La emergencia sanitaria que enfrenta Arequipa y todo el país nos hizo tomar conciencia de la importancia de la calidad de los implementos de seguridad. Una necesidad que también se extiende a la seguridad en el trabajo, y que deben salvaguardar tanto instituciones como empresas.

Todo parece indicar que esto no ocurrió en la Licitación Pública Nº 004-2019 de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Contraloría emitió un informe de control específico respecto a presuntas irregularidades en este proceso de selección, que retrata descuidos y omisiones en la adquisición de implementos de seguridad para trabajadores municipales.

La licitación en cuestión se denominó “Adquisición de implementos de seguridad para el personal de la Municipalidad Provincial de Arequipa”, convocada el 29 de mayo de 2019. Esta labor se encargó al comité de selección que conformaron José Antonio Zea Díaz (subgerente de Logística), Eleanora Gálvez Arce (subgerente de Recursos Humanos) y Vilma García Silva.

La buena pro la obtuvo la obtuvo la empresa Vancouver SAC, que proveería 45 ítems por un monto de 500 mil soles. Proveerían distintos tipos de guantes, mascarillas, calzado, lentes, coderas, rodilleras, cascos, tapones y hasta escudos antimotines. Aunque su propuesta no cumplía con lo estipulado en las bases. Los postores debían presentar muestras de los implementos que pedía la comuna, para ser evaluados por el comité.

Solo dos empresas llegaron a esta etapa: Inversiones Consur Perú y la del proveedor ganador. Sin embargo, ambas propuestas diferían de lo estipulado en las bases. Por ejemplo, la de Vancouver SAC incumplía la característica de un ítem, mientras que presentó un producto no considerado, aunque por un error tipográfico de la MPA. Sin subsanarse ninguna de las inconsistencias, el comité dio luz verde a su propuesta y se firmó contrato el 16 de agosto del 2019. Pero aún hay más.

Buena pro sin pasar pruebas de calidad

El descuido del comité de selección no se limitó al cumplimiento. Tampoco atendieron a los estándares mínimos para equipos de protección personal y ropa de trabajo, ni las directrices del Instituto Nacional de la Calidad (Inacal).

La omisión quedó en evidencia el 11 de marzo del 2020, cuando un equipo de Contraloría verificó las muestras entregadas por Vancouver SAC. Se evaluaron 11 muestras de ítems., concluyéndose que 4 incumplían las especificaciones técnicas.

Se trataba de mascarillas con válvulas que presentaban bordes de menor calidad que los estipulados. También lentes de protección de menos de la mitad del peso requerido. Además de rodilleras y coderas tácticas con relleno defectuoso. Lo mismo que escudos antimotines que no se ajustaban a los estándares mínimos.

La entidad de control envió las muestras al Centro de Producción de Bienes y Servicios de Ensayo de Materiales de la Universidad Católica de Santa María. El laboratorio revisó los 11 items y concluyó que eran cinco los que incumplían la normativa de calidad.

Para Contraloría, el proceso debió declararse desierto desde el inicio. Si el comité de selección realizaba la corroboración de las especificaciones técnicas, se habrían encontrado las diferencias con los requerimientos en las bases.

Funcionario de la Municipalidad de Arequipa omitió cobro de penalidad por retrasos

Los vicios no se limitaron al proceso de selección. Durante el cumplimiento del contrato se produjeron otros despropósitos que también pusieron en riesgo los recursos de la Municipalidad de Arequipa.

La empresa se comprometió a realizar una primera entrega de los implementos, al 2 de septiembre del 2019. Días antes de vencerse el plazo, solicitaron una ampliación de plazo para la entrega de cascos antimotín, escudos antimotín, y coderas y rodilleras tácticas. Señalaban dificultades con el embarque de dichos elementos por complicaciones en Aduanas. Por ello, pedían un plazo no mayor a 30 días hábiles para subsanar el retraso.

El área usuaria de las adquisiciones, que era la Subgerencia de Recursos Humanos, se pronunció en contra de la ampliación. Por el contrario, pidió que se vele por el cumplimiento estricto del cronograma de entregas. Su postura fue respaldada por Asesoría Jurídica, que consideraba improcedente al requerimiento.

Este no fue el caso del subgerente de Logística, José Antonio Zea Díaz. El encargado respaldó la solicitud de Vancouver y señaló que el retraso no era imputable al contratista. Al final, la empresa entregó los demás elementos en la fecha fijada, y semanas después subsanó el saldo restante del primer bloque.

La cosa no quedó ahí. La segunda entrega tuvo un retraso de 53 días. Estaba prevista para el 7 de octubre, pero recién se hizo efectiva los días 25 y 29 de noviembre. Tanto el encargado del almacén municipal como la Subgerencia de Recursos Humanos hicieron notar esto al encargado de Logística.

Por el atraso, el proveedor se hacía merecedor de una penalidad del 10% del monto total del segundo despacho. Incluso, así lo hizo notar el área usuaria, señala Contraloría. No obstante, Zea Díaz no notificó de esto al área de Tesorería, que no aplicó el gravamen en el pago realizado a la compañía. Fue la propia Vancouver la que depositó en la cuenta de la comuna el monto de la penalidad, motu propio.

La empresa y el funcionario

En su informe, Contraloría hace notar algunos antecedentes entre José Antonio Zea Díaz y Vancouver SAC. Durante el paso del funcionario por la Municipalidad Distrital de Paucarpata, este integró dos comités de selección que adjudicaron procesos de selección a favor de la empresa.

El primero data de marzo del 2017. Se trata de la Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Ciudadana de la comuna distrital, por 62 mil 900 soles. Le sigue uno del 6 de julio del 2018. Fue la por la adquisición de indumentaria para el personal del servicio de Seguridad Ciudadana, por 51 mil 243 soles.

Las coincidencias continuaron cuando Zea Díaz llegó al Municipio de Arequipa, en la gestión de Omar Candia Aguilar. Además de la Licitación Pública 004-2019-MPA, Vancouver obtuvo 9 órdenes de compra durante el 2019, por un total de 134 mil 272 soles. Todas por la adquisición de prendas e implementos de seguridad.

De acuerdo con OSCE, las socias accionistas de Vancouver SAC son Yhizard Díaz Dueñas y Yolanda Rivera Palma. Según SUNAT, se constituyó en agosto del 2013. En Transparencia Económica aparece como proveedor del Estado por 5 millones 657 mil soles, de los que 711 mil se obtuvieron con la MPA, y 637 mil durante el 2019.

Municipalidad de Arequipa, perjuicios y responsabilidades

Contraloría valoró en 195 mil soles el perjuicio económico generado por las irregularidades en el proceso de selección. Recomiendan que la comuna deslinde responsabilidades con los funcionarios señalados. Asimismo, piden al Procurador Público Anticorrupción que inicie acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos señalados.

Se determina presunta responsabilidad penal y administrativa de parte de José Antonio Zea Díaz y Eleanora Gálvez Arce. Mientras que David Mogrovejo Gonzales y Vilma García Silva tendrían solo responsabilidad administrativa.

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Perú es el último de una encuesta a 27 países cuyo nivel de felicidad ha disminuido drásticamente en el 2020 respecto al del año pasado. Según Ipsos Global la encuesta fue aplicada entre julio y agosto del 2020 a 19 mil 516 personas conectadas a Internet de 27 países.

La intención fue medir la felicidad del mundo. Según hallaron, Perú y los demás países latinoamericanos han presentado una caída en la sensación de felicidad, en comparación con el 2019. Una de las preguntas que arrojó esta conclusión fue:

• En general, dirías que eres: muy feliz, bastante feliz, no muy feliz, nada feliz.

Tal como muestra el cuadro, a nivel mundial, hubo prevalencia de felicidad. Es decir, ésta no ha cambiado desde 2019. Incluso la conclusión sugiere que está aproximadamente a la par con el mínimo del estudio registrado en marzo de 2017, y 14 puntos por debajo de los máximos observados en 2011 y 2013.

Sin embargo, Perú, Chile y México experimentan caídas de dos dígitos en comparación con el año 2019 (-26, -15 y -13 puntos, respectivamente). Del total de los encuestados, el 615 no está muy feliz. Se observan caídas de casi 10 puntos, tanto en Canadá como en Estados Unidos (-8 y -9).

En el cuadro elaborado por la encuestadora se aprecia el drástico descenso de la felicidad en el país hasta agosto. Esto implicaría que la pandemia del coronavirus tuvo gran protagonismo en estos resultados.

Actualmente China, ocupa el primer lugar con un 93% que informa estar feliz (11 puntos más que el año pasado, ascendiendo desde el tercer al primer lugar). Este continúa con los Países Bajos (recientemente agregado este año) con un 87%, y Arabia Saudita con un 80% (dos puntos más que hace un año). Por otro lado, las bajas más grandes en los niveles de felicidad son en Perú (26%), Chile (15%) y México (13%).

Con respecto a qué les da felicidad a los peruanos, el 77% de ellos comentó que se sienten felices cuando gozan de salud y bienestar físico. Otras fuentes de felicidad de los peruanos que también resaltaron fueron el sentir que la vida tiene sentido (70%) y los hijos (65%).

Infelicidad que afecta la salud mental

Según las cifras del Sinadef, actualizadas al 10 de octubre del 2020, el Perú ha registrado 432 suicidios. Las tres regiones con mayor tasa de suicidios han sido Lima, Arequipa y Cusco. Desde enero hasta hoy, Arequipa y Lima cuentan 68 suicidios cada una; mientras que Cusco se encuentra en el tercer lugar con 60 decesos voluntarios.

Arequipa lidera ranking con mayor número de suicidios en Perú

Actualmente, la crisis económica que ocasionó la pandemia, el incremento de la tasa de pobreza y el desempleo, hicieron que la palabra suicidio sea más frecuente en la mente de los ciudadanos. Las autoridades nacionales son conscientes que el trabajo de la asistencia mental en el país aún es insuficiente. En Arequipa, el colegio de Psicólogos del Consejo Directivo Regional actualizan constantemente sus líneas de atención psicológica gratuita.

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Recientemente el Ministerio de Energía y Minas (MEM), con el nuevo ministro Incháustegui a la cabeza, ha iniciado reuniones para buscar espacios de diálogo en varias regiones mineras del Perú (Moquegua, Cuzco). Se ha planteado gestionar la revisión de los proyectos, con participación de las municipalidades distritales. El MEM, asume el seguimiento y monitoreos de los compromisos asumidos por las empresas que llevan a cabo los proyectos, labor que antes estaba a cargo de la PCM.

Después de revisar algunas actas de las reuniones y propuestas de proyectos de Resoluciones Ministeriales, se nota a que “juega” el MEM: solo busca “dilatar” los acuerdos para tener una etapa de “tranquilidad” en la continuación de las operaciones mineras, para que no se agudicen los conflictos en las zonas productivas del sur del país; pero nada de cambios concretos.

La realidad con los resultado de los MAP, en más de 10 años, es que los diferentes grupos de trabajo con  participación ciudadana no son tomados en cuenta. Al no tener el reconocimiento “formal” de su institucionalidad en la normativa existente, no participan en la toma de decisiones, se les convoca, pero no se les hace caso a sus reclamos y/o demandas. Más adelante presentaremos el caso de los resultados del MAP a través de varios años, sobre la calidad de aire, el agua y sedimentos de la minera Cerro Verde en Arequipa. También haremos referencia a un Monitoreo Ambiental Comunitario de la calidad de aguas de la cuenca del río Cañipia, en Espinar usando macroinvertebrados, zona de influencia de la Minera Antapacay –Expansión Tintaya.

Está claro que los pedidos caen en “saco roto”, porque lo único que el MEM se compromete, es a hacer llegar las recomendaciones  a las entidades competentes para su ejecución “inmediata”.

Los MAP, son una parte de las modalidades de Participación Ciudadana, que surgieron hace mas de 10 años, ante la inacción en el control de la contaminación por descuido de las empresas y la falta de fiscalización de parte de los organismos competentes del estado. Los impactos graves de los proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos ocurren al amparo de  una normativa ambiental manipulada y modificada para «incentivar las inversiones” desde el año 2014; en vez de avanzar, se ha retrocedido. Las empresas con apoyo del estado vieron en los MAP una “salida” para bajar la tensión de los conflictos socio ambientales.

Esta participación de la sociedad civil, presenta una marcada dicotomía, por un lado, las empresas forman y promocionan los comités buscando legitimar sus actividades; y por otro lado, es la sociedad civil que busca unirse, formando grupos comunitarios para generar información con ayuda de la academia. Y también para poder acceder a la información ambiental de los proyectos extractivos.

La realidad actual es que el deterioro de la calidad de los factores ambientales (agua, aire, suelo, biodiversidad etc.) en el entorno de las operaciones mineras y de hidrocarburos, han  afectado la salud de las poblaciones, originan la pérdida de calidad de vida, y han alterado la forma de vida de decenas de comunidades y pueblos indígenas originarios.

Para la investigación sobre el tema de MPA, se ha hecho un análisis de tres publicaciones recientes sobre la calidad de la información que se genera, el marco conceptual en el que se basan, y algunas conclusiones y recomendaciones propuestas. En base a los análisis de estos documentos, se puede concluir que existe un déficit grande en lo que se refiere a una verdadera y legítima participación ciudadana. No existe una implementación de mecanismos que permitan que las comunidades sean consultadas, brinden aportes con una efectiva participación en la toma de decisiones, para los desarrollos de los proyectos extractívos, pese a que son actores  principales.

Otro de los aspectos a remarcar de la revisión de los informes y notas, es que los autores adolecen de una formación en la temática ambiental, dando lugar a un uso inadecuado de conceptos, lo que origina confusiones en el análisis y aseveraciones en forma de falacias.

El seguimiento, monitoreo y la vigilancia ambiental conforman un sistema que debe garantizar el cumplimiento de un Plan de Manejo Ambiental (PMA), establecido en los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), con medidas detalladas y realizables, preventivas y correctoras y hasta compensatorias. El plan de vigilancia ambiental de los proyectos, debe ser realizado por especialistas, acompañados con pobladores, lo que permite detectar los incumplimentos y controlar los posibles impactos, tomar medidas correctoras y mitigar los efectos sobre los factores ambientales. Lo que se necesita es acción continua de fiscalización en los proyectos en desarrollo.

En los casos que se termina la etapa de construcción de un proyecto, se debe ejecutar un plan previamente diseñado de restauración, el cual debe lograr reparar parte de los daños causados durante esta etapa. Este accionar debería ser el objetivo del Grupo de Trabajo del sector de Tumilaca, con el Proyecto Quellaveco (AAQ) en la región Moquegua. La vigilancia ambiental asegurará que esta restauración se lleve a cabo de forma correcta.

Los ANTECEDENTES de los MAP, se remontan a los años 2007 -2008 que surgen como respuestas a los conflictos socio-ambientales en las zonas mineras. Los grupos, comités formados con diferentes nombres y apelaciones, fueron apoyados por el MEM, subsector minero, como una manera de resolver/manejar las situaciones de conflictividad entre las poblaciones y las empresas.

A través de los últimos 15 años años existen aproximadamente unas 50 agrupaciones involucradas en actividades de MAP; se trata de organizaciones más o menos activas en las principales regiones mineras, cuyo accionar depende del grado de los impactos en su calidad de vida y la conflictividad existente; en la actualidad  las mas activas son las del corredor minero sur andino.

Varios de los Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa (CMVAP), actúan parcialmente en las actividades de MAP en aproximadamente 30 empresas mineras.

En el MARCO LEGAL existente hace más de 10 años, este no ha sido actualizado, los MAP forman parte de los mecanismos de participación ciudadana. Estos son reglamentados por una norma (D.S. N° 028-2008-MEM y la R.M N° 0304- 2008-MEM), para su conformación y funcionamiento; los CMVAP deben inspirarse, como mínimo, en los derechos y principios ya identificados en dicha norma (iii). Estos incluyen los Derechos a la:

Participación: toda persona tiene derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones de la autoridad, sobre asuntos referidos a la actividad minera, que pudieran tener alguna incidencia sobre sus intereses, sin perjuicio de las competencias que les corresponden a las autoridades en cada uno de los niveles de gobierno.

Acceso a la información: toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información y acceder adecuada y oportunamente a la información pública.

Los Principios incluyen: el respeto a la diversidad cultural; No discriminación; El diálogo continuo; Vigilancia ciudadana. La población tiene derecho a realizar de manera organizada actividades de control y seguimiento sobre las medidas, acciones, obligaciones y compromisos sociales y ambientales asumidos por el titular minero.  Este rol de control y seguimiento debe estar a cargo de una institución especializada.

Como referencia, es importante conocer que, entre febrero 2008 y agosto del 2009, la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) emitió 30 Resoluciones Directorales en las cuales se consideró el mecanismo de “Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo”.  Existía prisa por implementar este instrumento para “alivianar” los conflictos existentes en la actividad minera.

Síntesis de la revisión de estudios recientes

1.En la publicación del Grupo Regional de Desarrollo (GRADE), sobre “Propuestas para mejorar los mecanismos de evaluación ambiental minera (i), el objetivo fue brindar recomendaciones de política pública, para contribuir a mejorar el monitoreo ambiental de la minería. Se menciona que en los proyectos analizados (Veladero, San Juan, Argentina y Antapacay- Expansión Tintaya, Espinar, sur de Perú), se identificó que minería (de gran escala) produce incertidumbre, con respecto al uso excesivo  del recurso en contra de una disponibilidad limitada y los efectos sobre la calidad del agua por la contaminación, por falta de control de sus efluentes. La desconfianza sobre el recurso hídrico se manifiesta en un aumento de los conflictos socioambientales, (las poblaciones del entorno se protegen de mayores daños) y la pérdida de legitimidad de las capacidades estatales en la fiscalización ambiental.

Además, indican que sería necesario fortalecer las instituciones de evaluación ambiental minera; para el caso de Perú sería el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que no es solo para minería. También recomienda que sería clave para afianzar el control ambiental sobre la minería, el transparentar los mecanismos de evaluación como el muestreo, análisis (estos no son mecanismos, son parte de una metodología que cumple protocolos y realizada por especialistas).

Adicionalmente sugieren mejorar el acceso ciudadano a la información y a los derechos ambientales (información, decisión y justicia).

Evaluando el documento se verifica que los autores economistas no tienen claro los conceptos, ya que mal utilizan varios términos, lo que origina confusión. Por ejemplo, los MAP no son un mecanismo de evaluación (no valora nada), es un mecanismo de participación. El monitoreo es una herramienta de supervisión, que arroja datos puntuales de valores de la calidad de los factores ambientales en tiempo y espacio; por lo que su ejecución no representa nada concluyente, si no se tiene elementos (valores de línea base) u objetivos designados previamente para vigilar su cumplimiento.

En la nota se cuestiona el rol desempeñado por el Estado y sus equipos técnicos respecto al control ambiental. Se señala que ante esta situación las poblaciones locales han recurrido a la realización de monitoreos “independientes”, ya que desconfían de los procesos de control ambiental dirigidos por los Estados o empresas. 

2. En el Informe titulado “Comités de Monitoreo Ambiental Participativo en Contextos Mineros”, apoyado por la cooperación canadiense, se ha investigado en forma simultánea casos de proyectos mineros en 4 países (Argentina, Bolivia, Panamá y Perú). de la región LAC (ii).

Este análisis identifica algunos de los contextos de creación de los CMAP, y su relación con los sistemas gubernamentales de cada país. Se mencionan algunas “buenas prácticas” para superar los desafíos, y se comparten políticas basadas en acciones que fortalecen a los comités, presentan un enfoque que contribuiría a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El caso estudiado que revisamos es el del proyecto  Antpacay – Expansión Tintaya, localizado en la Provincia de Espinar, región Puno (sur Perú). Se ha tratado de abordar el problema a través del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (S.N.G.A). Se menciona que las entidades competentes OEFA y Autoridad Nacional del Agua (ANA)  han realizado avances en la desconcentración de sus funciones administrativas mediante

– Apertura de la Autoridad Local del Agua (ALA) “Alto Apurímac – Velille”

 – Una oficina de enlace de OEFA – Espinar.

Las dos instituciones experimentan una serie de deficiencias (falta de equipos con personal capacitado y “expertise”), se atiende las quejas, recibiendo los oficios correspondientes, lo que no permite cumplir como entes fiscalizadores y támpoco garantizar la protección ambiental.

Entre los problemas identificados en el SNGA, se tiene:

I. Limitado acceso a la información, pese a la implementación de la vía digital, para facilitar el acceso a la información del IGA, estos continúan siendo procesos largos que requieren el manejo de un lenguaje técnico, lo que dificulta el acceso a información para la ciudadanía.

II. Instrumentos de evaluación ambiental “insuficientes”.

Los instrumentos de evaluación ambiental “existentes” no contemplan el monitoreo de la cantidad del agua, que es un aspecto crítico de las demandas poblacionales. Esto es una falacia, porque lo que existe son las Evaluaciones de Impacto Ambiental  (EIA); en el caso de Perú, solo se considera un elemento intrínseco, el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EsIAS). En este documento, se establece valores de referencia de la calidad del agua, aire, suelos, denominado como línea base (inventario ambiental), que son registrados antes del inicio del proyecto.

Estos datos de “línea base” sirven para poder comparar con los nuevos valores de la calidad del agua, suelo, aire, registrados con los efectos de las acciones, una vez iniciado el proyecto. Por otra parte, mostrando un desconocimiento en la temática ambiental, se menciona que los instrumentos de gestión ambiental existentes (Estándares de Calidad Ambiental –ECA y Límites Máximos Permisibles – LMP) son “insuficientes” para evaluar los impactos ambientales acumulados en el territorio. Es pertinente aclarar que los ECA y LMP, No son “instrumentos”, son parámetros, ver límites que se deben tener en cuenta, según la normativa, para definir si por encima de ese valor puede generar daño al medio ambiente o a la salud de la población.

III. Deslegitimación.

La población desconfía de la “independencia” de las instituciones, por “favores” de las empresas en la logística del monitoreo, como el traslado de personal, refrigerios y equipos.

IV. Desestimación del valor político, social y ambiental del monitoreo comunitario

Las instituciones estatales deslegitiman los MAP por razones técnicas. Esta percepción negativa impide aprovechar la información ambiental generada “permanente” en el tiempo.

V. Justicia Ambiental en Espinar

Se sigue tratando de “esconder” el problema de la causalidad de la contaminación del agua de las cuencas de los ríos Cañipia y Salado. Después de más de 30 años de explotación de la mina Tintaya, sin las regulaciones ambientales actuales, es lógico pensar que las acciones de la explotación  antigua, y ahora Antapaccay, estén en el origen de la grave contaminación de las aguas en las cuencas. Se menciona que existen estudios del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) de los años 2013 y 2015, que corroboran un origen de los metales pesados asociado  a la minería

VI. Falta de atención a la salud de la población afectada

Existen dos Planes de atención a la salud (2015 y 2015-2017) para Espinar que no se han cumplido. La población reclama la vulneración de sus derechos a una atención de salud integral.

Entre las RECOMENDACIONES DE POLÍTICA  de este informe, se incluye:

• Mejorar el Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental

• Transparentar los mecanismos de evaluación ambiental minera

–Ampliar los mecanismos de participación ciudadana en minería.

Se remarca que es trascendental que se articule a los “monitoreos comunitarios” dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Proyecto de Ley N°336/2016-CR).

• Justicia Ambiental en Espinar

Es urgente que el Estado cumpla con el diseño e implementación de la estrategia de salud pública de emergencia para la población de Espinar.

3. El Proyecto PERCAN, de la cooperación Canadiense, (Menard, 2011), elaboró una Guía para la implementación de CMVP (iii).

Se basó en 3  estudios de casos: Ancash (Huarmey, Jangas); Arequipa (Bateas y Cerro verde); Moquegua (Comisión Mesa de Diálogo “grupo de trabajo para el caso Aruntani”)

Una preocupación que se decantó en los estudios es la poca confianza de la población en los resultados, y hasta en la independencia de los comités y participantes en los monitoreos con la empresa. Muchos pobladores no creen en los resultados cuando son difundidos, sobre todo cuando los datos “confirman”, que no hay contaminación, así  se “vivan” los efectos que dañan la salud de los pobladores o sus animales.

En este esfuerzo se contó con ayuda internacional, mediante las experiencias de instituciones internacionales que han contribuido a promover la implementación del monitoreo ambiental participativo en el país. Dos de ellas estaban involucradas como financistas, la Corporación Financiera Internacional (CFI) en el caso del proyecto minero Yanacocha en Cajamarca, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el caso del proyecto gasífero Camisea en Cusco y Ayacucho.

En el documento se define el Monitoreo ambiental, como la recolección, procesamiento y análisis sistemáticos de datos en el tiempo por parte de especialistas técnicos; a fin de identificar los cambios en algunos aspectos o elementos del entorno de un proyecto.

Esta guía, presenta propuestas bien estructuradas para los CMVAP, analizando los Principios y Valores que deben promoverse, se define los Objetivos y el Rol del comité y se señala algunas pautas para la formalización de los CMVAP.

Entre las conclusiones se remarca que esta Guía fue elaborada para el MINEM, para la implementación del mecanismo de participación ciudadana del Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos contemplado en la norma vigente; lamentablemente esta propuesta, la más seria, no ha sido difundida ni utilizada para tratar de consolidar el mecanismo en el subsector.

Así, entre otras recomendaciones señala que los CMVAP deben elaborar sus propios programas y herramientas para realizar sus acciones de monitoreo y vigilancia.

Se preguntan ¿cómo se pretende generar confiabilidad en los resultados de las acciones de monitoreo y vigilancia? Indicando que deben respetarse algunas reglas básicas tal como lo estipula la norma de participación ciudadana.

Algunos casos emblemáticos:

Minera Cerro Verde

Lineas abajo se muestra un cuadro, donde se sintetiza los resultados de los monitoreos de la calidad del aire, de la calidad de agua y sedimento desde el año 2013, realizados por la OEFA en la zona de influencia de la operación minera.  Se aprecia que los valores de material particulado (PM 10 y 2,5), sobrepasan los ECA de calidad del aire. En el caso del agua también los valores de los parámetros medidos muestran que la calidad de agua está deteriorada; igual los contenidos de metales pesados en los sedimentos.  Conociendo estos incumplimientos por parte de la minera, no se ha hecho nada al respecto. Esta situación es por falta de capacidad técnica y “expertise” de la OEFA para hacer una evaluación especializada y proponer medidas de mitigación

También se ha reportado en una investigación de la UNSA, en marzo del 2020, la presencia de metales pesados (cadmio, arsénico) en los cultivos de hierba buena y otros, en el distrito de Tiabaya, que al ser consumidos por los cuyes, los animales presentaron envenenamiento. Estos contaminantes llegan a los campos de cultivo con el viento, son polvos secos procedentes de la relavera, situada a menos de 10 km en línea recta.

Actualmente los pobladores de los distritos (Socabaya, Uchumayo Tiabaya) colindantes a la operación, están afectados por un “Smog” fotoquímico (ozono troposférico, aerosoles y PM). La contaminación también se ha triplicado, igual que la producción, afectando seriamente la salud de la población. Así, estos gases son potencialmente peligrosos en el contexto actual del coronavirus, lo que incrementa la cantidad de contagiados.

N.°	Número de Informe	Descripción	Fecha	Participativo /No participativo	Componentes evaluados	Parámetros que incumplieron los ECA vigentes* y/o normativa referencial**
1	217-2013 OEFA/DE-SDCA	Monitoreo de calidad de aire en el distrito Socabaya, Arequipa	30 enero – 3febrero de 2013	NP	Aire	PM (2.5)
2	081-2015-OEFA/DE-SDCA	Monitoreo de calidad ambiental de aire en el distrito de Jacobo Hunter, provincia y departamento de Arequipa	8 – 12  diciembre 2014	NP	Aire	PM (2.5) Localidades de Costa Verde y Tingo Grande
3	263-2015-OEFA/DE-SDCA	Monitoreo ambiental participativo de calidad ambiental de aire en el distrito de Jacobo Hunter, provincia y departamento de Arequipa	3 – 8 noviemb. 2015	P	Aire	PM (2.5) y PM (10)
4	276-2016-OEFA/DE-SDCA	Monitoreo ambiental de calidad de agua superficial y sedimento en el Río Chili y afluentes, en los distritos de Yura, San Juan De Tarucani, Cayma, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Sachaca, Jacobo Hunter, Socabaya, Tiabaya y Uchumayo, Provincia y Departamento Arequipa	14 – 18, mayo 2016	NP	Agua y sedimento	Agua: Conductividad eléctrica, coliformes totales, coliformes termotolerantes, cloruros, DBO, arsénico, boro, hierro y manganeso.     Sedimento: Arsénico, cobre, cromo y mercurio.
5	003-2019-OEFA/DEAM-STEC	Evaluación ambiental en el área de influencia de la unidad minera Cerro Verde de la Sociedad Minera Cerro Verde SAA, ubicada en los distritos Uchumayo, La Joya, Yarabamba y Tiabaya, provincia y departamento Arequipa	2 abril – 12 mayo; del 18 – 31 julio, y del 1-19  setiembre 2018	NP	Agua y sedimentos, comunidades hidrobiológicas geología local aire, suelo, polvo sedimentado	Aire: PM (10)   Agua superficial: pH, Conductividad , eléctrica, Cloruros Fluoruros, Boro.   Sedimento: Cobre

Antapaccay – Expansión Tintaya

Las comunidades campesinas de la provincia de Espinar y los pobladores de la ciudad de Yauri (Cuzco) han recurrido a ONGs para desarrollar monitoreos hídricos comunitarios.

Existe una asociación civil (Asociación de Vigilantes y Monitoreos Ambientales de Espinar), para que los resultados de los controles ambientales en sus comunidades sean institucionalmente reconocidos.

Resultados conocidos 

En el rio Tintaya, desde los años 2010 -2011 se comprobó la contaminación por sulfatos, nitritos, selenio, manganeso e incluso calcio. También los contenidos de molibdeno superaba los 0,5 mg/L, estroncio superaba los 0,8 mg/L y la dureza total era mayor a 500 mg/L.

Esta situación es particularmente grave, ya que el estado está “presionado” hace varios años por los “lobies extractivos” para no mostrar resultados negativos; el estado no ha sido capaz, por falta de ética y transparencia, de decir la verdad sobre los resultados en el Informe final Integrado (MINAM, 2013).

Es cuestión de tiempo que se corrobore, el origen de la contaminación de los acuíferos por la minería. Esta contaminación y pérdida de la calidad de agua ya se está demostrando, con el “Monitoreo Ambiental Comunitario de la calidad de aguas de la cuenca del río Cañipia. Se está estudiando macroinvertebrados bentónicos, en los cuerpos de agua, como bioindicadores de la calidad del recurso, con el apoyo de profesores biólogos de la UNMSM.

Discusión

Hace mas de 10 años que no se ha creado ninguna nueva norma para incentivar y mejorar la participación ciudadana. El desorden imperante en la realización de monitoreos, las varias iniciativas locales, la falta de atención del estado a los reclamos de los CVMAP y la falta de credibilidad en los informes que se presentan, hacen a esta herramienta inútil, y un gasto no justificado.

Sintetizando podemos decir que estas prácticas de monitoreos no han sido beneficiosas; no existe una verdadera participación de las comunidades y tampoco se ha logrado crear confianza y disminuir  tensiones. Solo se ha logrado aplazar parcialmente la conflictividad en las zonas mineras.

Luego, el “proceso” de comprometerse con la comunidad, no ha sido verdadero, falta transparencia en el accionar de las empresas.

La abundancia de estudios sobre la temática del MAP, realizados por opinólogos, sin argumentos ni resultados valederos, muestran que existe la consigna  de organismos internacionales de querer mostrar casos de éxito, cuando no los hay.

Esta herramienta tiene varias deficiencias, desde su falta de concepción de una metodología coherente y válida, los resultados muestran que su realización por parte de las empresas no logran legitimar sus actividades.

Ante la falta de cumplimiento de los ECAs, los organismos emiten informes, pero no se hace nada, no hay propuestas de medidas de control y mitigación; los impactos sobre los factores ambientales (agua, aire, suelos, cultivos etc.), continúan afectando la salud de la población.

La situación es insostenible, el estado continua cediendo a las “presiones” de los grupos de poder que manejan el sector extractivo, para no mostrar los resultados de envenenamientos, con metales pesados provenientes de las actividades de empresas irresponsables

Hay que enfrentar la “verdad desnuda”, existe en el entorno de las zona mineras, la contaminación de factores ambientales (agua, suelos) en toda la cuenca; y se está afectando la salud de las poblaciones. En el corto plazo esta situación, deberá traer consigo el ajuste de las regulaciones y una fiscalización descentralizada, más severa. Estas protestarán diciendo que hay exceso de normas y trámites, pero solo les quedará ir más allá de cumpir la mormativa “débil” y manipulada; y asumir el compromiso verdadero de cuidar el medio ambiente. Así, sería peor continuar con la contaminación de elementos claves como los acuíferos, debemos proteger las cabeceras de cuenca y no poner en riesgo la sostenibilidad ambiental del país.

El próximo gobierno deberá tener clara la “Agenda ambiental pendiente” en cuanto a los Pasivos Ambientales Mineros (PAMs), el MINAM, por lo que deberá tomar el liderazgo con autonomía, transparencia y ética, para  ganar credibilidad y retomar la confianza.

El tema de Evaluación de Impactos Ambientales en los proyectos es complejo, por lo que existen IGA, con una metodología bien establecida;, donde intervienen especialistas multidisciplinarios, debiendo ser exhaustivos y deben tener plazos razonables para su diagnóstico; estos documentos deben ser acompañados con resúmenes simples en lenguaje accesible en máximo 20 páginas, no los que se presentan de más de 500 páginas. Así, los ciudadanos deben poder revisar los resultados de la evaluación y tomar nota para vigilar y monitorear los planes de manejo que contienen las recomendaciones que se deben cumplir para controlar y mitigar los impactos. 

Es necesario implementar cursos sobre las bases de la Gestión ambiental (IGA) para economistas y abogados; y a todo nivel, para que se pueda hablar con conceptos claros y puedan ser entendidos y utilizados en la forma correcta.

Un “remedio” sería la contratación de instituciones autónomas (Universidades o consultoras extranjeras). La incorporación de instituciones autónomas en el proceso de EIA, tiende a restablecer la confianza ciudadana respecto de la calidad de la información ambiental. La lista de consultoras autorizadas por el MEM para realizar los EsIA, debe ser revisada y su perfomance evaluada por expertos.

Recomendaciones

Se propone modernizar y mejorar la normativa existente, con la creación de nuevas normas para incentivar la participación ciudadana en la vigilancia y monitoreo del cumplimiento de los compromisos que figuran en los Planes manejo, de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA).

Se sugiere algunos principios que deben ser tomados en cuenta para mejorar la participación ciudadana. Entre otros:

La Corresponsabilidad, que significa que todos igualmente responsables como individuos y como grupo de que los objetivos y metas del comité se logren. La corresponsabilidad exige la voluntad de todas las partes de trabajar conjuntamente.  También la búsqueda de Consenso; el ejercicio de la Democracia, entendida como el poder que reside en la totalidad de sus miembros; haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. Además el Diálogo: entendido como un proceso de aprendizaje interno; la Equidad de género; la  Inclusión social; la Justicia social; la Rendición de cuenta; el Respeto intercultural; la complementariedad como forma de relacionamiento; el  Respeto a la vida y al medio ambiente y la Transparencia. ¡¡Hay mucho por hacer!!

Es necesario aclarar el concepto de “mecanismo de participación ciudadana”, no es posible que organismos como OEFA, mencione a las denuncias ambientales; o el SENACE, a la entrega de RE y EsIA, publicaciones de avisos y buzones de sugerencias, confundiendolos con elementos de acceso a la información.

Es necesario promover la participación ciudadana efectiva, y revisar los resultados de los EsIA; ya que no se ha logrado realizar las evaluaciones de impactos ambientales y sociales confiables y con la rigurosidad requerida. El tema del impacto social debe ser abordado de manera independiente y en las etapas tempranas de los proyectos; esto permitirá generar confianza en la población, cuando los impactos sean controlados y mitigados.

Las entidades competentes tienen que hacer prevalecer la meritocracia en sus puestos directivos con profesionales capaces y honestos; también se debe hacer alianzas con la academia para generar la formación de equipos profesionales con las capacidades y valores éticos requeridos.

Para descentralizar la labor de fiscalización se debe crear una Superintendencia de Medio Ambiente; apoyarse en convenios con las universidades para la investigación, tener el apoyo de egresados de Ingeniería Ambiental y de sus laboratorios.

Es urgente potencializar los equipos revisores para mejorar los resultados en las labores encomendadas; además que se mejora la conciencia ambiental ciudadana en todo el país. 

Lincografía

(i)http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/GRADE_ap50.pdf

(ii)https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiip_SyZbsAhWErVkKHc9oA0gQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Fundp%2Flibrary%2Fplanet%2Fenvironment%2FUNDP-CIRDI_Participatory_Environmental_Monitoring_Committees_in_Mining_Contexts_ES.pdf&usg=AOvVaw1J0GSib2rZfdmGBY-zu_4s

(iii)Percan https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCkM7J0aXsAhVGvFkKHc7DC28QFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.minem.gob.pe%2Farchivos%2Fpublicacion-Gu%25C3%25ADa_Comit%25C3%25A9_Monitoreo_y_Vigilancia_Ambiental_Participativo_110912-5ofzz17z49v9zuz6.pdf&usg=AOvVaw1uFEN0r3pPWYyw6n-qM_VG (iv)Núñez del Prado, H., (2020) Análisis de la participación ciudadana en los proyectos extractivos en el Perú.

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Los dos años que lleva la actual gestión frente a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), ha mostrado poca eficiencia en ejecución del presupuesto anual. Aunque este año produjo un freno en la realización de obras en la región a causa de la pandemia, el 2019 también expuso cifras bajas en su gestión.

El 2019, primer año de la gestión del alcalde provincial Omar Candia, ejecutó el 41% de los 79 millones 273 mil 866 soles asignados. En lo que va del 2020, a pesar de las condiciones adversas de este año, la MPA ha ejecutado solo un 23.4% de los 67 millones 109 mil 429 soles.

Para la gerenta municipal de la MPA, María Antonieta Torres Espejo, la ejecución deficiente del presupuesto se debió a los expedientes pendientes que dejó la gestión de Alfredo Zegarra. Estos documentos no estaban concluidos según la funcionaria, ya que no especificaban los detalles de los proyectos para concretarlos, y su elaboración requiere de tiempo.

Un ejemplo claro de la lentitud para concluir obras por parte de la MPA, es el eje vial Jerusalén – San Juan de Dios. La obra dio inicio a finales del 2018, pero actualmente aún se encuentra a un 80% de avance. Según el alcalde Candia, la razón es que debió ampliarse el presupuesto de la obra en 6 millones de soles.

Esta obra ha tenido una serie de observaciones y acusaciones de irregularidades en su ejecución. Por ejemplo, en octubre de 2019, el gerente regional de Contraloría de Arequipa, Alberto Arteaga, advirtió que ya se había utilizado un 85% del presupuesto de la obra, pero solo se tenía un 51% de avance.

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Alcalde de Arequipa apuesta por reactivación económica

En su defensa, Omar Candia ha explicado que el 90% del presupuesto del 2020 ya se encuentra comprometido para la ejecución de futuras obras. Es el caso del intercambio vial en la avenida Kennedy, que supondrá un presupuesto de 51 millones 525 mil 724 soles. La buena pro se otorgaría el 28 de octubre, según el cronograma de la obra.

El burgomaestre también ha recalcado el plan de reactivación económica propuesto para la provincia. Este supondrá una inversión de 100 millones de soles para ejecutar 33 obras en 18 distritos. De este presupuesto, 26 millones están destinados a obras que están por iniciarse.

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Entrevista a Ricardo Giesecke, exministro del Ambiente, sobre la decisión del Congreso de archivar el Acuerdo de Escazú. Así desconoció los informes técnicos al respecto y se sumó a la postura empresarial.

La pandemia ha provocado una serie de estragos en el país, donde Arequipa no es la excepción. Uno de los más notorios ha sido el ocasionado en el sector Educación. Apenas iniciado el proceso de matrículas del Año Escolar 2020, se declaró la emergencia. Entonces se inició un proceso para evitar la afectación de los escolares, implementando el dictado de clases virtuales, mediante aplicativos y otras vías de comunicación.

A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación, la brecha tecnológica en muchas jurisdicciones del Perú provocó fallas en el sistema “Yo aprendo en casa”, implementado para las instituciones públicas. En el caso de las instituciones educativas privadas, tampoco les fue mejor. Luego de seis meses, el número de alumnos no contactados a la fecha, es preocupante.

Año Escolar 2020 de Arequipa en cifras

A finales de agosto, el director de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, Wilver Gómez Castillo, declaró que hasta aquel momento eran 14 mil 484 los estudiantes que no habían podido ser contactados desde que inició el año escolar. De ese total, 9 mil 294 alumnos están matriculados en instituciones públicas y 5 mil 190 en colegios privados. De confirmarse, en el reporte de octubre de la Gerencia de Educación, un número similar, estaríamos hablando de alumnos que ya habrían repetido el año escolar, pues es imposible que pueda recuperarse a dos meses del fin del año escolar.

En el caso de las matrículas, no hubo una afectación notoria, ya que este proceso se realizó antes que se iniciara la cuarentena, y la implementación de nuevos recursos de dictado. La cantidad de alumnos matriculados en el año 2019 en Arequipa fue de 333 mil 267 estudiantes en la educación básica. Del total, 201 mil 614 corresponden al sector público (Censo Educativo del 30/06/2019).

Los alumnos matriculados para el año escolar 2020 de educación básica, que incluye las modalidades de básica regular, especial y alternativa, son 345 mil 023, hasta la semana 38 del año escolar en curso. De este total, 189 mil 121 pertenecen a instituciones públicas, 43 mil 475 a instituciones públicas de convenio, y 112 mil 427 a colegios de gestión privada (aplicativo YAWI – DGP- GRE Arequipa).

Por el momento, el Censo Escolar se encuentra en proceso en el presente año, al igual que la información del SIAGIE-MINEDU, por lo que hasta el momento las cifras están basadas solo en los reportes mensuales remitidos por los directivos de las II.EE de la región.

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Crisis de instituciones privadas de Arequipa

Entre los más afectados por las condiciones especiales de este año escolar, a raíz de la pandemia, están los colegios privados. El presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Región Arequipa (Asiepra), Rutbel Begazo Salazar, explica que entre 100 a 150 instituciones privadas en la región Arequipa han solicitado su suspensión temporal y otras el cierre definitivo.

A nivel nacional ya se han registrado 226 bajas definitivas de entidades privadas. Son 190 mil alumnos que desertaron y el 70% de ellos corresponde a los primeros años escolares.

Del total, entre el 60% al 70% pertenecen al nivel inicial, debido a la dificultad de implementar los mecanismos de dictados de clase de manera no presencial, con niños de esta edad. El distrito de Cerro Colorado, jurisdicción que concentra la mayor cantidad de instituciones educativas privadas a nivel regional, también ha sido el distrito donde más se han concentrado el cierre de instituciones, mayormente de nivel inicial.

Migración de colegios particulares a nacionales

La conjunción de una serie de factores que han afectado a las instituciones privadas ha provocado la crisis de este sector. Entre ellas está la resolución ministerial del Minedu, que aprobó que los padres de familia puedan trasladar sus hijos matriculados en colegios privados, a públicos.

“Son instituciones que han tenido, 60 o 70 niños, de ellos, muchos pidieron su traslado a instituciones públicas. Se quedaron con la mitad o un 60%. Las otras rebajaron las pensiones al 50%, a esto se sumó la morosidad en las instituciones privadas, entre el 50%, 60% y hasta el 70% llega la morosidad. Entonces, una institución que bajó las pensiones, que se fue la mitad de alumnos y encima tiene alto índice de morosidad, no puede seguir sobreviviendo, tuvieron que cerrar”

Presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Región Arequipa (Asiepra), Rutbel Begazo Salazar.

Como parte de esta estrategia de matrícula excepcional hasta el mes de julio, se recibieron 3 mil 600 pedidos de padres de familia solicitando una vacante de traslado a instituciones públicas. El proceso de matrícula formalmente se cierra el 30 de octubre.

Begazo Salazar fue crítico a esta medida, ya que por lo menos las instituciones que engloba Asiepra disminuyeron sus pensiones entre 40% a 50%, considerando la vulnerabilidad económica provocada por la cuarentena en los padres de familia, sumándose el incremento de la morosidad en los pagos. A pesar de esto, la medida del Minedu no consideró la afectación directa a los colegios particulares, al aprobar la migración de alumnos a instituciones nacionales.

Despidos inevitables en Arequipa

Como consecuencia de esta crisis en los colegios privados, el despido de personal, entre docentes y administrativos, fue inevitable. A nivel nacional, las instituciones educativas privadas aglomeran aproximadamente 180 mil profesores y 20 mil administrativos que se encargan de la instrucción de dos millones de estudiantes.

En Arequipa, aproximadamente 14 mil entre profesores y administrativos a nivel regional emplean las instituciones privadas. De este número, unos 3 mil que han perdido su trabajo por la crisis actual de los colegios privados.

Se proyecta que, para el fin de este año escolar, cierren el mismo número de instituciones que ya no están en funcionamiento actualmente, es decir entre 100 a 150 más.

Clases presenciales aún lejanas

El presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Región Arequipa (Asiepra), Rutbel Begazo Salazar, tuvo una reunión virtual con el ministro de Educación, Martín Benavides, junto a otros representantes de colegios privados a nivel nacional, el jueves 24 de septiembre.

En la reunión se planteó la posibilidad de la semipresencialidad en el dictado de clases, régimen que permitiría reducir el aforo a un 50% en los centros educativos, turnándose la asistencia por grupos. Pero la propuesta se consideró inviable, luego de tratarlo entre los padres de familia y los directivos de los colegios particulares.

Para Begazo Salazar, apoyado en encuestas realizadas a padres de familia, prefieren que no se implemente la presencialidad de alumnos en centros educativos, hasta que no se cuente con la vacuna.

“Hasta que no existe la vacuna, no puede haber semipresencialidad o presencialidad por una sencilla razón, imagínese los niños de primer grado, segundo grado, jugando con las mascarillas, tendría que presentar pruebas moleculares. Y apenas se presente un solo caso, tendrá que entrar en cuarentena todo el colegio, sería un desastre. Volveremos a la presencialidad solo cuando aparezca la vacuna, ese es al menos el sentir de los padres de familia y de las instituciones que alberga Asiepra”, dice.

Presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Región Arequipa (Asiepra), Rutbel Begazo Salazar.

Medición de metas pedagógicas

La incertidumbre sobre si se lograron los objetivos pedagógicos planteados para este año en cuanto al desempeño de los estudiantes se incrementa. Considerando que el Ministerio de Educación no había emitido la reglamentación sobre la evaluación calificativa hasta septiembre. A menos de 3 meses de concluir el año escolar.

Por ello continuaba solo la evaluación formativa, es decir que se exponen debilidades y deficiencias, pero no hay una calificación cuantitativa ni cualitativa. Esta es primordial para considerar si un alumno ha logrado aprobar el año escolar en curso.

La preocupación era mayor, teniendo en cuenta que este Año Escolar 2020 concluirá el 22 de diciembre para las instituciones públicas y privadas. Este retraso para definir la forma de calificación y valoración del desempeño escolar, están basadas en la implementación de las clases virtuales. Las cuales exponen sus limitaciones, en comparación con las clases presenciales.

El objetivo era evitar un escenario similar como el ocurrido en Bolivia. Donde se promovió a toda la población escolar al siguiente año de instrucción, debido a su deficiente sistema educativo no presencial de dictado de clases; anunciando la clausura del año escolar el 2 de agosto.

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Resolución del Minedu

Si bien el Perú ha logrado superar al país vecino con el sistema educativo virtual implementado, aún existe una serie de actores educativos afectados, entre el desempleo del personal y las falencias de enseñanza en los instruidos. Ante ello, el Ministerio de Educación aprobó en la segunda semana de octubre la Resolución Viceministerial N°193-2020-MINEDU.

Esta indica que se valorará el esfuerzo del alumno. Tras haber perseverado en continuar sus estudios de esta manera virtual, en medio de la emergencia sanitaria. Por ello, se anuncia que los estudiantes cursarán una promoción guiada, para poder matricularse en el Año Escolar 2021.

En otras palabras, un escenario que guarda coincidencias con Bolivia, aunque el año escolar en Perú continuará hasta su fecha planteada. Aunque no se dice abiertamente que ningún alumno repetirá de año, las medidas adoptadas hacen suponer ello.

El ministro de Educación, Martín Benavides, explicó en su momento, que de todas maneras se realizará una evaluación virtual. Con ello tener un panorama más certero del nivel de aprendizaje este 2020. Y así se tomarán medidas complementarias para que durante el Año Escolar 2021 se cubran estos vacíos o deficiencias, que no se logró superar este año.

Las implicancias de la emergencia sanitaria en el nivel educativo a nivel nacional, aún están lejos de conocerse con mayor certeza.

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El proyecto Majes Siguas II no escapa de los conflictos. Existen muchas piedras en el camino que obstaculizan la ejecución de la obra. Una de las más recientes tiene que ver con un exdirigente del Cono Norte que reclama la adjudicación de terrenos dentro del proyecto agro-energético, alegando estar bajo posesión de la asociación Pampas Bayas.

Nos referimos a Mario Jacobo Jacobo, aquel dirigente que comandó por años el conocido Frente de Defensa del Cono Norte (Fredecir) y que, junto a otros colegas, promovía multitudinarias marchas por la legalización de tierras invadidas en el norte de la ciudad. Asimismo, estuvo vinculado con el grupo de los denominados “cargadores” o integrantes del «cogobierno» en la época del expresidente regional, Juan Manuel Guillén Benavides (2007-2010 y 2011 -2014).

Con los años, como todos los demás, también se dedicó a la política. Es uno de los fundadores del movimiento regional Arequipa Transformación. Fue candidato al Consejo Regional en el 2018, quedándose rezagado solo por 2 mil votos, según sostiene.

Ahora Mario Jacobo está de vuelta. Desde el 2014 es presidente de la Asociación Irrigación Agroindustrial Pampas Bayas. Se mudó hasta Caylloma para defender los intereses de este colectivo que busca que el Gobierno Regional de Arequipa le venda terrenos de Majes II.

¿Cómo busca alcanzar ese propósito?

El amparo judicial de la Asociación de Pampas Bayas

Mario Jacobo Jacobo afirma tener el mango de la sartén de su lado en este conflicto con la Región. Su principal argumento es una sentencia judicial que, según indica, le reconoce a Pampas Bayas derechos para demandar la venta de terrenos. Y, en el supuesto que no se les escuche, amenaza con interponer una medida cautelar que paralizaría todo el proyecto.

Esa demanda surgió en el 2018. El dirigente inició un proceso contencioso administrativo contra el Gobierno Regional de Arequipa, en el Noveno Juzgado Civil de la Corte de Arequipa. Lo que él solicitaba era la anulación de dos oficios emitidos por Autodema (oficio N° 728-2016 y oficio N° 394- 2016), los cuales rechazan su pretensión de compra.

El magistrado José Antonio Meza Miranda le dio la razón argumentando que el trámite administrativo que había efectuado la entidad no era el correcto. Autodema no estaba facultado para decidir la venta de tierras, sino la Oficina de Ordenamiento Territorial, de acuerdo al TUPA del Gobierno Regional.  El juez también aclara que la sentencia no ampara la venta de tierras y que el Gobierno Regional debe pronunciarse al respecto. Sobre la existencia de una superposición o no, tampoco se pronunció el juzgado.

¿Por qué existe la controversia?

Para comprender los entretelones de esta controversia es necesario revolver en el pasado. La Asociación Pampas Bayas aparece tras el desastre natural que ocasiona la erupción del volcán Sabancaya, en los años 93 y 94. Los agricultores de Huanca, Murco, Querque, Lluta y Taya acaban perdiendo sus tierras de cultivo. Para resarcir ese daño piden su reubicación en las pampas de Siguas, a lo que las autoridades acceden.

El grupo de damnificados gestionó la habilitación de 2 mil 500 hectáreas en Siguas, siempre que no interfieran con el desarrollo del proyecto Majes Siguas II. Sin embargo, en el año 2012 el informe técnico de la Comisión Especial que crea Juan Manuel Guillén para abordar la problemática de la asociación que no tenía aún la posesión, concluye que existe una controversia, entre los límites del proyecto Majes Siguas II y los terrenos de la asociación; pero establece que Autodema debe resolver para que sea viable Pampas Bayas como una iniciativa privada. Finalmente, se determina que no hay superposición ni parcial ni total con el proyecto y se aprueba en el 2013 la Ordenanza Regional 533. Esta norma declara la intangibilidad de los terrenos del proyecto Majes Siguas II y también se declara viable el proyecto Pampas Bayas.

Sin embargo, el dirigente Mario Jacobo Jacobo sostiene que existe una superposición de entre 50 y 60 metros con el proyecto e interrumpe el trazo donde desembocará el túnel de Lluta y Lluclla. Para resolverlo, requieren que el Gobierno Regional les venda los terrenos para luego ellos reubicar el área.

“El tema es hidráulico, la salida del túnel es más o menos 50 a 60 metros de lo que sería Pampas Bayas, entonces Pampas Bayas hace el reajuste técnico hidráulico y recorrería para no afectar el canal. Haría la reestructuración de su plano. Ahora no puede hacerlo porque no hay el poder legal, no tiene las 5200 hectáreas. Primero se tiene que dar a Pampas Bayas el terreno y luego se toca el tema hidráulico, eso es la vía legal”, explica.

Mario Jacobo

Precisamente, la negativa de Autodema a venderles los terrenos propició a que el dirigente interponga un proceso judicial.

Intereses de por medio que afectan Majes Siguas II

El gerente de Autodema, Napoleón Ocsa, señaló a El Búho que el expediente de la Asociación Pampas Bayas se entregó al Consejo Regional antes de la pandemia, a petición del pliego. El funcionario dijo estar de acuerdo en que el conflicto con la Asociación Pampas Bayas sea resuelto en el terreno político. Sin embargo, se despertó la suspicacia por la manera cómo se aborda el asunto.

En primer lugar, un sector del Consejo Regional, lejos de defender la intangibilidad de las tierras del proyecto Majes Siguas II, aprueba la venta a favor de Pampas Bayas. Asimismo, la iniciativa ha sido tramitada extrañamente de manera célere, han cuestionado los propios consejeros.

El consejero Harberth Zuñiga señaló a El Búho que el proyecto de ordenanza se pretende aprobar sin siquiera levantarse las observaciones hechas en la propia Comisión de Agricultura. Además, se puso a discusión del pleno en un corto plazo, cuando existen otros proyectos que esperan meses en ser debatido.

“Yo coincidí en una reunión donde el presidente (del Consejo) Wiulie Tomás Ayñayanque tenía una reunión con esta asociación. Habrá sido la primera semana de octubre y luego inmediatamente se agenda, se impulsa, me llaman, me presionan; yo estoy analizando el tema y sucede que, de la noche a la mañana, tenemos agendada una citación para una sesión extraordinaria, con 24 horas de anticipación. Por eso no se ha podido realizar la sesión porque hubo 8 consejeros que no hemos concurrido a la convocatoria”, manifestó.

Asimismo, dijo que el proyecto debe analizarse con detenimiento, recabar los informes, la documentación y debatirse. Sin embargo, existe interés por un grupo de consejeros que pretenden tramitarlo rápidamente. Justamente, cuando el Consejo Regional todavía no se pronuncia oficialmente sobre el proyecto Majes Siguas que tiene en ciernes la cancelación del contrato con la concesionaria Cobra.

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La Gerencia Regional de Salud de Arequipa emitió su reporte con cifras hasta las 00:00 horas del día 25 de octubre de 2020. Informa que se han procesado 873 mil 890 muestras por coronavirus, sumando 136 mil 209 casos confirmados y 737 mil 336 negativos.

Durante el 24 de octubre se registraron los resultados de 4 mil 914 personas, de las cuales 429 fueron confirmadas como casos positivos, tras realizarse el muestreo mediante pruebas rápidas y moleculares. Es decir un 9%.

Al 25 de octubre, se tienen 308 pacientes hospitalizados por covid-19, de los cuales, 46 se encuentran en UCI con ventilación mecánica y otros 2 están en Trauma Shock, según informa la Geresa.

La Geresa también informó de 2 fallecidos recientes, mientras la cifra acumulada alcanza 2 mil 224 defunciones, según las métricas oficiales registradas en la región.

El número de pacientes que recibieron el alta subió a 128 mil 263 hasta el momento, en diferentes establecimientos de salud. Entre ellos, 394 que se registraron durante el 24 de octubre, tras confirmarse que superaron la enfermedad producida por covid-19.

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Recomendaciones de Geresa de Arequipa

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) emitió una serie de recomendaciones para prevenir el contagio de covid-19. Esta es la manera en que las autoridades piden a la población apoyar en la disminución de los índices de contagio.

• Lavado frecuente de manos durante 20 segundos.
• Uso adecuado y permanente de la mascarilla.
• Distanciamiento social de 2 metros entre personas.
• Evitar las aglomeraciones y lugares muy concurridos.
• Finalmente, no salir innecesariamente de casa.

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Cuando el coronavirus llegó al Perú. La reprogramación de deudas fue una sugerencia que el Gobierno lanzó al primer mes de haber iniciado la pandemia. Según Martín Vizcarra, esta opción iba a dar facilidades a los deudores peruanos para poder reprogramar los préstamos que tenían con distintos bancos. Pero tal como dice la norma, tan solo era una sugerencia. En la realidad, no pasó.

Hasta julio de este año, Indecopi recibió más de 20,000 reportes contra el servicio bancario y financiero. Entre las infracciones más recurrentes se encuentran la reprogramación de créditos y aplicación de intereses. Así también los cobros indebidos, reembolso de dinero, servicios no idóneos vinculados a AFP, cobros de créditos vencidos, entre otros. El Banco de Crédito, Interbank, BBVA, Banco Falabella y Scotiabank, son las entidades que más quejas presentan.

Sin embargo, también estarían incluidas las cooperativas y cajas. Cabe precisar que esta lista corresponde al periodo 16 de marzo y 5 de julio del presente año. Hasta octubre de este año se estima que las quejas se hayan incrementado en un 15%.

Historias que comparte una gran parte del Perú

La historia de David Murillo es parecida a la de miles de peruanos. Él tenía su taller y se dedicaba a la confección. Era un cliente que pagaba puntual sus deudas, sin demora. Por lo que se le permitió acceder a un fondo hipotecario para una casa propia. Parecía que todo iba a marchar bien, su hijo en una universidad privada, una casa nueva, su taller trabajando. Pero llegó el coronavirus.

“Pensamos que esta pandemia iba a pasar, reprogramé la deuda que tenía a cuatro meses, aceptando los intereses que me ponían. Mi deuda era 230 mil soles, pero cuando me hicieron la reprogramación, mi deuda capital ya no era ésa, sino había incrementado a 236 mil soles. Aun así, acepté. Cuando vi que la pandemia no pasaba, fui a pedirles que me esperen, lamentablemente fueron intransigentes”.

David Murillo – Empresario

Scotiabank llamaba a David constantemente para decirle que su deuda se incrementaba y que se le iba a considerar como un deudor moroso. La entidad bancaria había olvidado que David era un cliente excelente. Sus deudas ahora no solo son por su préstamo hipotecario, sino también con la universidad privada de su hijo. Pese a ello, David no se ha dejado vencer, insiste en que no se va a dejar pisotear y que, si le toca ir a litigar, lo hará con la frente en alto. 

El 10 de setiembre, Arequipa registró una protesta que terminó con heridos por perdigones. Era la Asociación de Deudores Financieros (ADEF), una agrupación que nació en Cusco desde mayo y que actualmente cuenta con 2 mil miembros. Yurmet Machaca, la representante de la asociación en Arequipa, comenta que al principio los miembros pedían el congelamiento de deuda por 12 meses. Pero el problema se agudizó desde entonces.

“Estas famosas reprogramaciones que dicen que son una ayuda, son todo lo contrario. Porque si una persona que debía 10 mil soles, ahora debe estar pagando, solo en intereses hasta 15 mil soles. Las exhortaciones que hizo las SBS a los bancos no han hecho más que reírse de ella. Nos dicen que ellos son una entidad privada y que el Estado no tiene injerencia. Cuando llegó el presidente aquí, nos dijo lo mismo, nos han dejado a la deriva”.

Yurmet Machaca – representante de la Asociación de Deudores Financieros en Arequipa

Yurmet comenta que, lamentablemente, los familiares de muchas de estas personas, también han contraído coronavirus, lo que les obligó a realizarse más préstamos para adquirir los implementos necesarios, como balones de oxígeno o medicinas.

“El hostigamiento es terrible. Lamentablemente donde se ve más abuso, aunque usted no lo crea, es en las cajas, microfinanciares y cooperativas. Han ido a las casas de los deudores a amenazarlos con embargos. Tenemos 5 casos de suicidio por este tema, porque la presión era demasiada, los llamaban hasta 20 veces, prácticamente era un acoso. Hemos tenido que intervenir mandando notificaciones notariales a estas entidades”.

Yurmet Machaca – representante de la Asociación de Deudores Financieros en Arequipa

Ella ratifica que en ningún momento estas personas se han negado a pagar, “pero no van a permitir la usura que estas entidades están codiciando injustamente”. Testifica que, por ser vocera de esta asociación, ha sido amenazada hasta en 4 oportunidades por números desconocidos que pertenecían a teléfonos públicos.

El banco «no es tu amigo»

Para Federico Cárdenas, presidente de la Asociación en Defensa de los Consumidores, el problema más grave que tienen los deudores es que aún consideran que los bancos son sus amigos.

“Una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que un grupo de personas puedan pensar. La SBS no puede decirle a los bancos cuánto deben cobrar ¿Por qué? Porque si intervendría por los préstamos, también se afectaría los depósitos o ahorros que tienen las personas y por el que el banco les paga interés”

Federico Cárdenas, presidente de la Asociación en Defensa de los Consumidores

Cárdenas explica que uno de los problemas recurrentes es que las personas deudoras, es que no tienen en claro el verdadero significado de un préstamo crediticio.

“Lo que tiene que existir, es que una persona que no tiene cultura financiera, el banco no debería darle una tarjeta de crédito. Hoy día, a cualquier persona se les da una tarjeta de crédito, hasta por internet. Se les llama y les dicen que tienen una línea de crédito por 20 mil soles, y que vayan a recogerla. Eso debe cambiar”.

Federico Cárdenas, presidente de la Asociación en Defensa de los Consumidores

El afirma que, de 10 personas, 5 están endeudadas. Y que antes de la pandemia existía un 2% de deudores cuyos créditos no podían ser pagadas. Ahora con la pandemia existe un 4% que nunca va a poder pagar esas deudas. Él es enfático en la mala gestión que los bancos tienen al otorgar grandes créditos a personas que tienen deudas hasta en 3 bancos diferentes.

Mientras el Gobierno continúa exhortando, los bancos continúan cobrando. El hostigamiento de las entidades bancarias ha sido tan extremo que han orillado a algunos deudores a pensar en decisiones radicales. Después de 6 meses en que ellos siguieron cobrando intereses, se ha aprobado un proyecto de ley que promete poco, pero puede tardar aún en implementarse.

El Congreso aprobó un proyecto consensuado presentado por el Ejecutivo para avalar a pequeños deudores ante los bancos, a cambio de reprogramar deudas. Pero no se habla de los altos intereses que tienen establecido. Entre tanto, las entidades bancarias seguían enviando notificaciones y recordatorios con intereses incluidos.

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El viernes por la noche, el Congreso de la República aprobó por mayoría la norma que establece la creación del distrito cusqueño de Pulperas Condes, lo que genera protestas en Arequipa, por varias razones.

El distrito de Pulpera Condes se instala en medio de un conflicto territorial no resuelto entre Arequipa y Cusco. Ambas regiones se disputan el control de más de 35 mil hectáreas de tierras comunales que se encuentran en suelo arequipeño, exactamente en el distrito de Cayarani, en la provincia de Condesuyos, distrito de Orcopampa, Castilla.

El futuro distrito de Pulpera Condes nace en la provincia de Chumbivilcas- Cusco. Estará integrado por las comunidades campesinas de Condes Callana, Quilcata Pulpera, Parcco Vallecito, Huamanrripa, Iñapata, Anchayaqui Condes, Antuyo Condes, Vista Alegre de Santiago y, evidentemente, el centro poblado Pulpera Condes.

Pulpera Condes: ambiciones mineras en creación de distrito cusqueño en Arequipa

Distrito agrava conflicto entre Arequipa y Cusco

El vicepresidente de la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales, Walter Rivera Guerra, sustentó el Proyecto de Ley 3076/2017-CR. La norma procedió pues cumplían con los requisitos, aunque no valoraron el conflicto territorial que aún está latente.

La iniciativa se aprobó con 91 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones. Aunque la bancada arequipeña votó en contra del proyecto, fue exonerado del trámite de segunda votación.

Pulpera Condes, como futuro distrito, tendrá una población de 4,016 habitantes, que resultan ser el 16 % de la población total del distrito de origen, Santo Tomás, informó el Congreso. Su ámbito territorial forma parte del actual distrito de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco.

Conflicto territorial entre Arequipa y Cusco se ahonda por futuro distrito

Reacciones ante la creación de distrito de Pulpera Condes

El alcalde de Cayarani, Rudecindo Wilbert Sulla Ccallo, expresó su preocupación por las consecuencias que puede traer la norma. Anteriormente se han producido peleas, y ataques con armas de fuego a las comunidades que ha dejado a pobladores heridos.

Sulla Ccallo manifestó que Cayarani nunca se ha opuesto a la creación del distrito de Pulpera Condes, solo reprocha que quieran adueñarse de territorio que le pertenece a su comunidad y, por ende, a la región. Indicó que Cayarani nació con demarcación territorial y pide que se respeten esos límites.

Por años, Cayarani ha defendido sus tierras de la ambición de sus vecinos sin el apoyo de sus autoridades. Al ser un distrito limítrofe han estado abandonados por el Estado, el burgomaestre indicó que existen todavía 10 sectores que no cuentan con electrificación y tampoco servicio de agua y desagüe. Además, carecen de vías asfaltadas que los comuniquen directamente con las ciudades de Arequipa y Caylloma.

El alcalde dijo que saldrá de Cayarani para reunirse con las autoridades de la región de Arequipa para buscar una solución y evitar futuros enfrentamientos. “Queremos que se defina de una vez la demarcación territorial, este es un distrito abandonado y olvidado y nadie dice nada”, dijo.

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Desde 1994, la poliomielitis (polio), enfermedad que ocasiona parálisis e incluso la muerte, no cobra víctimas en las Américas. El último caso de esta enfermedad, provocada por un virus y que afecta principalmente a niños menores de cinco años; ocurrió en Junín, Perú, en agosto del año 91.

El objetivo general es erradicar la enfermedad de la faz de la tierra. Y se avanza cada año un poco más. Hoy solo dos países en todo el mundo registran casos de poliovirus salvaje: Afganistan y Pakistan. El 99.9% del resto de países está libre de este flagelo; pero no concluir la erradicación podría permitir un nuevo repunte de la enfermedad y alcanzar hasta 200 mil casos anuales en los próximos 10 años, según los expertos.

Una de las instituciones más activas en esta campaña sanitaria es Rotary International. Desde 1988, a través de los aportes y recolección de fondos de sus socios (más de US$2100 millones), más un sinfín de horas de trabajo voluntario, ha logrado vacunar a más de 2 mil 599 millones de niños, en 122 países contra esta enfermedad paralizante.

Lograr que todo el mundo sea vacunado no es una tarea fácil dadas las dificultades logísticas, geográficas y políticas de los dos países que faltan cubrir. Y solo se podrá lograr con recursos económicos. Se calcula unos US 50 millones por año para conseguirlo.

Este 24 de octubre, la Celebración del Día Mundial de la Lucha para erradicar la Polio congrega a miles de clubes Rotarios que organizan eventos en todo el mundo para sensibilizar a la sociedad sobre esta causa y la necesidad de ser solidario en el aporte de los fondos que permitan lograr la derrota total de este terrible virus.

Esta nota periodística es uno de los eventos locales. Así, el Rotary Club Arequipa Sur, se hace presente apoyando esta causa sanitaria. Falta poco, muy poco para que la Polio se erradique del planeta Tierra para siempre.

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Autoridades de Islay, Camaná y Caravelí, en Arequipa, han conformado un grupo impulsor del Corredor Turístico de Playas «Inca Sur». El acuerdo se remonta al 2014, pero 6 años después recién se procedió a la conformación del grupo, cuyo objetivo principal será elaborar y evaluar la alternativa de inversión pública que conlleven a la implementación del proyecto.

El proyecto pretende desarrollar el turismo integral de la zona Costera del litoral de Arequipa. Este grupo está conformado por el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera Cervera y los alcaldes de la Municipalidad Provincial de Camaná, Marcelo Valdivia Bravo y Municipalidad Provincial de Caraveli, Arturo Montesinos Neyra. Por parte del Gobierno Regional, Carlos Andrade Pareja gerente regional de Comercio Exterior y Turismo.

«Queremos trabajar coordinadamente y sostenidamente con nuestros gobiernos locales. Esta alianza por la reactivación del turismo es una muestra de la responsabilidad con el futuro para constituir el corredor turístico más importante del sur peruano»

Carlos Andrade Pareja gerente regional de Comercio Exterior y Turismo.

Alcaldes de otros departamentos del Sur como la Municipalidad Provincial de Ilo y Tacna también estuvieron presentes. Hace una semana los alcaldes provinciales , distritales y Gerente Regional de Comercio Exterior y Turismo; inspeccionaron la infraestructura y servicios en las playas 1 y 2 de Mollendo. Ahí se constató la implementación de los protocolos de bioseguridad, con lo que esperan abrir las playas principales de Arequipa a comienzos del verano 2021.

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«No debió romper el toque de queda», «estaba drogada», «hace quedar mal a las señoritas», «si se emborracha con hombres, ¿que esperaba?». Estos son algunos de los comentarios que inundan las redes sociales que intentan justificar una violación.

El abuso sexual que sufrió una joven de solo 21 años por parte de 5 varones., ha causado indignación en todo el país, sobre todo por la defensa de uno de los implicados.

“Hay otra cosa que se tendría que observar y eso lo van a decir las diligencias que se tengan que practicar (…) La señorita es… eventualmente, digamos, le gustaba la vida social. No le podría decir más”.

Paúl Muñoz – abogado de los implicados

La respuesta de muchas mujeres, entre ellas reconocidas figuras, ha sido viralizar una campaña titulada «Me gusta la vida social»; tratando de hacer entender que nada justifica una violación.

El tema ha cobrado vigencia a nivel nacional por la implicación de 5 jóvenes, al parecer, de clase acomodada. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra los acusados, sin embargo la sociedad peruana aún no parece ser consciente de la gravedad del delito de violación.

A raíz de este tipo de expresiones se ha generado un gran debate en redes sociales y medios. Justificar a los agresores y responsabilizar a la víctima es uno de los estereotipos que reproducen la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad.

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La denuncia de las 43 toneladas de medicamentos sin distribuir hecha por la comisionada del Ministerio de Salud, Zulema Tomas, puede acabar encarpetada. El fiscal penal Eufracio Ticona señaló a Correo que no existiría responsabilidad penal debido a que Tomas negó que se haya encontrado dicha cantidad.

En su declaración a la fiscalía, la comisionada indicó que el Gobierno había entregado más de 40 toneladas a la región desde el mes de marzo, contradiciendo lo que se publicó en aquel momento. Este testimonio dejaría sin piso la denuncia y el magistrado estaría por cerrar el caso.

“Al parecer hubo una tergiversación en su declaración. Ella dice que desde que comenzó de la pandemia enviaron 43 toneladas de medicamentos no que encontraron todo almacenado”, indicó a Correo. Agregó también que «no habría relevancia de tipo penal hasta ahora».

Durante la investigación han sido llamados a declarar también el exgerente de Salud, Leonardo Chirinos, el jefe de la Diremid, Pedro Exobedo, al igual que trabajadores del almacén. El magistrado estaría por emitir pronunciamiento en los próximos días.

La denuncia de los medicamentos guardados

Luego de tres meses de la denuncia de medicamentos almacenados en la Gerencia de Salud de Arequipa, la lectura de lo ocurrido parece ser otra. La denuncia, ruidosamente reiterada por la comisionada del Ministerio de Salud, Zulema Tomas, anunciaba el hallazgo de varias toneladas de medicinas y equipos de protección almacenados cuando más se necesitaban; y falta de capacidad de gestión de las autoridades locales para contrarrestar el coronavirus.

Mientras Arequipa lloraba a sus muertos por la covid-19, se sumaba el malestar y la discusión por ceder las competencias al ente nacional. No era para menos. Encontrar 43 toneladas de materiales médicos guardados evidenciaba una pésima gestión que conducía a la ciudad a escenarios más trágicos.

Lo ocurrido tras este acontecimiento, fue la generación de informaciones erróneas, replicadas por medios informativos y amplificadas por las redes sociales. ¿Qué es lo que realmente sucedió?

Primero hay que señalar que la visita de la comisionada Zulema Tomas se dio en un contexto donde la pandemia había hecho colapsar los hospitales de Arequipa. Los enfermos amanecían y anochecían en carpas y autos a las afueras de triaje, buscando desesperadamente atención médica. Las personas terminaban muriendo por falta de oxígeno o camas UCI. El gremio médico y otras autoridades pidieron al Ejecutivo intervenir con urgencia el sistema sanitario regional, que se había quedado sin capacidad de respuesta. El mandatario prestó oídos, sobre todo después de conocer la historia de Celia Capira, la madre de familia que corrió detrás de su vehículo, al cabo de su visita a la ciudad.

Sin retirar las medicinas del almacén de Arequipa

El equipo multisectorial liderado por la exministra de Salud, Zulema Tomas, e integrado también por la titular de EsSalud, Fiorella Molinelli, llegó a la región el martes 21 de julio. Ese mismo día visitaron los hospitales, los centros temporales y almacenes para luego reunirse con diferentes autoridades. Dos días después, Tomas brindaba declaraciones a los medios nacionales sobre el hallazgo de medicamentos y equipos de protección guardados en los almacenes de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Diremid).

“Hemos ido con el mismo director al almacén central de la Dirección General de Medicamentos Insumos de Arequipa y ahí estaban las cajas. Hemos traído 43 toneladas el Gobierno, el Ministerio de Salud, 43 toneladas en medicamentos e insumos. Comenzamos a sacar todos y distribuir porque ahí está el problema, en la no distribución de estos equipos de protección y medicamentos. Hemos mandado a Goyeneche, Honorio Delgado, hoy día hemos enviado a Camaná, Chala”, manifestó el miércoles 22 de julio al canal del Estado.

La declaración de Tomás no era directa y no profundizaba sobre lo encontrado. Sin embargo, varios tomaron por cierto que se había hallado 43 toneladas de medicamentos y EPP’s almacenados, sin tampoco ahondar sobre lo ocurrido. Un detalle aquí. El gerente de Salud, Christian Nova, también se pronunció ese mismo día en una conferencia de prensa sobre el asunto. Su versión no era exactamente como lo había descrito Tomas. Nova, quien llevaba apenas un día en el cargo, dijo que visitó el almacén del hospital covid Honorio Delgado con personal del Minsa y se encontraron cajas de EPP’s guardadas. Ante este descubrimiento indicó que se realizarían las investigaciones y hallar a los responsables. Pero al día siguiente, circulaba con mayor fuerza el hallazgo de las 43 toneladas de medicinas depositadas y sin distribuir.

Ante el escándalo, el Gobierno Regional de Arequipa tuvo que reconocer que se habían encontrado medicamentos almacenados que estaban esperando ser distribuidos durante los últimos 7 días. Asimismo, indicaba que los insumos habían sido destinados a los hospitales y redes de salud de provincias. Fuentes consultadas, señalaron que el comunicado se emitió sin informes de Diremid.

Antes de finalizar la semana, Tomas volvió a declarar al canal del Estado y esta vez esclareció los hechos. Sin embargo, sus palabras no tuvieron el mismo eco de la primera vez.

“El Minsa ha transferido más de 43 toneladas, no es que yo he traído y 43 toneladas he encontrado. Hemos mandado entre medicamentos, insumos y equipos de protección hasta esa cantidad. Se ha encontrado ahí en el almacén, pero no esa cantidad. El que tiene que dar (esa información) es la Geresa”, afirmó.

¿Cómo van las investigaciones?

La Diremid elaboró un informe precisando el detalle de los ingresos y salidas del almacén. El documento fue presentado por el jefe de la Diremid, Pedro Escobedo, a la Gerencia de Salud y al Ministerio Público. En él descarta la visita de la comisionada al depósito y también pone en relieve la cantidad de cargamento enviado por el Minsa y Cenares.

Al respecto, Escobedo indicó a El Búho que el primer envío fue de 500 cajas que llegó en avión el domingo, cuando arribó el presidente Martín Vizcarra a la región. El lunes y martes llegaron dos cargamentos más, de 100 y 550 cajas, vía terrestre.

“La gerencia tiene un solo almacén y es el único que recibe las cajas. Al almacén llegan productos de Cenares, del Minsa, también compras que ha hecho el GRA y la Gerencia de Salud. No sé a qué almacenes se refiere la doctora Zulema Tomas, porque aquí no vino”, fue el descargo del funcionario.

Además, todo el envío que se realizó no superaría más de las 8 toneladas por lo que rechazó que existieran la cantidad que se denunció ante los medios. En lo que se refiere a la distribución, Escobedo ha dicho que el trabajo se realizaba con un vehículo y poco personal, ya que la mayoría se había contagiado y estaba en cuarentena. Eso conllevó a que la distribución también demore, sobre todo hacia los más de 253 centros de salud de la periferia. El esquema de trabajo se programó para realizar entregas por zonas y por días. En resumen, el funcionario manifestó que los procesos de distribución demoraron por la pandemia.

Lo mismo opina el exgerente de Salud, Leonardo Chirinos, quien niega una posible negligencia. Para el exfuncionario, existieron intereses por hacer quedar mal el trabajo de la Gerencia de Salud y solo las investigaciones podrán esclarecer lo que pasó. A su vez, criticó la intervención hecha por el Minsa, pues considera que poco o nada resolvieron los problemas del sector.

Por su parte, Sadia Medina, secretaria del sindicato de trabajadores de la Gerencia de Salud, indicó que la denuncia surgió con la intención de ocultar la incapacidad del ente nacional para solucionar la crisis sanitaria. Además, tales acusaciones mellaron el trabajo del personal de este sector que estuvo afrontando la pandemia pese a las limitaciones de recursos.

A todo esto, el Ministerio Público continúa las investigaciones para hallar el indicio de un delito. Por ahora, sabemos que la comisionada Zulema Thomas ha rendido su declaración y ha referido que el Minsa envió, hasta ese entonces, más de 40 toneladas en ayuda. Mientras que el resto de funcionarios niega que se haya ocultado deliberadamente las medicinas y equipos .

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Hasta este sábado, la ciudad de Arequipa contabilizó 2 mil 222 muertes desde que inició la pandemia, según el reporte de la Gerencia de Salud. En las últimas horas, las sanidades actualizaron la estadística de fallecidos y sumaron 34 muertes más a la data regional, de ellas 2 corresponden a las del viernes.

No obstante, la tasa de mortalidad por covid-19 ha seguido cayendo en las últimas seis semanas de manera constante. Los centros de Essalud reportan hasta la fecha 1 mil 180 decesos, el Minsa 838, las clínicas 39 y 42 las sanidades. Los equipos humanitarios recogieron hasta el momento 123 fallecidos.

Asimismo, desde que comenzó la pandemia se han contagiado 135 mil 780 personas en toda la región; sin embargo, el 94% (127 mil 869) se ha recuperado.  

En la última jornada se han aplicado 4 mil 156 pruebas de descarte y solo 515 dieron positivo al covid-19. Las autoridades indican que el porcentaje de positividad apenas es del

12%.  También se han dado de alta a 49 personas infectadas hasta el 00:00 horas del 24 de octubre.

Los nosocomios continúan con camas ocupadas. Tal como informa el reporte de la sala situacional, existen 308 pacientes en hospitalización, de los cuales 229 son positivos y 79 sospechosos. Además, 47 personas se encuentran en UCI y 2 en Traumashock.

Gerencia de Salud Arequipa insta a seguir protocolos

Las autoridades sanitarias exhortan  a la población a cumplir con responsabilidad las medidas de prevención como:

• Lavado frecuente de manos durante 20 segundos.
• Uso adecuado y permanente de la mascarilla.
• Distanciamiento social de 2 metros entre personas.
• Evitar las aglomeraciones y lugares muy concurridos.
• No salir innecesariamente de casa.

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Y desde las sombras, con una propuesta para que el sector privado intervenga en el proyecto Majes Siguas 2, Javier Ísmodes reapareció en TV; en un spot donde aparece caminando románticamente sobre suelo seco mistiano. Más allá de la propuesta concreta, que no parece haber calado, lo
que demuestra esa aparición es la intención del excandidato de no abandonar la política. Aunque muy mal planteada desde el punto de vista de marketing político, esta “aparición” querría decir que tentará una postulación como congresista en las próximas elecciones; pues para el cargo de gobernador regional, al que ya ha postulado sin éxito en 3 ocasiones, recién se votará en 2022.

Víctor Marín y Sergio Scaglia Avilés, primerísima guitarra peruana, evocarán las mejores etapas del criollismo, brindarán un concierto acompañados por destacadas figuras como Carmen Montoro  (primera voz de Los Kipus), Pocha Vásquez, hija de Jesús Vásquez, Wara Wara y los hermanos Scaglia Avilés.

El espectáculo virtual será este viernes 30, a partir de las 19:30 horas, y estará a cargo del cantautor y compositor de música criolla Víctor Marín, quien es además historiador de la música criolla;, con 62 años de vida artística  con grabaciones como: Viva el Tondero, Al compás de las palabras, Los Jaraneros del Norte, Tierra Norte, Víctor Marín en Concierto y A mi Manera.

Integró grupos criollos como Los Trovadores del Perú, Los Trovadores del Norte, Los Mochicas, Los Dávalos, recibiendo distinciones de la Municipalidad Provincial y La Casa de la Cultura de Lima. Además, de la Municipalidad Provincial y el Gobierno Regional de Arequipa, entre otros.

Invitados de lujo

Sergio Scaglia Avilés, cantautor y primerísima guitarra peruana, es sucesor de su tío el gran Oscar Avilés y fue guitarrista de Alicia Maguiña durante 10 años.  Director del grupo Los Scaglia Avilés, fue ganador del premio “Cervantes a la Excelencia Mundial 2019”, brindando 55 años de vida artística por 20 países.

Los Scaglia Avilés, considerados como “El puente del ayer glorioso y el hoy de nuestra música peruana”, obtuvieron del Congreso de la República, la distinción como “La mejor imagen de un Perú que canta”. También fueron designados Embajadores Culturales en 120 países.

Carmen Montoro es una de las dos últimas glorias del criollismo peruano. Fue la primera voz del conjunto Los Kipus, siendo una artista de talla en México, Estados Unidos y Ecuador. Otros países, además del Perú,  fueron testigos de su brillo artístico.

Wara Wara fue la soprano vernacular más brillante que tuvo el Perú, después de la gran Ima Sumac.  Dio la vuelta al mundo 14 veces, llevando en su garganta la bandera peruana.

Pocha Vásquez, hija de la gran Jesús Vásquez, es la única artista que posee los códigos vocales y la voz de la eterna “Reina y Señora de la Canción Peruana”.

Pueden adquirirse las entradas en, www. joinnus.com y http://bit.ly/Entradas_Joinnus_Serenata_Criolla

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Hoy, en la Junta de Portavoces del Congreso se analizará la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. La segunda que enfrenta su gobierno y la cuarta en menos de tres años desde que Pedro Pablo Kuzcynski asumiera el cargo el 28 de julio de 2016; para luego renunciar casi dos años después. 

Sin embargo, este nuevo pedido viene con dos cargas bastante particulares. Una, que plantea una denuncia (periodística) con elementos más fuertes contra Martín Vizcarra y; dos, se presenta en un contexto donde las bancadas están en algunos casos divididas; y en otros, manejando sus fichas para el proceso electoral del 2021, al cual deberíamos llegar de no mediar ningún inconveniente. 

Las denuncias contra el presidente Vizcarra que forman parte del legajo de la moción de vacancia firmada por UPP y un bloque del Frente Amplio; se refieren a las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que están evitando ser implicados en el proceso judicial del conocido “Club de la Construcción”. El cobro de coimas a favor de Vizcarra cuando era presidente regional de Moquegua, son el tenor del pedido que busca declarar su “incapacidad moral”. 

Una incapacidad moral cuyos términos y alcances aún son materia de una demanda competencial que se encuentra en el Tribunal Constitucional. 

La vacancia o la vida 

Pero, estamos en un escenario donde la vacancia presidencial parece haberse convertido en el tema prioritario de sectores políticos y económicos que no logran acomodarse en la vida del país; a pesar que el sistema sigue siendo el mismo que se instauró en 1992. Pero que ha tenido en la lucha contra la corrupción uno de los golpes más importantes de los últimos años. 

Hoy, a 222 días de declarada la emergencia nacional, con números de casos y muertes que suben y bajan con una reactivación de actividades económicas; toca preguntarse ¿Importa más la vacancia de un presidente que seguir promoviendo las acciones gubernamentales frente a la pandemia? 

Conversamos con los analistas políticos, Yorka Gamarra y José Alejandro Godoy, quienes nos dieron pareceres respecto a la nueva crisis coyuntural que estamos por vivir. 

Al respecto del pedido de vacancia, Godoy considera que tiene “como el anterior, serios problemas”; sin embargo cree que si bien “es cierto que los casos que hoy implican al presidente son más graves que el caso Swing”. La estabilidad del país “no puede depender de parlamentarios que buscan (por ejemplo) que Antauro Humala -sentenciado por homicidio- postule o que buscan tapar sus propias peleas internas, como en el caso del Frente Amplio”. 

Para Gamarra el nuevo pedido de vacancia es un “acto de indolencia gigantesca, que comete el Congreso; en medio del sufrimiento y dolor del país en medio de la pandemia”. La también periodista considera que el Parlamento debería estar legislando “en temas que van a ser beneficiosos para los peruanos, para reactivar la economía con el ser humano en el centro y así recuperarnos de los golpes que nos deja esta pandemia”. 

Tanto Godoy como Gamarra coinciden en que ya falta poco para culminar el gobierno y que, en medio de la investigación fiscal, se debe esperar que termine Vizcarra para que éste pueda ser finalmente procesado por la Fiscalía que tiene a su cargo el caso de lo ocurrido en Moquegua. 

Yorka Gamarra señala que “deben dejar que el sistema de justicia investigue lo que haya que investigar; una vacancia a estas alturas es egoísta y encaminada a aplazar las elecciones generales del 2021”. 

Los grupos empresariales

Para muchos, ha llamado la atención que grupo El Comercio lidere esta andanada de denuncias de hechos que se investigan hace un par de años. Lo cual hace preguntarse ¿cuál es el interés del grupo y en general de sectores empresariales en promover una vacancia presidencial en medio de procesos judiciales que -coincidentemente- involucran a accionistas de estos emporios mediáticos? 

José Alejandro Godoy, autor del libro “El Comercio y la política peruana del siglo XXI” asegura que el grupo no juega un rol a favor de la vacancia “lo ha colocado ya en varios editoriales (…) Sin embargo, sí considero que, en general, los informes sobre este caso, básicamente, han reproducido los expedientes fiscales; sin ir más allá de las declaraciones de los colaboradores”.

Para el también abogado llama la atención que nadie se haya tomado el trabajo de “Por ejemplo consultar los libros sobre el presidente Vizcarra, para percatarse que el exministro José Hernández fue quien hizo el enlace entre el actual presidente y PPK para que pueda postular en la fórmula presidencial”. Esto, asegura Godoy, da cuenta de “un estilo de información que se limita a la mera colocación de aquello que fiscales filtran a la prensa”.

Yorka Gamarra, sin embargo, si es más directa en afirmar la responsabilidad que el grupo de los Miró Quesada y los Graña tienen en este embrollo. 

“Existen intereses de los grupos de poder económico: club de la construcción, medios de comunicación y otros; que alientan esta propuesta reiterativa de vacancia presidencial con intereses subalternos y hasta golpistas”, puntualiza. 

En un país donde los medios de comunicación y los grupos de poder han dictado siempre la agenda no se puede descartar la existencia de un intento de desestabilización que tendría este jueves un nuevo capítulo. Empero, insistimos, es necesario que se descubra y se investigue hasta el final todas las denuncias que implican al presidente Vizcarra; y que éste cumpla con su palabra: quedarse después del 28 de julio de 2021 en el país. Y responder desde el 29 si es necesario a todas las indagaciones, más allá del llamado de la fiscalía para la primera semana de noviembre.

Por: Francisco Pérez García

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El economista Hernando de Soto anunció oficialmente su precandidatura a la Presidencia de la República por la agrupación política Avanza País. Sin embargo, cuando hizo uso de la palabra al presentarse, olvidó el nombre de la organización que lo acoge.

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-Líder de Podemos en UCI. Una falla cardíaca sorprendió la noche de ayer a José Luna, líder del partido Podemos Perú, por lo que fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica San Pablo en Lima.
El diagnóstico fue crisis hipertensiva a causa de una arritmia cardíaca. Este cuadro puede causarle un infarto, explicaron los médicos.

-No a vacuna de Astrazeneca. A pesar de las conversaciones previas, el Gobierno peruano decidió no firmar acuerdos con el laboratorio británico AstraZeneca para la adquisición de su vacuna contra el COVID-19. Según explicó la titular del Minsa, el Perú no podía suscribir un acuerdo con escasa información, pues la vacuna ya presentó dos casos de mielitis transversa en sus ensayos clínicos en el Reino Unido.

-Arequipeños en riesgo. Si bien la pandemia nos ha dado un respiro, los especialistas coinciden en la necesidad de no confiarse. En especial las personas con alguna comorbilidad que los convierta en población de riesgo en caso de contraer covid. En nuestra ciudad, se estima que un 38.2% presenta alguna condición preexistente que pueda complicar su pronóstico durante un posible contagio. Se trata de personas con diabetes, cáncer, hipertensión, entre otros males.

-Otro conflicto territorial. Los problemas limítrofes en Arequipa surgen de nuevo. Esta vez autoridades del distrito de Lomas se oponen a la ampliación urbana del distrito de Marcona, de Ica. Según el alcalde Segundo Ttito, buscan que el Congreso apruebe una ley que permita al distrito de Marcona ampliar su territorio sobre suelo arequipeño. De conseguirlo, Arequipa podría perder la administración de los balnearios de Yanyarina y La libertad. Además, los pescadores estarían impedidos de trabajar en esa zona.

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