La realidad en el Perú actual, faltando un año para cumplir el bicentenario, muestra que el crecimiento económico es una «mentira»; si bien es cierto las cifras del crecimiento del PBI son positivas, siempre están a la baja de los pronósticos. Por otro lado, los beneficios en la mejora de la calidad de vida de la población no se notan.
Pero lo que más preocupa es el estado del medio ambiente donde los factores agua, suelo, aire, biodiversidad, paisaje etc. están siendo degradados. Su calidad y disponibilidad están seriamente puestas en riesgo por la contaminación y mala gestión asociadas principalmente a las actividades extractivas (minería, hidrocarburos).
Las políticas en los sectores son teóricas y centralistas, lo que no permite fortalecer la institucionalidad regional en la planificación del desarrollo y control de los impactos. La mala utilización de los instrumentos de gestión ambiental (EIA , AMA), pésima organización de las instituciones: de fiscalización (OEFA), de otorgamiento de Certificaciones ambientales (SENACE), donde no hay cuadros profesionales con la “expertise” en la temática ambiental; es lo que ocasiona que no se avance en la aplicación de estrategias y acciones como la correcta utilización de los instrumentos de gestión, en un contexto de corrupción.
Es urgente tomar medidas de «ajuste» en la regulación ambiental y priorizar los trabajos de remediación ambiental, hay que unir esfuerzos para elaborar un Plan de acción con la participación de la academia, la industria, el gobierno y las comunidades. Su ejecución permitirá un desarrollo sostenible de las actividades productivas. Los indicadores son crecientes de la pérdida de condiciones naturales de las aguas, suelos y biodiversidad, pues origina el desequilibrio en los ecosistemas y pérdida de servicios para la población rural. Todo relacionado a irresponsables prácticas ambientales de las industrias extractivas.
La publicación y el título de este artículo tratan de remarcar que el Perú está en un momento clave hacia el futuro, donde convergen varios elementos que se entrecruzan e interaccionan, dando lugar a graves problemas; en el horizonte no se avizora una salida al deterioro creciente de las aguas, aumento de la contaminación atmosférica, degradación de los suelos, perdida de la biodiversidad y el paisaje etc., esto ocasionará que no se tenga ni disponibilidad ni calidad de factores ambientales claves para el desarrollo de las actividades productivas futuras.
También es álgido el tema de la productividad agrícola y seguridad alimentaria, ante el déficit de infraestructura para el abastecimiento de productos y el control de plaguicidas y otros productos contaminantes; además, el aumento de las enfermedades relacionadas a la mala calidad del agua, vertimiento de aguas residuales al mar, altas concentraciones de gases aerosoles y material particulado (PM 2,5), dando lugar a “boinas” de contaminación en las ciudades procedentes de las operaciones mineras (Ej. operación de Cerro Verde), lo que viene afectando seriamente la salud de las poblaciones y aumento de decesos (el año 2015 en Arequipa, se reportaron 4000 casos de asma, aumentando a 80,000 casos en el año 2018).
Se plantea en este artículo una síntesis sobre los elementos existentes, instituciones, políticas, estrategias y acciones, sobretodo relacionados a aspectos económicos, legales y ambientales que interactúan, dando lugar a casos “graves” originando cuestionamientos a proyectos autorizados y aprobados por los ministerios correspondientes, pese a sus deficiencias. Luego se discute los aspectos más resaltantes y finalmente presentamos propuestas de alternativas para mejorar.
Instituciones estatales muy debilitadas. Todos los ministerios están sobredimensionados, no cumplen con sus objetivos, existe redes de corrupción; se debe reestructurar y reducir y descentralizar el aparato estatal del Perú.
Ministerio del Ambiente (MINAM) que está a la deriva, sin políticas claras, organización deficiente, falta de liderazgo, subyugado a los otros sectores, sobre todo el extractivo (MEM) y el económico (MEF); incluye varios organismos adscritos como:
SENACE, que no ha mejorado en 4 años desde su creación, muestra una débil organización. Carece de liderazgo y profesionales capacitados en las revisiones de la calidad de las evaluaciones de los Estudio de Impacto Ambiental (EsIA); los medidores de su perfomance son: cuantos EsIA han sido aprobados, los montos de inversión de los proyectos, y el tiempo que han tomado para otorgar la certificación.
OEFA, sigue “dando tumbos”, haciendo evaluaciones que no le competen (Evaluaciones preliminares de proyecto), porque se aceptaron proyectos con deficientes EsIA; sobretodo los que son de menor detalle (DIA; EsIA – Sd), que no tienen información suficiente de la línea base ambiental. Por otro lado al haberse restringido sus capacidades por el “Paquetazo ambiental”, ya no pueden multar a las empresas infractoras; solo puede “recomendar” que no contaminen, dictando medidas administrativas, a las que no hacen caso las mineras (Ej. Minera Aruntani).
El SERNAMP, no cumple con proteger las
áreas reservadas y gestionar los Planes Maestros de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP), lamentablemente las presiones de las actividades económicas
influencian negativamente la toma de decisiones y se autoriza desarrollar
proyectos que impactaran el medio ambiente (Ej. Caso Paracas).
El SERFOR se ocupa de la gestión Forestal y Fauna Silvestre, está adscrito al MINAGRI y tiene dificultades para controlar la tala y la deforestación; así como la comercialización de madera ilegal, que siguen aumentando en la Amazonía.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es quien genera más conflictividad socio-ambiental con sus decisiones y reglamentaciones, pues cumple rol de “juez y parte”. Promueve y adecúa la normativa legal para facilitar el desarrollo de proyectos que no cumplen con los requisitos mínimos para mitigar los impactos. Tiene varias oficinas de gestión (sociales, ambientales) y un Consejo Nacional de Minería que es la última instancia a la que recurren los mineros para que no se ejecuten garantías. Sus decisiones deberían ser técnicas e imparciales, pero están claramente sesgadas, los trámites se ejercen bajo la presión de los gremios como la SNMPE y el IIMP, bajo un manto de corrupción.
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) cuyas actividades están lejos de cumplir los objetivos del servicio geológico para el que fue creado; al anexarlo al Instituto de Catastro Minero (INACC), lo volvieron un apéndice legal para justificar el otorgamiento de petitorios, concesiones, permisos, que no cumplen con un mínimo análisis de los terrenos que se otorgan. Así originan graves problemas socio ambientales y riesgos de desastres.
Legislación que se maneja a nivel sectorial y por parte del ejecutivo, habiendo sido modificada la regulación ambiental de acuerdo a los intereses de las empresas extractivas. Es impostergable una revisión, evaluación y mejoramiento de la normativa con bases técnicas y asesoramiento profesional especializado, ya que actualmente solo prima el aspecto legal, lo que no permite que se cumpla con los objetivos para que sean prácticas y ejecutables. Las modificaciones de la regulación ambiental no pueden estar dirigidas a que se “ablande» la fiscalización, ni el pago de multas, bajo la disculpa que se debe fomentar la inversión.
La Tramitología que corresponde a las autorizaciones que debe dar cada sector para desarrollar proyectos, ya se ha simplificado bajo una “ventanilla única” para otorgar los permisos para la exploración y explotación minera; el problema de la demora proviene de las deficiencias de los entes estatales, al haber facilitado el ingreso de personal sin los méritos ni capacidades, algunos acostumbrados a las “coimas” para agilizar los trámites.
Instituciones relacionadas a la conservación del medio ambiente, ONGs que dependen de financiamientos externos, trabajan por su cuenta en el sector rural apoyando iniciativas de ordenamiento territorial, vigilancia de los factores ambientales etc.
Proyectos de desarrollo que no son bien ejecutados y no cumplen los objetivos; se ha creado en los últimos 20 años los denominados “Ampliación y mejoramiento………. «, que han pasado el “SNIP” para que se autorice las inversiones, pero que han sido un rotundo fracaso, al no existir indicadores de la “mejoría” y del cumplimiento de los objetivos, también manejados bajo influencias políticas y una red de corrupción con pérdidas millonarias de soles y retraso en la creación de infraestructura.
Proyectos Mineros: se sabe del potencial geológico de nuestra cordillera, con más de 40 proyectos en cartera, pero que están en la “refrigeradora” por la conflictividad socio-ambiental; luego, en el año 2019, solo tres inversiones (Quellaveco, Mina Justa y ampliación Toro Mocho), han sumado cerca US $ 6 mil millones; para el año 2020 se habla de 6 proyectos: Corani, Integración Ccorocohuayco, Ampliación Pachapaqui, Yanacocha sulfuros, optimización Inmaculada y San Gabriel, con inversiones que alcanzarían los US $ 6,800 millones y la posibilidad de desarrollar “Pampa del Pongo” para el año 2021. El caso del Proyecto Tía María no se toma en cuenta porque la empresa Southern no cuenta con licencia social.
Proyectos de infraestructura: formulados con deficientes expedientes técnicos, realizados mediante “copia y pega”, pasan sin filtros y son aprobados por comités municipales “ya comprados”; luego, los resultados son catastróficos, con proyectos que no funcionan, colapsan antes de operar y, en el mejor de los casos, solo duran 2 o 3 años por la falta de mantenimiento. Algunos ejemplos:
Centrales hidroeléctricas: se está dando autorizaciones a proyectos antiguos (más de 5 años), mal elaborados y que no tienen licencia social; los expedientes no cumplen con los requisitos técnicos mínimos, no se hace correctos EsIA, porque se supone que son pequeños o de mediana envergadura, pero igual impactan fuertemente el medio ambiente; entonces, estas deficiencias no permitirán cumplir con los objetivos de almacenamiento y abastecimiento de aguas para la agricultura.
Plantas de Tratamiento de Aguas residuales, (PTARs) cuyos expedientes técnicos también están mal elaborados; asimismo, los proyectos de nuevos rellenos sanitarios, por no contar con los profesionales con la “expertise” para diseñar y ejecutar los proyectos a nivel nacional.
Inversión minera y responsabilidad de las empresas
La inversión minera ha sufrido una considerable reducción en el país, existe actualmente una concentración de inversión sobretodo en proyectos en la región centro-sur del Perú. Algunas de las medidas de responsabilidad, como los aportes voluntarios, fideicomisos, las Obras por Impuesto (OPI) y otras, han sido solo herramientas de relacionamiento automáticas, pero no son procesos conscientes y participativos del Estado, la sociedad civil y la inversión privada, lo que ha originado el entrampamiento de los proyectos extractivos.
Relaciones comunitarias: los conflictos socio ambientales con las comunidades del entorno de los proyectos siguen en aumento; pero recientemente, mediante modificación en la normativa, se pretende mal interpretar la temporalidad de la aplicación de la Consulta Previa; además no se respeta los acuerdos globales sobre Derechos Humanos suscritos por el Perú.
Las Municipalidades en general, cuentan solo de nombre con oficinas técnicas, mientras que los profesionales contratados no tienen la capacidad de elaborar programas de mejora y control para un ordenamiento territorial básico y planificar el desarrollo de la expansión de áreas urbanizables, tampoco en la gestión de riesgos de desastres; solo tienen planes de contingencia (enfoque reactivo) y realizan la evaluación de los daños y análisis de las necesidades después que ocurren los eventos catastróficos.
3. Los problemas son numerosos por lo que solo describiremos brevemente algunos relevantes, casos graves o situaciones críticas relacionadas a la actividad minera. Aquí se pone en evidencia el desastre que está ocurriendo en el medio ambiente del territorio peruano.
Casos mineros
Aumento de Pasivos Ambientales Mineros (PAMs), teniendo más de 8,000 PAMs en todo el territorio nacional, los más críticos localizados en zonas de cabecera de cuenca con el consiguiente deterioro de la calidad de agua, por el alto potencial de generación de Drenajes Ácidos de Mina (DAM) con abundantes metales pesados, lo que ocasiona la degradación de suelos y graves problemas para el uso de los recursos hídricos de las represas en el riego en la agricultura. Como ejemplo, el caso de la presa de Pasto Grande en la región Moquegua, donde existen PAMs en las zonas alimentadoras (cabeceras), de antiguas minas (Pavico, Cacachara) y recientes como Santa Rosa, relacionados al deficiente cierre de las operaciones de la Minera Aruntani; también se traduce en el deterioro de la calidad del agua potable para el consumo humano, reportándose presencia de metales pesados en aguas del poblado de Yacango, Moquegua.
Además, la presencia de niveles de toxicidad en los sedimentos de los márgenes de los ríos en la Amazonia, lo que aunado a los problemas de derrames de hidrocarburos del ONP y los efluentes de la minería ilegal (mercurio, cianuro), muestran un sombrío panorama para el desarrollo de proyectos, al tener directa incidencia en la salud de las comunidades nativas y atropello de sus derechos humanos más elementales; esta situación debe atenderse de manera urgente, con ayuda internacional, antes de dar viabilidad a cualquier nuevo proyecto en la Amazonía.
Así tenemos el caso de la mina “Tucari” de la compañía Minera Aruntani, la cual se encuentra en la etapa de cierre, y está contaminando con Drenajes Äcidos de Mina (DAM) las aguas de la cuenca del río Coralaque; esta unidad fue supervisada en el año 2018 por la OEFA, la cual dictó más de 100 medidas administrativas, ante los impactos graves sobre los factores ambientales (agua, suelos etc.) en la cuenca; sin embargo, la empresa incumplió los compromisos de la etapa de cierre y ejecutó deficientemente lo planeado. Es un claro ejemplo que los planes de cierre que se presentan ante el MEM, son solo documentos poco rigurosos y no cumplen con identificar los probables impactos y tampoco se plantea medidas de mitigación efectivas para la etapa final del yacimiento.
Casos de falta de Ordenamiento Territorial
Existe un caso atípico efectuado por el MEM, el de reservar terrenos urbanos para operaciones mineras en la zona sur de Arequipa. Mediante Resolución Ministerial N° 399 -2019, renueva por un plazo de 5 años hasta el año 2024, la reserva de más de 61,000 ha de terrenos para la unidad de producción de Cerro Verde; esto para que “ejecuten obras” dentro de su proyecto de expansión.
El documento se expidió dos días antes del vencimiento del permiso anterior por lo que se deduce que estaba “conversado”; y los terrenos abarcan parte de los distritos urbanos de Yarabamba, la Joya, Hunter y Tiabaya, constituyéndose así en un claro atropello a la autonomía de las municipalidades sin considerar su Plan de desarrollo; está claro porque se oponen las mineras a un ordenamiento territorial en el país, ya que en este caso están utilizando futuras zonas urbanas para hacer obras de “interés nacional”.
El otorgamiento de concesiones mineras (INGEMMET) sin un análisis de los territorios seleccionados, sin preocuparse por su ubicación y por las consecuencias, lo que origina graves problemas; por un lado, atropello a los derechos territoriales de las comunidades rurales o distritos, zonas con potencial turístico, y por otro lado, el desarrollo de actividades peligrosas (explotación de agregados) en zonas de alto riesgo, y también en los bordes de ecosistemas (ríos) que son afectados en su dinámica y geomorfología, facilitando los desbordes, inundaciones y aluviones (huaycos). También es necesario revisar los plazos de las concesiones para poder agilizar los trabajos de exploración, existen empresas que tienen zonas concesionadas por decenas de años y nunca las han tocado, restando la posibilidad que puedan acceder otras empresas interesadas.
Falta de protección y conservación de los Recursos naturales, los
casos más graves:
La tasa de deforestación ha aumentado en la Amazonia y en las regiones de Loreto, Ucayali, Huánuco, Junín etc., pues de más de 150,000 ha deforestadas de bosques primarios en el año 2018, tenemos tasas acumuladas superiores a 2 millones ha, desde el año 2001. Las causas son varias (minería ilegal, monocultivos, tala ilegal etc.), pero todas están relacionadas a la falta de control, vigilancia y redes de corrupción.
La presencia de Cadmio en el cacao que se produce en las regiones Amazónicas, pues de las 150,000 ha de cultivo, un 7.5% son reportadas. Las exportaciones serán afectadas ya que los límites exigibles por la Comunidad Económica Europea son mínimos. Esto pone en riesgo las exportaciones por una suma del orden de US S/ 300 millones para los productores. No existe estudios detallados sobre el origen del cadmio, pero es un metal pesado que puede ser transportado por el viento a grandes distancias. Está presente en los hidrocarburos y también puede provenir de zonas de explotación minera. Así, los daños a la salud, se producen en los riñones, sistema óseo y respiratorio y es carcinógeno.
La contaminación de los recursos hidrobiológicos en el mar peruano, también se ha detectado con la presencia de cadmio en especies marinas, moluscos y crustáceos que son organismos filtradores y acumuladores, en toda la costa sur del país (Atico, Mollendo, Ilo).
En el caso de la RN Paracas, su intangibilidad no ha sido respetada, pues el MTC ha autorizado la ampliación del antiguo y pequeño puerto San Martín, en la punta norte de la península. Es parte de la reserva frágil y altamente sensible a los impactos, lo que originará pérdida de la biodiversidad; se ha utilizado un EsIA con datos falsos, poco riguroso y falto de credibilidad, porque no se ha tomado en cuenta el grave impacto del transporte de camiones con mineral en una carretera local.
Falta de gestión de residuos sólidos y control de efluentes urbanos
Deficiente gestión de Residuos sólidos, pues ningún PIGARS funciona. El MINAM como socio de los municipios desde hace más de 10 años no ha sido capaz de elaborar expedientes técnicos bien hechos. Se ha logrado construir rellenos sanitarios, pero que no funcionan correctamente (Ej. Bagua).
Contaminación con aguas residuales urbanas de las costas marinas porque la normativa lo permite. La justificación entonces es que se les otorga a las EPS hasta 7 años para “arreglar” el problema. Existen algunas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) abandonadas, como en la playa “media Luna”, al norte de la ciudad de Ilo.
También existen
casos de proyectos de PTARs, mal construidas, con deficientes
expedientes técnicos que no funcionan (dos PTARs en la ciudad de Chachapoyas).
Centrales Hidroeléctricas (CH)
Proyectos de CH, como Laguna Mamacocha (distrito de Ayo, Castilla), y la de Charcani VII (valle del río Chili, Arequipa); que solo generarán energía del orden de 20 MW cada una, localizadas en zonas paisajísticas altamente sensibles. Los cuestionamientos técnicos y ambientales también son numerosos. La laguna es un ecosistema alimentado estacionalmente, por lo que no se puede utilizar para una CH, ya que la recarga depende de las lluvias.
En el caso de la CH Charcani VII, es un sistema regulado donde ya existe un stress hídrico, y varias de las pequeñas CH antiguas. Solo trabajan al 15 % de su capacidad instalada por falta del recurso.
Proyectos importantes mal gestionados, que deben ser revisados
Así, el caso del aeropuerto de Chinchero, en Cuzco, es un proyecto donde se ha puesto de manifiesto la falta de capacidad del estado Peruano. En este caso el MTC no ha elaborado un buen expediente técnico; tampoco el EsIA y, sobretodo, presentarlo bajo un esquema de Gestión de proyectos (PM), con un cronograma y presupuesto detallados que asegure el cumplimiento de los objetivos. Además, hay cuestionamientos, por la presencia de lagunas y restos arqueológicos.
Luego, se ha reportado presencia de dolinas en la zona de la pampa de Chincheros; rasgos típicos de paisajes cársticos, originados a partir de la presencia de rocas calcáreas o evaporíticas en el subsuelo. Las rocas sufren disoluciones originando cavidades, cuevas, por lo que es imprescindible hacer un estudio con Georadar para determinar la estructura del subsuelo; esto antes de construir cualquier infraestructura.
El caso de Majes Siguas II comprende una represa con un espejo de más de mil millones de m3 de agua del río Apurímac; y su trasvase a la zona de las pampas Majes –Siguas. El EsIA es deficiente y se vence a mediados del año 2020, y el expediente técnico también está mal hecho; existe un déficit en el balance hídrico de 39 millones de m3, el proyecto no tiene un manejo bajo el concepto de “Gestión de Proyectos”. Además, el proyecto está detenido hace 5 años, porque la empresa contratista ha presentado una adenda sin sustento técnico para cambiar los canales con tuberías. Mientras que el alto costo de US$ 110 millones no se justifica para el cambio tecnológico. Entonces, el proyecto debe ser revisado y actualizado.
Modificaciones a la legislación
Luego, el MEM ha modificado la normativa para “facilitar” la Consulta “PREVIA” que deben realizar “ANTES DE” cualquier proyecto minero. Así, se ha propuesto que se haga después que se ha aceptado el instrumento de Evaluación del Impacto ambiental de cada proyecto.
Se ha presentado algunos casos como ejemplos de que se está impactando factores ambientales claves para el futuro uso y sostenibilidad de los recursos naturales. Están referidos a problemas originados por la actividad minera, falta de conservación de recursos naturales, vacíos en gestión ambiental de residuos sólidos y aguas residuales; contaminación de la zona marina y fuentes de agua, deficiente formulación de grandes proyectos de infraestructura, que pone en riesgo la zona turística del Cuzco. Además, se trata de un proyecto de irrigación mal elaborado, que pone en riesgo los objetivos de los proyectos y la pérdida de inversiones millonarias.
Las modificaciones del marco legal de acuerdo a los intereses de los mineros, debilitando la regulación ambiental; muestran que la presión es fuerte por desarrollar exploraciones y proyectos que no cumplen con los requisitos mínimos para mitigar los impactos al medio ambiente. También se ha hecho referencia a casos actuales de impactos graves que no han sido controlados y se sigue contaminando los recursos hídricos.
La inversión
minera en herramientas de relacionamiento como aportes voluntarios, OPI y
otros, no son procesos conscientes ni participativos (Estado, sociedad civil y
la industria), por lo que los beneficios de la actividad no se notan, dando
lugar al entrampamiento de los proyectos extractivos.
En síntesis, son varios casos donde se ha privilegiado el “fomento de inversiones”, pero se pone en riesgo el medio ambiente. Los proyectos de infraestructura también deben ser revisados para asegurar que se cumpla con los objetivos; y, bajo una gestión de proyecto (PM), poder cumplir con los cronogramas y no ampliar los presupuestos. Por otro lado, la existencia de miles de PAMs que es urgente remediar y el “desarrollo de proyectos mineros”, cuyos EsIA, están mal hechos; donde las actividades afectarán los recursos hídricos y originará degradación del medio ambiente, perdiendo la calidad y disponibilidad de factores ambientales claves para el futuro desarrollo del país.
¿Qué hacer ante la encrucijada?
- ¿Qué se propone a nivel de desarrollo productivo sostenible?
Un plan de acción que beneficie a la mayoría de la población, con alternativas que garanticen trabajo y así se logre la diversificación productiva.
Es imprescindible, además, que se asegure a nivel de los gobiernos / agencias / asociaciones profesionales en el país, los objetivos; fortalecer la regulación ambiental y priorizar la remediación ambiental de los PAMs.
Garantizar de manera integral las funciones de los ecosistemas en todo el territorio; y asegurar así los servicios que brindan para tener un medio ambiente en equilibrio y preservado para las futuras generaciones; esto se logrará utilizando correctamente los instrumentos de gestión ambiental, como la EIA y las AMA, control y fiscalización. Asimismo, una excelente labor en los trabajos de mitigación de los impactos ambientales.
Se propone nuevas actividades potenciales en territorios donde se realizan operaciones extractivas, que lleve a una sinergia con labores alternativas al desarrollo minero; se debe buscar la economía circular.
Respetar la esencia de los acuerdos globales sobre Derechos Humanos y no modificar su aplicación de acuerdo a los intereses de los diferentes sectores; principalmente el sector minero- energético, para “promover la inversión”.
Luego, crear una institución nacional autónoma de carácter social- cultural, que tenga varios ”brazos”. Por un lado de resolución de conflictos, aplicación de consulta previa, respeto a los derechos humanos; y por otro lado, el rescate de valores culturales y lenguas ancestrales, promoviendo los debates y consenso para mejorar las políticas y estrategias.
Crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde la “locomotora” sea un instituto de alta especialización, convocando a jóvenes doctores Phd, graduados en el extranjero. Así, de él dependerían dos organismos: uno de capacitación y otro de supervisión de las obras de infraestructura que se construyan en el país; a este último deberá anexarse oficinas de ordenamiento territorial descentralizadas
Para el problema de las actividades de minería “informal” debe convocarse un debate nacional porque se debe elaborar una estrategia de tipo social – económica; con la inclusión de “Buenas Prácticas” para su desarrollo de manera sostenible. Incluir también en la nueva legislación minera temas relacionadas a las concesiones y permisos, acceso y supervisión a las labores y uso de “tecnologías limpias”. Además, facilidades para acceder al crédito y mercados.
Por último, en el caso de la minería “ilegal”, diagnosticar los niveles de polución con mercurio en suelos y aguas y remediar las zonas afectadas; además de la movilización obligatoria de los invasores de los sitios protegidos y promover la reconversión productiva.
(*) Asesor e Investigador geoambiental
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