Los alcances del texto consensuado de la Adenda 13 son más favorables para la empresa Cobra que para el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Así lo dio a conocer el congresista Daniel Oseda, que accedió al documento que busca el destrabe del proyecto agroenergético Majes Siguas II.
“La adenda 13 consensuada es absolutamente lesiva para los intereses de nuestro país” expresó el legislador. Así se expresó en conferencia para dar a conocer los alcances del texto consensuado al que accedió el lunes último, de manos de Autodema. Se trata del mismo documento que, en semanas previa, les fuera negado a los consejeros regionales.
Uno de los puntos expuestos corresponde a la forma en la que el GRA devolverá a Cobra el dinero del cambio tecnológico, estimado en 104.7 millones de dólares. Empero, la suma exigida por la concesionaria comprende un excedente de 25.9 millones de dólares por encima del monto de la adenda 13.
Ocurre que la constructora española también cobrará a la región Arequipa el importe por concepto de Impuesto General a las Ventas a aplicarse sobre la inversión de los 104 millones de dólares. Suma que el GRA deberá abonar hasta en dos armadas.
La primera cuota, estimada en 64.3 millones de dólares, deberá pagarse pasados 4 años y 6 meses de la firma de la adenda. Mientras que el abono de la segunda cuota habrá de realizarse al quinto año y sexto mes de rubricado el acuerdo. En el contrato, estos desembolsos reciben la denominación de Remuneración por Inversión Adicional (RIA).
Con ventajas en el cierre financiero de proyecto agroindustrial de Arequipa
Otro de los beneficios para la empresa Cobra es el referido al cierre financiero. De acuerdo con lo estipulado en el texto consensuado, este podrá realizarse hasta 18 meses después de firmada la adenda 13. Empero, ello no impide que pueda iniciar los trabajos y obtener certificados de avance que puedan avalar cobros en una eventual resolución del contrato.
Acorde a lo estipulado en el acta, el Gobierno de Arequipa y Autodema deberán entregar el control del proyecto, incluidas los terrenos saneados, tras seis meses de firmada la adenda. En caso de dificultades, podrá aplicarse un plazo adicional de tres meses más. Una vez cumplido este paso, la concesionaria deberá realizar el cierre financiero a los seis meses. Nuevamente, se considera un plazo de otros tres meses frente a cualquier eventualidad.
Para Oseda, tales dilaciones en el cierre financiero son una carta blanca en caso de disputa arbitral. “La adenda 13 permite al concesionario que pueda iniciar las obras de la segunda fase antes de haber emitido el cierre financiero correspondiente. Antes de que acredite que dispone de recursos propios. Y en el caso que se resuelva el contrato por incumplimiento de las partes, el concesionario podrá cobrar la RIA, como si hubiera puesto los 104.7 M de inversión original o por lo menos alguna mínima parte de ello. Lo cual resulta totalmente inaceptable”, señaló el legislador.
