La pandemia del COVID-19 fue una gran oportunidad para que los proveedores del Estado de diversos rubros se trasladaran a uno más rentable: la venta de equipos de protección personal para los trabajadores de las diversas entidades públicas, como mascarillas, guantes, jabón, alcohol en gel, mamelucos, entre otros artículos, para reducir el riesgo de contagio del coronavirus. La flexibilización de la Ley de Contrataciones del Estado durante la emergencia sanitaria dio luz verde a este nuevo giro de las personas naturales y las empresas, que les ha permitido obtener millonarios contratos en todo el país, pero también ha dado pie a numerosas investigaciones fiscales por corrupción.
Precisamente, entre marzo de 2020 y enero de 2021, el proveedor Michael Alexis Lanao Salvatierra obtuvo más de 5 millones de soles en contrataciones directas con el Estado, por causal de emergencia. Como persona natural, firmó 15 contratos con nueve instituciones del Estado, por un total de 4.532.844 soles, para la venta de mascarillas y otros equipos de protección personal, pese a que su actividad principal es la construcción de edificios. Como gerente general de la empresa Sakima E.I.R.L., vendió materiales de limpieza, aseo y protección a dos entidades públicas, por un total de 527.488 soles, a pesar de que la actividad principal de esta compañía es la venta mayorista de otros enseres domésticos y materiales de construcción.
En las primeras semanas del estado de emergencia nacional por la crisis sanitaria, el nombre de Michael Lanao y de otras personas naturales y empresas salió a la luz pública cuando medios de comunicación revelaron presuntas irregularidades en la compra de mascarillas por parte de la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Direicaj) de la Policía Nacional del Perú, por un total de 502.400 soles. y, luego, por la Municipalidad Metropolitana de Lima, por 449.800 soles. La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios inició investigaciones preliminares sobre las adquisiciones en ambas entidades estatales.
Las investigaciones fiscales a Michael Lanao como cómplice primario de funcionarios públicos en el delito de peculado, el escándalo mediático y la inexperiencia en la venta de equipos de protección personal, no fueron impedimentos para que el Banco de la Nación, la Policía Nacional del Perú, el Ejército del Perú, la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Municipalidad Provincial del Callao le siguieran comprando directamente mascarillas y otros artículos para enfrentar al coronavirus en Lima, Arequipa, La Libertad, Ucayali, Puno, Tacna, Moquegua, Callao y otras regiones.
Además de haber firmado contratos como persona natural con entidades públicas de Lima y de diversas regiones, durante la pandemia del COVID-19, Michael Lanao obtuvo contrataciones directas para su empresa Sakima con la Policía Nacional del Perú, a través de la XI Dirección Territorial de Arequipa y la III Región Territorial de Trujillo, y con el Instituto Nacional Penitenciario, en Pucallpa.
Un proveedor con suerte
Según la Sunat, Michael Lanao figura como persona natural con negocio, cuya actividad económica principal es la construcción de edificios completos y tiene como actividades secundarias la fabricación de prendas de vestir y la venta mayorista de otros productos. Con más de 12 años de experiencia vendiéndole al Estado, supo aprovechar la coyuntura de la crisis sanitaria por el COVID-19. Se aprovisionó de equipos de protección personal que empezaban a escasear en el mercado y los ofreció al mejor postor, tal como figura en una publicación de su cuenta de Linkedin.
La suerte de Michael Lanao durante la pandemia comenzó a los pocos días de la declaratoria del estado de emergencia nacional por el coronavirus. El 27 de marzo de 2020, la empresa Sakima le vendió mascarillas al Instituto Nacional Penitenciario – Dirección Regional Oriente Pucallpa, por 16.000 soles, a través de la modalidad de contratación de hasta 8 UIT (Unidad Impositiva Tributaria). El 31 del mismo mes, obtuvo la buena pro de la contratación directa para venderle 297.200 mascarillas descartables de tres pliegues al Ejército, a 3.50 soles la unidad y por un total de 1.040.200 soles.
Al día siguiente, el 1 de abril de 2020, Sakima consiguió la adjudicación para venderle 83,664 mascarillas a la XI Dirección Territorial Arequipa de la PNP, a un costo unitario de 4.50 soles y por un total de 376.488 soles. El contrato fue firmado con el jefe de la región policial de Arequipa, general Víctor José Zanabria, y los tapabocas estaban destinados al personal policial de las regiones policiales de Arequipa, Moquegua y Tacna. Ese mismo mes, el primer despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa, a cargo de la fiscal Marita Cueva, abrió una investigación preliminar para determinar si la Policía favoreció a esta empresa y se cometió el delito de negociación incompatible.
El 7 de abril, la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Direicaj) de la Policía Nacional del Perú le otorgó a Michael Lanao la buena pro de la adjudicación directa para la compra de 1.256 cajas de 50 mascarillas tipo N95 por un total de 502.400 soles. El 17 del mismo mes, le vendió alcohol medicinal al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), por 28.000 soles, a través de la modalidad de contratación directa por hasta 8 UIT. El 21 de ese mes, logro un contrato de la Municipalidad Metropolitana de Lima para la adquisición de 69.200 mascarillas descartables tipo N95, a 6.50 soles cada, por un monto total de 449.800 soles.
El Ejército le volvió a adjudicar a Michael Lanao, el 22 de abril, la contratación directa en la venta de kits de equipo de protección destinados al personal militar que realizaba patrullaje con el fin de afrontar la propagación del virus del COVID-19 (mameluco, respirador, lentes, guantes y botas de jebe), por un total 254.670 soles.
El 25 de abril, se hizo público que la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro abrió investigación preliminar sobre las presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de productos de bioseguridad y limpieza por la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Direicaj) de la Policía Nacional.
Un día antes, el 24 de abril, como primera diligencia, la titular del Sexto Despacho de esa fiscalía especializada, Mónica Silva, junto con agentes de la División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados al Crimen Organizado, acudió a la sede de la Direicaj, en la cuadra 3 de la avenida España, para recabar documentación y muestras de los artículos comprados que aún se encontraban en dicha dependencia policial.
El Ministerio Público investiga presuntos direccionamientos y sobrevaloración en cuatro procesos de contratación directa por más de 3 millones de soles para la adquisición de mascarillas, mamelucos, guantes, material de aseo y servicio de desinfección destinados a las direcciones de la Unidad Ejecutora N° 026-Direicaj PNP. Según la imputación fiscal, las empresas y proveedores involucrados habrían sido favorecidos por su vinculación con algunos altos mandos de la Policía Nacional.
Entre las irregularidades investigadas figuran la elaboración de los requerimientos, las especificaciones técnicas, el estudio de mercado, la vinculación con los proveedores, los precios sobrevalorados y la no ubicación de los proveedores en los domicilios fiscales. A ello se suma una supuesta sobrevaloración de los bienes adquiridos, que no se ajustan a las características solicitadas en las contrataciones directas.
La investigación por el delito de colusión agravada comprende a los oficiales y suboficiales PNP Nolberto Miranda Salez, Hjerri Fernandel Alvarado García, Néstor Javier Munayco Reátegui, Jussef Eder Ladera Rivas, Hugo Héctor Cieza Naval, Denisse Hilda Ramírez Chivilches, Victor Elvis Ocmin Vargas, Clara Lizbeth Ramírez Benites y Ronald Campos Cisneros. Son investigados como cómplices las empresas Finance Groups G&P S.A.C., Five Networks Solutions S.A.C., Uniform Sniper E.I.R.L. y los proveedores Michel Alexis Lanao Salvatierra, Jessica Lisset Esquivel Tinoco y Valeria Abigail Carbajal Montiel, Karla Ytala Gutti Barrenechea, Malena Stefanny del Rocío Bazán Solier y Héctor Antonio Contreras Morán.
Por este caso, el 7 de noviembre, el Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción hizo un operativo de allanamiento e incautación en 37 inmuebles, entre ellos la sede de la Direicaj. Se incautaron documentos, dinero, equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento informático, dispositivos portátiles y sellos.
Según Freddy Zevallos Ángeles, abogado de Michael Lanao, tras el allanamiento a los inmuebles, el deslacrado de los artículos incautados se detuvo porque la Fiscalía no tenía la logística para hacerlo. “Esta semana, hemos retomado los deslacrados, pero las copias espejo de los aparatos electrónicos (celulares, laptops, DVRs) se encuentran en stand by (en pausa) porque el Ministerio Público no cuenta con el soporte técnico para hacerlas”, precisó.
A pesar de que este caso fue uno de los primeros desde el inicio de la pandemia, aún se encuentra en etapa de investigación preliminar. El plazo para que finalicen las indagaciones vence en marzo próximo.
El 11 de diciembre de 2020, la Contraloría emitió el Informe de Control Específico N° 082-2020-2-3792-SCE sobre la adquisición de mamelucos, guantes y mascarillas para las unidades especializadas de la UE N° 026 de la Direicaj-PNP, realizada entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020. Entre sus conclusiones figura que el órgano encargado de las contrataciones de la PNP otorgó la buena pro de la contratación directa a Michael Lanao, pese a que este presentó la ficha técnica del bien ofertado en idioma extranjero, lo que no permitió que se corrobore que cumplía con las características mínimas requeridas ni con la finalidad de la contratación. Además, evidenció que se pagó el monto total de la adquisición sin que se haya emitido el informe del funcionario responsable del área usuaria que otorga conformidad a los bienes adquiridos.
De acuerdo con el informe, se suscribió el contrato con Michael Lanao “sin supervisar el proceso técnico de la contratación directa” y “consumando con ello lo que se había efectuado desde los actos preparatorios de beneficiar al postor para ser seleccionados como únicos proveedores en la contratación directa, para luego firmar el contrato, cuando el postor no habría cumplido con la condición de carácter obligatorio”.
Más contratos, pese a investigaciones fiscales
El mes de mayo, cuando el pico de la pandemia seguía creciendo, fue uno de los periodos de mayor prosperidad para Michael Lanao, por sus contrataciones con el Estado. El 6 de mayo se le adjudicó el contrato directo en la compra de mascarillas faciales para la red de agencias y oficinas administrativas del Banco de la Nación, por 1.508.000 soles. Por esta adquisición, el Ministerio Público inició una investigación a funcionarios de dicha entidad. Michael Lanao solo ha sido incluido como testigo.
El 12 de ese mes volvió a obtener una buena pro de la Policía Nacional del Perú, esta vez de la III Región Territorial Trujillo, para la adquisición de equipos de protección personal, por un total de 177.019. Al día siguiente, el 13 de mayo, le vendió lentes de protección de policarbonato a la Municipalidad de Lima por 3.750 soles, a través de la modalidad de contratación directa por hasta 8 UIT.
El 19 de mayo, la empresa Sakima obtuvo la buena pro, bajo la modalidad de contratación directa, para vender insumos médicos quirúrgicos y productos de aseo y limpieza a la III Región Territorial Trujillo de la PNP, por 135.000 soles. Han pasado ocho meses y la entidad policial no ha publicado el contrato en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).
El 27 de mayo se hizo público que el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro, a cargo de la fiscal Zoila Sueno Chirinos, empezó una investigación preliminar para esclarecer las irregularidades que se habrían cometido en la Municipalidad de Lima en el proceso de adquisición de 69,200 mascarillas tipo N95, a Michael Lanao y de 546,800 guantes descartables a la empresa Biobysa S.A.C., valorizados en un total de 660.320 soles.
Un día antes, el 26 de mayo, el fiscal adjunto Erik Rojas Oscátegui y policías de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) ingresaron a la oficina de Logística de la Municipalidad de Lima y al domicilio legal de Michael Lanao, para recabar documentos sobre el proceso de contratación directa.
Según la tesis fiscal, Michael Lanao y el representante legal de Biobysa S.A.C., Modesto Cardoso Alvíncula, son cómplices primarios del delito de colusión agravada por haber concertado con tres funcionarios de la Municipalidad de Lima: Óscar Priscilio Leandro Diestra (Coordinador administrativo de la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres), Carlos Miguel Cabrera Huatay (Subgerente de la subgerencia de Logística Corporativa) y Luis Wilver Barrios del Pozo (Especialista de Indagación de Mercado de la subgerencia de Logística Corporativa).
La modalidad usada, de acuerdo con la Fiscalía, fue la siguiente: Funcionarios ediles pidieron cotizaciones a empresas que no tenían como actividad principal la venta de mascarillas y guantes, para que el precio del proveedor que querían que ganara sea considerado el menor; modificaron la especificaciones técnicas para validar la cotización presentada por la empresa que querían que obtuviera la adjudicación directa, pese a que no cumplía los requisitos iniciales; y elaboraron un informe de indagación de mercado sin tomar en cuenta el precio histórico de las mascarillas.
La investigación fiscal también detectó que Michael Lanao entregó su cotización al municipio fuera del plazo permitido, que pidió por las mascarillas un precio por encima del mercado (El requerimiento del municipio era de 4.80 soles por cada mascarilla, pero terminó pagando 6.50 soles) y que, días antes de obtener la adjudicación, acudió a las oficinas de la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima.
El 12 de agosto, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Anticorrupción de Lima Centro solicitó nueve meses de prisión preventiva para los tres trabajadores del municipio limeño y sus presuntos cómplices primarios, Michael Lanao y Modesto Cardoso. Sin embargo, el juez Manuel Antonio Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de Lima, les dio comparecencia con restricciones y dispuso el pago de una caución de 5 mil soles, para los funcionarios, y 15 mil soles, para los empresarios. El Ministerio Público apeló pero, casi cinco meses después, aún no obtiene respuesta de la instancia superior.
El juez Chuyo Zavaleta, quien negó la prisión preventiva en esta investigación, ha visto varios casos emblemáticos. En agosto de 2018, dictó 36 meses de prisión preventiva a 13 de los presuntos integrantes de «Los Cuellos Blancos del Puerto». En diciembre de 2019, desestimó el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva para el empresario Edwin Oviedo por el mismo caso. Y en 2018, dio comparecencia restringida a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, investigada por el equipo especial Lava Jato por recibir aportes de Odebrecht a su campaña para la No Revocatoria, en 2013.
Para Freddy Zevallos Ángeles, abogado de Michael Lanao, no hay avances en la investigación. “Desde la audiencia de prisión preventiva, en donde se vio ridiculizada la Fiscalía, dejaron paralizada la investigación. No vienen investigando absolutamente nada, ya no han hecho ningún acto de investigación, ya no reciben declaraciones testimoniales, ni nada. Ya va a vencer el plazo y tienen dos opciones: acusar o sobreseer. Lo más factible es que pidan el sobreseimiento”, dijo a este medio de comunicación.
La Fiscalía tiene 240 días para realizar las diligencias y el plazo está a punto de terminar. Fuentes del Ministerio Público informaron a Convoca.pe que todo indica que se formulará acusación contra Michael Lanao y otros investigados por el la venta de mascarillas y guantes a la Municipalidad de Lima.
Más contratos, más dinero
Lanao ha continuado presentando cotizaciones a diversas instituciones públicas, como el Poder Judicial, al que, en junio de 2020, intentó venderle alcohol en gel a 24 soles el litro, por un total de 1.038.048 soles, y mascarillas quirúrgicas, a 1.55 soles cada una, por un monto de 653.008 soles, pero sus propuestas fueron observadas porque no cumplían las especificaciones técnicas. También envió una propuesta para vender jabón tocador líquido a 17.50 la unidad, por un total de 645,925. Esta última cotización sí obtuvo la validación técnica, pero era más alta que la de otra empresa que ofrecía la unidad a 12.85 soles.
El 3 de agosto, por tercera vez en el año, Michael Lanao obtuvo la buena pro del Ejército para venderle herramientas, por 57.689 soles. El 20 de ese mes, la Municipalidad de Villa El Salvador le adjudicó el contrato para compras de equipos de protección personal, por un valor total de 47.937 soles.
El 25 de setiembre, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-Agro Rural le otorgó la contratación para la compra de herramientas manuales en Puno, por 97.200 soles. El 21 de octubre, volvió a lograr la buena pro de la Municipalidad de Villa El Salvador y le vendió uniformes por 239.546 soles. El 29 de ese mismo mes, la Municipalidad del Callao le adjudicó el contrato para la adquisición de equipos de protección personal por 51.900 soles.
El último contrato obtenido el 2020 fue el 11 de noviembre, cuando ganó la buena pro del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para la compra de respiradores y filtros por 41.900 soles. Michael Lanao comenzó el nuevo año con más buena suerte, pues el 15 de enero obtuvo la adjudicación de la Municipalidad Provincial del Callao para la compra de respiradores y filtros para respiradores por 32.832 soles.
En 2020, una tercera investigación fiscal se inició contra Michael Lanao. El 14 de abril se hizo público que el Primer Despacho de la Fiscalía Corporativa Anticorrupción de Junín, a cargo del fiscal Carlos Rodrigo Mera Palomino, abrió investigación preliminar tras la denuncia interpuesta por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín sobre presunta sobrevaloración en la compra de material de bioseguridad para la Policía Nacional. Un equipo de fiscales intervino el almacén de la VI Macro Región Policial Centro- Huancayo, las instalaciones de la Región Policial Pasco, Huancavelica y la Comisaría de La Merced.
Entre los investigados por los delitos de colusión agravada y peculado doloso figuran el coronel PNP Víctor Hugo Meza Farfán y el mayor PNP Sixto Hernani Bravo, jefe de la Oficina de Administración y jefe de Logística de la Unidad Ejecutora N° 010-VIII-Dirtepol-Huancayo, respectivamente. Con el avance de las indagaciones se incorporó a otros imputados como Michael Lanao Salvatierra, Luis Pajuelo Flores, Alejandro Oviedo Echevarría, Walter Yantas Turin, Alan Vega Arauco, Fernando Urcon Ventura, Karin Vásquez Puente, María Paredez Montenegro, Paola Contreras Cortes, Sherally Díaz Flores, Nélida Sandoval Cárdenas, Alexander Bonifacio Vivanco, José Peña Gonzales y Rosa Li Caycho.
Por el delito de colusión, en la modalidad de cómplice primario, a Michael Lanao le correspondería la misma pena que a los funcionarios públicos acusados en las tres investigaciones fiscales, la cual sería superior a los cuatro años de cárcel.
Abogado dice que no hay pruebas
En entrevista con Convoca.pe, Freddy Zevallos Ángeles, abogado de Michael Lanao, dijo que tanto en la investigación por la venta de mascarillas a la Policía Nacional como a la Municipalidad de Lima, la Fiscalía no ha llegado a establecer ningún vínculo de su defendido con los funcionarios públicos a cargo de las contrataciones, por lo que no hay manera de probar el delito de colusión, en la modalidad de cómplice primario.
“La teoría de la Fiscalía es la misma: como no es el mismo rubro por el cual es contratado, por ende habría un acto colusorio. La Fiscalía no tiene conocimiento de contrataciones en el Estado porque en la modalidad de contratación directa, la ley y su reglamento, facultan a las empresas proveedoras o a las personas naturales a contratar con el Estado, pese a que objeto social no sea el requerido”, dijo Zevallos, quien recordó que, desde hace muchos años, Lanao se dedica a la venta de equipos de protección personal, como actividad secundaria.
Según Zevallos, como su patrocinado tiene una experiencia de 12 años contratando con muchas entidades del Estado, cuando las instituciones públicas hacen el estudio de mercado, ven a las personas naturales y jurídicas que han contratado últimamente con el Estado, y lo invitan a cotizar.
Con respecto a la presunta sobrevaloración de los productos vendidos al Estado, el Zevallos destacó que, debido a la coyuntura de la pandemia del COVID-19, los precios de los equipos de protección personal “se fueron hasta las nubes” no solo por la demanda sino por las restricciones que dio el gobierno en cuanto al tránsito vehicular como peatonal. “Obviamente, se incrementa la logística y tienen que incrementarse los precios del producto. Si a una entidad con la cual se trabajó anteriormente y se le dio un precio y a otra otro, simplemente porque sin diferentes productos y situaciones”, explicó.
A pesar de que el abogado reconoce que Michael Lanao sigue contratando con ciertas entidades del Estado que le solicitan cotizaciones, afirmó que su labor comercial se ha visto perjudicada por esta “lapidación mediática”. Por ello, advirtió que llegarán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar una demanda por los daños ocasionados, cuando concluyan las investigaciones fiscales, que esperan terminen con sobreseimiento, archivos o absoluciones.
Empresa sancionada por documentos falsos
Michael Lanao es gerente de la empresa Sakima, que se dedica, según ficha de la Sunat, a la venta al por mayor de otros enseres domésticos, venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, y equipos y materiales de fontanería y calefacción, y venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados.
El 18 julio 2016, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a Sakima con 39 meses de inhabilitación para contratar con el Estado, según la Resolución 1643-2016-TCE-S4. Dicha sanción se aplicó entre el 26 julio 2016 y el 26 octubre 2019.
El Tribunal encontró responsabilidad administrativa por presentar “documentos falsos e información inexacta”, en la propuesta técnica del proceso de selección para la adquisición de mobiliario de madera, convocado por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, en 2015. En esa ocasión, Sakima se presentó en consorcio con la Empresa de Servicios Múltiples de Artemiza Ríos E.I.R.L. El Tribunal ordenó la misma sanción para las dos empresas y dispuso que se comuniquen los hechos al Ministerio Público.
El consorcio de ambas empresas presentó un acta de conformidad y una constancia de prestación a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, realizada en 2011 por Artemisa Ríos. Tras consultar a la institución, dicha entidad negó haber expedido ambos documentos. Además, la entidad estatal detectó que el postor Artemiza Ríos declaró como experiencia 102.920 soles por venta de mobiliario a la FAP, según contrato del año 2011, pero el monto real era por 102.055 soles.
Si bien la actividad de la empresa Sakima se detuvo por la sanción, entre el 26 de julio del 2016 y el 26 de octubre del 2019, Michael Lanao siguió vendiéndole al Estado como persona natural con negocio y obtuvo 47 contratos con instituciones públicas y, al menos, 52 órdenes de compra. Esto representa el 34.26% de su historial como proveedor con el Estado.
La misma dinámica se observa en los ingresos obtenidos durante el tiempo de la sanción. Por procesos de selección, obtuvo más de 6.365.000 soles; y por órdenes de compra, alrededor de 787 mil soles. Entre ambos conceptos percibidos en el tiempo de inhabilitación de Sakima, Michael Lanao aglutina el 29.69% del dinero acumulado en las contrataciones con el Estado.
Pese a que la sanción recibida por Sakima se originó en una licitación con el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, Michael Lanao siguió licitando con dicha entidad, como persona natural, durante la inhabilitación de su empresa. En agosto de 2019, le vendió parlantes amplificadores portátiles y megáfonos, por un total de 174.000 soles.
¿Por qué en algunas ocasiones Michel Lanao le vendía al Estado a través de su empresa Sakima y en otras como persona natural? Según su abogado Freddy Zevallos Ángeles, hacía esto por “logística” y por “estrategia comercial”, pues, a veces necesitaba abarcar como empresa porque como persona natural estaba en otro concurso, ya que muchas entidades del Estado lo invitaban a cotizar.
“Lanao y Sakima son personerías independientes. Si la empresa tiene una sanción, no puede contratar con el Estado, pero no hay imposibilidad para Michael Lanao, quien contrata como persona natural. Sería una estrategia, exacto, y eso no lo hace solamente él, lo hacen hasta las transnacionales”, admitió Zevallos.
Debe miles de soles a la Sunat
A pesar de los más de 5 millones de soles obtenidos por los contratos durante la pandemia del COVID-19, Michael Lanao le debe a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). La deuda acumulada en el periodo tributario de diciembre de 2019 a octubre de 2020 era de 78.644 soles, según la página de la Sunat, al 8 de enero de 2021.
Tres entidades están asociadas a esta deuda que Michael Lanao tiene con la Sunat. De los 78.644 soles adeudados, 73.723 soles corresponden al Tesoro Público, 2.567 soles a EsSalud y 2.354 soles a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El 25 de noviembre de 2020 se inició la cobranza coactiva de las deudas más antiguas y el 10 de diciembre, de las más recientes.
La deuda más alta es de 41.896 soles y está asociada al Tesoro Público. Corresponde al período tributario de abril de 2020, cuando Michael Lanao obtuvo contratos para la venta de mascarillas a la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de la Policía Nacional del Perú, por 502.400 soles; y la Municipalidad Metropolitana de Lima, por 449.800 soles; así como para la venta de kits de equipo de protección para el Ejército Peruano, por 254.670 soles.
Además, la empresa Sakima le debe a la Sunat un total de 5.841 soles. Al Tesoro Público le debe 2.485 soles y a Essalud 3.356 soles, en el período tributario de diciembre de 2019 a setiembre de 2020. La cobranza coactiva de la primera deuda se inició el 1 de enero de 2020 y de la más reciente, el 17 de noviembre de 2020. Las deudas coactivas de Michael Lanao, como persona natural, y de su empresa Sakima han sido remitidas por la Sunat a las centrales de riesgo, de acuerdo con la página web de la entidad de recaudación tributaria.
(*) Periodistas en Red es un proyecto colaborativo que lidera Convoca.pe en alianza con La República, El Tiempo de Piura, El Búho.pe de Arequipa y reporteros independientes de diversas regiones del país.
