En medio de la polarización en que estamos sumidos en esta segunda vuelta, los bandos que respaldan a Fuerza Popular y Perú Libre han encontrado un punto de coincidencia: las críticas contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Los ataques apuntan tanto al propio proceso electoral, como al titular de la entidad, Jorge Luis Salas Arenas. En muchos casos, estos cuestionamientos se basan en información falsa, imprecisa o tendenciosa, cuyo efecto solo precariza una elección a producirse en menos de una semana.
Por ejemplo, se asegura que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mandó a imprimir 40 millones de cédulas de votación cuando los votantes hábiles son 25 millones 287 mil 954. Algunos simpatizantes de ambos bandos aseguran que el excedente sería usado para un supuesto fraude.
No obstante, la misma ONPE lo negó y aclaró que solo se han imprimido 25 millones 928 mil 354 cédulas. Esta cantidad supone un superávit de 640 mil 400 balotas de votación, las que se usan para cualquier contingencia. Cabe señalar que se ha elaborado el mismo número de material para la primera y segunda vuelta.
Otra información tendenciosa que viene circulando en redes sociales es la referida a la inclusión de peruanos fallecidos en el padrón electoral. En su perfil de Twitter, la periodista Milagros Leiva preguntaba a la misma ONPE si buscaba hacer fraude en la segunda vuelta, tras descubrir que su difunto suegro figuraba en la lista de electores hábiles.
Lo cierto es que el padrón de electores, debido a una ley aprobada en el Congreso, se cierra un año antes de los comicios de primera vuelta, es decir, el 11 de abril del 2020. Aquellos decesos que se producen después de la fecha aún figuran como votantes. Por lo que cualquier alusión de fraude, bajo ese razonamiento, queda descartada.
Las elecciones de segunda vuelta en el extranjero y los observadores internacionales
Más desinformaciones se han producido respecto a la votación peruana en el extranjero, en una suerte de teléfono malogrado. Primero, se difundió por WhatsApp un audio en que se aseguraba la instalación de mesas de sufragio de transeúntes en los estados de Washington y Florida, en los Estados Unidos.
La ONPE desmintió que se vaya a implementar mesas de transeúntes en este proceso electoral, dado que el JNE no lo dispuso. Sin embargo, lo señalado por el organismo se tergiversó en redes sociales, al punto de especularse que el jurado dejaría sin opción de voto a los residentes de Miami, en su mayoría supuestos simpatizantes de Keiko Fujimori. Versión falsa, dado que está prevista la instalación de mesas de votación para los peruanos que radican en esa ciudad.
También se difundieron desinformaciones de las que se hicieron eco representantes de Perú Libre. Es el caso de una supuesta prohibición a la participación de observadores internacionales de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Honduras (RMJP), presuntamente ordenada por el JNE. Incluso el mismo Pedro Castillo anunció que no iban a permitir tal arbitrariedad, e insinuó que “algo negro se está trabajando”.
Si bien el pedido de RMJP fue negado por el jurado, no fue por una decisión antojadiza. Ocurre que la solicitud se hizo de forma extemporánea, el 12 de mayo último. Empero, el registro para observadores solo era posible hasta el 27 de marzo. Diversas organizaciones internacionales inscribieron a sus representantes oportunamente, por lo que sí habrá veeduría internacional en la segunda vuelta.
Ataques con nombre propio
Las noticias falsas enumeradas en esta nota también se han utilizado para atacar a los titulares de la ONPE y del JNE. Respecto al jefe de la primera, Piero Corvetto, se le ha señalado de estar coludido con el partido Fuerza Popular. Si bien ha reconocido una amistad con los fujimoristas Fernando Rospigliosi y Pier Figari, negó que esto condicione su labor al frente del organismo.
Empero, quien ha recibido los ataques más furibundos es el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. Se ha iniciado una campaña en su contra en la que se pide su renuncia al cargo en plenas elecciones, acusándolo inclusive de fraude. Un operativo que ha contado con el respaldo de operadores políticos y mediáticos.
El magistrado ha sido objeto del llamado “terruqueo”. Así, se le acusa de una militancia de un Frente Estudiantil Revolucionario (FER) pequinés de filiación comunista, cuando era estudiante universitario, hace alrededor de 40 años. Algo que el imputado ha negado, aunque ha reconocido simpatías con las ideas de izquierda e inquietudes sociales en sus años en las aulas.
También se cuestiona su ejercicio profesional como abogado, aduciendo que “era un abogado de terrucos”. Salas Arenas ha admitido que ejerció la defensa de imputados por terrorismo en la década de los ochenta, principalmente como abogado contratado por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
El mismo criterio es aplicado a su labor como juez, en que también se le señala de “liberar” a dos terroristas cuando era parte de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. En su descargo, enumeró otros procesos donde se fallaba en contra de acusados de terrorismo, declarando nulidades de absoluciones y confirmando sentencias de condena.
Congresistas contra el presidente del JNE
Desde el Congreso han recogido las especulaciones en contra del titular del JNE. Hace dos semanas, diez parlamentarios de la bancada de Acción Popular han exigido su renuncia “inmediata” por su supuesta vinculación con “grupos de izquierda radical y/o terroristas”.
Quien también se ha hecho eco del pedido de los acciopopulistas es César Combina, legislador por el partido Alianza Por el Progreso, organización aliada de Fuerza Popular. El representante repitió las acusaciones de fraude por la aparición de fallecidos en los padrones de votación y minimizó las aclaraciones del ONPE. Combina es procesado por el JNE por una probable violación de la neutralidad en elecciones, en su posición de congresista. El proceso fue iniciado por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, tras difundir publicaciones en Twitter y brindar declaraciones en contra del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.
Lo cierto es que los pedidos de que Salas Arenas renuncie a la presidencia del JNE son inviables. Por ley, su cargo es irrenunciable durante un proceso electoral. Asimismo, el magistrado ha adelantado que no renunciará ni ahora ni después del proceso, porque las imputaciones en su contra carecen de sustento.
“A esos niveles del absurdo se está llegando. La idea es atacar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al Jurado Nacional de Elecciones para cimentar la idea de un fraude. Para sostener la idea de un fraude. Dejar constancia que se ha dicho oportunamente que había un fraude. Yo lamento esa actitud que felizmente varios demócratas del país lo están también recusando”, declaró Salas Arenas respecto a las denuncias en su contra.
