De la noche a la mañana, la aerolínea ‘low cost’ colombiana Viva Air anunció la suspensión de sus operaciones en Perú y Colombia. Por eso, más de 400 mil pasajeros fueron perjudicados al perder sus vuelos y quedarse varados. Las protestas contra la intempestiva decisión de la aerolínea continúan y se intensifican.

Según el comunicado de Viva Air, la Aeronáutica Civil de Colombia, el organismo encargado de regular la aviación y controlar aeropuertos en ese país no le permitió unirse a Avianca. Esta unificación sería la única salvación de la compañía para seguir operando, luego de advertir al gobierno que su situación financiera era crítica.

Incluso, un gran porcentaje de trabajadores se aferran a la propuesta de integrarse a otra aerolínea para seguir operando. Solo 200 colaboradores renunciaron voluntariamente. Sin embargo, Aerocivil señaló que la integración de Avianca y Viva Air representa riesgos para la libre competencia aérea ya que alcanzaría el 100% de participación en 16 rutas domésticas.

Por ahora, la respuesta del gobierno de Colombia a dicha negociación ha sido admitir la intervención de otras empresas del sector aéreo interesadas en el proceso como JetSmart, Aerolíneas Argentinas y Latam Airlines.

¿Qué pasará con los pasajeros afectados de Viva Air?

Para Francisco Lalinde, presidente de la compañía, los colaboradores tienen prioridad por encima de los pasajeros. Por ende, no podrá devolver el dinero. Las personas que se quedaron varadas y con pasajes comprados sin destino, ahora serán responsabilidad de Aeronáutica Civil, entidad que ha declarado públicamente poner en marcha planes para ayudar a los afectados.

Como respuesta solidaria o quizás estratégica, algunas aerolíneas ofrecieron asientos disponibles para los viajeros que tiene vuelos programados, sin costo adicional. Latam, Avianca, Satena. Wingo y Volaris en Colombia; en Perú, Latam y Jet Smart.

Mientras los pasajeros buscan soluciones y Viva Air busca resucitar, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha advertido iniciar investigaciones si es que la empresa no asegura los derechos de los pasajeros. En cuanto al Ministerio de Transportes de Perú, se sabe que iniciará un proceso administrativo contra la compañía por el incumplimiento del servicio de cobertura de sus rutas. También se suma Indecopi con una fiscalización a la firma colombiana por la brusca interrupción de sus servicios en perjuicio de los consumidores.

Protestas, vuelos humanitarios y caos en aeropuertos

La cancelación intempestiva de vuelos ha llevado a varios pasajeros a la desesperación. Durante las primeras horas, luego de conocer la noticia, algunos se enfrentaron a golpes dentro del aeropuerto. Otros reclamaron con indignación una respuesta inmediata de Viva Air.

Esta mañana, un grupo de peruanos llegó al país luego de estar por más de 48 horas varados. El panorama en las zonas donde se realiza el check-in luce totalmente vacío, mientras las demás aerolíneas sÍ funcionan con total normalidad. Aún quedan miles de pasajeros sin solución.

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Ante el inicio del Año Escolar 2023, el Ministerio de Educación (Minedu) habilitó una plataforma para ver los padrones de instituciones educativas públicas 2023, que habilitan desde el mes de marzo el pago de asignaciones temporales y mensuales que perciben más de 180 mil docentes y auxiliares de educación.

Estas asignaciones adicionales a los trabajadores del sector Educación, se debe a que trabajan en condiciones especiales, como el tipo y la ubicación de la institución educativa. Son seis padrones con el listado de instituciones educativas en las que se otorgarán asignaciones y bonificaciones.

Estos centros educativos se ubican en zona rural, frontera y el VRAEM. Además, en instituciones educativas unidocentes y multigrados y bilingües, así como el padrón de docentes que acreditan el dominio de la lengua originaria (Educación Intercultural Bilingüe).

Las asignaciones por ruralidad se determinan por el tamaño de la población de los centros rurales. También se considera el grado de accesibilidad y la lejanía respecto a la capital provincial urbana más cercana.

Montos de asignaciones adicionales para Año Escolar 2023

Los docentes y auxiliares perciben 500 soles por ruralidad grado 1; 100 soles, por ruralidad grado 2; y 70 soles por ruralidad grado 3.

La asignación por trabajar en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) es de 300 soles, mientras que en las zonas de frontera es de 100 soles.

Los docentes y auxiliares también perciben asignaciones por el tipo de institución educativa en la que trabajan. Es decir, para este Año Escolar 2023, los unidocente reciben 200 soles; multigrado, 140 soles; bilingüe, 50 soles. Además, si el docente se encuentra en el padrón que acredita el dominio de la lengua originaria y labora en una institución educativa de Educación Intercultural Bilingüe percibe 100 soles adicionales.

Los docentes pueden percibir en forma adicional a su remuneración, hasta cinco asignaciones mensuales y los auxiliares de educación pueden recibir hasta cuatro. Para acceder a los padrones, los interesados pueden ingresar a este enlace: https://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/padrones-instituciones-educativas.php

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Todavía se espera la resolución de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) sobre el contrato de usufructo con la empresa minera Zafranal. Mientras tanto, funcionarios de dicha minera llegaron este miércoles hasta las instalaciones del Consejo Regional de Arequipa (CRA) para exponer su posición frente a este contrato.

Como se sabe, el 2022 Autodema aprobó el contrato de usufructo con la compañía minera Zafranal S.A.C. Este acuerdo comprende 30 años de usufructo en más de 12 mil hectáreas en las provincias de Castilla y Caylloma. Sin embargo, este proceso no cumple con los requisitos necesarios, según lo explica el informe N°001-2023 de la Contraloría.

El informe de control advierte que no se precisó la causal de «constitución directa de usufructo», como se determina en el Decreto Supremo N°008-2021-Vivienda. Tampoco se habría presentado el informe que califique el proyecto como inversión. La minera Zafranal tan solo tiene como respaldo una resolución ministerial que declara de interés nacional el proyecto. Pero la Contraloría advierte que esto no constituye autorización para la ejecución de la obra.

Además, la Contraloría menciona que “no se justifica el plazo de 30 años de usufructo” aprobado por Autodema. La Oficina de Administración de Autodema no observó este problema. Casi el mismo inconveniente tuvo la Subgerencia de Acondicionamiento Territorial, quienes mencionaron en un informe que se cumplía con todos los requisitos. Sin embargo, hasta la entrega de dicho informe, la empresa Zafranal aún no había entregado la tasación.

Por último, el informe de la Contraloría advierte que dicha resolución a favor del usufructo, no fue notificada al Gobierno Regional de Arequipa por el exgerente de Autodema, Arturo Arroyo.  

Esperan informe de Autodema para problemática de Zafranal

Por tal motivo, luego de la exposición de la empresa Zafranal frente al CRA, los consejeros regionales, como el caso de Cesar Huamantuma, manifestaron que se debe esperar el informe del gerente de Autodema. Este tendría que presentarse en máximo 2 semanas, para evaluar la nulidad o no del usufructo.

Además, mencionó que se realizó una comisión sobre el tema en el Consejo Regional, del cual esperan poder tener algún avance en la próxima sesión ordinaria. Por su parte, el consejero Cesar Huamantuma exhortó al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, a emitir una opinión sobre el tema.

Respuesta de Zafranal ante Consejo Regional de Arequipa por informe de Contraloría

La posición de la minera Zafranal es justificar y defender el acuerdo de la entrega de terrenos que se realizó con Autodema el año pasado. Según Zafranal, dicha institución sí tiene toda la facultad de emitir dicha resolución, pese a que tuvo observaciones por la pasada gestión del CRA, así como en un informe de la Contraloría de Arequipa.

Uno de los principales problemas con el contrato era la tasación del pago de la entrega de terrenos por un periodo de 30 años. Ante esto, Zafranal mencionó que sí había una base legal para realizar una tasación por empresas particulares y que se llegó a una estimación compartida con Autodema.

Otro de los problemas fue la cantidad de años por la cual se está dando este contrato de usufructo, que son de 30. Sin embargo, Zafranal mencionó que la explotación del cobre no será en el total de los 30 años, sino tan sólo en 19. Los años restantes se dividen en 3 para la construcción de la mina y 8 para el cierre de la misma.

Además, en la zona habría todavía hasta 2 asociaciones de mineros artesanales en los terrenos referidos. Con ellos, no se ha llegado todavía a un acuerdo para su traslado a otro sitio para su posterior formalización.

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El Pleno del Congreso rechazó el pedido para reconsiderar la votación del acuerdo de pleno para que las iniciativas de reforma constitucional relacionadas con el adelanto de elecciones generales sean objeto de estudio y dictamen en la Comisión de Constitución y Reglamento.

La reconsideración la presentó el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya Manrique, respecto al adelanto de elecciones. Y se rechazó por 41 votos a favor, 63 en contra y 3 abstenciones. Lo que pretendía este recurso era que ningún proyecto de ley que plantee el adelanto de los comicios se pueda debatir en el presente periodo anual de sesiones, que concluye en junio próximo.

Fue Montoya Manrique quien precisamente sustentó la medida que presentó el pasado 17 de febrero. Dio lectura a un comunicado del partido Fuerza Popular que consideró indigno. Esto, porque dinamitó el sistema democrático, dado que ellos han sido elegidos para estar hasta el año 2026. Sin embargo, al haber sido rechazado, la Comisión de Constitución seguirá analizando el tema.

Terminada la votación y dada a conocer por el presidente del Congreso, José Williams Zapata, este suspendió la sesión hasta las tres y treinta de la tarde.

Marcaron su asistencia 108 congresistas.

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La autopista Arequipa – La Joya recibirá una inyección económica de 14 millones de soles para la continuación de la obra.

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, comunicó este jueves que la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, se comprometió a financiar el proyecto y así poder asegurar su continuidad.

El monto se utilizará para la actualización de los expedientes y de los demás componentes del proyecto denominado “Construcción de la vía regional Arequipa – La Joya”.

“La ministra Paola Lazarte ha dispuesto 14 millones para actualizar los expedientes”, dijo el gobernador tras visitar la Vía Cuatro carriles.

¿Cómo se encuentra Arequipa – La Joya?

La megaobra pretende integrar los distritos de Cerro Colorado y La Joya mediante una carretera de 20 kilómetros. Entre los principales componentes se encuentra la construcción del puente en arco (componente I), túneles mellizos (componente II), el tramo a La Joya (componente III) y el intercambio vial que comunica a la Panamericana Sur (componente IV).

A la fecha, los avances solo se concentran en el primer componente. Tras la llegada de las piezas del arco metálico fabricadas en Italia, el gobernador indicó que ahora se viene ensamblando la superestructura en la zona.

La primera autoridad realizó una visita junto con la ministra del MTC que llegó a la ciudad de Arequipa en el mes de enero. En esa fecha se verificó la obra y se informaron de las necesidades para reactivarla.

La autoridad regional propuso en campaña electoral culminar la obra en 100 días. Ahora que es gobernador de Arequipa indicó que su compromiso estuvo relacionado con la culminación del puente y no de todo el proyecto.

Finalmente Sánchez Sánchez indicó que el MTC también se comprometió a financiar las carreteras Yura – Yuramayo y Cayma Patahuasi.

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Colectivo de extrema derecha presenta queja ante la OEA en defensa de Dina Boluarte.

Por más que intente ocultarlo, el régimen de Dina Boluarte hace agua. Si bien las instituciones nacionales se hacen de la vista gorda, en el extranjero son cada vez más quienes ven con preocupación lo que pasa en Perú. Con la ONU y Estados Unidos cuestionando su permanencia en la presidencia, la serrucho de Pedro Castillo necesita refuerzos. Por ello, la derecha peruana buscó el respaldo de sus amiguitos de otros países para defender a la mandataria. Por eso, 118 legisladores de varios países agrupados en el Foro Madrid entregaron una queja a la OEA denunciando una supuesta injerencia en contra de Boluarte. Señalan que la pobrecita es atacada por seis presidentes y Evo Morales. Por parte de Perú firman el documento 31 otorongos de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Medieval, Avanza País y Acción Popular.

Miembros del Ministerio Público intervinieron oficinas administrativas del Congreso por el caso buffets.

Representantes del Ministerio Público estuvieron en la oficina de la Dirección General de Administración del Congreso, debido al caso buffets de S/ 80 a los legisladores. Los delegados de la Fiscalía se sacaron su chaleco para «pasar inadvertidos». Lo cargaron debajo de su brazo al ingresar. La diligencia fiscal se dio tres días después de que el Congreso cancelara los variopintos platillos consumidos con dinero del tesoro público. Además, ante la presión por conocerse estos gastos, el oficial mayor del Congreso, José Cevasco, renunció. ¿Habrá más renuncias?

Congresistas siguen asegurando que no han “utilizado algún privilegio” que les da el Congreso pero piden no renunciar a ellos. 

Y siguen queriendo tapar el sol con un dedo, desde el destape de los cuantiosos beneficios de los que gozaban nuestros queridos padres de la patria, nadie, repito, nadie ha querido asumir alguna responsabilidad. Empezando del presidente del Congreso, José Williams, quien quitó cuerpo al toque echándole la culpa al exoficial mayor José Cevasco de todo. Ahora los congresistas aseguran que nunca usaron indebidamente esos beneficios salvo para cuestiones exclusivas de trabajo tal es el caso de Norma Yarrow que dijo que solo responde por temas políticos y que no se siente culpable de nada. Incluso se atrevió a decir que los congresistas no deberían renunciar a estos beneficios. Pero quien se atrevió a ir más allá fue Alejandro Muñante quien dijo que el Congreso es “la entidad más transparente que existe». Por eso nadie los quiere.  

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Pasó en el Perú | Puno | Luego de una marcha por las principales calles de la ciudad de Juliaca, los comuneros de los centros poblados de La Rinconada y Cerro Lunar, se enrumbaron hacia la capital para reforzar las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Antes de abordar, los manifestantes recibieron víveres, dinero y demás donaciones realizadas voluntariamente por algunos ciudadanos. Al partir, fueron despedidos emotivamente por sus familiares y la misma población, informó El Objetivo.pe

Cusco: Evalúan no hacer más bloqueos de vías en próximo paro

Frente al anunciado paro con bloqueos de vías del próximo 6 de marzo, los dirigentes de los gremios sociales intentan llegar a un acuerdo conjunto. Esto, para reorganizar las acciones que tomarán durante sus protestas.

Indicaron que las muertes de compatriotas, la prisión de algunos marchantes y la destrucción de propiedades públicas y privadas fueron producto del desorden y la euforia de algunos dirigentes.

Asimismo indicaron que convocarán a los gremios de turismo para tomar decisiones y no perjudicar su reactivación, informó CuscoPost.

Arequipa: Detienen a exalcalde por tráfico de terrenos

Pasó en el Perú | Esta madrugada se detuvo a 13 personas implicadas en la presunta banda Los Traficantes de La Pampa. Entre ellos se encuentra el exalcalde de La Joya y excandidato a la alcaldía de Arequipa, Gilmer Luna.

La organización criminal tenía como fachada la asociación de vivienda Asproducto de San Camilo, La Joya. Además, este tenía una extensión de 17 hectáreas, y los lotes tenían una extensión de 200 a 250 metros cuadrados. Cada lote tenía un costo de 5 mil soles.

La presunta organización criminal estaba encabezada por el excandidato al Gobierno Regional de Arequipa, Juan Valencia Postigo. Presentaba 40 denuncias penales desde el 2017 por usurpación, lesiones, entre otros delitos.

Todos los detenidos permanecerán en la cárcel por 10 días, mientras se lleven a cabo las diligencias, informó El Búho.

Ayacucho: Instituciones educativas no se encuentran listas para iniciar el año escolar

Robinson Fuentes, director Regional de Educación de Ayacucho, informó que hasta el momento se reportan 16 instituciones educativas en la región afectadas por las intensas lluvias que se vienen presentando y algunos deslizamientos de huaicos producto de las precipitaciones dañando las infraestructuras en nivel uno.

La contrata docente y la falta de asignación del material educativo en los colegios son otros de los factores que ponen en riesgo el inicio del año escolar, a tan solo dos semanas de la apertura de las clases; el primero se encuentra retrasado por la deserción de plazas al no contar con el certificado de evaluación de dominio de la lengua indígena u originaria (EIB) y el segundo factor queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación.

Ante las constantes quejas de la población con respecto al término de la infraestructura educativa, el titular de la región justificó el tema echándole la culpa a la anterior gestión por la inacción en el tema.

Con respecto a la situación de la institución educativa del centro poblado de Cocas, ubicada en el distrito de Vilcanchos, provincia de Víctor Fajardo, la cual fue sepultada por un huaico el 16 de febrero del 2020 por las fuertes precipitaciones en la zona, el director de Educación recomendó reubicar la institución fuera de la quebrada.

A pesar de haber pasado tres años el centro educativo aún no ha sido refaccionado en su totalidad afectando a los estudiantes, informó Jornada.

La Libertad: Alerta por posible fenómeno El Niño costero

Pasó en el Perú | Tras la alerta de un posible fenómeno El Niño, INDECI invocó a las 83 municipalidades de La Libertad a estar preparadas para evitar mayores daños por inundaciones. Esto, debido a la activación de quebradas por intensas lluvias.

Piden que municipios elaboren su plan de contingencia frente a lluvias, el mapa del peligro y establezcan la ruta de posibles huaicos, informó Noticias Trujillo.

Ica: Más de 1000 familias obtendrán títulos de propiedad

En este 2023, más de mil familias tendrán acceso a un título de propiedad otorgado por Cofopri a las personas que viven en zonas sin acceso a servicios básicos.

Sin embargo, se les denegará el título para aquellos que invadan zonas arqueológicas o de propiedad regional o municipal, informó La Lupa.

Junín: Reinicio de labores escolares reimpulsa confecciones

Pasó en el Perú | El reinicio de las clases escolares desde el próximo 13 de marzo ha renovado las expectativas de los confeccionistas de Huancayo quienes esperan que el dinamismo de su sector alcance los niveles de 2019, antes de la pandemia.

Alberto Reyna, dirigente del conglomerado Gamarrita Huanca, dijo que se nota un nuevo dinamismo en el sector, pero recién está en un 35% respecto al nivel prepandemia.

“Dios quiera que este año recuperemos lo que hemos perdido”, dijo a su turno Flor Ticllacuri, confeccionista de chompas escolares, informó Huanca York Times.

Pasó en el Perú”, noticiero nacional desde las regiones, se emite de lunes a viernes por todas nuestras plataformas.

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La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos le ha dado un plazo de 60 días al Gobierno peruano, a fin de que entregue información sobre las denunciadas violaciones a derechos humanos durante las protestas.

El documento de la ONU, que ya está en manos de la canciller Ana Cecilia Gervasi, Alberto Otárola y Dina Boluarte, menciona que el gobierno hizo un uso desproporcionado de la fuerza en las protestas y otros actos de violencia. Por eso, en este plazo, deberá entregar información precisa sobre los graves hechos denunciados ante esa oficina de la ONU, que atentan contra los derechos humanos.

Según el documento, las denuncias están vinculadas a las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, estigmatización de la protesta, acoso y “terruqueo” a defensores de DD.HH. y periodistas. Así también, el uso abusivo del término “terrorismo” y uso de gases lacrimógenos o balines.

De igual forma, Boluarte tendrá que detallar «las políticas vigentes y los programas de formación para prevenir el uso excesivo de la fuerza» en manifestaciones. Al igual que las facultades otorgadas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en las protestas, entre otros aspectos más.

ONU: «Se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías«

El texto de la ONU contextualiza todo lo ocurrido en Perú desde que Boluarte asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre del 2022. Precisan que, «se ha recibido información de que la situación de vulnerabilidad de personas del sector campesinos y de pueblos indígenas ha incrementado».

Asimismo, indican el número de fallecidos en base a los datos de la Defensoría del Pueblo y la declaratoria de Estado de Emergencia en distintas regiones del país que se efectuó desde diciembre del 2022. Detalla que han recibido información sobre que «los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes». Incluso menciona que «se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia».

Todos murieron por bala y a manos de la policía

La ONU indica que los informes de la autopsia y análisis forenses «habrían revelado que todas las muertes en Puno habrían sido causadas por heridas de bala». Seis de éstas con «restos de municiones de fusil AKM».

Y todas las muertes, habrían sido a manos de la policía, en contraste a lo que la presidenta señaló diciendo que las muertes del 9 de enero en Puno fueron provocadas por «personas no vinculadas a las fuerzas de seguridad”.

La ONU recopiló los hechos violentos en las protestas

La misiva también recopila los hechos de violencia que se han registrado durante las protestas. Entre el 11 y 12 de diciembre, los enfrentamientos entre policías y manifestantes en Apurímac, dejaron seis civiles fallecidos (todos menores de 19 años). Además de 54 heridos.

La ONU también menciona el fallecimiento de diez personas en Ayacucho el 15 de diciembre, incluido un menor de edad. Los enfrentamientos se dieron en los exteriores del aeropuerto Alfredo Mendívil.

Ya en 2023, el documento menciona los enfrentamientos del 9 de enero en la ciudad de Juliaca, Puno. Ese día se vivió la jornada más violenta con 19 fallecidos, entre ellos un médico que socorría a un herido, y un policía quemado. Además de 112 heridos.

El organismo internacional enfatizó la arbitraria intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Según el documento, el operativo que desalojó a las delegaciones de manifestaciones de regionales donde se detuvo a 192 personas, se hizo sin la presencia de fiscales del Ministerio Público, quienes habrían llegado aproximadamente tres horas después. De igual forma, las «organizaciones de derechos humanos, abogados, familiares y periodista no habrían podido acceder al campus tras la intervención de la Policía”.

Se reconoce también que el gobierno señaló estar «en guerra» para justificar la respuesta policial y militar. Peor aún, calificó a los manifestantes como «enemigos» o «terroristas».

Es por ello que La ONU expresa su «profunda preocupación» por lo ocurrido en el país en el marco de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. «Nos inquieta el aparente uso indebido del derecho penal y el poder fiscalizador del Estado para judicializar personas que ejercen su derecho a la reunión pacífica», finaliza.

El gobierno sigue sin reconocer sus errores

La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, mencionó la grave crisis social que enfrenta el país y el gobierno con más de 60 muertos. Su intervención se dio en el Segmento de Alto Nivel del 52° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Gervasi manifestó su pésame a las familias de los fallecidos y aseguró que el vandalismo y violencia fue lo que mancillo las protestas pacíficas. También dijo que el gobierno de Boluarte está actuando con imparcialidad frente a las investigaciones correspondientes. Sin embargo, no reconoció algún error por parte del gobierno.

El documento menciona las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, estigmatización de la protesta, acoso y “terruqueo” a defensores de DD.HH. y periodistas. Así como uso abusivo del término “terrorismo” y uso de gases lacrimógenos o balines.

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Los pobladores del cono norte de Arequipa esperan que este año, por fin, culmine la construcción del tramo III del proyecto Integración Vial del Norte, también conocida como la Vía Cuatro carriles.

Esta autopista, que va de Yura a Cerro Colorado, comenzó a ejecutarse en noviembre de 2018, durante la gestión de la abogada Yamila Osorio Delgado. Han pasado 5 años y tres gobernadores (Elmer Cáceres Llica, Walter Gutiérrez y Kimmerlee Gutiérrez), pero la obra no logra terminarse.

La Vía Cuatro carriles es un anhelado proyecto que busca ofrecer una ruta alterna que conecte el cono norte con el centro de la ciudad. De este modo, descongestionar la carretera a Yura que, actualmente, es la única vía utilizada por el transporte urbano e interprovincial.

La gestión del gobernador Rohel Sánchez tiene la oportunidad de acabar la obra y su interés es que sea este año. Para ello, realizó una inspección este jueves para conocer los pormenores del proyecto y verificar in situ su avance.

¿Cuándo culminará la obra?

Actualmente, el tramo III tiene solo un avance del 20%, pese a que se retomó en abril del año pasado. En este tiempo solo se terminó de construir las veredas y rampas, además de las bermas para la ciclovía. Aún falta la pavimentación de las pistas, muros de contención, los sardineles y otros componentes.

Pero lo que más causa preocupación al gobernador es lo manifestado por la supervisora del proyecto. Tras una evaluación, indicó que existe un desfase entre el avance físico y financiero. Explicó que se ha gastado casi del 100% del dinero destinado a la mano de obra, pero apenas se ha avanzado un 20% de los trabajos. El costo total del proyecto asciende a 39 millones de soles.

Aunque para los ingenieros que ejecutan la obra, los retrasos se debieron a temas burocráticos. Responsabilizaron al área de Logística del Gobierno Regional de Arequipa por la demora en la compra de los insumos para la obra. Los materiales como el cemento, adoquines y otros recién se entregaron en febrero, cuando el requerimiento se hizo en octubre del año pasado.

Ahora que se cuenta con todo el requerimiento, los trabajos podrán acelerarse y la obra quedar culminada para julio. Sin embargo, el gobernador Rohel Sánchez habló con cautela y ha señalado que el tramo III terminará para mediados de agosto.

Por su parte, los vecinos del lugar pidieron a la autoridad su compromiso de trabajar en este proyecto ya que la demora les ha ocasionado muchos perjuicios. Uno de ellos es que no se haya considerado vías auxiliares para el tránsito de los vehículos. Además, que la obra ha provocado que algunas viviendas queden a desnivel.

¿Cuál es el avance de los demás componentes?

El proyecto de los 4 carriles contempla la construcción de tres tramos de carretera (tramo I, tramo II y tramo III), además de la edificación del puente Pachas y Puente Añashuayco II.

Por el momento, el Gobierno Regional de Arequipa informó que el tramo I tiene un avance del 40% a la fecha, mientras que faltan algunos acabados en el tramo II.

El tramo I, que va de la vía de Evitamiento a la autospista Arequipa – La Joya, culminaría entre agosto y setiembre. Los 3 kilómetros que tiene la vía demandarán una inversión de 32 millones de soles.

Los demás componentes también están en ejecución y se espera pronto su culminación. La población del cono norte solo pide que no pase otro periodo de gobierno y la obra continúe inconclusa.

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Sendero Luminoso (SL) fue derrotado el 12 de setiembre de 1992, con la captura de Abimael Guzmán, el llamado «pensamiento Gonzalo», Elena Iparraguirre y otros altos dirigentes de la dirección de lo que fue esta maquinaria asesina. La captura de «Feliciano», el 14 de julio de 1999, fue el puntillazo final de la facción «Proseguir» o «Bloque Escisionista» que continuó el accionar terrorista entre octubre de 1993 y julio de 1999, en contra el llamado de Guzmán de luchar por un «acuerdo de paz» en octubre de 1993.

Tras la captura de ‘Feliciano», la facción «Proseguir» dejó poco a poco de existir como una corriente del PCP-SL. El camarada «Artemio», el coordinador del Comité Regional del Huallaga, fue el último dirigente del «comité central» de SL que se unió a la posición de Guzmán de «luchar por una solución política» en julio de 2001.

Así, en términos estrictos, desde mediados de 1999 no hay acciones terroristas del senderismo en general. Es decir, hace casi 24 años. Aunque el PCP-SL que buscó el «acuerdo de paz» y, desde el 2000, una «solución política», señala que no realizan acciones subversivas y terroristas hace 30 años.

Ahora, sin embargo, oficialmente y el fujimorismo consideran el accionar armado en el Vraem como «terrorista» o «senderista». ¿Qué es para el PCP-SL el grupo armado del Vraem dirigido por Víctor Quispe Palomino alías «José» desde agosto de1999 y que se autodenomina el «militarizado partido comunista del Perú»? Para SL es un grupo de «mercenarios» en proceso de «colombinización». O sea, no forma parte sendero. Sobre ese grupo armado volveremos en otro momento.

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue derrotado en junio de 1992, con la segunda y definitiva captura de Víctor Polay Campos, quién purga la condena de cadena perpetua en la base naval del Callao. Antes de su captura casi toda la plana mayor de este grupo armado fue capturada o abatida.

El 17 de diciembre de 1996, en un contexto de derrota de está organización subversiva, un pequeño grupo armado liderado por Néstor Cerpa Cartolini realizó su última acción terrorista: tomó la casa del embajador de Japón y más de 70 rehenes.

Al año siguiente, el 22 de abril de 1997, la Operación Chavín de Huántar develó el secuestro de 71 rehenes y abatió a todos los miembros del MRTA que tomaron la casa del embajador japonés. Esa fue la última acción de este grupo armado.

¿Cuál es la situación actual de SL y el MRTA? De un lado, desde el 2000 SL pasará de luchar por un «acuerdo de paz» (octubre de 1999-1999) con el dictador Alberto Fujimori, a luchar por una «solución política de los problemas derivados de la guerra». El 2006, ese lineamiento general de su «Nueva Estrategia General» lo desglosaron en tres: solución política, amnistía general y reconciliación nacional.

Obviamente, no era posible ningún «acuerdo de paz» ni una «solución política» con SL. Tampoco la «amnistía general» ni «reconciliación nacional». Esos lineamientos de SL lo único que indicaban era que no iban a regresar al terror. Indicaban un derrotero nuevo para el senderismo.

Así fue. El 2009, un documento del PCP-SL señaló: «la participación electoral es una necesidad». Como consecuencia de ese lineamiento, en diciembre de ese año, en Huamanga (Ayacucho) fundaron el Movimiento por la Amnistía General y la Reconciliación Nacional (MOVADEF)

El 2011, intentaron la inscripcion del MOVADEF para participar en las elecciones generales de ese año. Por tener como guía ideológica el «marxismo leninismo maoísmo, pensamiento Gonzalo», se les negó su inscripción. El 2016, intentaron la inscripción del Fudepp. La respuesta fue la misma: se rechazo su inscripción.

¿Qué pasó con el MRTA? Este grupo armado no solo no volvió a realizar ninguna acción armada y/o terrorista, sino que fue más allá: después de una discusión interna en los penales, se autodisolvió. Dejo en libertad a sus miembros a que se reintegren a la sociedad y participen en la vida política legal del país.

¿Qué se puede colegir de esta mirada de la trayectoria seguida por SL y el ya inexistente MRTA? Dos cosas concluyentes: una, en el caso de SL, desde 1993 y 1999, no hay acciones subversivas terroristas y,.dos, en él caso del MRTA, no hay acciones desde el primer trimestre de 1997. En el caso de SL hace casi 24 años y del MRTA hace casi 26 años.

Así, hace 24 y 26 años respectivamente no existe terrorismo de SL y el MRTA en Perú. Eso sí, el año 1992 la subversión terrorista dejo de ser una amenaza a la seguridad nacional y del Estado. En otras palabras, no hay terrorismo de ningún grupo alzado en armas. Eso indican los hechos. Lo que vivimos.son las profundas y múltiples secuelas de ese convulsionado proceso al que no debemos volver nunca más.

Paradójicamente, en los últimos tiempos se está «terruqueando» como nunca antes. Estamos ante un «terruqueo» sin terrorismo, entendido como «una forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido…». Eso era y es el terrorismo derivado de una ideología que ejecutó SL.

Desde ese concepto, de la Oxford Languages, las acciones del grupo armado del clan Quispe Palomino es terrorismo. Sus emboscadas y asesinatos, aunque hablen y escriban sobre el la «revolución» y el «comunismo», no es «terrorismo». Mucho menos la participación en protestas sociales.

En suma, el actual «terruqueo» es la fabricación de «terroristas» o «terrorismo». Esa es hoy, matizada con acusaciones de «organización criminal», una política de Estado nacional.

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Las organizaciones y comunidades ubicadas dentro del circuito petrolero de Loreto, rechazaron la visita de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, quien participó en la ceremonia de zarpe de la primera etapa de las campañas de acción social de PIAS fluviales.

«El gobierno dictatorial, violador de los derechos humanos, no es bienvenido a nuestra región que se levantó frente a la dictadura de los 90. Dina Boluarte discrimina a los pueblos que reclaman los derechos políticos, y por ser de provincias solo debemos reclamar derechos básicos», señalan en un comunicado.

Exhortaron al Gobierno Regional y demás autoridades tener un mínimo de respeto por la región. «Solo por sus intereses y proyectos se arrodillaron a este gobierno asesino. No les importa los compatriotas que fueron asesinados, por defender los derechos frente a la dictadura».

Rechazan esa actitud y anuncian el reinicio de movilizaciones hasta que se proponga una nueva Constitución que garantice los derechos de los pueblos indígenas.

Manifestantes estuvieron en los exteriores del aeropuerto de Iquitos

Mientras que la Policía y el Ejército custodiaban el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta de Iquitos, para la llegada de la jefa de Estad, a fin de participar de una ceremonia, un grupo de manifestantes protestaron en los exteriores del aeropuerto de Loreto.

Entre los protestantes estaban trabajadores de construcción civil, miembros de la CGTP y del Magisterio, quienes portaban pancartas y banderas con mensajes en los que le pedían su renuncia.

Según se informó, no se reportaron enfrentamientos entre el grupo de manifestantes con las fuerzas del orden.

Boluarte tuvo que ser trasladada en helicóptero a la Base de la Marina (SIMA) que estaba rodeada de militares, policías y funcionarios. Se obligó a los trabajadores de la Gerencia Regional del Gobierno Regional a recibirla.

La mandataria participó de la ceremonia de zarpe de la primera etapa de las campañas de acción social de PIAS fluviales en la región Loreto. La salida de las naves se realizó en las instalaciones de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA) de Iquitos.

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Wilber Mamani, gerente de la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca), informó que desde el 1 de mayo iniciarán los trabajos de señalización en el circuito turístico. Estos tienen la finalidad de evitar que más turistas se extravíen en este destino turístico de Arequipa. El proyecto, además, responde al pedido de los padres de la turista belga antes perdida, Natacha de Crombrugghe.

Como se sabe, el pasado lunes 27 de febrero, los padres de Natasha enviaron una carta criticando a las autoridades de Arequipa. En ella, referían que en todo el tiempo que pasó desde que su hija desapareció, las autoridades aún no han hecho trabajos para evitar que se repitan casos similares. “Estamos muy sorprendidos y escandalizados de que, después de un año, Autocolca no haya hecho nada para informar a los turistas y hacer que los senderos sean más seguros”, dice en la carta.

Para el inicio del proyecto, hace falta la aprobación del expediente final a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que debe ocurrir en los próximos días.

¿Qué comprende señalización en esta zona turística de Arequipa?

El proyecto de señalización en el Colca (Arequipa) comprende a 2 distritos, Cabanaconde (lugar donde fue vista por última vez Natacha) y Tapay. La señalización empezaría en la ruta de San Miguel en Cabanaconde, pasando por los poblados de San Juan de Chuccho, Tapay, Sangalle, entre otros.

Lo que comprende el proyecto es la mejora de caminos, señalización, descansos, puntos de sombra, y ampliación de caminos riesgosos. El sitio turístico de Arequipa se señalizará por etapas en un total de más de 30 kilómetros. Y se realizaría en aproximadamente 4 meses, con más de 1 millón de soles de inversión.

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Esta noche conversamos con abogados defensores de víctimas de las protestas en Juliaca, Ayacucho y Cusco sobre las investigaciones fiscales que se llevan a cabo. La mayoría con retraso.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la creación de 16 escuelas para formar nuevos policías en diferentes regiones del Perú. Según la mandataria, esto permitirá un mayor acceso para las personas que deseen postular y servir a la Policía Nacional del Perú.

En la clausura de la primera sesión ordinaria descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), Dina Boluarte propuso también la reformulación del Código Penal. El gobierno aún no le responde a la ONU por las denuncias de violación de Derechos Humanos durante las protestas en su contra, pero quiere combatir la violencia, la delincuencia y el narcotráfico.

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El representante del Frente de Defensa del Cono Norte en Arequipa (Fredicon), Felipe Domínguez, con el apoyo de distintas bases como la FDTA, el Comando de Lucha en Arequipa, buscan «reimpulsar» las marchas en contra del gobierno de Dina Boluarte, a quien la tildaron de «criminal».

«El pueblo está descansando», indica dirigente en Arequipa

Debido a que las marchas aparentemente se han ido debilitando, diversos gremios que están a favor de las marchas, culparon a algunos medios de comunicación de Lima por «minorizar» las luchas.

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El cuerpo médico del hospital Goyeneche de Arequipa manifestó su indignación contra el gobernador Rohel Sánchez, por la salida repentina de funcionarios del sector Salud. Se trata de Constantina Olivares, exgerenta regional de Salud; y Carlos Caracela, exdirector del nosocomio.

Por medio de un pronunciamiento, plantearon que Olivares y Caracela fueron usados con fines políticos por la gestión regional actual de Arequipa. “Con el aparente fin de mostrar rostros de profesionales no reciclados, ni contaminados con gestiones anteriores”, señalan.

Los galenos manifestaron que no hubo razón justificada de sus retiros para dar paso a funcionarios conocidos que participaron en la gestión anterior. En reemplazo de Caracela, se designó a María Sotomayor como directora del Hospital Goyeneche, de quien esperan que gestione la construcción del nuevo nosocomio.

Además, el cuerpo médico del hospital Goyeneche exige que el Gobierno Regional de Arequipa destine el presupuesto necesario para el contrato de más personal médico. Precisaron que falta 150 especialistas para que se termine de manera efectiva la presencia de las largas colas en el nosocomio.

Respecto a la contratación de personal, Walther Oporto, nuevo gerente de Salud de Arequipa, manifestó que seguirán identificando en qué áreas es necesario especialistas. Y luego, solicitar el presupuesto que requieren al Ministerio de Economía y Finanzas. Oporto también señaló que esta semana estarían concluyendo el censo de los médicos especialistas para reubicarlos de establecimiento de salud.

Los presidentes de los cuerpos médicos de Arequipa rechazan el nombramiento de Oporto y piden su salida del cargo como gerente de Salud. Al respecto, Oporto evitó pronunciarse ante las acusaciones de ser un funcionario cuestionado y reciclado. En su lugar mencionó: “habría que preguntarles a ellos (los galenos) que fundamenten más sus apreciaciones”.

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Los vehículos informales del transporte público estarían incrementando. Esto, luego que el último viernes el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, haya propuesto la integración de informales al Sistema Integrado de Transporte (SIT). Así lo informó Marat Santos Huamán, gerente general de la empresa AQP Masivo.

La modalidad que estos vehículos informales estarían utilizando es la del pintado del color de empresas que están con el contrato de concesión. Además, utilizan logos de las empresas para pasar desapercibidas. Finalmente, estos vehículos tendrían años de uso sin renovación. Esta práctica se incrementó desde las últimas declaraciones del alcalde de Arequipa, las que calificó de irresponsable.

Además, en la ruta que cubre la empresa AQP Masivo Arequipa, se habría notificado ya un total de 90 unidades que se dedican al transporte informal desde el último viernes. De ellas, 40 tendrían el logo de dicha empresa, y además vendrían usando placas no pertenecientes a las unidades de la empresa.

Califican de perjudicial propuesta de alcalde de Arequipa

El representante de la empresa AQP Masivo Arequipa también mencionó que es perjudicial la propuesta de tránsito libre que hizo el alcalde Víctor Hugo Rivera hace algunos días. Advirtieron que no sería solo el aumento de unidades informales, sino también habría rutas desordenadas. De la misma manera, en autos informales los precios del pasaje cambiarían.

Ante estos problemas, las quejas de los ciudadanos no podrían ser atendidas, mencionó. Por lo que pidieron al alcalde de Arequipa ser más responsable con las declaraciones del tránsito libre. “Hay un poco de desconocimiento por parte de la autoridad. Creemos que debe haber una reflexión para poder tener una visión más clara” explicó.

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El equipo especial del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto‘ de la Fiscalía, la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía y la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN), realizaron un megaoperativo simultáneo esta madrugada.

La fiscal provincial Jeans Velazco Hidalgo, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado – Equipo Especial de Fiscales para el caso Los Cuellos Blancos del Puerto – Tercer Despacho, estuvo a cargo de las diligencias.

Todo inició a las 3 a.m. en los distritos de San Borja, San Isidro, Surco, La Molina y Comas, de Lima. Además de incautar bienes, se han allanado 21 viviendas y también se confiscaron 5 vehículos de alta gama valorizados en 363 mil 380 dólares. También se procedió a la desposesión de dos inmuebles ubicados en San Borja y Callao.

Se detuvo al empresario textil Mario Américo Mendoza Díaz, quien sería uno de los hombres claves de la presunta organización criminal. Junto a él también detuvieron a su esposa Carmen María Serrano Gandulia y a sus hijos, Paola María Mendoza Serrano, Gianmarco Mario Mendoza Serrano y Aldo Mario Mendoza Serrano.

Precisamente, Aldo Mario Américo Mendoza Serrano es conocido como el «octavo consejero» porque fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Quiso ser colaborador eficaz, pero luego se abstuvo de disponer información de su propia red.

Organización tenía tres redes con jueces, abogados y empresarios y magistrados supremos

Los otros intervenidos son Luis Alfonso López Ríos, Gastón Espejo Zavala y María Antonieta Jarufe Sabat. Así también, Walter Gustavo Gonzáles, Gilmar Nieto Huamaní, Pilar Barrientos Aparicio, Dennis Urbina Zurita y Alberto Aponte Lector.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, los detenidos habrían integrado una organización criminal para el tráfico de influencias, corrupción de funcionarios en el Callao bajo el mando del expresidente de la Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos.

Esta organización criminal que fue expuesta en el 2018, gracias a un audio difundido por IDL Reporteros, daba cuenta de la participación de diferentes instancias judiciales en la misma. Según las investigaciones, ésta operó en tres redes de corrupción, con rebajas de penas condenatorias y ascensos públicos. La primera red la conformarían los juzgados del país. La segunda, abogados y empresarios. Y en la última, estarían el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y los pasados miembros del CNM.

Operativo se produce tras inicio de investigaciones a Fiscal de la Nación

Esta megadiligencia se realiza apenas unas horas después de que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, considerara “ilegal y arbitraria” la investigación que le abrió la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por las presuntas irregularidades en la conformación de los miembros del equipo especial del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’.

Incluso dijo que la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respondería a los ataques que, aseguró, ha sufrido por «investigar el poder político». Para ella, con los cambios hechos, el equipo especial de fiscales fue reforzado.

Luego de los descargos de la fiscal de la Nación, la Junta Nacional de Justicia afirmó que las indagaciones responden plenamente a sus facultades y atribuciones.

En respuesta, la JNJ emitió un comunicado en el que señalan: “expresamos nuestra inquietud por las expresiones y valoraciones realizadas por la doctora Benavides. El Perú se define como un Estado Constitucional y democrático. De ello se deriva que el ejercicio del poder público por parte de cualquier funcionario, sin excepción, se encuentra sometido a las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen».

Asimismo, la Junta explicó que la investigación preliminar pretende “determinar el grado de probabilidad o verosimilitud de la existencia de una falta disciplinaria, por lo que permite establecer si existe mérito para iniciar un procedimiento respectivo”. Aquí el comunicado:

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El exalcalde del distrito de La Joya, Gilmar Luna Boyer, fue detenido por la Policía Nacional del Perú. La razón es que conformaría presuntamente la organización criminal denominada ‘Traficantes de La Pampa’, que operaba en Arequipa.

La División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional realizó el operativo en el cual detuvieron a 13 de los 14 implicados. La acusación contra los detenidos es que se dedicaban a la usurpación de terrenos.

Las investigaciones y seguimiento duraron 120 días, realizadas durante el 2022, junto a otras estrategias. Por ejemplo, la intervención telefónica. La PNP intervino 25 inmuebles: 11 ubicados en Arequipa y 2 en la ciudad de Tacna.

La organización criminal operaba mediante la asociación de vivienda Asproducto de San Camilo, La Joya. Tenían una extensión total de 17 hectáreas y los lotes tenían una extensión de 200 a 250 metros cuadrados. Cada lote tenía un costo de 5 mil soles. Además, realizaban tratos directos con las autoridades, sin respetar las normas.

Cabecilla de organización criminal en Arequipa

La organización criminal estaba encabezada por el excandidato al Gobierno Regional de Arequipa, Juan Valencia Postigo. La fiscal de Crimen Organizado en Arequipa, Alejandra Cárdenas, explicó como operaban.

La fiscal de Crimen Organizado detalló que Juan Valencia Postigo presenta cerca de 40 denuncias penales que datan desde el 2017. Entre los delitos por los que se le acusa están usurpación, lesiones, violación de domicilio, cometidos cuando desalojaban a los pobladores que no cumplían con el pago de la denominada cuota social, que era un pago mensual entre 200 a 500 soles.

El Ministerio Público tiene 35 denunciantes protegidos que incluso acusan que realizaron denuncias oportunamente, pero estas nunca llegaron a la Fiscalía. Por esta razón, se ha allanado las oficina de Seguridad del Estado.

La policía en coordinación con la Fiscalía del Crimen Organizado venía haciendo seguimiento legal a Juan Valencia Postigo, mediante el cual se logró la identificación de otros implicados, entre ellos autoridades y policías.

Están implicados dos efectivos de Seguridad del Estado, y un miembro de la Policía de apoyo al Ministerio Público.

Gilmar Luna y una serie de antecedentes negativos

Gilmar luna Boyer fue alcalde de Uchumayo en el periodo 2014 – 2018. Además, y durante el periodo del 2019 -2022 fue alcalde del distrito de La Joya. En las últimas elecciones, buscó ser alcalde provincial de Arequipa, a través del movimiento regional Fuerza Arequipeña, pero no logró la votación necesaria.

Según la información proporcionada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gilmar Luna no registra antecedentes penales ni policiales. Pero en 2019 se hizo pública una denuncia de estafa, formulada por 24 jóvenes.

Según la acusación, la municipalidad de Uchumayo, entonces bajo el mando de Luna Boyer, organizó un curso de maquinaria pesada que nunca inició, ni se coordinó el reembolso del dinero de matrícula de las víctimas.

Además, cuando fue candidato a la alcaldía provincial, presentó un plan de Gobierno Regional. Tras la revisión se halló coincidencias con el plan de su líder y en ese momento candidato al GRA, Marco Falconí.

Cabecillas de organización criminal

Durante la intervención, incautaron 14 celulares y un total de 40 mil soles y 2 armas de fuego (una a un efectivo policial y otra al exalcalde Gilmar Luna, encontrada en su domicilio). Los principales miembros de la organización son:

• Juan Valencia Postigo (65), alias “Juan o Valencia”, quien sería el presunto cabecilla y excandidato al Gobierno Regional de Arequipa.
• Maritza Callachet (50), alias “Maritza”, sindicada como la lugarteniente de la organización criminal.
• Gilmar Luna (41), alias “Gilmar”, exalcalde de la Municipalidad La Joya.
• Fausto Quirita (69), alias “Fausto”, abogado y ex juez de Paz del CP San Camilo.

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Patricia Benavides considera “ilegal y arbitraria” investigación de la JNJ en su contra.

Patricia Benavides está que hace pataleta. La jefaza del Ministerio Público anda picona luego que la Junta Nacional de Justicia decidiera ponerla en la mira por las extrañas movidas alrededor del Equipo Especial Los Cuellos Blancos. Sucede que la JNJ abrió una investigación preliminar en su contra por lo que consideraron una debilitación de las indagaciones del caso de los hermanitos. Para la fiscal de la Nación se trata de una decisión ilegal y arbitraria y aseguró que la resolución que dispone las pesquisas es nula. Recontra achorada, la tía se atrevió a insinuar que el proceso es una venganza por su valiente decisión de investigar al poder político, además de un acto de amedrentamiento y obstrucción. Eso sí, del ayudín que le dio a su hermanita no dijo ni pio. Paticita se siente intocable.

Ministerio Público inició una investigación preliminar contra ministro de Trabajo y presidente de EsSalud.

Hasta que por fin se decidió, como para dar respuesta a sus críticos. Así, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició una investigación preliminar contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén Ojeda, y al presidente de EsSalud, Aurelio Orellana Vicuña, por el supuesto ilícito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Además, se encausó a la asesora de Dina Boluarte, Grika Asayag, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

La tesis fiscal señala un indebido pago de 41 millones de soles de EsSalud a la empresa Aiona Technology Corporation SAC en 2020. En los primeros meses del año siguiente, la Contraloría confirmó que hubo un direccionamiento en la firma por 1.2 millones de pruebas rápidas. Se congeló el contrato, pero Orellana, en febrero de 2023, decidió efectuar el pago. Ojalá estas investigaciones también sean céleres

Pedro Castillo se niega a declarar por cuarta vez a la comisión de Fiscalización, su abogado asegura que solo lo hará presencialmente.

Pedro Castillo dejó vestidos y alborotados, una vez más, a los otorongos, aunque no es una novedad de que el expresidente deja en visto a las comisiones que están encargadas de investigar sus acciones durante su breve mandato. El chotano no les da el gusto de ser interrogado por ellos. Por eso, y por cuarta vez consecutiva, Castillo faltó a su citación ante la comisión de Fiscalización. Ante esta negativa, los integrantes de ese grupo de trabajo evaluarían variar la situación jurídica del expresidente, de testigo a investigado. Eduardo Pachas, abogado del profe, afirmó que el expresidente “ha sido claro y directo” en manifestar que quiere declarar de forma presencial ante la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre el caso ‘Anguía’. ¿Le permitirán hacer su show?

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