportunidad de arrancarle al gobierno una norma necesaria para el Perú. Su Decreto Ley dispuso el ingreso a la carrera administrativa y los ascensos dentro de ella por concurso según las vacantes disponibles; y creó el Consejo Nacional del Servicio Civil como instancia máxima administrativa para resolver las reclamaciones de los empleados públicos.
Fue una buena ley, cuya aplicación creó en los empleados públicos la mística de la pertenencia al cuerpo encargado de la prestación de servicios públicos. La desfiguraron y terminaron dejándola de lado los gobiernos del Apra y de Fujimori y los que les siguieron; primero con el ingreso por “servicios no personales”, luego por contratos diversos y nombramientos por amiguismo y partidarismo. Y por último, introduciendo el régimen de la actividad privada (D.Leg. 728) e institucionalizando el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), contra la Constitución que encarga el ejercicio de la función pública no política ni de confianza a la carrera administrativa (art. 40º).
Hace unos días, algunos militares de alta graduación denunciaron que se había manipulado los ascensos para postergarlos. Otros señalaron que ciertos jefes preferían los ascensos de algunos para pasar al retiro a otros. Si estos ascensos se ajustaran rigurosamente a la meritonomía no se producirían situaciones como ésta. Del mismo modo, el pase al retiro debería regirse por la llegada a cierta edad y no por otras consideraciones. La derecha recalcitrante y su poder mediático, que nada dijeron en situaciones anteriores semejantes o peores, fingieron escandalizarse. Y aprovecharon para lanzar otra andanada contra el gobierno del maestro con el sombrero campesino.
Como se ve, en esta materia, hemos retrocedido.
El corsi y el ricorsi de los que hablaba Giambbatista Vico en su Scienza nuova (Ciencia nueva), en el siglo XVIII, sigue determinando la marcha de nuestra sociedad.
Reflexión final: si los derechos obtenidos no se defienden, se debilitan y terminan por perderse en provecho de quienes los abaten. Luego se instala la arbitrariedad y el abuso como conducta normal de quienes ocupan los cargos con poder y las jerarquías más elevadas . Y frecuentemente también, de los burócratas ínfimos.
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A un año de las protestas contra Manuel Merino, las familias de Inti Sotelo, Bryan Pintado y los 78 heridos de gravedad por la represión policial, no han encontrado justicia. La investigación a los efectivos policiales involucrados en este caso se archivó y no hay ningún responsable hasta el momento.
Recientemente, Manuel Merino dijo que los fallecidos ya estaban sembrados para que él renunciara al cargo. Por su parte, la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, ha demandado pronta intervención del Estado para evitar que el hecho quede impune.
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De Sergio Arrau y drigido por Hugo Riveros. Una obra de teatro que cuenta la historia de una mujer durante la época de la colonia y los problemas a los que se enfrentaba al haber nacido mujer. Una introspeccion al pasado llevará al público a un viaje sin retorno, cuya interpretación de Stefany Lizarraga asegura un deleite visual. La obra se encuentra en temporada hasta el 28 de noviembre en el teatro Umbral.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Del escritor Jean- Paul Sartre, la obra presenta a tres personajes. Tres, que van asumiendo conscientemente sus culpas y cargos de conciencia. Garcín un desertor, Estelle una infanticida, Inés una lesbiana, que fallan en su intento de vivir armónicamente, «pues cada uno es espejo y verdugo del otro».
De ahí la idea Sartreana de que «el infierno son los otros. Dirigido por Erwin Olivera y protagonizado por Catarsis Teatro, la obra promete cuestionarte sobre tu existencia y el proceso que conlleva enfretarte a ti mismo, presisamente tal como sucedió en el confinamiento.
Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Del 22 al 27 de noviembre, el encuentro contará con la presencia de diversos elencos Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco y Puno. El ingreso es libre, sin embargo el aforo es limitado por lo que se recomienda tomar precaución como asistir media hora antes de cada función.
El evento fue organizado por la agrupación teatral Gallito de papel.
Cronograma de funciones de la XVII Muestra Regional Sur de Teatro Peruano Arequipa 2021.
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El teatro en Arequipa ha vuelto con fuerza. Agrupaciones y asociaciones de teatro han trabajado arduamente para sobrellevar la pandemia y volver a las tablas con nuevas propuestas. Mira aquí la recargada agenda teatral presencial que ofrece Arequipa para noviembre y diciembre:
–XVII Muestra Regional Sur de Teatro Peruano Arequipa 2021. Del 22 al 27 de noviembre, el encuentro contará con la presencia de diversos elencos de Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco y Puno. El ingreso es libre, sin embargo el aforo es limitado, por lo que se recomienda tomar prevenciones como asistir media hora antes de cada función.
Cronograma de funciones de la XVII Muestra Regional Sur de Teatro Peruano Arequipa 2021.
–A puerta cerrada. De escritor Jean- Paul Sartre, la obra presenta a tres personajes. Tres, que van asumiendo concientemente sus culpas y cargos de conciencia. Garcín un desertor, Estelle una infanticida, Inés una lesbiana. Ambos fallan en su intento de vivir armónicamente, «pues cada uno es espejo y verdugo del otro». De ahí la idea Sartreana de que «el infierno son los otros. Dirigido por Erwin Olivera y protagonizado por Catarsis Teatro, la obra promete cuestionarte sobre tu existencia y el proceso que conlleva enfrentarte a ti mismo, precisamente tal como sucedió en el confinamiento. La obra se encuentra a en sus dos últimas funciones este 19 y 20 de noviembre.
«Inés y Garcin» protagonizado por Mercedes Ramos y Felix Pumacota.
-Ella se llama Micaela. De Sergio Arrau y drigido por Hugo Riveros. La obra cuenta la historia de una mujer durante la época de la colonia y los problemas a los que se enfrentaba al haber nacido mujer. Una introspeccion al pasado llevará al público a un viaje sin retorno cuya interpretación de Stefany Lizarraga asegura un deleite visual. La obra se encuentra en temporada hasta el 28 de noviembre en el teatro Umbral.
Stefany Lizarraga protagoniza a «Micaela»
-Peruanas. Testimonios y documentación de la época del terrorismo, cuenta las historias de mujeres que sobrevivieron para contar su historia. Un relato cargado de dolor que pone a la mujer peruana como cuerpo de resistencia y coraje frente a la violencia de aquellos años. Creación colectiva que se estrenará de manera presencial el día sábado 4 de diciembre del 2021, a las 7:00 pm en el Teatro umbral.
Peruanas, dirigida por Julio Validivia
-Vladimir.Producida por Ccalapata Teatro, escrita por Alfonso Santistevan y dirigida por Marco Antonio García Velarde. La obra esta en preventa y se estrenará el 19 de noviembre.
De esta manera, Arequipa se reactiva culturalmente siendo el teatro una de las mayores actividades culturales que hay en la ciudad blanca. Agrupaciones como Teatrando, teatro del Terce Piso, teatro de Octubre, ccalapata Teatro, Artescénica, teatro Umbral, catarsis Teatro, Maracuyá teatro y los elencos de teatro de las universidades vienen trabajando en diferentes talleres y nuevas obras.
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Esta crónica fue distinguida con un diploma en diciembre de 2020 y estaba referida, como todas, a los sucesos relacionados con la pandemia de la covid-19
Esta obra es una de las cinco finalistas de la categoría Crónica, del IX Concurso Literario El Búho. «Un viaje, un sueño y un virus» fue premiada con un diploma en diciembre de 2020.
El autor, Jacoby David Codina Villaorduña, escribió esta crónica bajo el Seudónimo: CV Jacoby
Jacoby David Codina Villaorduña
Nació en Lima en 1999. Estudió periodismo en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se dedica a la producción audiovisual.
Crónica «Un viaje, un sueño y un virus«
La travesía de Norteamérica hasta Arequipa
El sábado siete de marzo, cuando salimos del trabajo, todos creímos que volveríamos el lunes, pero nunca más nos vimos. Estaba en Work and Travel, un programa para estudiantes que viajan al extranjero a trabajar durante las vacaciones. El nuevo coronavirus había paralizado el mundo y me encontró en South Lake Tahoe, California. Lejos de mi casa, sin dinero y sin familia. Lo que sí tenía era una deuda de cuatro mil dólares, el sueño de comprar una cámara digital, dos maletas y una mochila.
Cuando quise volver, el regreso al Perú fue más fácil que el de Lima a Arequipa. Un año antes, cuando me enteré de Work and Travel, pensé que encontré una mina de oro. La ecuación era simple: pagar tres mil dólares a la agencia, que me consigan un empleador en Estados Unidos y trabajar como un burro de diciembre a abril. —¿Pagaste tres mil dólares para venir a trabajar? — me dijo Víctor, otro peruano empleado de la misma empresa. —Cuatro mil, con todo el trámite de la visa y los pasajes— le respondí. —¡Que huevón!— se río— Yo pagué mil doscientos. Todo.
Algunos se fueron en busca de libertad: disfrutar una vida sin padres. Otros para conocer la cultura gringa. Yo me fui por la plata. Trabajaba en dos empresas, dieciséis horas diarias, un día de descanso. El primero me ocupaba de siete a cinco de la tarde en la cima de una montaña, el Heavenly Ski Resort donde los americanos pitucos van a esquiar en invierno. Y de seis a medianoche trabajaba en un sótano, era busser, un recoje platos en el restaurante de un casino. Me mudé de casa cuatro veces en cinco meses porque soy insoportable. Viví con argentinos, chilenos, peruanos, un vietnamita y algunos americanos. Así viví el sueño gringo.
El Regreso
Un viernes de abril, el consulado peruano me envió un correo para regresar al Perú en un vuelo humanitario. Tenía dos maletas, una mochila, mi preciosa cámara y cara de perro asustado. En el aeropuerto busqué más peruanos. Los reconozco por la mirada, hay una picardía en ella. Los peruanos miramos con desconfianza y zozobra. Así conocí a Fredy, un limeño.
—Yo vengo a trabajar cada dos años pa’ no levantar sospechas. Me saco la mugre por mi familia y en Lima sólo atiendo unos negocios. Hay que ser mosca— me dijo Fredy. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles recuerdo a un grupo de asiáticos que llevaban enterizos blancos como astronautas. Fredy los miraba de reojo.
—Mira— me dijo— esos chinos conchudos, traen el virus y encima hacen escándalo. El cuatro de abril, a las diez de la noche, más de ciento cuarenta peruanos estábamos en la sala de embarque. Antes de subir al avión, firmamos una declaración jurada con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Nos comprometimos a no denunciarlos si perdían nuestro equipaje o el avión se caía. Aterrizamos en el Grupo Aéreo N° 8 de Lima. Bajamos del avión y los militares nos esperaban. Nos subieron a unos buses y en cinco minutos llegamos a unas carpas.
—No recordaba a mi país tan organizado— me dijo Fredy riéndose— parece película. Unas enfermeras nos tomaron la temperatura, firmamos otra declaración donde asegurábamos no tener síntomas de coronavirus y regresamos a los buses. Nuestro equipaje ya estaba ahí. Nos distribuyeron en diferentes hoteles de Lima, a mí me tocó el Costa del Sol del aeropuerto y me asignaron un compañero. Teníamos tres comidas diarias, un baño propio y wifi que no servía. A Fredy lo enviaron al Innside by Melia en Miraflores, no tuvo tanta suerte. Tenía dos compañeros de cuarto y sólo una comida al día: pollo con arroz, ensalada y una manzana. Aunque el wifi era veloz.
—Pucha, eso está feo—le escribí por Whatsapp cuando me envió la foto de su menú—pero ¿puedes ordenar más? —Sí, una gaseosa, doce lucas; un Lomo, cuarenta y cinco. Pufff con esos precios.
Allen, mi compañero de cuarto, era un americano con nacionalidad peruana a quien la pandemia lo atrapó en África. Su esposa estaba embarazada en Cusco. La tercera noche empezó a tener fiebre y tos. Al entrar al hotel habíamos firmado un documento comprometiéndonos a informar ante cualquier síntoma de coronavirus. Allen me dijo que era malaria y que no lo reporte. «Si él tiene Covid, seguramente ya me contagió», me dije. Decidí ser su cómplice. Allen había comprado el tratamiento completo contra la malaria en África, eran pastillas para cinco días. Durante ese tiempo sólo yo recibía la comida. Cuando se cumplieron los quince días de cuarentena en el hotel, nos llevaron a pasar una prueba de descarte del nuevo coronavirus.
—Señor Ramírez, negativo, puede retirarse. Señorita Flores, negativo, puede retirarse… Era como la voz de dios leyendo tu nombre en el libro de la vida. Allen y yo también dimos negativo. Lo último que supe de él fue que llegó a Cusco y le recrudeció la malaria, estuvo en el hospital una semana y luego fue con su esposa. Me envió una foto.
—No esperes al gobierno de Arequipa, vete como sea— me dijo al despedirse. En ese momento no lo supe, pero Allen tenía razón. En Lima estuve varado cincuenta y nueve días en la casa de una tía esperando a que el Gobierno Regional de Arequipa gestione un viaje humanitario de regreso. Los llamé a catorce números diferentes, hablé con autoridades de la Universidad Nacional de San Agustín y con la agencia de Work and Travel, pero nada. Estuve en diecisiete grupos de WhatsApp de gente que intentaba volver a Arequipa. Algunos le echaban la culpa a la Gerencia Regional de Transportes, otros al gobernador, Elmer Cáceres Llica, y otros al presidente, Martín Vizcarra.
Al final, decidí regresar por mi cuenta. En los grupos de WhatsApp empezaron a circular contactos de vehículos privados que te llevaban hasta Arequipa por setecientos soles. La gente que podía, se iba. Yo tenía cien soles, dos maletas, una mochila, mi preciosa cámara y cara de perro regañado. Pero con el tiempo, los precios bajaron. Regresé por trescientos cincuenta soles que juntaron y enviaron algunos amigos. Cuando los tres pasajeros estuvimos en el auto, a las cinco de la mañana, el conductor nos dio las credenciales falsas de una empresa. En ese momento casi me cago en lo pantalones.
—Tú eres ingeniero mecánico—me dijo el chofer—. Pon tus datos y guárdala bien. La policía nos paró dos veces durante el camino. La primera, el conductor se bajó, le entregó una botella de vino y seguimos la marcha. En la segunda, la responsabilidad de la misión cayó sobre mis hombros. —¿De verdad eres ingeniero mecánico? — me preguntó el policía. —Sí jefe—contesté.
Encima de ambicioso y misio, mentiroso. Me fui porque en la casa de mi tía la plata alcanzaba con las justas. Para colmo, mi abuela murió en Lima. Mi padre estaba destrozado en Arequipa, sin poder viajar al funeral. Llegué el último miércoles de mayo a las once de la noche. Luego de seis meses, por fin estaba en casa. Unas semanas después, mi papá perdió a cuatro familiares más: un hermano, dos tías y un primo. Mi mamá perdió a su padre. Yo perdí a mis dos únicos abuelos vivos.
Mi papá siempre dice: «Él que ama la vida no teme a la muerte». Cuando el coronavirus paró al mundo yo tenía miedo, dos maletas, una mochila y varios planes postergados. Estaba concentrado en la Canon 90D, la cámara soñada. Nunca acepté ir a una fiesta con mis amigos, nunca le enseñé a preparar comida peruana a mi compañero de cuarto Tai, un chef vietnamita. Nunca me animé a saltar de una rampa de esquí.
Cuando fui a tramitar la visa a Lima pude ir a ver a mis abuelos, pero no lo hice. Nunca les dije adiós. Quizás esperar fue mi defecto, postergué tantas cosas y cuando por fin tuve el tiempo, era demasiado tarde. Es mejor no guardar sentimientos, palabras o vestidos para ocasiones especiales, porque lo especial es lo que está pasando ahora. El sábado siete de marzo, cuando salimos del trabajo, todos creímos que volveríamos el lunes, pero nunca más nos vimos.
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Se vienen más testimonios que complicarían la situación de Elmer Cáceres Llica. Audiencias de prisión preventiva contra autoridad de Arequipa continuarán esta semana.
Una lista larga de conversaciones y declaraciones explosivas han tenido lugar esta semana durante la audiencia de prisión preventiva para el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. Esta es la primera vez que una autoridad regional en funciones es arrestada y procesada a mitad de su gestión por delitos graves como organización criminal y corrupción de funcionarios.
Al ser un caso prominente fue asignado al Sexto Juzgado para casos de corrupción de funcionarios de Arequipa, que preside el juez José Málaga Pérez. El magistrado lleva escuchando los alegatos del fiscal anticorrupción Arturo Valencia Paiva desde el miércoles 3 de noviembre, en audiencias maratónicas que se realizan de manera virtual. Las jornadas inician a las 8 de la mañana y finalizan pasada las 7 de la noche.
La imputación es concreta. Se acusa al gobernador Elmer Cáceres Llica de liderar una presunta organización criminal denominada ‘Los hijos del cóndor’ desde el 2019 hasta su arresto ocurrido el 23 de octubre último. El objetivo era tomar el control del Consejo Regional para lo que captó siete consejeros, a quienes ofreció dinero, terrenos, obras, puestos de trabajo y otros, a cambio de que no fiscalicen su gestión. La supuesta red la constituyen 25 personas, entre consejeros, gerentes y asesores del Gobierno Regional de Arequipa, dirigentes sociales y hasta efectivos policiales.
Culminada la primera etapa del arresto preliminar ordenado a 20 personas – de las cuales solo 16 fueron detenidas-, la fiscalía presentó un requerimiento de prisión preventiva de 36 meses. La solicitud, ésta vez, fue para el gobernador Elmer Cáceres Llica; el gerente general del GRA, Gregorio Palma; el jefe de Copasa, Marcelo Córdova; el gerente de Autodema, Napoleón Ocsa; el asesor del gobernador Leodán Llayqui; y los consejeros Veto Bernal y Jeymi flores. Aunque inicialmente considerado, se desistió de solicitarla para el jefe de Planeamiento y Presupuesto, Javier Rospigliosi, quien habría pasado a ser un colaborador más de la investigación; y por tanto, tendría que mostrar evidencias incriminatorias contra el principal acusado, el gobernador.
No obstante, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, está dispuesto a luchar por su libertad. Su abogado, Aldo Ramos ha planteado que mientras dure la investigación cumpla una comparecencia con restricciones. Para garantizar que no huirá del proceso, pondrá en garantía su inmueble y se apartará del GRA por 45 días. El juez Málaga Pérez aún no se ha pronunciado.
Declaraciones perjudiciales contra gobernador de Arequipa
La declaración de la semana fue la del asesor legal del Gobierno Regional de Arequipa, Augusto Palaco Toro, sindicado como uno de los integrantes de ‘Los hijos del cóndor’.
El funcionario brindó su testimonio en el que compromete al gobernador Elmer Cáceres Llica. Señaló que la autoridad le cuestionó haber observado la ordenanza 461, la cual favorecía a la asociación Sol Radiante, permitiéndole adjudicarse terrenos de Autodema mediante la cesión de uso. Luego también señaló que recibió presión del gerente general Gregorio Palma y del consejero Veto Bernal.
“Se me convoca a las oficinas de Gregorio Palma a los días de aprobada la ordenanza y en esa oficina estaba Veto Bernal y Gregorio Palma. Los dos me dicen que querían encontrar un procedimiento interno para que la ordenanza 461 sirva para disponer de los predios que estaban en la ordenanza 233, específicamente de Majes Siguas I… me indican que es para resolver un problema social… Yo les dije que lo íbamos a evaluar”, señaló el asesor en su declaración.
El funcionario también llegó a mencionar que el Gobierno Regional no tenía injerencia en la administración de tierras de Autodemas, pero el gobernador buscó una salida legal para convertirse en administrados de esos terrenos.
A eso hay que añadir la transcripción de una conversación sostenida entre el funcionario de confianza del gobernador, Marcelo Córdova y la consejera Chriss Díaz, sobre los actos ilícitos que también habría cometido Cáceres Llica. “Gilberto Gallegos es uno de los testaferros del gobernador y que Edwin Esquivel es la persona que cobra dinero por las obras”, le dice Marcelo Córdova a la consejera.
El consejero que fungía de operador del gobernador
El consejero por Caylloma, Veto Bernal Huarca, de 54 años, es sindicado de ser el operador de la presunta organización criminal. De acuerdo a la declaración de la agente especial Samanta Miranda Tijero, el legislador coordinada las reuniones entre los consejeros y el gobernador Elmer Cáceres. La Fiscalía lo señala como uno de los principales actores de la red ‘Los hijos del cóndor’, operando en beneficio de la autoridad regional.
Consejero Veto Bernal. Foto: Erick Rodríguez
Bernal Huarca captaba a los consejeros para que se una al grupo aliado del gobernador de Arequipa, a cambio de recibir diferentes dádivas. También fue el promotor de la ordenanza 461 para beneficiar a la asociación Sol Radiante; e impulsó la ley que aprobaba la venta de tierras a la asociación Pampas Bayas.
El consejero también coordinaba con sus demás colegas ‘aliados’ la entrega de terrenos de Autodema en Majes I. En uno de los audios se le escucha mencionar sobre la repartición de tierras mediante tickets.
“El ticket es el único documento que hay para la relación con los lotes. No hay ningún otro tipo de relación con los lotes. No hay nombres, no hay nada. El ticket es el único, es un cuadradito que les vamos a entregar, que yo lo tengo en mi poder”.
Consejero regional por Caylloma Veto Bernal en audios presentados en audiencia de prisión preventiva
El consejero se jactaba de haber colocado a Grover Delgado como gerente de Transportes, a Napoleón Osca en Autodema y funcionarios en redes de salud. Además, concertaba con los funcionarios de la región la colocación de personal en las obras y puestos administrativos.
El funcionario ha apelado a su diabetes y sobrepeso para evitar la prisión preventiva. También negó las conversaciones reveladas por la fiscalía que lo vinculan con los hechos delictivos. Bernal Huarca podría afrontar una pena no menor de 15 ni mayor de 22 años por organización criminal y cohecho pasivo propio.
El juzgado ha programado que las audiencias continúen este próximo lunes desde las 8 de la mañana para terminar de plantear la acusación contra el resto de los investigados.
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Aurelio Ochoa Alencastre experto en el tema del gas señala que se debe renegociar la restitución de reservas para el futuro.
Se debe renegociar el contrato del gas con el consorcio de Camisea en lo que se refiere a la restitución de reservas para el futuro. Así lo afirma Aurelio Ochoa Alencastre, ex presidente de Perúpetro, ex director de Petroperú y vice-presidente del Osinergmin, durante la Mesa de Análisis “Masificación del gas en la Macrorregión Sur” realizada en el Programa Pico a pico de El Búho.
El experto señaló que, si bien se está cumpliendo con la distribución del gas y la masificación no tiene por qué renegociarse, otra cosa son las reservas. “Estamos consumiendo lo que descubrió Shell en el año 1984. Estamos consumiendo las reservas que se descubrieron entonces, porque las actuales empresas se han dedicado a producir, no han explorado o descubierto nada, y por ello su regalía es alta”.
A diferencia del lote 88 que tiene una regalía del 27.24%, los otros lotes 57 y 58 de Camisea tienen una regalía de 6%. En la renegociación tiene que estar la restitución de reservas. Las empresas tienen que invertir en exploración, deben revertir (lo explotado). Eso es lo que se tiene que renegociar, enfatizó.
“Tienen que ir restituyendo las reservas. Ya van casi 18 años que están explotando o produciendo el gas natural. Tienen que reinvertir explorando porque lo que se tiene durará unos 20 a 21 años. Ya has ganado utilidades lo suficiente, pero qué has hecho para restituir reservas anualmente por un periodo más largo en estos yacimientos”, inquirió.
Aurelio Ochoa
Proyecto de ley de Ejecutivo es un buen plan
Ochoa Alencastre dijo que, si bien el anuncio del presidente de la República en Ayacucho sobre la masificación del gas fue un anuncio en términos generales sin mayores precisiones, el proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Congreso es un buen proyecto de ley, bastante extenso, en la parte de las motivaciones.
“Este es un proyecto de ley bastante bien estudiado que seguramente lo ha ido desarrollando el Ministerio de Energía y Minas con un buen tiempo de anticipación, porque se nota que hay un trabajo bastante prolongado, hay muchos detalles que se observa en lo que se refiere a masificación del gas. Se han tomado seguramente ejemplos mundiales particularmente de Colombia. Este plan le da un rol protagónico a Petroperú y a las empresas eléctricas estatales”, puntualizó.
Pero particularmente a Petroperú para la distribución del gas, que como ya sabemos esta empresa ha reemplazado a la concesionaria en la distribución del gas en Arequipa, Moquegua y Tacna y Petroperú ha asumido en un primer momento por tres años, pero evidentemente esto va a continuar y ha demostrado que tiene la capacidad técnica puesto que nadie se ha quejado en dichas regiones con relación a la participación de Petroperú. Se le estaría encargando todo lo que es la masificación en las ciudades que ha mencionado el presidente y eso hay que ir adelantando y es lo que señala el proyecto de ley que se ha enviado al Congreso y que he podido leer, señaló.
Proyecto no habla de los ductos regionales, pero deja abierta la posibilidad
El ingeniero Ochoa Alencastre, señaló que en el proyecto se crea por ejemplo la Agencia de Inventarios de Combustibles (AIC) que va a ver el caso de lo que es el almacenamiento para el GLP, no solo para el gas natural, sino para los líquidos del gas natural. Va a ver las existencias para hacer frente a los oleajes que se presentan periódicamente. Es un proyecto de ley bien hecho que seguro irá a discusión y lo principal es que se está encargando a Petroperú”, reiteró.
“El proyecto no menciona nada sobre la renegociación ni del Gasoducto Sur Peruano. Si bien es cierto el proyecto habla de la distribución en las ciudades, pero en la parte de las troncales no habla de los ductos grandes del Gasoducto Sur Peruano o el otro que podría ir desde Marcona hacia Arequipa, Moquegua y Tacna tampoco”.
Es decir, de los ductos regionales no habla, pero da la facilidad o apertura para que pueda desarrollarse, pero no especifica con relación al Gasoducto que ya tiene un avance del 38% en este momento, y en el caso de las tuberías está en un 73% sobre el terreno, la ingeniería en un 94%, y estamos pagando anualmente 50 millones de dólares y ya vamos por el quinto año y son activos que no son del Estado Peruano, precisó.
Ductos regionales no han sido considerados en proyecto de gobierno, pero deja abierta la posibilidad. Foto: Rumbo Minero
Habría una tarifa única en el país para el gas
Hay puntos que seguramente se tendrán que explicar en los próximos días. Solo hay lo referente a la distribución en las ciudades. Donde hay concesiones, cómo es la tarifa única de gas que es la que se plantea a nivel país. Por ejemplo, en el caso de Arequipa, Moquegua y Tacna resulta poco atractivo conectarse al gas natural por lo costoso que resulta en este caso llevar desde Pampa Melchorita el gas natural y después tener que regasificar y luego introducirlo a los ductos citadinos. Resulta oneroso, lo cual es disuasivo para que pueda desarrollarse la masificación.
Por eso contempla que habría una tarifa única en el país, donde los grandes consumidores como Lima y Callao al igual como se hace con la electricidad haya una especie de subsidio cruzado. Hay buenas ideas que se han recogido con lo que sucede con la electricidad. Es una buena norma que, buscando la opinión de especialistas y entidades especializadas puede mejorarse.
Hay confusión entre renegociación y masificación
Aurelio Ochoa explicó que hay una confusión entre lo que es la renegociación y la masificación. “La masificación no tiene por qué renegociarse, esa es una potestad del Estado Peruano. La empresa no tiene nada qué ver. La empresa tiene que proveer el recurso, en este caso el gas natural, cumplir son su contrato, que sí lo está cumpliendo. Lo que no se ha visto es la exportación del gas”, explicó.
A los precios que se está exportando más del 50% de lo que producimos en el país. Un total de 620 millones de pies cúbicos diarios se están exportando y los precios no son los más adecuados. Ese es un tema que se discutió en la campaña del 2016 y en el 2021 y los que encabezaron las encuestas decían renegociar la exportación.
Aquí lo que se busca es una rentabilidad social, es decir que habrá zonas con subsidio por lo que va a costar llevar el gas a ciertas zonas.
Programa Pico a Pico con la participación de Aurelio Ochoa y Snadra Chevarría sobre la masificación del gas y el gasoducto sur peruano.
Proyecto del gas siempre estuvo pensado para los grandes clientes
El consumo doméstico no iba a pagar lo que cueste llevar el gas a Arequipa, por ejemplo. Tendría que haber una petroquímica que pudiera ser uno de los grandes clientes del gas, generando un polo de desarrollo, empleo y de exportación.
El subsidio cruzado significa que los que consumen más son los que pagan un poco más por los que consumen menos. Así funciona con la electricidad, que ya tiene varios años y no ha habido problemas, por un lado. No hay subsidio del Estado en el caso del gas natural.
La construcción de los ductos en las ciudades, viene con la rentabilidad social y requerirá de los dos fondos el FISE (Fondo de inclusión social energético) y el SISE (Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos). Es lo que está financiando las conexiones de gas natural y está funcionando en Lima y Callao. Es un fondo que no lo aporta el Estado, sino los que consumen hidrocarburos o exportan. Subsidian las instalaciones, no el consumo.
Gasoducto sur peruano tiene que retomarse
En cuanto al Gasoducto Sur Peruano, sí es necesario discutirlo, preciso. Puso como ejemplo que, en el caso de Lima y Callao tampoco podrían pagar lo que ha sido el transporte hasta Lima, porque la parte residencial es mínima, es solo el 2% del consumo, el resto pertenece a la parte eléctrica, industrial y a la vehicular. Lo que se había sustentado siempre en este proyecto era usar el gas para la generación eléctrica. Recordemos que en el Sur tenemos ya tres grandes centrales termoeléctricas ya construidas consumirían entre unos 300 a 400 millones de pies cúbicos diarios. Por tanto, el proyecto debe concluirse para tener suficiente gas en el sur para consumo industrial, no solo doméstico.
Adicionalmente estaría la petroquímica, pero también la minería del Sur. Esos consumidores grandes son los que al final sufragarían la construcción del Gasoducto, no el residencial. Pese a que nos han cobrado en los recibos y hemos subsidiado la construcción. Se debería instalar petroquímica básica de metano en la costa peruana y eso es en lo que deberíamos preocuparnos en la renegociación. La petroquímica básica es la de los fertilizantes de los explosivos. El gas natural tiene de metano y de etano.
«Sí hay razones valederas e importantes e incluso para el optimismo para que esta renegociación llegue a buen término», concluyó.
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El valle de Majes realiza su tradicional festival gastronómico del camarón. A solo tres horas de Arequipa, la ocasión es una buena opción para viajar con amigos o familia y así ayudar a la reactivación económica de la zona.
Quienes visiten el lugar podrán tener a su alcance variedad de platillos como los tradicionales chupe de camarón, arrebozado de camarón, cóctel de camarón, torrejas de camarón; entre otros.
“Estamos impulsando nuevas rutas turísticas para generar mayor oferta en el sector y de esa manera atraer turistas nacionales y extranjeros; estamos trabajando en coordinación con la Municipalidad de Uraca, Corire, con el objetivo de promocionar el Valle del Majes como nuevo destino turístico».
Carlos Andrade Pareja – Gerente Regional de Comercio Exterior y Turismo
El evento se desarrollará hasta el 14 de noviembre y contará no solo con el invitado estrella que es el camarón en todas sus variedades, sino con una exposición de piscos y vinos de las bodegas tradicionales, además de eventos en vivo para el deleite de los asistentes.
¿Qué hacer en el valle de Majes?
El valle no solo ofrece hermosos paisajes y buena comida, sino una gran oportunidad para hacer turismo local y poder visitar Toro Muerto, el Santuario de Huarango Querulpa y el balneario de Chancharay. En el río Majes se pueden hacer diversas actividades como canotaje extremo.
Balneario de Chancharay
Petroglifos de Toro Muerto
Santuario de Huarango Querulpa
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
El alcalde provincial de La Mar, Wilder Manyavilca y su esposa Dunia Bustíos, murieron abaleados. Dejan tres hijos en orfandad.
Una gran conmoción ha generado el asesinato del alcalde de la provincia de La Mar, Wilder Manyavilca Silva, y su esposa Dunia Katiuska Bustíos Quispe, quienes recibieron varios impactos de bala que finalmente acabaron con sus vidas. Dejan en orfandad a tres menores hijos e hijas. Este nuevo atentado ocurrido en la jurisdicción del Vraem hizo que varias organizaciones sociales y entidades del Estado, soliciten una exhaustiva investigación de lo sucedido para dar con los responsables de este crimen.
Según información ampliada del diario Jornada de Ayacucho, el feroz ataque se produjo al promediar las 11 y 30 de la mañana cuando la autoridad provincial viajaba en el vehículo oficial en compañía de trabajadores municipales. Exactamente a la altura del anexo de Tonccoche – Las Palmas (distrito de Ayna) los interceptó otra camioneta de donde les lanzaron disparos a quemarropa.
El hecho ocurrió en tan solo minutos y al parecer los sujetos ya lo venían siguiendo desde muy temprano. El burgomaestre tenía programada una serie de actividades para este viernes y solo habrían aprovechado la oportunidad para asesinarlo cobardemente.
El equipo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ayna – San Francisco informó que el vehículo en el que se desplazaba Wilder Manyavilca se detuvo ante la intervención de tres vehículos. Se trata de una moto lineal de color rojo y dos camionetas de color gris y blanco respectivamente. Esto da cuenta que el ataque ya había sido planificado. Al parecer solo era cuestión de tiempo.
Alcalde recibió al menos ocho impactos de bala y su esposa uno
Wilder Manyavilca habría recibido al menos ocho impactos de bala en el pecho y la cabeza que lo dejaron gravemente herido. Mientras que a su esposa le cayó una bala en la cabeza.
En la camioneta edil también viajaba el jefe de imagen institucional de la municipalidad provincial de La Mar, Fredy Navarro, quien salvó de morir de milagro. No obstante, continúa en observación médica. En tanto, el conductor identificado como Rolando Guillén resultó con una herida en el dedo pulgar de la mano izquierda.
Como se sabe, el burgomaestre Manyavilca Silva y Dunia Katiuska fueron trasladados de emergencia al Hospital de Apoyo de San Francisco, pero lamentablemente el alcalde llegó sin signos vitales. Su deceso se dio durante el trayecto.
Mientras que la mujer dejó de existir poco tiempo después de que llegara a dicho establecimiento de salud; tenía exposición de masa encefálica y edema cerebral. El personal que la atendió dijo que su estado de salud era crítico y que las probabilidades de que se mantenga con vida eran mínimas.
Con participación del fiscal de turno, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hasta la morgue de Pichari a fin de continuar con las diligencias respectivas. La Policía y el Ministerio Público iniciaron con las investigaciones para dar con la pronta captura de los sujetos implicados.
¿Quién era el alcalde Manyavilca?
El alcalde de la provincia de La Mar, Wilder Manyavilca Silva tenía 44 años. Su esposa Dunia Katiuska Bustíos Quispe, 36 y ambos dejan en orfandad a tres menores hijos e hijas.
Es importante señalar que, Wilder Manyavilca fue dos veces alcalde del distrito de Anco, natural del sector de Huayrapata en el nuevo distrito de Luis Carranza – Lar Mar, desde el 2007 hasta el 2014.
Fue elegido alcalde de la provincia de La Mar por el movimiento regional Qatun Tarpuy. Esto, en las elecciones municipales y regionales del 7 octubre del 2018, y asumió el cargo el 1 de enero del 2019.
Asimismo, fue presidente de la Asociación de Municipalidades del Vraem. Muchos lo recuerdan como una persona emprendedora, deportista y comprometido con su pueblo.
Coordinan plan cerco para atrapar a criminales
Tras lo ocurrido, agentes de la comisaría de San Francisco se constituyeron a la zona del atentado e iniciaron con el plan cerco en coordinación con otras dependencias policiales. Este viernes por la tarde se alertó de la búsqueda de una camioneta sospechosa, de placa de rodaje BBL- 776. Este vehículo estaría involucrado en el crimen.
Se sabe que Manyavilca Silva fue atacado cuando se dirigía a la comunidad de Gloriapata en el distrito de Santa Rosa – La Mar. Iba a participar de la colocación de la primera piedra en una obra. En horas de la mañana estuvo en el centro poblado de Calicanto – Ayna. Allí se reunió con la población y entregó materiales para el comedor de la comunidad.
De momento aún se desconoce el móvil del crimen, a razón de ello las instancias judiciales y las fuerzas del orden tienen el gran reto de poder ubicar y dar una pena máxima a estas personas que sin remordimiento alguno quitaron la vida del alcalde y su pareja. Nuevamente el Vraem es escenario de un sanguinario crimen.
La policía hizo el recojo de 13 casquillos de bala y un arma de fuego, por su parte la fiscalía de turno realizó la verificación del vehículo por un perito balístico, además de su recepción y lacrado.
Presidente Castillo condenó acto y dispuso personal especializado
Uno de los primeros en pronunciarse sobre el atentado, fue el presidente de la República, Pedro Castillo, quien condenó este tipo de actos y anunció que se dispondrá de un personal especializado, para iniciar con las diligencias respectivas.
“Vamos a condenar estos actos venga de donde venga, en ese sentido he dado instrucciones claras al Ministerio del Interior para que despliegue todo el personal necesario y que haga una exhaustiva investigación de manera inmediata y rápida, que devuelva la tranquilidad a sus familias y los vecinos”, refirió.
De otro lado, el Gobierno Regional de Ayacucho, a través de un comunicado exigió a las autoridades competentes mayor celeridad en las investigaciones a fin de dar con los responsables de este execrable crimen y aplicar la máxima sanción.
A este pedido también se han unido los alcaldes distritales de la provincia de La Mar como Santa Rosa, Ayna, Chungui, Anco, Tambo, Anchihuay, Samugari, entre otros.
Además, de exautoridades y/o funcionarios, quienes lamentaron la repentina partida del alcalde y su cónyuge.
PCM: circunstancias deben ser investigadas
A su vez la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) liderada por la jefa del gabinete, Mirtha Vásquez Chuquilín, lamentó el fallecimiento de Wilder Manyavilca.
“La PCM lamenta profundamente el fallecimiento del alcalde de la provincia de La Mar, Wilder Manyavilca, en circunstancias que deben ser investigadas y sancionadas. Expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y al pueblo de Ayacucho”, se puede leer en un mensaje oficial.
En tanto, el jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, Gustavo Pacheco – Villar, indicó que tras lo ocurrido solicitaron al Comité Regional de Seguridad Ciudadana a convocar a una sesión extraordinaria a fin de que el Frente Policial Vraem y el Ministerio Público informen los resultados de las diligencias preliminares.
“Desde la Defensoría consideramos urgente que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la población”, dijo.
Denuncian irregularidades en obra que ejecutó desde el 2019
El presidente del Frente de Defensa del distrito de Santa Rosa, Abelardo Márquez denunció que existen irregularidades en la construcción del puente modular de Catute, obra ejecutada por la Municipalidad Provincial de La Mar.
“Esta obra inició el 2019 y la municipalidad de La Mar pretende entregar la obra sin haberse culminado. Según los informes de la Contraloría y verificación in situ, que hemos realizado no se ha culminado los trabajos en físico, como se establece en el expediente técnico”, indicó.
Agregó que la obra no ha culminado la ejecución de la defensa ribereña, para lo cual se destinó más de 500 mil soles. “A pesar que la Contraloría advirtió todas estas irregularidades, el municipio liquidó la obra, sin previa supervisión técnica. Se ha pagado por esta obra inconclusa”, acotó.
Asimismo, refirió que son 7 los funcionarios que han sido involucrados en este caso, pero no se han tomado las acciones correspondientes.
Alcalde minimizó denuncia
El presidente del Frente de Defensa, también cuestionó la actitud de la autoridad provincial, Wilder Manyavilca, quien, en vez de apoyar las investigaciones del caso, deslindó de toda responsabilidad y se negó a culminar este proyecto, que podría ser un perjuicio a la población.
“Cada vez que hemos pedíamos atención sobre este tema, el alcalde señalaba que no era su responsabilidad y que no sabía nada. Como autoridad debería haber velado por la población y no por los actos de corrupción dentro de su gestión”, finalizó.
MÁS DATOS:
> Este proyecto demandó una inversión de más de 2 millones de soles a la Municipalidad Provincial de La Mar.
> En febrero de este año, se advirtió estas irregularidades.
> Vale recordar que en febrero del 2018 también fue asesinado el alcalde del distrito de Oronccoy – La Mar, Yuri Eusebio García Orihuela, por lo que este tipo de sucesos no son recientes en esta provincia.
Durante su discurso por los cien primeros días de mandato, el presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, hizo un balance sobre la vacunación contra la Covid-19 en el territorio nacional. Ese contexto, señaló lo siguiente: “Cuando empezó el gobierno del pueblo, el 28 de julio, solo habían vacunado al 15% de la población”. Tras revisar la información oficial del Ministerio de Salud y consultar con expertos en el tema, la red Ama Llulla concluye que esta versión es engañosa.
En principio, para obtener el porcentaje de vacunación, el cálculo se realiza con base a la cantidad de dosis aplicadas sobre el número de población total, según explicó a Ama Llulla, el epidemiólogo César Cárcamo, docente de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
El mandatario Pedro Castillo se refirió al porcentaje de la población objetivo vacunada contra la Covid-19 para señalar que habían aumentado cuatro veces más ese índice.
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“Cuando empezó el gobierno del pueblo, el 28 de julio, solo habían vacunado al 15% de la población. En 100 días hemos logrado vacunar a cerca del 60% de la población objetivo. En 100 días hemos cuadruplicado el porcentaje de vacunación [contra la Covid-19]”.
El Ministerio de Salud (Minsa) ha establecido una población objetivo a vacunar que suma un total de 28 millones 24 mil 254 personas mayores de 12 años en el país.
META. El Minsa determinó que la población objetivo mayor de 12 años a vacunar contra la Covid-19 suma más de 28 millones de personas en el país.
En ese marco, la versión del presidente Castillo no es completa ni exacta.
Hasta el día 28 de julio, el portal de vacunación del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), el Minsa reportó que se aplicaron 4’979.099 de segundas dosis, lo que representa un 18% de la población objetivo con el esquema completo de vacunación.
Pero, además, 8 ‘060.329 ya habían recibido su primera dosis hasta ese día, lo que equivale a un 29 % de la población objetivo.
En total, el acumulado fue de 13 millones de dosis administradas.
DATA. Hasta el 28 de julio, hubo un 18 % de la población objetivo vacunada, según la plataforma del Reunis, del Minsa.
Por cierto, el 10 de noviembre, el mismo día en el que el presidente Castillo hizo esta afirmación, el Minsa informó que en 100 días el avance de 18 % a cerca del 60 % fue con relación a la población objetivo vacunada con las dosis.
También señala que el conjunto total de las vacunas aplicadas supera los 36 millones de dosis, incluyendo personas que han recibido una o dos dosis.
Balance. El propio Minsa informó que el avance de vacunación fue del 18 % a cerca del 60 % en cien días de gobierno.
En su presentación sobre los avances de sus primeros días en el gobierno, el presidente Castillo aseguró lo siguiente: “En 100 días hemos cuadruplicado el porcentaje de vacunación [contra la Covid-19]”. Esto tampoco es correcto.
Hasta el 28 de julio, cuando Castillo asumió el cargo, el Minsa reportó que las personas que ya habían recibido segunda dosis era de 4’979.099; esto que equivale a un 18% de la población objetivo.
Hasta el 4 de noviembre —cuando Castillo cumplió sus primeros 100 días de gestión—, el número de personas con la vacunación completa alcanzó los 15’798.301. Esa cifra representa un 56% de la población objetivo, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis).
DATA. En los cien primeros días de mandato del presidente Castillo, el avance de vacunación contra la Covid-19 ha aumentado el triple.
Este avance al 56% también fue publicado por el Minsa en sus redes sociales el mismo 4 de noviembre del 2021, a las 6 de la tarde, hora de cierre oficial del conteo.
Redes. El Minsa informó que al 4 de noviembre del 2021 se había inmunizado al 56 % de la población objetivo.
Ahora bien, el paso del 18% al 56% en el porcentaje de vacunación en la población objetivo representa un aumento a poco más del triple. La cifra, si bien es importante, no es lo mismo que el cuádruple, como afirmó el mandatario.
Juan Carbajal, ingeniero electrónico y exmiembro de Open Covid-19, una plataforma de científicos e investigadores que analizan datos sobre la pandemia, confirmó a Ama Llulla que la vacunación ha aumentado al triple entre finales de julio e inicios de noviembre del 2021; y aseguró que la información dada por el presidente es imprecisa.
Ama Llulla solicitó precisiones sobre la versión del mandatario a través del Despacho Presidencial. Al respecto, Gregorio Falconí, director de prensa de esa instancia, recomendó dirigir la consulta al sector respectivo, para obtener cifras precisas. Y recordó la afirmación del presidente acerca de que cada sector presenta su propio balance.
En resumen, no es cierto que al 28 de julio del 2021 solo había un 15 % de población vacunada. La cifra de personas con vacunación completa era hasta 3% mayor y además se sumaba un 29% de personas que ya contaba con una dosis. Además, el paso del 18 % al 56 % representa un avance del triple, y no del cuádruple como dijo Castillo.
En función a lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la versión del presidente Pedro Castillo acerca de que al 28 de julio del 2021 solo el 15 % de la población había sido vacunada, es engañosa.
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En un nuevo audio que expuso la Fiscalía en el octavo día de la audiencia de prisión preventiva, el exjefe de Copasa, Marcelo Córdova, le dijo a la consejera Chriss Díaz que Elmer Cáceres Llica también estaba envuelto en actos ilícitos.
Gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica es descubierto por su funcionario en audiencia. Foto: GRA
El Ministerio Público expuso este viernes el contenido de un nuevo audio que compromete aún más al gobernador de Arequipa. Durante una conversación entre la consejera Chriss Díaz y el funcionario del gobierno regional, Marcelo Córdova, éste revela que Elmer Cáceres Llica cometía ilícitos a través de terceros.
Según los indicios expuestos hasta ahora, el gobernador de Arequipa habría actuado como un agente activo en la presunta red criminal de ‘Los hijos del cóndor’. Ofrecía sobornos, puestos de empleo y tierras a los consejeros ‘aliados’, a cambio de lealtad política. Sin embargo, todo parece indicar que él también se habría beneficiado de los mismos ofrecimientos.
“En una reunión con Córdova, éste le indica que Gilberto Gallegos es uno de los testaferros del gobernador”. El fiscal señaló que el diálogo se produjo el 3 de enero de 2020.
Asimismo, dijo: “el asesor Edwin Esquivel es el que cobra dinero por las obras”, haciendo referencia a los diezmos que exigía la autoridad a las constructoras para adjudicar obras del Gobierno Regional de Arequipa.
De igual manera, la agente clave conversa con el funcionario sobre unos DNI que le pidió para entregarle terrenos en la asociación de Pampas Bayas. Se pretendía repartir parcelas entre los consejeros aliados tras salvarlo de la interpelación.
En otras conversaciones, Córdova menciona que el gobernador estaba al tanto de la reversión de terrenos a favor del Estado en las pampas de Majes Siguas. También de la contratación de personas recomendadas por los consejeros en el Gobierno Regional de Arequipa.
Estos audios se difundieron en el octavo día de audiencias de prisión preventiva en el que se debate si la máxima autoridad irá o no a la cárcel por 36 meses. El fiscal se encuentra exponiendo los fundados y graves elementos para los ocho funcionarios y consejeros.
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-La cuarta legislatura del anterior Congreso es declarada inconstitucional por TC. Durante el periodo trataron de imponer tres reformas constitucionales en la mitad del tiempo que exige la ley. Los seis magistrados del tribunal le bajaron el dedo por unanimidad a la modificación que permitió desdoblar una legislatura ordinaria, y que hiere de muerte a varias leyes faenones que aprobaron los anteriores otorongos.
-Congreso busca aumentar su presupuesto en 230 millones de soles. La Mesa Directiva del Congreso acordó aprobar para el 2022 una propuesta de presupuesto de más de 879 millones de soles. Significaría 260 millones más al Congreso de aprobarse.
-Pedro Castillo fue demandado por el presunto delito de tráfico de influencias . El abogado Carlos Huertas asegura que el presidente habría intentado favorecer a sus allegados para ascensos en las Fuerzas Armadas lo que, según él, configura abuso de autoridad al formar parte de un grupo de miembros del Ejecutivo que ejerció presión contra ex comandantes generales del Ejército y Fuerza Aérea.
-El Gobernador Cáceres Llica habría tenido un testaferro que sus colaboradores conocían. Un nuevo audio expuso este viernes la Fiscalía en el octavo día de la prisión preventiva contra el gobernador Elmer Cáceres Llica. Se trata de una conversación entre el exjefe de Copasa Marcelo Córdova y la consejera Chriss Díaz. El funcionario le revela que Gilberto Gallegos es uno de los testaferros del gobernador de Arequipa. Asimismo, le indica que Edwin Esquivel es el que cobra dinero a las proveedoras por la obras que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa.
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Periodista y editora audiovisual. Culminó sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha especializado en periodismo digital gracias a la formación de Google Adsense, Google News Initiative y la Fundación Gabo.
Sabíamos que en las primeras semanas de asumir el nuevo gobierno los conflictos sociales se iban a reactivar. Siempre ha sido así. En el inicio de la gestión de Alejandro Toledo estallaron los conflictos en el sur, especialmente en Arequipa cuando, sin mayor fundamento y evaluación, decidió privatizar la empresa EGASA. En el gobierno de Alan García, los conflictos estallaron a la semana: primero fue el conflicto en la comunidad de Combayo, Cajamarca contra Yanacocha, y luego los conflictos en Ilo contra la Southern, y de las comunidades nativas del río Corrientes contra la empresa PLUSPETROL.
Y en el gobierno de Ollanta Humala, los conflictos tampoco se hicieron esperar: estallaron en Ica con la protesta de los agricultores por el precio del algodón y del maíz, y luego continuaron los conflictos en Cañete, y luego Espinar… En el gobierno de PPK, las primeras semanas fueron también críticas: el paro de las comunidades de la provincia de Cotabambas en Apurímac derivó en violentas protestas que obligaron al gobierno a firmar actas de compromiso y prometer grandes inversiones que, para variar, no se cumplieron.
Siguiendo ese patrón de los conflictos era inevitable y previsible que los conflictos sociales estallaran en las primeras semanas del gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre. Así pasó. Las zonas de alta conflictividad, en verdad, ya estaban configuradas desde antes: el corredor minero del sur; las zonas petroleras del oriente, particularmente en las zonas de explotación del petróleo y la ruta del oleoducto; a ello se sumaban los conflictos en la sierra norte que va desde Ancash (Antamina) hasta los conflictos en Cajamarca.
Se esperaba que el gobierno de Castillo y de Perú Libre lograría desarrollar una mejor relación con las organizaciones sociales y pueblos en conflictos. Había condiciones para ello: el apoyo a Pedro Castillo había sido abrumador precisamente en las zonas de conflictos. Pero, unas semanas después cuando los conflictos se reactivaron, el gesto del entonces presidente del Consejo de ministros, Guido Bellido, de ir a lomo de caballo a Chumbivilcas no sirvió de mucho, sólo ganó tiempo, pero no resolvió nada.
Los conflictos siguientes siguieron con la misma tónica, la PCM y los ministerios comprometidos en las protestas continuaron con la misma lógica: estallido del conflicto – instalación de mesa de diálogo – firma de actas de compromiso que solo les permitía ganar unos días de paz o una tregua al gobierno, como lo afirmaban las poblaciones y organizaciones movilizadas.
El tratamiento o manejo de los conflictos sociales no es fácil, no hay fórmulas mágicas que transformen una situación de conflictividad en un clima de cooperación y diálogo. Puede haber buena intención y ganas de ayudar a resolver los conflictos, pero si éstas, no se concretan en políticas públicas, y si los actores involucrados no logran construir confianzas que den estabilidad al tiempo que demora la resolución de las causas, pues, simplemente, fracasarán.
Lo que aprendimos en las primeras décadas de la conflictividad social era que el Estado debía contar no solo con una estrategia de resolución de conflictos, sino con la institucionalización de los espacios para el diálogo y el tratamiento de las demandas de la población. Incluso llegamos a la convicción de que los conflictos son inevitables sobre todo cuando está a la base la disputa entre los actores por lograr relaciones de igualdad en la negociación con el Estado para que se legitimen las demandas y se institucionalicen los espacios.
Lamentablemente lo poco que aprendimos fue inmediatamente olvidado. Los conflictos de las décadas siguientes fueron asumidos sin tener una estrategia clara o por lo menos creíble; y la institucionalización del diálogo fue reducida a la creación de mesas de diálogo, grupos de trabajo o comisiones multisectoriales. No se tiene un cálculo exacto de cuántas actas se firmaron en los gobiernos anteriores; tampoco una evaluación del cumplimiento de los acuerdos, y menos de un seguimiento de esos cumplimientos. Pero, lo que, si debe quedar claro, es que esa estrategia de construir mesas de diálogo, firmas actas de compromiso no ha dado resultado. Y no darán resultados porque el instrumento del diálogo al estar desvinculado de una política de Estado no tiene mucha efectividad.
¿Por qué entonces seguir con esa lógica de organizar grupos de trabajo, constituir mesas de diálogo, firmar actas? ¿Por qué continuar con esa lógica de esperar que el conflicto estalle para luego firmar actas? “Hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes» ha sido definido como una especie de locura por Albert Einstein. Bueno, algo así nos está pasando. La reiteración en el error es lo que estamos viendo en estos cien días de gestión del presidente Castillo.
Considero que el problema que se repite en este proceso es no vincular el tratamiento de los conflictos sociales a los cambios políticos que están a la base. Se cree, a veces, que los conflictos se producen porque el gobierno no tiene una política de prevención o porque no hay equipos de diálogo o que los equipos de diálogo han fracasado. Puede ser parcialmente cierto esta apreciación, pero quienes estamos desde hace algún tiempo en la gestión de los conflictos sociales, notamos que los conflictos sociales buscan construir nuevos equilibrios políticos, nuevas representaciones y nuevos marcos institucionales en el cual se relaciones el Estado – la empresa y la comunidad.
Un conflicto social puede ser un factor de cambio, sólo con la condición de que haya una salida política y que genere cambios en leyes, normas o que se establezca nuevos equilibrios en la negociación entre los actores que modifique las relaciones de desigualdad existentes. La experiencia nos muestra que, si un conflicto social no logra transformaciones políticas en el Estado, sino produce cambios legales es poco probable que resuelva las causas que generaron el conflicto y la protesta. La persistencia del conflicto y la agudización de estos pueden devenir en crisis política permanentes, con consecuencias imprevisibles o resultados impensados.
Los conflictos no se resuelven solo con plata
Una de las evidencias de que los conflictos no se resuelven necesariamente con transferencias de dinero o del reparto de rentas de las empresas mineras hacia las comunidades campesinas, es el largo conflicto en el denominado “Corredor Minero”, que involucra a las provincias de Cotabambas (Apurímac), Espinar y Chumbivilcas (Cusco). En esta zona la conflictividad social es intensa y de larga duración, lleva más de doce años de conflicto activo; se han constituido innumerables mesas de diálogo, grupos de trabajo, comisiones especiales, comisiones técnicas y la intensidad del conflicto sigue igual que antes.
Los recursos transferidos para el financiamiento de expedientes técnicos son los siguientes
A las municipalidades distritales de Cotabambas se le transfirió S/. 139 869 070 (DS. N° 123-201-MEF). No obstante, el conflicto social en el “corredor minero” sigue con la misma intensidad; peor aún, se sigue firmando actas de compromiso y las mesas de trabajo siguen funcionando con agendas renovadas o ampliadas. Esta misma modalidad de transferencias económicas directas a distritos y comunidades se han realizado en otras zonas de conflictividad, y sin embargo los conflictos no parecen haber disminuido.
Lo mencionado nos debe llevar a lecciones a tomar en cuenta: no todo es dinero, o mejor: el dinero que se obtiene de la negociación de un conflicto solo calma temporalmente; pero alimenta nuevas tensiones; tampoco la promesa de nuevos proyectos de inversión calma expectativas, quizá las alimenta de tal forma que su no cumplimiento exacerba más a la población.
Reducir la negociación de conflictos a aspectos relacionados con dinero o compensaciones, puede dar la falsa sensación que por esa vía se resuelven los conflictos. Obviamente no afirmo que no hay que compensar por los daños generados por una actividad minera, petrolera o industrial; lo que afirmo es que el dinero es solo una compensación, no la solución al problema que generan dichas actividades.
Revisión de la estrategia en la gestión de los conflictos
Es frecuente escuchar que los conflictos sociales se producen por falta de diálogo o falta de prevención y equipos de expertos en diálogo y negociación. Eso es verdad, en parte. La experiencia acumulada en el Estado es que el instrumento de las mesas de diálogo, las metodologías de tratamiento de los conflictos; y la comunicación en tiempo real de las demandas sociales han sido ampliamente usadas; no obstante, la conflictividad no ha cedido.
No se tiene una cuenta de las mesas de diálogo que se han constituido en los últimos gobiernos; tampoco de su resultado. Lo cierto es que cada cierto tiempo las mismas mesas se vuelven a reinstalar. Cada vez hay nuevos expertos en diálogo y negociación que, con la experiencia acumulada, sacan adelante acuerdos, pero que, luego no logran contener la protesta.
Hay algo más profundo en la naturaleza de los conflictos sociales en el Perú. Los conflictos se desarrollan dentro de un marco político institucional que busca ser modificado. En tal sentido los conflictos están vinculados con los cambios políticos, con las reformas políticas. En muchos de los conflictos sociales actuales, su solución no está necesariamente en el terreno de las mesas de diálogo o en la prevención; sino en las reformas políticas que están en las competencias del Ejecutivo o del poder Legislativo. Eso lo saben muy bien los líderes de las protestas sociales, y por eso buscan a través de los conflictos los cambios políticos que exigen.
El reto que el gobierno de Pedro Castillo es entender la naturaleza de los cambios políticos que le exigen las poblaciones en conflictos. Obviamente, lo que se espera del gobierno son las reformas políticas que prometió, y que construya nuevos consensos políticos para la aprobación de leyes que permitan canalizar y resolver las protestas que generan los conflictos sociales.
Indudablemente que estos cambios políticos requieren que los actores sociales del conflicto recuperen confianza en el Estado. El Estado, en verdad, es un tercer actor, con un rol mediador entre la comunidad y las empresas, entre las poblaciones y las autoridades locales. Lamentablemente el descrédito en la institucionalidad del Estado, la falta de credibilidad en las autoridades ha debilitado su rol mediador en la conflictividad social.
El rol mediador del Ejecutivo en los conflictos sociales debe ser fortalecido, pero la efectividad de esa mediación pasa por la recuperación de la credibilidad de la función pública y el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado; los sectores no pueden ser, por ejemplo, interlocutores de las empresas privadas que están en el conflicto. Si algo ha funcionado mal en los diálogos y negociación es la imagen de parcialidad del Estado y débil capacidad de fiscalización de las empresas.
Respecto de qué es lo que queda después de un conflicto. No es la victoria de uno de los actores sobre los otros; lo que se espera es el establecimiento de nuevas relaciones de poder, o relaciones más equilibradas de poder. Veamos, el caso de las comunidades indígenas después de la tragedia de Bagua. Lo que quedó no fue la victoria ni del Estado (entendiendo que el origen del conflicto fue el paquete de leyes enviados por el Ejecutivo al Congreso, y su rápida aprobación sin que exista debate) sobre las poblaciones indígenas; sino la aprobación de la Ley de Consulta Previa que supuestamente iba a establecer las bases de la relación del Estado con los pueblos amazónicos. Las empresas petroleras debían adecuarse a ella.
Publicado en Pata Amarilla
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