El 26 de octubre del 2001 se publicó la edición N° 60 del semanario El Búho. Aquí se analizó el secretismo que envolvía a las entidades del Estado sobre información pública, para transparentar sus gastos, contrataciones, presupuestos, entre otros, que entorpecía la fiscalización sobre el trabajo que desempeñaban, y así prevenir o denunciar actos de corrupción.
Solicitar información en cualquier entidad estatal, se ha convertido en una osadía, pues una década de autoritarismo ha establecido una cultura del secretismo en la administración pública que debe terminar. En este estilo, los administradores de las empresas públicas, pequeños caciques de nuestros tiempos, se han llegado a convencer de que son propietarios de la información que pertenece a la ciudadanía. Contra esa tendencia, se han concretado ya varias iniciativas.
Escribe: Iván Arista Villanueva
Una de ellas corresponde a la Defensoría del Pueblo. Se ha iniciado una campaña nacional que persigue un cambio de actitud de las instituciones del Estado sobre el manejo de la información pública, y también, el rol que le toca desempeñar al ciudadano común para garantizar que esto suceda. Una tarea de hormiga si consideramos la situación actual en la materia.
Los aires democráticos que vive el país, exigen transparencia, aunque no se puede negar que existen ciertas restricciones para la divulgación de información del Estado, sin embargo, éstas deben ser claramente delimitadas.
Enrique Zileri Gibson, director de la revista Caretas y presidente de la junta directiva del Consejo de la Prensa Peruana, menciona en el prólogo de los Principios de Lima (normas encaminadas a mejorar la libertad de expresión y acceso a la información en poder del Estado), que “toda información en poder del Estado es en realidad propiedad de los ciudadanos, y cualquier restricción a la divulgación de ciertos datos aplicada por razones de seguridad nacional, o para proteger la intimidad de las personas debe ser de carácter excepcional, justificada por razones especificas e interpretada en términos estrechos”.
Por su parte la Defensoría del Pueblo, señala que actualmente las excepciones a este derecho no se encuentran legalmente desarrolladas, correspondiéndoles a los tribunales precisar sus alcances y límites. Estas excepciones sólo podrán establecerse legalmente en razón del tipo de información a acceder. Por ejemplo basándose en la protección de otros bienes jurídicos fundamentados como la intimidad (incluyendo intimidad de personas jurídicas, secretos comerciales o de seguridad nacional).
Pero la determinación de conceptos de Seguridad Nacional, Seguridad del Estado o Defensa carecen de normativos que impidan que estos criterios sean utilizados caprichosamente por el gobierno para restringir la libertad de expresión y de información.
Otro aspecto que habría que remarcar, es la conciencia y el interés colectivo de los ciudadanos que dudan que sea de mayor o menor importancia el hecho de que la información pública esté a su alcance, de que pueda llegarle sin menos trabas y que en verdad el conocimiento sea el mejor medio para poder fiscalizar a sus representantes.
El acceso a la información es un derecho de las personas y al mismo tiempo una exigencia de una sociedad democrática. La Constitución de 1993 reconoce el derecho fundamental de acceder a información en poder de entidades públicas en el inciso 5) del artículo 2. Esta norma no sólo reconoce como titulares de este derecho a toda persona, sino que impone la obligación de hacerlo cumplir a toda entidad pública.
En diálogo con El Búho, el representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ronald Paredes, manifiesta que “el ciudadano tiene que ser el primer sujeto que haga respetar por si mismo sus derechos, frente a la no entrega de información puede recurrir al defensor Del Pueblo, pero es esencialmente él quien tiene que intervenir solicitando esta información para fiscalizar más adecuadamente a las autoridades, y es que, en realidad en el Perú no estamos acostumbrados a rendir cuentas. Muchas especulaciones surgen a partir de la desinformación, a veces la gente dice que tal o cual autoridad está siendo algunos actos irregulares, pero no tiene la información; y las autoridades cuando desmienten ese tipo de especulaciones, no muestran tampoco la información, sería importante que la sociedad entienda que tiene ese derecho a ser informado y las autoridades a entregar esa información de mutuo propio”.
Así se ha denominada a la campaña que encabeza la Defensoría con el objeto de difundir y fomentar la práctica de este derecho. Ya que recién empieza, no existe aún, un balance específico sobre el diagnóstico de las instituciones que más quejas reúnen o las que ponen más trabas para brindar información en Arequipa. Sin embargo, según Ronald Paredes, normalmente y por el hecho de que las personas estén más ligadas a su municipalidad, estas mismas podrían ser las instituciones que más dificultades presenten al momento de hablar de acceso a la información, conjuntamente, con gobiernos regionales.
Una persona común y corriente que se haya despertado con aires democráticos y que decida conocer a cuánto asciende el presupuesto de su municipalidad, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Arequipa, tendrá que conformarse con el frío latigazo verbal de una empleada pública que le aclara que esa información pertenece a la categoría de documentos internos y que para mayores dudas deberá ingresar al sitio www.muniarequipa.gob.pe. Allí tampoco podrá encontrar la información que busca, sino más bien imagen institucional algunas cifras de rentas, transporte, pero nada del presupuesto.
Aunque no hay una fecha precisa, en nuestra ciudad, la campaña de “Acceso a la información y vigilancia ciudadana» se desarrollará con visitas individuales a las entidades públicas -como lo hicieran durante las semanas previas a los comicios electorales últimos, con el “Principio de neutralidad política”- a fin de ver la mejor forma de recordar que la información que se maneja al interior, no es exclusiva de los que trabajan allí, sino en realidad de todos los ciudadanos.
Proyectos de ley
En 1998, el congresista Carlos Ferrero Costa presentó el proyecto de ley «Desarrollo Fundamental al acceso a la información que obra en Poder de la Administración Pública», que no llegó a ser incluido en la agenda del debate. Si bien en términos generales, el proyecto planteaba mecanismos positivos para acceder a las fuentes oficiales de información, la propuesta indica que sea el Consejo de Ministros el que determine las restricciones a la información que pudiera afectar a la seguridad o a la defensa nacional.
Actualmente la Defensoría del Pueblo está trabajando un proyecto de ley que busca una mejor viabilización del derecho de acceso a la información, sobre todo en el tema de seguridad nacional.
A decir del representante en Arequipa, Ronald Paredes, “este concepto tiene que ser aclarado, para que bajo la etiqueta de seguridad nacional no se entreguen las informaciones que no tienen ningún sesgo de seguridad nacional, como por ejemplo el del presupuesto de una municipalidad, eso no tendría porque que pensarse que es seguridad nacional, es por ello que hay aclarar conceptos para que bajo ese manto, no se agreguen cosas que no tienen porque ser vistas como tales».
En suma, falta aún un largo camino que, desde estas páginas nos comprometemos a recorrer hasta el final, por fatigante que resulte.
Durante las fiebres electorales, los candidatos se apresuran en señalar la falta de una ley de partidos políticos y lo importante que éstos son para la consolidación de la democracia. Sin embargo, lo que la democracia necesita, más que partidos, son medios de expresión que canalicen la diversidad de opiniones de la sociedad; que impulsen la capacidad creativa y fiscalizadora del pueblo, de modo que la información pública (el poder) esté difundida entre todos y no sea el patrimonio de unas cúpulas corruptas.
Los señores feudales
Durante el medioevo, Las parcelas de propiedad transmitían su dominio en base a la herencia familiar; y la expansión o reducción de los dominios estaban supeditadas a las pugnas familiares y a los matrimonios entre las distintas estirpes feudales. La aparición de la burguesía rompió con el dominio feudal y la propiedad pasó a disputarse por las habilidades personales de los burgueses y su propio proceso de acumulación riqueza que a la postre fue lo que les dio el poder.
La sociedad peruana, que no ha transitado con claridad ninguno de los modos de producción social, y que los tiene todos juntos y revueltos, tiene peculiaridades graciosas. Los antiguos pobretones se han vengado de su pobreza infantil al ocupar ciertos cargos públicos y ahora los usufructúan del mismo modo que ellos seguramente observaban hacerlo a sus padres. Cada cargo público se ha convertido en un pequeño o mediano feudo (según el cargo) y desde allí reparten, como dioses, odios y bondades.
En sus manos esta el dar o no dar trabajo y que si ellos “dan” el trabajo, aquellos siervos que lo recibieron les deben gratitud eterna. Y, como todos los señores feudales, ellos están provistos de todos los derechos y de todos los poderes. Por eso no dan información, porque allí se les va el poder y quedan desnudos como el rey desnudo al que todo el pueblo admiraba en su desnudez trajes bellísimos y multicolores, hasta, que aparecieron unos infantes irreverentes y se echaron a reír al ver al rey desnudo. «Está calato», gritaban y democratizaban así, el poder con inocencia y con gracia. Como para aprender y practicar con tanto palitroque en nuestra ciudad.
Para los jóvenes, tomar el poder no significa capturar un cargo público sustentado por el presupuesto del Estado y cambiar el lema de que «el poder nace del fusil», por el de «el poder nace del escritorio». Nada de eso, eso sólo sería haber sustituido al déspota de turno, como ya lo saben los antiguos revolucionarios de opereta que ayer desempedraban los adoquines de la plaza de armas y ahora pululan «enternados» en la espuma del capitalismo propio de una república de caricatura.
Tomar el poder, en el siglo XXI significa acceder a la información; el que sabe, puede; y más aún si uno sabe por cuenta propia y no porque otros se lo digan. De modo que ya pasaron los tiempos de complotar y conspirar para capturar tal o cual organización. Tenemos derechos, hay que darles uso, porque si bien las democracias se fundan y gestan al calor del coraje y la lucha, sólo se mantienen y sobreviven con la práctica constante y paciente de los derechos obtenidos; pero todos los días.
Hay que preguntar todo, hay que saber todo y hay que indagar todo, todos los días, y en todos los lados. La práctica constante alejará el escándalo como vehículo democrático; quizá hasta nos dé tiempo para ejercer la compasión; es decir, odiar a la delincuencia, a la corrupción, con todas las fuerzas, pero compadecernos de los corruptos. De modo que para saber cómo andamos en democracia, es bien fácil. Si nos dan la información pública, y si al cotejarla con la realidad, se ajustan mutuamente, entonces las cosas van bien. De lo contrario, es que algo se pudre en Dinamarca; y con toda seguridad, el día que la información se haga transparente, caerán como castillos de arena. ¡Hagan la prueba!
Un lema muy en boga de la Real Academia de la Lengua Española dice: «Más libros, más libres». Haciendo referencia a que un pueblo informado, es un pueblo libre. Un pueblo que lee, es un pueblo que piensa; y un pueblo que está informado, que es libre, que lee y que piensa, tiene derecho no solo a soñar sino a convertir sus sueños en realidad.
Bajo estas premisas y tras una breve reflexión, de repente no tenemos derecho a nada, salvo a la esclavitud y a depositar en otros nuestra capacidad de pensar y decidir. Informarse quiere decir, formarse por dentro; que la fuerza que impulsa la formación no viene de afuera sino de la propia voluntad interior de la persona y ello implica esfuerzo y constancia, si bien es cierto en pequeñas dosis, pero de frecuencia muy continua.
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